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El director del Servicio de Contratación Pública de Ecuador, Santiago Vásquez, confirmó este jueves el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de reforma que busca endurecer en este ámbito la lucha contra la corrupción en este ámbito, una prioridad del gobierno de la Revolución Ciudadana.

Vásquez señaló a la prensa que la semana pasada enviaron el documento al órgano legislativo, que impide la participación en contratos con el Estado o como proveedores a aquellas empresas o personas con sentencia ejecutoriada o contra las que se haya probado su participación en actos corruptos.

Se refirió a la propuesta de Código de Ética en el país donde las empresas privadas, los bancos, los bufetes de abogados, por ejemplo, indiquen que no “se va a tener recursos en paraísos fiscales, que no se van a ofrecer coimas en el sector público, que no se va a establecer precios de transferencias como subfacturaciones o sobrefacturaciones, y que los medios de comunicación van a cubrir integralmente los casos de corrupción y no discrecionalmente según la agenda política que les convenga”.

“De esta manera, el establecer un Código de Ética  nacional nos va a permitir sin duda avanzar en un combate frontal a la corrupción”, aseveró.

Indicó que en la consulta popular del 19 de febrero pasado, se aprobó, con un 54%, que los funcionarios y autoridades no pueden tener recursos en paraísos fiscales.

“Ese es un golpe directo contra las coimas y en términos de contratación pública nosotros ya hemos implementado los controles necesarios para que cuando estas personas participen en contratos, transparenten esa información para que sean enviados automática a los organismos de control”, apuntó.

“De esta manera el Ecuador está dando pasos firmes contundentes en la lucha contra la corrupción en el país”, dijo, y añadió: “somos el primer país en el mundo en donde los funcionarios públicos no pueden tener recursos en paraísos fiscales”.

Lea aquí: Sercop se compromete a entregar información al Frente de Lucha contra la Corrupción

Señaló que en el ámbito de la contratación pública el sistema permite transparentar la información y generar controles automáticos y electrónicos que garantizan que las obligaciones de personas públicas o privadas se cumplan con el Servicio de Renta Interna (SRI), el Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS), por ejemplo.

Vásquez resaltó que con los controles en los procesos de contratación, desde 2007, el Sercop ha logrado ahorrar más de tres mil millones de dólares. Sin embargo, antes de ese año “no se conocía para dónde iban los contratos, quiénes eran los adjudicatarios, a qué precios estaban estableciendo”.

Mencionó que desde 2016 a la fecha fueron puestos tras las rejas 13 personas, se desarticularon tres bandas de corrupción en la contratación pública y otras cuatro personas permanecen con medidas cautelares. Además, se han enviado alrededor de 900 procesos a Contraloría General del Estado y más de 40 a la Fiscalía. Además, se han ejercicio acciones de supervisión en contratos públicos por más de 500 millones de dólares. Por otra parte, se garantiza la transparencia en los 680.000 contratos a disposición de la ciudadanía, lo cual ha recibido reconocimiento del Banco Mundial y la OEA.

Caso ‘Etapa’ en Cuenca, provincia de Azuay

Mencionó el caso de corrupción en el que se buscó burlar los requisitos previstos en la contratación pública y los controles pertinentes, hecho que se trascendió a través de una denuncia ciudadana; al respecto ya fue dictada el lunes pasado orden de prisión preventiva contra una persona y medidas cautelares para otras cuatro en Cuenca, provincia de Azuay.

Se trata de la firma y adjudicación a un consorcio de un contrato por parte de la empresa pública municipal de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cuenca, Etapa EP, por más de 10 millones de dólares para la construcción de la ampliación de la planta potabilizadora de Tixan. “Las máximas autoridades de esa empresa habrían adjudicado contratos por más de 10 millones de dólares a sus familiares directos”, acotó Vásquez.

Dijo que en la audiencia realizada se determinó “que el gerente del ámbito de agua potable tenía relación directa con los adjudicatarios de obras de agua potable en la misma ciudad. De esta manera los sistemas de agua potable estaban siendo inmiscuidos por la mala práctica de estas autoridades en conflicto de interés donde los cargos que se han presentado son alrededor del tráfico de influencia”.

Con anterioridad, en una reunión con representantes de los medios en la Secretaría de Comunicación, el viceministro del Interior, Diego Fuentes, indicó este jueves que desde esa cartera continuarán dando apoyos para que sea efectiva la lucha contra la corrupción. La acción coordinada permitió ubicar y capturar al gerente general de ‘Etapa’ EP quien pretendía fugar del país para evadir la justicia. Esta persona permanece en prisión preventiva.

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