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La asistencia técnica y jurídica ofrecida desde 2012 por el gobierno de Ecuador a los migrantes nacionales radicados en España permitió paralizar 128 desahucios y encontrar 3.500 soluciones de casos.

“Ecuador ha paralizado 128 desahucios y ha conseguido 3.500 soluciones para familias con problemas hipotecarios en España”, precisa la embajada ecuatoriana en Madrid en una nota de prensa.

Según la fuente, en los últimos cinco años 15.000 familias ecuatorianas en la nación ibérica reciben por intermedio de su gobierno la asistencia legal gratuita mediante asesorías individuales, talleres colectivos y acompañamientos en las negociaciones extrajudiciales con el banco.

Precisa que entre los recursos con más demanda están la dación en pago (41%); alquiler social (17%); condonación de la deuda (11%); la reestructuración del contrato hipotecario (9%) y la devolución de la cláusula suelo, que solo en los últimos meses ha atendido 3.500 de estos casos.

El servicio hipotecario atiende un promedio de 120 consultas diarias en las 20 ciudades españolas en las que está presente y el número de sus usuarios sigue creciendo,  “por el boca a boca y por las redes sociales”.

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Freddy Cordero, uno de los beneficiados, firmó recientemente la dación en pago con un alquiler social de 120 euros al mes con Cajamar, en Albarán, (Murcia), liberándose de una deuda de 78.000 euros, que adquirió en 2005, de la cual asegura “no pudo seguir pagando”, a raíz de su salida laboral a causa de una enfermedad degenerativa.

En tanto, Luisa Vásquez, residente en Murcia capital, indicó que la presencia de los abogados fue clave para paralizar el desahucio que tenía programado para el pasado mes de febrero. “De no haber sido por su ayuda, ese día mi familia y yo hubiéramos ido a la calle”, afirma.

Además, señala que el hecho de no haber sido desahuciada de la propiedad, le dio un importante elemento de negociación con la banca con la que llegaron al acuerdo de condonación de la deuda a cambio de la entrega voluntaria de la vivienda.

En el caso de Lorenzo Guerra, residente en Málaga, el servicio jurídico les asesoró en la renegociación de sus contratos hipotecarios y consiguió la eliminación de la cláusula de morosidad y acordar una cuota fija de 600 euros, mientras Ennys Triviño, en Madrid, sólo pagarán 28 euros por su vivienda.

Desde que el Tribunal Europeo dictaminara, en diciembre de 2016, la obligatoriedad de la banca española de devolver el dinero cobrado por la aplicación abusiva de la cláusula suelo, y de la puesta en marcha del Real Decreto 1/2017 sobre el procedimiento para la reclamación, un 45% de las atenciones de este servicio corresponden a familias posiblemente perjudicadas, que acuden para revisar sus contratos hipotecarios y preparar el escrito de reclamación.

En este último caso se encuentra la migrante Rosa Intriago en Madrid, quien logró la devolución de 11.000 euros con Credifimo, una entidad de créditos hipotecarios y personales destinados a las familias.

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