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Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/la-contraloria-revisara-formula-para-medir-deuda

Con el Decreto 1218, de octubre de 2016, se estableció que solo se tomará en cuenta la deuda consolidada para observar el margen de endeudamiento.

Luego de que la Contraloría General del Estado (CGE) presentara a los 11 veedores que acompañarán la auditoría de la deuda pública, el Gobierno garantizó el cumplimiento de todos sus compromisos financieros.

La Secretaría Nacional de Comunicación difundió un comunicado oficial que indica que la decisión de la Contraloría de integrar una veeduría ad-hoc “es de absoluta responsabilidad de esa entidad”.

A párrafo seguido aclara que el Estado respetará las obligaciones internacionales en “los términos y condiciones” en que se contrataron.

Según el acuerdo 024-CG-2017, el motivo para auditar la deuda adquirida entre el 1 de enero de 2012 al 24 de mayo de 2017 fue la situación descrita por el presidente de la República, Lenín Moreno, el 28 de julio.

Moreno expuso los pasivos del Estado como una “situación crítica”. Con registros a mayo de 2017, lo mencionado por el Mandatario sumaba $ 55.260 millones compuestos por la deuda pública histórica, ventas anticipadas de crudo, deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) e incentivos para jubilados del sector público. (Ver infografía).

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Rebasa con $ 15.260 millones el límite de endeudamiento, cuyo techo legal corresponde al 40% del Producto Interno Bruto (PIB). La deuda pública no puede superar los $ 40.000 millones, aproximadamente.

Pero no todo lo señalado por Moreno es considerado como deuda consolidada, la cual sirve para medir el endeudamiento frente al PIB.

La metodología es uno de los temas fundamentales de la auditoría. Fue creada con el Decreto Ejecutivo 1218, del 20 de octubre de 2016, estableciendo que el cálculo se lo efectuará sobre la base de los Estados Consolidados de la Deuda Pública.

La modificación normativa se basó en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De esta manera se excluyó del margen de medición la deuda agregada que contiene las obligaciones internas con entidades públicas, como el IESS, Issfa y otros.

Un mes antes (septiembre de 2016), la deuda agregada registraba $ 36.986 millones, equivalentes a 38,4% del PIB, muy cerca del límite.

Cuando sucedió el cambio la metodología redujo la cifra oficial a $ 25.711 millones de deuda consolidada (26,7% del PIB).

Las críticas en torno a la medida siguen hasta ahora. Analistas consideran que con esta acción el expresidente Rafael Correa quiso tener más espacio para incrementar la deuda sin pasar el límite de endeudamiento que su gobierno instauró.

El otro gran tema que se examinará en la auditoría es lo relativo a los contratos de venta anticipada de petróleo suscritos bajo la administración de Correa.

Las actuales autoridades señalaron elementos que preocupan y son poco beneficiosos para el país.

El Ministerio de Hidrocarburos intenta llegar a un acuerdo con las empresas Petrochina, Unipec y Petrotailandia, para modificar parte de los contratos. (I)


Expertos proponen acciones económicas
Veinte reconocidos economistas del país presentarán hoy, en Quito, un paquete de propuestas para recuperar los equilibrios macroeconómicos, favorecer la inversión, mejorar la productividad y competitividad empresarial, fortalecer el sistema financiero, evitar una ruptura de la dolarización, etc.

Entre los miembros que integran el autodenominado ‘Foro de Economía y Finanzas’ saltan a la vista nombres de exministros de Estado, gerentes del Banco Central, académicos y analistas destacados.

Están Mauricio Pozo, exministro de Finanzas; Alberto Dahik, exvicepresidente; Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal; Rosa Matilde Guerrero, exfuncionaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros.

Dentro del foro participa Eduardo Valencia, exgerente del Banco Central, quien también forma parte de la veeduría ciudadana escogida por la Contraloría para supervisar el examen especial de la deuda pública.

En una extensa carta, el colectivo describe riesgos en la política económica. “Antes que los problemas salgan de control es urgente reconstruir la competitividad productiva y el retorno a la responsabilidad y sostenibilidad fiscales”. (I)

ferzhr@gmail.com

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