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Carlos Andretta Schumacher es el nuevo director del Senae

12:46 pm

El presidente de la República, Lenín Moreno, designó a través del Decreto Ejecutivo Nº 418 a Carlos Antonio Andretta Schumacher como nuevo director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

En el mismo Decreto Ejecutivo se agradece los servicios prestados por Mauro Andino Alarcón, que ocupaba este cargo.

Andretta Schumacher, oriundo de Guayaquil, tiene 42 años. Es abogado graduado de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Tiene una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid (España) y un doctorado en la misma rama del Instituto Universitario Ortega y Gasset de la capital española.

A la fecha se desempañaba como director del Centro de Asuntos Corporativos y Público Corpaffairs. Entre 2008 y 2013 fue director de asuntos corporativos de la Cervecería Nacional. En sus inicios profesionales integró el estudio jurídico Andretta & Asociados entre 2008 y 2013.

También es docente en la UEES y la Universidad del Pacífico en Guayaquil. (I)

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Arrancó audiencia de apelación en caso Odebrecht

10:23 am

Un cerco de rejas con un piquete de policías se levantó este miércoles 23 de mayo en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La vigilancia se dio previo a la audiencia de apelación a la sentencia de seis años de prisión para el expresidente de la República Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otros cuatro procesados.

La sentencia se emitió por presunto delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht, en Ecuador.

Paúl Pérez, fiscal general del Estado, participará en la audiencia de apelación a la sentencia, recurso que fue solicitado por el exvicepresidente.

Antes de que se instale la diligencia, el personal de seguridad realizó una inspección de rigor, tanto a los ciudadanos que acudieron para presenciar el proceso como a los representantes de prensa.

El expresidente Jorge Glas ingresó a la sala sin dar declaraciones y saludó a los simpatizantes que llegaron a la diligencia así como a su abogado Eduardo Franco Loor. (I)

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Primera sentencia del caso Odebrecht vuelve a la Corte

6:14 am

Para las 08:30 de este miércoles 23 de mayo está fijada la audiencia de apelación a la sentencia a seis años de cárcel que se le impuso al exvicepresidente de la República, por el delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht, en Ecuador.

El 13 de diciembre, el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Édgar Flores (ponente), Silvia Sánchez y Richard Villagómez, emitió la sentencia contra ocho procesados: Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, Carlos Verduga, Édgar Arias, Ramiro Carrillo, José Terán, Gustavo Massuh y Kepler Verduga.

A los cinco primeros, la pena impuesta fue de seis años, mientras que para los tres restantes 14 meses de prisión. Además, Diego Cabrera fue absuelto y cuatro involucrados no fueron juzgados por estar prófugos, entre ellos Carlos Pólit, excontralor del Estado.

El caso tuvo como principal elemento la delación del exhombre fuerte de Odebrecht en Ecuador, José Santos. Él, durante su testimonio, dijo que había pagado coímas al tío del exsegundo mandatario, Ricardo Rivera. Y aseguró que el dinero iba para Glas.

Por ello el exvicepresidente fue señalado por la Fiscalía como el cabecilla de una red de corrupción que se benefició de la obra pública. Los jueces de primera instancia acogieron los argumentos y dieron la máxima condena a los detenidos, incluido Rivera. En la trama también participó el excontralor Pólit, pero no fue juzgado debido a que huyó del país.

Desde allí se han ido acumulando más casos de corrupción. El martes 22 de mayo, el ministro de Hidrocarburos, que absorbió al de Electricidad, destacó las irregularidades en los proyectos que manejó Glas desde la Vicepresidencia.

Sin embargo, la defensa del exsegundo mandatario anticipó que en la audiencia de esta mañana que se cumplirá en la CNJ, en Quito, demostrará que Glas fue sentenciado sin ley, con un Código Penal derogado, sin pruebas y fue víctima de violaciones permanentes a sus derechos fundamentales.

El 8 de mayo, Eduardo Franco Loor, quien desde el comienzo asumió la defensa legal del exvicepresidente, llegó a Quito para informar a su cliente que había recibido la notificación oficial de la conformación del Tribunal de alzada de CNJ que revisará la apelación.

“Tengo fe y confianza de que este tribunal va a ratificar la inocencia de Glas, porque nunca existieron pruebas contra él de que haya participado en el delito”.

Pero el tema se ha politizado. Los asambleístas leales a Rafael Correa han asumido la defensa de Glas, a quien consideran perseguido político. El propio Correa ha llevado esa tesis al extranjero.

Rol de los sentenciados

En la primera sentencia de la justicia ecuatoriana en el caso Odebrecht se detalla el rol que cumplieron cada uno de los ocho condenados en el delito de asociación ilícita.

Glas, según las investigaciones, abusó del alto cargo para asociarse ilícitamente con José Conceiçao Santos. Ricardo Rivera intermedió entre Santos y Glas para solicitar sobornos, a cambio de adjudicar contratos.

Ramiro Carrillo entregó información de las bases del concurso para la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca a Odebrecht, a través de Gustavo Massuh. Carlos Villamarín entregó detalles del proceso de licitación a Odebrecht, para favorecerla en el concurso relacionado con el proyecto Daule-Vinces.

Édgar Arias, mediante sus empresas, entregó dinero en efectivo a Ricardo Rivera. Gustavo Massuh prestó sus empresas offshore, domiciliadas en Panamá, para recibir dinero ilícito de Odebrecht.

Kepler Verduga infló facturas a favor de Odebrecht, según su propio testimonio. José Rubén Terán intermedió en el pago de sobornos y los entregó a funcionarios públicos del país.

Ahora la Corte Nacional de Justicia revisará la sentencia. Puede mantenerla, reducirla, ampliarla o anularla. Incluso Glas todavía podrá acudir a otra instancia, además de la Corte Constitucional.

Sus seguidores han asegurado que el caso terminará en tribunales internacionales. (I)

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Reforma mantiene la responsabilidad ulterior en Ley de Comunicación

6:12 am

Hasta el pasado 21 de mayo en la plataforma web de la Asamblea Nacional reposaban 11 proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El primero data del 12 de mayo de 2016 y el último del 17 de mayo pasado.

Un decimosegundo proyecto se sumó al grupo de reformas. El presidente Lenín Moreno remitió desde su despacho un documento de 33 páginas, que incluye propuestas de cambio desde el primer artículo.

“Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por el Estado y la Constitución de la República del Ecuador”, reza el primer artículo.

Con él se engloban 12 artículos más (desde el 1 hasta el 13) inmersos en el primer eje de las propuestas: “el respeto absoluto a los estándares internacionales y los principios constitucionales del Ecuador”, explicó en un comunicado la Secretaría de Comunicación (Secom).

Con las reformas se convierte la nueva LOC “en una normativa garante de derechos”, agrega.

El 13 de junio de 2017, el movimiento Centro Democrático, representado por Jimmy Jairala, presentó sus propuestas de reformas a la normativa.

En aquella ocasión Jairala dijo que las propuestas fueron socializadas en 16 provincias, con representantes de más de 80 medios de comunicación, entre públicos, privados y comunitarios.

El dirigente político destacó la propuesta de reformas de la LOC. Recalcó que la mayoría de cambios que presentaron, en el diálogo impulsado por el Presidente, fueron acogidos.

“Considero un error seguir insistiendo en derogarla (la LOC)”, dijo Jairala y reiteró que el espíritu de la ley es lo que necesitaban los medios de comunicación.

Jairala aclaró que, en efecto, la ley es garante de derechos ciudadanos y respeta la libertad de expresión de los medios de comunicación.

Defensoría del Pueblo

El segundo eje de la propuesta que fue tomado en cuenta por la Secom aglutina 13 artículos que tienen relación con la eliminación “del esquema administrativo de sanción y control”.

Con él desaparece la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) y otorga las competencias de tutelaje y protección por vulneración de derechos fundamentales a la Defensoría del Pueblo.

En este conjunto de reformas también se incluye la responsabilidad ulterior.

El artículo 14 explica que toda persona está obligada a asumir las consecuencias legales después de difundir por medios de comunicación contenidos que lesionen los derechos.

En el caso de los medios de comunicación “habrá lugar a la responsabilidad ulterior (…) cuando los contenidos sean asumidos por el medio o no se hallen atribuidos a una persona”.

Dentro de este tema los comentarios al pie de la página web serán responsabilidad de quienes los publiquen, salvo que los medios no informen de manera clara o no tengan un registro que identifique al autor del comentario. El afectado podrá, en ese caso, presentar las medidas de protección a la Defensoría del Pueblo.

La institución también podrá iniciar el trámite de restitución de derechos a los ciudadanos que pidieron réplica o rectificación de alguna publicación en medios de comunicación y no fueron acogidas en el lapso de 72 horas.

El asambleísta por el Partido Social Cristiano, Luis Fernando Torres, criticó la existencia de Supercom y relievó esta parte de la propuesta de reforma.

“(La Supercom) no solo castigó sin piedad a los medios y periodistas, sino que se infló con burocracia innecesaria. Pasó de 21 a 325 empleados entre 2013 y 2018 para tramitar 1.344 denuncias y gastó $ 60 millones. Monumento al despilfarro y la persecución”, sostuvo.

Jairala resaltó que hay temas que no podían eliminarse en la ley y eso corresponde a la responsabilidad ulterior tanto de periodistas, como de medios de comunicación y ciudadanos.

“Creo que hay mecanismos que debían conservarse. Ese es uno de ellos”.

La legisladora Verónica Arias discrepó con las reformas. Para ella la Defensoría no tiene capacidad coercitiva para sancionar. (I)

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Gobierno retira la seguridad a Rafael Correa y Jorge Glas

6:11 am

El Gobierno Nacional resolvió retirar la seguridad proporcionada al expresidente de la República, Rafael Correa, y “a sus familiares íntimos en sus países de residencia”, debido al bajo nivel de riesgo existente.

La decisión se da tras recomendaciones del Ministerio de Defensa, previa consulta a la Secretaría Nacional de Inteligencia, indica un comunicado oficial.

En la actualidad, Correa reside en Bruselas (Bélgica) junto a su familia, ciudad a la que marchó a vivir en julio pasado tras dejar el cargo en mayo de 2017, tras una década en el poder.

También se resolvió retirar la seguridad al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, en el interior de la cárcel 4, donde cumple pena privativa de libertad de 6 años, por el delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. Para este miércoles 23 de mayo está prevista una audiencia de apelación.

El 3 de mayo de 2017 Correa- 21 días antes de finalizar su gobierno- decretó la protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, sus cónyuges e hijos, por periodos de un año y 6 meses, respectivamente. (I)

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