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Las Fuerzas Armadas se deslindaron de responsabilidad acerca del acto de disculpas públicas derivado de la sentencia judicial por el primer caso de discriminación racial en Ecuador. El afectado, Michael Arce, rechazó las disculpas del exoficial Fernando Mauricio Encalada Parrales, que se efectuaron en el parqueadero de la Escuela Superior Militar (Esmil).

“El Ejército o la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro no han sido sujetos procesales dentro de esta acción penal; por lo tanto la sentencia emitida por la sala penal de la Corte Provincial de Pichincha y ratificada por la Corte Nacional de Justicia es en contra del exoficial Fernando Mauricio Encalada Parrales”, señaló la institución militar por medio de un comunicado.

Michael Arce denunció penalmente al entonces capitán Encalada, quien fue su instructor en la Esmil, por agresión física y psicológicamente en 2011 cuando ingresó al Ejército en calidad de cadete. Luego de un proceso judicial, el exmilitar fue dado de baja y condenado por la justicia a cinco meses y 24 días como autor del delito de odio racial, además del ofrecimiento de disculpas públicas. Es el primer caso en Ecuador en lograr sentencia de culpabilidad por este delito.

Las FF.AA. aseguran que “las referidas disculpas públicas las brindó el sentenciado a título personal,  deslindándose la institución armada de cualquier tipo de responsabilidad o inconformidad que pudiere suscitarse entre las partes por la forma en la que se ejecutó el acto”, según el documento.

También puntualizaron que fue el propio militar sentenciado quien solicitó esa área denominada “Plaza Tiwinza”, lugar que “fue puesto en conocimiento al Tribunal de Garantías Penales, mediante oficio n.° 17-DJE-c-27 de fecha 30 de junio de 2017, sin que los sujetos procesales hayan puesto oposición alguna”.

El acto de disculpas públicas fue realizado la mañana del lunes, evento en el que el excapitán Encalada leyó un documento  asegurando que no cometió ningún delito, pero el haber sido en la parte posterior de la Esmil, causó el rechazo de Arce, su familia, los colectivos de afroecuatorianos, su defensa jurídica, incluso de la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, instituciones que pedirán que se repita el acto.

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