El 16 de noviembre de 2025 serán las votaciones y el electorado debe decidir sobre cuatro preguntas. Una de ellas para instalar o no una Asamblea Constituyente, mediante la consulta popular.
El presidente de la República, Daniel Noboa, no ha revelado todos los cambios que plantearía en una nueva Constitución, de darse la Constituyente. Pero se ha referido sobre algunos temas. Por ejemplo, prefiere que exista una “Sala Constitucional de la Corte Nacional (de Justicia)”, en lugar de la Corte Constitucional (CC).
Aunque en ninguna de las preguntas constan cambios sobre la CC directamente, podría haber propuestas de los asambleístas constituyentes de Acción Democrática Nacional (ADN), en su momento, si mantienen la idea de Noboa.
¿Coincidencias contra la Corte Constitucional?
Pablo Encalada, abogado y docente universitario, señala que el panorama para la CC, tal como funciona hoy, es “bastante complicado de cara a la Constituyente”.
Añade que la propuesta de “la Constituyente nace como consecuencia de que la CC le dijo no a varias leyes inconstitucionales, aprobadas por el Gobierno de Noboa y a partir de marchas”.
ADN no sería la única organización política con intenciones de hacer cambios relacionados a la CC. Encalada recuerda que anteriormente “Rafael Correa (expresidente de Ecuador) salió a respaldar esa posición del Gobierno en contra de la CC. Es decir, los dos movimientos mayoritarios son en realidad en los que se divide el país en este momento, está polarizado. El correísmo y el Gobierno están de acuerdo en esa visión de eliminar a la CC o restarle atribuciones”, evalúa.
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Encalada subraya que la CC es el último contrapeso que tiene el poder y que allá apunta Noboa: “Básicamente, lo que Noboa va a buscar en la Constituyente, en el caso de darse, es quedarse sin contrapesos. Y el correísmo, que también tiene una visión autoritaria de la forma de gobierno, seguramente va a respaldar esa postura”.
El jurista lanza un pronóstico: “Lamentablemente, la institución quizás más prestigiosa del país será eliminada con la Constituyente”. No ve que exista acuerdos entre organizaciones políticas para ir por la CC, “pero evidentemente hay una coincidencia en eliminar a la CC”.
El expresidente de la República, Guillermo Lasso, criticó en mayo de 2025 a los jueces de la CC: Karla Andrade, Alejandra Cárdenas, Jhoel Escudero, Alí Lozada y Richard Ortiz. Ellos, junto a Daniela Salazar, admitieron el juicio político en su contra el 29 de marzo de 2023. “Mientras esos jueces estén ahí (en la CC), peligra la institucionalidad del Ecuador”, refirió Lasso.
¿Controlar las instituciones es un interés común?
André Benavides, constitucionalista y docente universitario, considera que el poder y el control institucional es una característica inherente de los políticos. “A todos los políticos les interesa siempre tener control de las instituciones, aquí no se trata ni siquiera de banderas, hay algunos que se las dan de demócratas, pero en su fuero interno necesitan tener o quieren tener ese control de todas las instituciones”, observa.
Advierte que la idea de crear una Sala Constitucional “a todas luces restringe y limita el actuar que tiene actualmente la CC”. También influirá en los mecanismos de control que tiene respecto de las diferentes decisiones que adopten los poderes del Estado o funcionarios públicos, explica.
Tiene una hipótesis respecto al Gobierno: “Lo que se pretende es crear un control constitucionalidad más mesurado, más frágil, más débil, que de alguna manera no se entrometa en cierto tipo de actuaciones de nuestros funcionarios públicos”.
Para Benavides, hay un riesgo latente para la CC al considerar ciertas actuaciones del Gobierno, como cuando planteó la reforma constitucional para enjuiciar políticamente a los jueces de la CC.
Sobre las demás organizaciones políticas, el jurista analiza que no existe un acuerdo ni tácito ni expreso, pero sí “un interés del correísmo, buscando pescar a río revuelto y viendo si le sale el número premiado”.
Aunque Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), ha mencionado que respalda el No a la consulta popular, Benavides cree que en realidad esa organización política “está esperando que sí haya Constituyente para poder redactar una Constitución que pueda tumbar incluso los procesos judiciales en contra de sus líderes históricos”.
Añade que más allá del Sí o del No, a la RC le interesaría “ver cuántos asambleístas constituyentes pueden meter (a la Constituyente) y con eso redactar el texto constitucional”.
Escenario incierto
Para Marcelo Espinel, abogado y subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, los 13 días de campaña electoral es un tiempo muy corto. “La ciudadanía no conoce a profundidad cuál es el contenido de las preguntas y cuál puede ser el impacto de ganar el Sí o el No”.
Evalúa que la narrativa que ha utilizado el Gobierno y sus actuaciones de los últimos tres meses pone en evidencia que “quiere un nuevo diseño institucional y que la CC, con las facultades que actualmente tiene, no es conveniente para la visión de Gobierno de Noboa”.
Apunta que la preocupación mayor no iría en la línea de que una nueva Constitución elimine o modifique la CC. “Mi preocupación mayor sería que la Asamblea Constituyente, irrespetando el dictamen de la CC, se declare como una Asamblea de plenos poderes, dejando sin posibilidad de acción en ese momento a la CC”.
La CC recordó en agosto de 2025 que una Asamblea Constituyente no puede suspender otras funciones o atribuirse “plenos poderes”, porque existe jurisprudencia vigente que lo considera “incompatible” con la democracia constitucional y la separación de funciones.
Espinel recalca que existe el antecedente de ese irrespeto. “En la Constituyente de Montecristi sucedió esto, únicamente iba a redactar una nueva Constitución, se declaró de plenos poderes y dio paso a un congresillo, eliminando a la Asamblea Nacional que estaba en funciones en ese momento”. Que ese escenario se repita en una eventual Constituyente dependerá de la voluntad de los constituyentes que resulten elegidos, si es que gana el Sí, añade.
“El problema es que estamos en un escenario muy incierto en el cual hemos visto que los partidos políticos y sobre todo el Gobierno de turno no respeta la institucionalidad vigente. Recordemos que el Presidente de la República quería convocar una Constituyente sin siquiera pasar por la CC. ¿Qué garantías tenemos que el Presidente y su movimiento quieren ahora respetar los procesos?”, cuestiona Espinel.
Sobre las posturas de las organizaciones políticas, Espinel señala que participan en procesos electorales para evitar sanciones, para mantener su personería jurídica y estar vigentes en el electorado de cara al 2027, para las elecciones seccionales. (KSQ)