Por medio del Decreto Ejecutivo, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, amplió por 30 días más el Estado de Excepción vigente en la provincia amazónica de Morona Santiago, tras los hechos violentos desarrollados por un grupo de nativos de la comunidad Shuar que dejaron como saldo un policía muerto y varios heridos.

Según el documento, la ampliación del Estado de Excepción se debe a “los efectos de las agresiones a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza, generadas en diciembre de 2016 por parte de grupos ilegalmente armados que han atentado contra la integridad de las personas, la paz y convivencia sociales”.

El decreto establece la movilización del personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden interno en Morona Santiago.

Además, se dispone a los ministros de Defensa Nacional y del Interior que, mediante el Comando Conjunto de las FFAA y la Policía Nacional, se ejecuten las acciones necesarias para que se garantice a los habitantes de esa provincia la seguridad interna.

El Decreto suspende en Morona Santiago el ejercicio de derechos como “libertad de expresión y opinión, a la asociación y reunión, al libre tránsito y a la inviolabilidad del domicilio porque algunos ciudadanos pretenden generar violencia, lo que constituye un riesgo para su vida e integridad física”.

“El Ministerio de Coordinación de Seguridad determinará la forma de aplicar esta medida, en especial para garantizar plenamente la realización del proceso electoral en curso”, se estipula en esta disposición.

Según un comunicado de prensa del Ministerio Coordinador de Seguridad, se notificó de la vigencia del Decreto a la Asamblea Nacional, Corte Constitucional, Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas.

En diciembre pasado, un grupo de personas de la comunidad Shuar atacaron el campamento minero La Esperanza, en el cantón San Carlos Panantza, concesionado a la empresa china Explorcobres.

Tras las investigaciones fueron procesadas 14 personas por la agresión a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, bajo el pretexto de la oposición a un proyecto minero; de ellos, sólo seis permanecen arrestadas y las otras con medidas sustitutivas.

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