El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierras y Fijación de Tributos (LOEVT), una propuesta enviada por la Función Ejecutiva con carácter de económico urgente y que debía por ello ser analizada hasta el 30 de diciembre.

Los 8 cambios que se hicieron en el informe se relacionan al objeto imponible del tributo, a las exoneraciones, minusvalía, régimen transitorio, destino de los recursos, entre otros temas que fueron incorporados en el segundo debate.

Consta la propuesta del legislador Virgilio Hernández sobre una retribución por parte del Estado cuando una obra pública genere ‘minusvalía’ a un inmueble. Es decir, si el Gobierno construye un centro de rehabilitación y esto afecta en la plusvalía de las viviendas aledañas, se establecerá un mecanismo de compensación para los propietarios.

No se eliminó la disposición reformatoria que extiende a 48 meses el pago por las ganancias extraordinarias que deberán hacer las empresas mineras, después de recuperar su inversión, como planteó la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y otros legisladores.

Tampoco se acogió la propuesta que hizo la asambleísta Alexandra Ocles de elevar la base imponible del impuesto a 48 salarios básicos unificados (SBU), en razón de que el cálculo para la ganancia ordinaria garantiza una renta adecuada para el propietario.

Por otra parte, Ximena Ponce (AP), durante un conversatorio sobre el contenido de la norma que se realizó el miércoles y en el cual participaron representantes del sector de la construcción, enfatizó que la norma no tiene fines recaudatorios, sino que su intención es combatir la especulación, frenando el aumento desproporcionado de los precios.

Aseguró que eso “sincerará los valores de los inmuebles”, lo cual ayudará a revertir el déficit de vivienda que asciende al 36%. Sus apreciaciones no fueron compartidas por Alberto Andino, exvicepresidente del Colegio de Arquitectos, quien cuestionó al proyecto de ley manifestando que si la intención es frenar la especulación y capturar una plusvalía de manera correcta, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) ya contiene 25 mecanismos con las directrices para hacerlo.

La Asamblea debe evacuar el proyecto hasta el 30 de diciembre, por ser de carácter urgente en materia económica.

Cambios en el segundo debate

En cuanto al objeto imponible del impuesto sobre el valor especulativo, se añade a aquellas transacciones que se realicen con fines elusivos o evasivos, a través de aportes de inmuebles a fideicomisos o a sociedades que, sin tener como actividad principal la promoción inmobiliaria y construcción, en la práctica realicen dichas actividades sobre el inmueble aportado.

En las exoneraciones, en el informe para segundo debate se fijó que no pagarán este tributo quienes tengan como actividad económica habitual la promoción inmobiliaria y construcción de bienes inmuebles, en proyectos de vivienda de interés social y prioritario. Con ello se busca garantizar el acceso a la vivienda a los sectores de bajos recursos. Alrededor del 36% de hogares en Ecuador no cuenta con vivienda propia, añadió el legislador.

Otros de los cambios fue que también se reconoce la afectación que puede sufrir el valor de un bien inmueble de una obra pública (minusvalía). Los municipios podrán reconocer hasta el 50% del valor de afectación a través de notas de crédito. En cuanto al destino de la recaudación, que irán para los municipios en el 100%, los recursos se deberán invertir en vivienda de interés social y saneamiento ambiental, en especial, para agua potable y alcantarillado.

Para transferencias que no son objeto del impuesto, el informe dispone que en herencias, legados y donaciones se considerará como base de cálculo el valor catastral del bien vigente a la fecha en la que se produjo el acto correspondiente o el valor declarado para efectos del cálculo del impuesto. Asimismo, en los cálculos del impuesto se incluye también las mejoras en el caso de terrenos rurales o de uso agrícola, que las establecerá el órgano rector.

En el régimen transitorio se establece que para terrenos urbanos baldíos el sistema se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta la siguiente transferencia, mientras que este período no aplicará para el caso de aportes de bienes inmuebles a fideicomisos o sociedades, que se dediquen a la promoción inmobiliaria y construcción. En este caso Calderón expuso que el impuesto se aplicará a partir de la entrada en vigencia de la ley.

El último de los cambios se realiza en la segunda disposición reformatoria sobre la Ley de Régimen Tributario Interno. (I)

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