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El amplio operativo desarrollado por la Policía Nacional que permitió la madrugada de este viernes una efectiva localización para los allanamientos y otras acciones dispuestas por la Fiscalía evidencian el compromiso del gobierno pasado y actual de luchar frontalmente contra la corrupción.

El mandatario Lenín Moreno indicó este viernes que el Ejecutivo dispuso todo el contingente para apoyar las investigaciones que, de manera independiente, realiza la función Judicial dentro del caso denominado Odebrecht, que al momento ha dejado cinco personas detenidas y la retención de bienes inmuebles y otras evidencias presuntamente relacionadas con este caso.

“Creer que las detenciones y allanamientos de esta madrugada son fruto de una semana de trabajo es ingenuidad extrema”, ha escrito, por su parte, el expresidente Rafael Correa, al deplorar el discurso de sectores políticos y mediáticos de oposición en el que tratan de posicionar la idea de que los recientes allanamientos y detenciones del caso Odebrecht han sido posibles solo por el traspaso del poder.

El exjefe de Estado reveló que desde tiempo atrás se trabajó coordinadamente con información de la Fiscalía. “Sólo nos faltaba el acceso a la información de Brasil para poder operar contundentemente. Muchos de los involucrados estaban vigilados desde hace semanas”, informó este viernes el exmandatario por medio de las redes sociales.

Desde que se hicieron públicas las denuncias de corrupción por coimas entregadas por la empresa brasileña a funcionarios ecuatorianos, el entonces presidente Correa solicitó que se inicie un proceso investigativo y exigió públicamente la divulgación de todos los nombres vinculados a los actos de corrupción.

Las denuncias de corrupción datan desde 2001, es decir seis años antes del inicio del Gobierno de la Revolución Ciudadana, lo que indica que pudo haber actos de corrupción en gobiernos anteriores.

Como antecedente vale subrayar que justamente la constructora brasileña fue expulsada del país en 2008 tras detectarse graves deficiencias técnicas en la central Hidroeléctrica San Francisco. En ese sentido, el Gobierno de Ecuador ha sido el único que ha adoptado una medida de ese carácter contra la constructora brasileña.

El gobierno actual ha tomado la posta al proceso investigativo que se ha llevado en marcha desde el inicio de las denuncias efectuadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde la empresa brasileña que es enjuiciada por corrupción trata de negociar una sentencia favorable con millonarias multas de por medio.

En ese marco, Ecuador ha sido claro en señalar que no aceptará, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción ante la justicia estadounidense.

Pese a que el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Justicia estadounidense indicaron públicamente que el listado de implicados de Odebrecht no se difundirá hasta junio, la oposición y ciertos medios privados, sobre todo en época de campaña electoral, insistió en que la Fiscalía ecuatoriana actuaba con lentitud en la investigación por una presunta vinculación de funcionarios del gobierno.

No obstante, los mismos sectores opositores han obviado mencionar que Odebrecht no tenía obras por ejecutar con el Gobierno Central y que más bien el único contrato vigente es con el Municipio de Quito, liderado por el opositor alcalde Mauricio Rodas.

La ministra de Justicia, Rossana Alvarado, quien además es integrante del Frente de Lucha contra la corrupción, enfatiza en el compromiso permanente con la transparencia. “No puede persistir la Revolución Ciudadana sin revolución ética”, señaló la funcionaria, al enfatizar que esta forma de hacer política va más allá de un discurso político o una oferta de campaña.

Alvarado insistió en que el apoyo desde el Ejecutivo será implacable en las investigaciones del caso Odebrecht para determinar las responsabilidades en este hecho, “caiga quien tenga que caer, desde el más pequeño hasta el más grande”.

En esa línea, el presidente Moreno ha tomado la decisión de conformar el denominado Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, integrado por 13 ciudadanos de distintos sectores que se encargarán de definir, con la sociedad civil y el Estado, las políticas y acciones de prevención de la corrupción en el sector público y privado, a más de exhortar a las autoridades judiciales y de control sobre el juzgamiento y la sanción contra los corruptos con el debido proceso.

Mientras, en el contexto internacional Ecuador adelanta un proceso para cerrar un acuerdo de cooperación de la Convención de la Lucha contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El propio Moreno mantuvo este fin de semana una conversación con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para avanzar con pasos firmes en ese proceso. Es por ello que en los próximos días la canciller María Fernanda Espinosa viajará a Nueva York para entrevistarse con las autoridades de Naciones Unidas.

A esto se suma la propuesta de Pacto Ético de toda la sociedad para fortalecer los principios de convivencia, el cual fue llevado a las urnas en febrero pasado y recibió el apoyo mayoritario de los ecuatorianos, que se pronunciaron por la prohibición para que los dignatarios de elección popular tengan capitales en paraísos fiscales o evadan impuestos.

Esta decisión del gobierno ecuatoriano de luchar contra los paraísos fiscales ha recibido el reconocimiento de la comunidad internacional que ha empezado un debate serio sobre la conveniencia de permitir este tipo de regímenes especiales que facilitan la administración de millonarios recursos muchas veces provenientes de acciones ilegales. (o)

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