La mañana del 20 de abril, arrendatarios del Puerto Seco de Loja cerraron los accesos al centro de transferencia comercial como medida de protesta frente a la implementación de una tarifa por control de acceso vehicular, que —según señalaron— afectaría sus actividades económicas.
Los comerciantes manifestaron su desacuerdo con el cobro, argumentando que ya cancelan un canon mensual por el uso de los espacios. Además, indicaron que la medida no habría sido socializada previamente. Juan Granda, presidente de los adjudicatarios, expresó que “no estamos de acuerdo con la imposición de este cobro porque ya pagamos un arriendo y esto nos perjudica”, y añadió que han presentado solicitudes formales sin obtener respuestas concretas.
De acuerdo con los arrendatarios, la tarifa planteada variaría según el tipo de vehículo, con valores desde fracciones mínimas y un tiempo de gracia limitado, lo que —según afirmaron— complicaría la dinámica comercial dentro del recinto. También señalaron que gran parte de la infraestructura existente ha sido construida con recursos propios.
Ante la falta de acuerdos, los adjudicatarios advirtieron que mantendrían medidas de presión si no se atienden sus demandas, entre ellas la eliminación del cobro y una mayor participación en las decisiones administrativas del lugar.
Horas más tarde, autoridades municipales y representantes de la empresa pública administradora mantuvieron una reunión con delegados del sector para analizar la situación. En este encuentro se aclaró que no existe actualmente un cobro vigente por el acceso vehicular y que cualquier propuesta en ese sentido deberá contar con estudios previos y procesos de socialización.
Durante la reunión, se reiteró la importancia del diálogo entre las partes para alcanzar consensos que permitan mejorar las condiciones del espacio comercial y la atención a los usuarios, sin afectar la actividad de los comerciantes.