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En la firma de los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) suscritos principalmente en la década de los 90, no hubo proceso de negociación y en la mayoría de los casos ni siquiera se dio un debate legislativo previo a su aprobación, concluyó una comisión especial que auditó a estos instrumentos internacionales.

La Comisión para la Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa) entregó este lunes al presidente Rafael Correa su informe final en el que concluyó que hubo ligereza en la firma de estos tratados  y que no se tomó en cuenta la magnitud del riesgo que asumía el país.

Además, los TBI firmados por Ecuador siguieron un modelo de cláusulas con amplios privilegios a favor del inversor, con límites a la potestad del Estado para orientar la inversión extranjera y no protegieron el derecho del Gobierno de regulación.

La Caitisa, creada por el Gobierno en 2013, consideró también que por lo menos seis árbitros presentaron conflicto de intereses durante los casos que arbitraban contra Ecuador. El total de demandas de inversores contra el Estado es de 21.200 millones de dólares, de los cuales 1.498 millones ya fueron desembolsados.

Las demandas en casos abiertos aún es de 13.410 millones de dólares, es decir el 52% del Presupuesto General del Estado para 2017.

El presidente Rafael Correa enfatizó que los TBI son instrumentos que demuestran la supremacía del capital sobre el ser humano y destacó el trabajo realizado por esta comisión especializada de auditoría.

“Es la primera vez en la historia que se hace una comisión ciudadana para auditar estos tratados. No es la primera vez que estamos a la vanguardia”, resaltó el Jefe de Estado y agregó que estos instrumentos son herencia de la etapa neoliberal.

“Estos tratados nos obligaron a someternos a tribunales de arbitrajes de dudosa imparcialidad, de dudosa racionalidad económica, de dudosa racionalidad jurídica. Tribunales establecidos para la supuesta solución de controversias entre Estados soberanos e inversionistas. Esto ha ocurrido siempre, la imposición de países hegemónicos en función de sus intereses y de la novelería de turno”.

Por su parte, Cevilia Olivet, presidenta de la Caitisa, aseveró que  han llegado 26 demandas de inversores extranjeros contra Ecuador ante tribunales internacionales y que en 2014 el país andino estaba considerado el quinto más demandado del mundo por TBI.

Agregó que el TBI más dañino para el país es el firmado con Estados Unidos pues ha sido la base invocada en 17 de los 26 casos. Este Gobierno ha sido el más atacado porque el 71% de los casos ha llegado entre el periodo 2006 y 2015 y el sector con mayor cantidad de demandas es el de la explotación petrolera (50%).

Olivet dijo que como recomendación, los nuevos tratados deberías firmarse con base a un modelo alternativo que debe asegurar la capacidad del estado de regular en materia social y medioambiental, sin la posibilidad de ser demandado; asegurar la capacidad del Estado de reorientar la inversión según los objetivos nacionales y asegurar que los inversionistas extranjeros respeten tanto los derechos humanos entendidos en su integralidad.

“Para ello recomendamos eliminar o reducir las clausulas más problemáticas que tiene los tratados de hoy; excluir la cláusula de solución de controversias Inversor- Estado; incluir derechos para el Estado como el de imponer requisitos de desempeño a las empresas”, afirmó la comisionada.

Agregó que se debería asegurar la transferencia de tecnología, limitar los flujos de capitales en momentos claves y también incluir obligaciones para los inversores.

“Obligaciones de respeto de las normas nacionales e internacionales, pero también que sean jurídicamente responsables de los pasivos ambientales”, concluyó.

El pasado miércoles, el Pleno de la Asamblea Nacional trató los informes de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales referentes al pedido de denuncia de 12 TBI que Ecuador mantenía con igual número de países. Queda pendiente  la publicación de Decretos Ejecutivos para cada TBI y una notificación formal por parte de Cancillería a cada uno de los países con los que existen estos tratados.

Según explicó en días pasados el ministro Coordinador de Talento Humano, Andrés Aráuz, una vez que se dé la terminación de los TBI, empezará a correr un plazo de 10 años en la mayoría de los tratados para tener un mejor texto.

“Si no se logra un mejor texto en ese marco de tiempo, se extinguirán estos tratados”, puntualizó el ministro Aráuz.

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