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Choque frontal deja cinco heridos en Zumbi

8:58 am

Uno de los afectados quedó atrapado en uno de los vehículos.

 

Un auto y un camión pequeño se involucraron en un accidente a eso de las 03:00 de ayer en la parroquia Zumbi, cabecera cantonal de Centinela del Cóndor de la provincia de Zamora Chinchipe.

 

El hecho, que dejó cinco personas heridas, aunque no de gravedad, fue por una colisión frontal, resultando más afectado el auto color blanco.

 

Emergencia

La alerta fue emitida a la línea única para emergencias 911 a las 03:06 y luego que acudieron los funcionarios de los entes de socorro ratificaron que fueron dos vehículos los que se involucraron en el percance.

 

Desde el Centro Operativo Local ECU 911 Loja, coordinaron el envío de recursos de Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Ministerio de Salud Pública, quienes acudieron al lugar con personal y equipo logístico.

 

Accidente

En el sitio, personal de la Policía constató que se trataba de un choque frontal entre un camión y un automóvil.

 

Debido al fuerte impacto, una persona quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos, por lo cual los miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron las labores de rescate de la víctima, la cual luego de ser extraída fue entregada de forma inmediata a personal del Ministerio de Salud Públicas para que sea evaluada.

 

Las cinco personas que resultaron heridas fueron: un menor de edad, tres mujeres y un varón. Tres de ellos fueron trasladados al Hospital Básico de Yantzaza y dos recibieron atención en sitio ya que no presentaban heridas de gravedad.

 

El ECU 911, aprovechó el espacio para motivar en los ciudadanos conciencia para que conduzcan con precaución, respetando siempre los límites de velocidad establecidos. (DVL).

 

EL DATO

De los afectados tres fueron trasladados a una casa de salud y dos fueron atendidos en el sitio.

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Oposición venezolana llama a la unidad para derrotar a Maduro

5:54 am

El Consejo Electoral fijó para el 22 de abril los comicios presidenciales. El presidente buscará un nuevo mandato de seis años. La MUD pide habilitar a Henrique Capriles y Leopoldo López.

El jefe negociador de la oposición en el fallido diálogo con el Gobierno venezolano, Julio Borges, llamó a los adversarios del presidente Nicolás Maduro a mantenerse unidos ante el adelanto de las elecciones presidenciales previstas para el 22 de abril.

“Sin unidad, estamos muertos. Podemos cometer el error más grande del mundo, pero si estamos unidos ese error puede convertirse en un paso más. Podemos tener todos los aciertos del mundo, pero divididos esos aciertos no significan nada”, señaló el diputado en una entrevista radial.

“Somos como esos boxeadores que hemos recibido tantos golpes que estamos aturdidos”, agregó, aludiendo a las fracturas en la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que vincula, entre otras cosas, con la inhabilitación de varios de sus principales partidos y dirigentes.

Por ello, la oposición pide habilitar a los dirigentes Henrique Capriles y Leopoldo López para las elecciones presidenciales como condición para firmar un acuerdo con el Gobierno en el marco de la negociación en República Dominicana.

El mandatario dominicano, Danilo Medina, indicó el miércoles que las conversaciones entraron en un “receso indefinido” luego de que la oposición venezolana se negó a firmar un texto rubricado ya por el presidente Nicolás Maduro, pero que considera insuficiente, en cuanto a garantías para las presidenciales.

En la propuesta opositora se pide legalizar en un lapso de 48 horas a las formaciones Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y la MUD, luego de que las tres organizaciones fueran anuladas por decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

López, líder de VP, está bajo arresto domiciliario e inhabilitado para ejercer cargos públicos, mientras que Capriles, dos veces candidato presidencial y líder de PJ, fue inhabilitado el año pasado. (I)


La Fiscalía de la CPI abre un examen por represión
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar de Venezuela por la “fuerza excesiva” de la Policía para “dispersar y reprimir manifestaciones” y “graves abusos” a detenidos, informó la institución en un comunicado.

El examen preliminar analizará delitos presuntamente cometidos desde abril de 2017, durante las manifestaciones que ocurrieron en Venezuela a partir de ese mes, cuando el Tribunal Supremo dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Según la Fiscalía, se investigará la “fuerza excesiva” empleada por agentes de seguridad del Estado en las concentraciones y las detenciones y encarcelamientos de “miembros de la oposición”, algunos de los cuales “habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos”.

La institución reconoce que, en las protestas, “algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos”, lo que provocó “lesiones o muerte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”.

La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la justicia venezolana llevara a cabo investigaciones genuinas sobre los hechos investigados. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/oposicion-venezolana-llama-a-la-unidad-para-derrotar-a-maduro
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Corte IDH falla a favor del Estado y avala la consulta

5:53 am

Una delegación de las funciones del Estado viajó a Costa Rica. Luego de argumentar ante esa instancia, la defensa ecuatoriana recibió la resolución en contra del requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Primer Mandatario dijo que es una victoria del derecho y de la voluntad popular.

La decisión fue rápida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desechó las medidas provisionales que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Con ello el país tiene vía libre para la puesta en marcha de la pregunta 3, aprobada por mandato popular el pasado 4 de febrero. La interrogante plantea el cese de funciones de los integrantes del CPCCS y la creación de un consejo transitorio.

Dichas acciones se concretarán una vez que los resultados de la consulta sean publicados en el Registro Oficial, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los integrantes del CPCCS habían presentado el 28 de diciembre de 2017 la solicitud a la CIDH con requerimiento de medidas provisionales a la Corte IDH, al argumentar que la pregunta 3 vulneraba sus derechos.

“Triunfa el derecho y la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¡Viva la democracia!”, reaccionó el primer mandatario Lenín Moreno, luego de conocer la acción de la Corte.

Esta instancia resolvió ayer el caso con 4 votos a favor y 2 en contra.

Los dos últimos votos pertenecieron a los jueces Roberto F. Caldas y Eugenio Raúl Zaffaroni, criticados como defensores del correísmo. En su fallo, donde no participó el juez ecuatoriano Patricio Pazmiño, la Corte IDH justificó su decisión al señalar que la solicitud de medidas provisionales “debe ser desestimada por improcedente”.

Esto debido a que no concurre con todos los requisitos exigidos en los artículos 63 (apartado 2) de la Convención y 27 del reglamento.

El documento señala que la Corte no puede pronunciarse sobre los derechos presuntamente vulnerados, en perjuicio de los beneficiarios de las medidas provisionales (tres consejeros).

Además aclaró que no le corresponde a la Corte analizar la convencionalidad sobre las actuaciones de las autoridades internas, que culminaron con la organización de esos comicios electorales.

Estos aspectos podrían ser debatidos, eventualmente, por los peticionarios y el Estado ante la Comisión Interamericana.

El Tribunal considera que la solicitud planteada en el petitorio de la CIDH por parte de los consejeros, no es propia de la naturaleza de una medida cautelar.

Además, que la solicitud “implica un prejuzgamiento sobre la convencionalidad del procedimiento surtido, para llevar a cabo el referendo constitucional”.

Respecto a los beneficiarios de las medidas, el Tribunal recuerda que “la protección de una pluralidad de personas requiere que al menos estas sean identificables y determinables, lo que no se configura en el caso”.

Estado expuso argumentos
El fallo se produjo al mismo tiempo que una delegación de 6 altos funcionarios del Estado viajó a San José, Costa Rica, para defender la legalidad y legitimidad de la consulta popular y el referendo ante la Corte IDH.

La comitiva nacional que se reunió con el presidente de la Corte, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, estuvo conformada por la canciller María Fernanda Espinosa; el secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal; la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; el procurador subrogante, Rafael Parreño; la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, y el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano.

Luego de eso, Espinosa recibió la resolución por parte del Presidente de la Corte Interamericana.

Al respecto, la Canciller escribió en Twitter que esa decisión fue en parte gracias al trabajo que realizaron el Gobierno y la Procuraduría General del Estado.

“La resolución (…) rechaza ‘de plano’ la solicitud de medidas provisionales contra el referéndum. Es un triunfo del pueblo y la democracia”, enfatizó. Ellos retornaron al país en la tarde.

En un comunicado, la Procuraduría expresó que gracias a la efectiva defensa del Estado, la Corte IDH rechazó el pedido, en una decisión que coincide con los argumentos de la entidad.

“La Procuraduría ejerció una acertada defensa de los intereses del Estado ecuatoriano”, puntualizó.

Titulares del CPCCS y de la CC no apoyaron al Gobierno
La comitiva que recibió la resolución se conformó la tarde y noche del pasado miércoles en el Palacio de Carondelet tras la cita que mantuvo el Presidente con los titulares de las funciones del Estado, entre ellos Raquel González, del CPCCS; y Alfredo Ruiz, de la Corte Constitucional (CC).

Allí se estableció una estrategia del Gobierno de unidad de las funciones del Estado para responder a la Corte y evitar las medidas provisionales. No obstante, los dos últimos funcionarios no firmaron la declaración.

A pesar de ello, Cristian Cruz, titular de la función de Transparencia, sí plasmó su firma en el documento.

Antes de que se conociera la resolución, representantes del Estado criticaron la actitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por ejemplo, el contralor subrogante, Pablo Celi, dijo que él está disponible en la defensa del interés público, de la voluntad popular expresada en las urnas y de la soberanía del país.

Moreno agradeció respaldo
“Quiero felicitar a todos los espacios que han tenido la gentileza de respaldar esta posición de democracia”, anunció Moreno una vez que supo la resolución.

Sus palabras fueron dirigidas a juristas que se pusieron a disposición para defender al Estado ante la Corte, en Costa Rica.

Moreno puso como ejemplo ese respaldo para manifestar que por medio de la unidad se trabaja en el país. Dijo que eso se diferencia con lo que desean “uno o tres despistados y desubicados”.

Entre los que ofrecieron sus servicios destacan los juristas Juan Pablo Albán, Farith Simón, Daniela Salazar y Ramiro García, quienes tenían previsto realizar una hoja de ruta para la defensa.

García, quien es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, también iba a presentar un documento a la CIDH explicando el motivo de la pregunta 3.

Ángel Lorna, del gremio jurídico, dijo que la postura de la CIDH significa que existen “tentáculos raros de la década perdida, que empiezan a actuar luego de haber sido derrotados en el último proceso electoral”.

Los juristas que se mostraron dispuestos a ayudar al Estado dijeron que su defensa no es por el Gobierno sino por la voluntad popular manifestada en las urnas.

La Comisión Anticorrupción también felicitó la medida e informó que “espera que las instituciones del sistema interamericano sean depuradas”. (I)

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Competencias
Principal función
La CIDH tiene como fin promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas: artículo 106.

Siete miembros
La entidad está presidida por Francisco José Eguiguren (Perú) y por Margarette Maysag (Jamaica).

Rendición de cuentas
Anualmente emite un informe a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Solicitan a los gobiernos
Los Estados miembros deben proporcionar informes sobre las medidas que adoptan en materia de derechos humanos.

CRONOLOGÍA
La Corte IDH ha tratado casos en los que el Estado ecuatoriano debió cumplir con las resoluciones emanadas por el organismo.

19 /Junio 1998
El organismo emite una sentencia contra Ecuador por el caso Consuelo Benavides, detenida ilegalmente, torturada y asesinada por agentes del Estado en 1985.

4 /Julio 2007
Sentencia por la ejecución extrajudicial de Wílmer Zambrano, Segundo Caicedo y José Caicedo en un operativo militar, en 1994.

19 /Mayo 2011
Sentencia por violación de los derechos a la vida en perjuicio de un ciudadano que no recibió atención médica y murió; el hecho ocurrió en 1993.

27 /Junio 2012
El Estado es responsable por la violación de los derechos al pueblo Sarayacu, por permitir actividades petroleras en su territorio en la década del 90.

21 /Mayo 2013
Sentencia favorable en el caso Melba Suárez Peralta, atendida en un policlínico por un profesional no autorizado; ocurrió en el 2000.

21 /Agosto 2014
El Estado debe pagar a 27 víctimas una indemnización ante la imposibilidad de que retornen a la Corte Suprema de Justicia, tras su destitución en 2004.

29 /Noviembre 2016
Se declaró culpable al Estado por la muerte de Luis Valencia Hinojosa miembro de la Policía Nacional, por la violación de sus garantías judiciales, en 1992. El Estado no le garantizó su derecho a la vida.


La CIDH tiene competencias en 35 países de la región
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene, desde 1965, las competencias para expresamente recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegan violaciones a los derechos humanos (19.423 casos procesados desde 2011).

Sin embargo, de conformidad con el artículo 106 de la Carta de la Organización, también da a conocer su postura en relación con lo que puede suceder en los Estados firmantes de la carta.

En los últimos años, la CIDH emitió comunicados en los que solicitaba información a los Estados parte sobre lo que considera violación a los derechos humanos por algún suceso.

Entre los recientes informes del organismo está el del pasado 9 de enero, cuando exhortó a que se reconocieran los derechos de las parejas de igual sexo y se permita el matrimonio igualitario.

A finales de 2017 cuestionó el indulto al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos durante su mandato. En varias ocasiones se ha referido a la nación venezolana instando al gobierno de dicho país a que vele por los derechos de su comunidad.

En sus documentos recalca que desde 2012, la CIDH solicita la anuencia del Estado para la realización de una visita al país, la cual ha sido rechazada reiteradamente.

Estados Unidos es otro país al que constantemente lo cuestionan en sus boletines.

En el último anuncio, la CIDH mostró su “profunda preocupación” por la decisión de poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nacionales de El Salvador, que fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Por ello recomendó reconsiderar su política de cerrar canales legales para que personas migrantes y refugiados puedan acceder o permanecer en una situación migratoria regular en los Estados Unidos.

En la IX Conferencia Internacional Americana en 1948, en Bogotá, se adoptó la Resolución XXXI en la que se consideró que la protección de esos derechos debía “ser garantizada por un órgano jurídico, para asegurar los derechos de los ciudadanos”.

Para ese efecto se creó la Corte Interamericana, pero fue en 1969 cuando se aprobó en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y entró en vigencia en 1978 la CorteIDH.

De esta forma la Comisión presenta los casos ante la Corte y comparece ante la misma durante la tramitación y consideración de los casos para disponer la adopción de “medidas provisionales”, en casos de extrema gravedad y urgencia con el fin de evitar daños irreparables a las personas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la potestad de recomendar a los Estados miembros de la OEA la adopción de medidas para la protección de los derechos humanos de los ciudadanos de los 35 países firmantes. (I)

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Contraloría detecta más irregularidades en Yachay

5:51 am

Pablo Celi reveló más problemas en la empresa pública, como retrasos en la ejecución de obras, el no cobro de multas, pagos en exceso, entre otros.

Previa a la reunión que el contralor Pablo Celi mantuvo con los integrantes del Foro Económico, el funcionario ofreció datos sobre los exámenes especiales que realiza a Yachay.

El funcionario contó que la entidad que lidera inició en total 14 exámenes, 10 para la empresa pública Yachay y los restantes a la universidad llamada Yachay Tech. Celi incluso visitó el lugar ubicado en Urcuquí (Imbabura).

Previamente, el Gobierno denunció irregularidades en el centro de estudios como obras inacabadas o mal hechas, además de que nunca existió una anunciada inversión de $ 3.000 millones para instalar una fábrica de autos eléctricos.

Celi reveló que dos exámenes ya han concluido. En el caso de Yachay Tech se hallaron pagos indebidos referentes a viáticos, lo mismo ocurre en la contratación de personal y laboratorios.

Las mayores irregularidades se detectaron en Yachay EP. “El examen evidenció un conjunto de irregularidades como retrasos en la ejecución de obras, procesos contractuales que no siguieron las normas, el no cobro de multas por incumplimiento de los contratistas, pagos en exceso, arrendamientos no justificados de locales e incluso la no implementación de productos recibidos por consultorías”, explicó el funcionario. Aclaró que el examen aún no establece sanciones.

Examen a la Secom
El contralor también informó sobre un examen especial realizado a los enlaces ciudadanos que realizaba el expresidente Rafael Correa y que se conocen como sabatinas.

Celi confirmó la existencia de una investigación con indicios de responsabilidad penal que ya fue enviada a la Fiscalía. “Esto tiene que ver con contrataciones no justificadas, con productos no recibidos en la forma adecuada e incluso con falsificaciones de documentos”.

Como el documento ya se encuentra en la Fiscalía, Celi prefirió no citar el nombre de los exfuncionarios involucrados o las circunstancias de las irregularidades. Pero advirtió que esta es apenas una de las comprobaciones efectuadas a la Secretaría de Comunicación (Secom).

La semana pasada se filtró un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que detectó anomalías en los patrimonios de los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado.

Ambos manejaron, en distintos periodos durante el mandato anterior, la Secretaría de Comunicación. (I)

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El CNE finalizó con los escrutinios y se abre tiempo para impugnaciones

5:49 am

Una vez aprobadas las actas de las 24 provincias, el CNE cerró los escrutinios a nivel nacional. Los sufragios provenientes de las circunscripciones del exterior fueron ingresados al sistema entre la tarde y noche de ayer.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó y aprobó los resultados del 100% de actas de las 24 juntas provinciales electorales. Solo estaban pendientes las que pertenecen a las circunscripciones del exterior.

Con el cierre de los escrutinios, el siguiente paso es la notificación a las organizaciones que participaron en el proceso electoral, que tendrán 48 horas para que presenten las impugnaciones. Si no hay objeciones, el CNE proclamará oficialmente los resultados en cuatro días.

La presidenta del CNE, Nubia Villacís, destacó que en menos de tres días se escrutó el 100% de los votos. “Esto es un hecho inédito ya que en las primeras 24 horas, 17 provincias cerraron el conteo, al día siguiente cinco más y hasta el miércoles terminaron las restantes”.

Ayer por la madrugada llegaron los paquetes de Europa, Asia, Oceanía, América Latina, Estados Unidos y Canadá, los mismos que fueron revisados en la delegación provincial del CNE en Guayas.

Los 1.566 recintos de transmisión de actas en las 24 provincias del país no presentaron novedades, lo que permitió el conteo rápido.

A esto se suma la transmisión satelital desde 164 recintos de difícil acceso, lo que permitió la agilidad en el envío de datos.

El consejero Paúl Salazar señaló que con menos recursos de lo previsto se efectuó la consulta. Para este proceso se estimaron $60 millones, pero costó al final $ 48 millones, según Salazar.

Al cierre de los escrutinios, la pregunta 1 fue la que más apoyo obtuvo, la vinculada al castigo a los corruptos; le siguió la 4, sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores.

Notificación
Villacís dijo que lo importante es que se han entregado los resultados al país. Para la noche de ayer estaba planificada la notificación a las organizaciones participantes, “con lo que corren los tiempos previstos para la presentación de recursos administrativos al final de lo cual se hará la proclamación oficial”.

La normativa establece que la audiencia pública deberá instalarse no antes de tres días ni después de siete contados desde que se realizaron las elecciones.

En la sesión de escrutinio nacional se examinaron las actas generadas por las juntas provinciales electorales y la junta especial del exterior con la finalidad de conocer, analizar y proclamar los resultados obtenidos. En la audiencia participaron delegados de organizaciones políticas y sociales.

En la página del organismo se detalla el número de votos -del Sí, del No, blancos y nulos- con sus respectivos porcentajes en las 24 provincias.

El pleno ha conocido el escrutinio en 12 de 24 provincias: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura y Loja.

Una vez concluido el escrutinio, se computará el número de votos válidos obtenidos en cada pregunta y, posteriormente, el CNE proclamará los resultados definitivos que serán enviados para su publicación en el Registro Oficial. (I)

El proceso
Al Registro Oficial
El CNE registra los resultados de cada provincia en relación a las 7 preguntas con el número exacto de votos por el Sí y el No, así como los Blancos y Nulos. Luego de la proclamación oficial se publica la información en el Registro Oficial.

3 días tardó en efectuarse el conteo de los escrutinios en todas las provincias del país.

Informes internacionales
Las misiones de observadores de la Unasur, Aweb, Uniori y OEA entregaron informes sobre el proceso electoral.

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