La Misión electoral de la OEA para las elecciones seccionales de Ecuador informó este martes 26 de marzo que recibió “numerosas comunicaciones” sobre la eliminación del padrón electoral de alrededor de 43.000 extranjeros en la votación del domingo último.

El dato está recogido en el informe preliminar sobre la observación de este proceso del domingo 24 de marzo último para la designación por el voto universal de los Alcaldes, Prefectos, vocales de Juntas Parroquiales, y de los integrantes del Consejo de Participación Social Ciudadana y Control Social (Cpccs).

En la presentación del documento en rueda de prensa, la Misión, encabezada por el exvicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas, reconoció que el CNE es responsable por organizar y elaborar el registro electoral del país, en coordinación con el Registro Civil, y tiene la potestad de actualizar y depurar el padrón electoral.

Sin embargo, la decisión de restringir la participación política de estas personas debió ser ampliamente comunicada, “de forma que quienes se sientan afectados tengan oportunidad de ponerse en regla (en este caso, inscribirse ante el CNE) o impugnar en plazo las decisiones adoptadas”.

La OEA propone que las autoridades electorales comuniquen más efectivamente las decisiones de esta naturaleza e interpreten la ley en el sentido que más favorezca el cumplimiento de los derechos de participación, como indica el artículo 9 del Código de la Democracia.

También sugiere que sea considerada la posibilidad de que sea creado un registro nacional de población independiente y autónomo del poder ejecutivo que confeccione el padrón electoral, además de cumplir las funciones de registro civil.

En Ecuador, según el artículo 78 del Código de la Democracia, el padrón electoral lo integran las personas mayores de dieciséis años habilitadas para votar.

Ello se complementa con la inscripción que voluntariamente realicen las y los extranjeros que residen en el país desde hace al menos cinco años. El derecho al voto de los extranjeros que cumplen con este requisito está amparado la Constitución. (I)

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