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El abogado constitucionalista ecuatoriano Stalin Raza consideró este miércoles que es “saludable” que el vicepresidente Jorge Glas pueda hacer uso de su derecho a la defensa en un proceso penal en el que ha sido vinculado por asociación ilícita en la investigación del caso Odebrecht y sobre lo cual la Asamblea Nacional se pronunciará en pleno el próximo viernes.

“Me parece saludable que el Vicepresidente pueda defenderse legítimamente, hacer uso a su derecho a la defensa, presentar sus elementos de descargo ante la justicia y que sea la justicia la que decida si él tuvo o no participación en el delito del que se le acusa, porque la Fiscalía ya está tomando una primera posición al decir que el presumiblemente habría cometido un delito”, señaló el experto en entrevista con Andes.

Este miércoles la Corte Nacional de Justicia envió a la Asamblea Nacional de Ecuador el pedido de autorización para la vinculación de Glas en un proceso judicial. El órgano legislativo recibió la solicitud y agendó para el 25 de agosto la sesión plenaria para tomar una decisión al respecto.

El lunes el propio Vicemandatario pidió a sus correligionarios en el órgano parlamentario que viabilicen el proceso que, en su consideración, sería una nueva oportunidad para demostrar su inocencia.

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Sobre el procedimiento, el constitucionalista Raza planteó que en su opinión es correcto que en esta etapa le sea solicitado el permiso al Legislativo porque el enjuiciamiento penal al que se refiere la Constitución habla de inicio del proceso penal, en lo cual discreparon otros abogados consultados.

“Yo creo que debe solicitarse la autorización para el inicio de cualquier actividad jurisdiccional en contra del Vicepresidente desde este momento”, indicó.

Argumentó que para que exista enjuiciamiento de una persona, tiene que haber primero un ejercicio de la acción que la ejerce la Fiscalía, luego el sometimiento a la competencia de los jueces (…)  y tercero ya existe la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción.

“Es decir, la Fiscalía va a evacuar diligencias dentro de la investigación y los procesados, dentro de ellos el Vicepresidente de la República, tienen derecho a contradecir esas diligencias, esas investigaciones que se hagan por parte de la Fiscalía; es decir ya existe una actividad jurisdiccional y a eso es lo que se refiere la Constitución”, apuntó el expostulante a Fiscal General del Estado.

Indicó que este paso de la Fiscalía se produce una vez que se consideran que existen elementos de convicción para involucrar a la dignidad por sospechas de su participación y las pruebas son presentadas en el juicio. “En este momento no existen pruebas desde el punto de vista jurídico en contra del Vicepresidente, lo que existen son pruebas de convicción”, explicó.

Mencionó que no existe otro pedido para un juicio político luego de que fuera archivado uno recientemente. Sin embargo, expuso que la ‘asociación ilícita’ no es causal para abrir un proceso en la AN. “Es decir, no corresponde a ninguno de los cuatro delitos que establece la Constitución como causal para un juicio político al Vicepresidente”, apuntó.

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No es momento para solicitar permiso a la Asamblea Nacional: constitucionalistas

Los constitucionalistas Carlos Castro y Gustavo Medina coincidieron en que no es el momento para hacer el pedido de autorización a la instancia parlamentaria con el fin de iniciar la etapa de instrucción del proceso penal contra Glas.

Castro señaló vía telefónica que en su opinión existe una confusión porque la autorización de la Asamblea Nacional debe ser solo para el juicio penal, es decir ya para la tercera  etapa del proceso, porque en la primera etapa de instrucción puede ser que el Fiscal no le llame (a Glas) al juicio penal. “¿Entonces para qué va a pedir la autorización?”, cuestionó.

Refirió que todo ciudadano puede estar sujeto a una instrucción fiscal y no por ello quiere decir que ya es culpable, sino sospechoso de una conducta que está establecida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Una vez que concluya esta etapa, el Fiscal determinará con los indicios que se han acopiado si amerita o no llamarle a juicio. “Esto se ventila en la segunda etapa que es la de evaluación y preparatoria de juicio”, acotó.

En otro orden, señaló que si en la instrucción fiscal se añaden otros ilícitos independientes, tiene que abrirse otras causas.

Por su parte, Medina enfatizó que terminado el plazo de la instrucción, debe emitirse un informe fiscal que puede ser abstentivo de acusar o acusatorio. “Si el informe fiscal es acusatorio, tiene que convocarse a una audiencia de inicio de juicio y solamente en ese momento empieza el juicio penal”, opinó.

Expuso que existe el pedido es para que se establezca un día y una hora para que se resuelva la vinculación y en ese acto lo que también tiene que ocurrir por mandato de la ley es la adopción de medidas cautelares.

El proceso que sigue

El próximo viernes el pleno de la Asamblea Nacional se ha convocado para analizar el pedido para la vinculación del Vicepresidente de la República en el proceso de investigación por ‘asociación ilícita’.

De ser aceptada la solicitud, iniciará la etapa de ‘instrucción fiscal’, por 30 días, período en el cual la Fiscalía debe aportar elementos de cargo mientras el vicepresidente sus elementos de descargo.

Luego pasa a una audiencia en la cual el juez Miguel Jurado, quien asumió las competencias del caso de ‘asociación ilícita’, debe resolver qué elementos le convencen. De ser favorable a la Fiscalía, se pasa a la etapa de juicio. En esa etapa recién tanto la Fiscalía como el Vicepresidente y todos los acusados en el proceso deben presentar sus pruebas para comprobar si el delito existió y en segundo lugar quiénes serían los responsables.

Una vez agotados los tiempos previstos por la ley y en caso de ratificarse una sentencia condenatoria, el Vicemandatario quedaría inhabilitado para ejercer un cargo público, lo cual rige para todos los funcionarios públicos sean o no dignatarios de elección popular.

Comprobada la falta definitiva del Vicepresidente, corresponderá al Presidente enviar una terna a la Asamblea Nacional, según el artículo 120 de la Constitución, y este órgano tiene un plazo de 30 días para resolver a quién elegirá el cargo vacante.

Si el pleno no elige en ese período, se entiende que pasa a ser Vicepresidente el primer integrante de la terna.

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