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Los jueces avalaron que el expresidente articuló la trama de corrupción en Petrobras. La sentencia lo puede inhabilitar políticamente y truncar su candidatura para la reelección.

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), sufrió ayer una derrota en su carrera política. Un tribunal brasileño confirmó en segunda instancia su condena por cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero en una causa relacionada con el escándalo de la petrolera estatal Petrobras.

Los magistrados de Porto Alegre ratificaron por unanimidad la condena que interpuso el pasado mes de julio el juez de Curitiba Sergio Moro.

A favor votaron Joao Pedro Gebran, Leando Paulsen y, por último, Víctor Luiz dos Santos Laus, los jueces que componen el Tribunal Regional Federal 4 (TRF4) de Porto Alegre.

El tribunal aumentó la pena de los nueve años y medio hasta los 12 años y un mes, como pidió el juez Gebran. Esta segunda condena abre la puerta a la inhabilitación política del líder del Partido de los Trabajadores (PT) y deja en manos de la Justicia electoral su posible candidatura presidencial.

La decisión, aunque es apelable, complica las opciones Lula para competir en los comicios de octubre próximo ya que, según la legislación brasileña, los condenados en segunda instancia no pueden ser postulados.

Además de elevar la pena, los tres jueces coincidieron en que Lula tendrá que cumplir la pena en régimen cerrado y que podrán ordenar su detención cuando la defensa no cuente con más recursos para modificar la condena en segunda instancia.

Los magistrados avalaron los argumentos del juez Moro para concluir que Lula recibió un apartamento triplex en una playa del litoral de Sao Paulo como un soborno de la constructora OAS, beneficiaria de contratos de la petrolera pública Petrobras.

Los magistrados rechazaron las alegaciones de la defensa de que ni Lula ni su familia llegaron nunca a ocupar la vivienda y que de hecho no existe ningún documento que pruebe que el expresidente es su propietario.

El hecho de que no exista un título de propiedad -sobre el que se basa la defensa para pedir la absolución- se debe a la intención de ocultar que el exmandatario era el verdadero destinatario del inmueble. “La OAS fue el testaferro del verdadero titular del inmueble”, sentenció Gebran.

“Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción que operó en la estatal Petrobras”, añadió.

Paulsen coincidió con Gebran, pero consideró un agravante el hecho de que Lula haya operado como “garante del funcionamiento” de un esquema que vació los cofres de Petrobras, revelado por la Operación Lava Jato. Ese sistema, según los jueces, implicaba el pago de sobornos para financiar al PT y hacer favores a sus dirigentes.

Lula, quien lidera todos los sondeos con el 40% de intención de votos, previo a la sentencia prometió continuar su lucha en las calles hasta que muera. (I)


Expresidente enfrenta en total 9 causas judiciales
Luiz Inácio da Silva encara en total nueve procesos judiciales, siete en juicio y dos en fase de denuncia.

Caso Triplex: La fiscalía acusa a Lula de recibir un departamento en un balneario de San Pablo para beneficiar a la constructora OAS con obras en la estatal Petrobras cuando aún era presidente de Brasil. (Condena en primera instancia).

Instituto Lula: Se investiga si negoció con Odebrecht un soborno de 12 millones de reales para comprar un terreno para erigir el instituto que divulga su legado. La transferencia no se concretó, pero la fiscalía afirma que el delito se consumó con la mera aceptación del soborno. (Juicio en la primera instancia).

Residencia de Atibaia: Está acusado de recibir sobornos de Odebrecht y OAS para reformar una hacienda en Atibaia (San Pablo), que la fiscalía afirma es del exmandatario, a cambio de contratos con Petrobras. Juicio en la primera instancia.

Aviones de combate: Tiene cargos por lavado de dinero y tráfico de influencia en la compra del Estado brasileño de aviones suecos Gripen por $ 5.000 millones durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016), su sucesora y protegida política. (Juicio en la primera instancia).

El silencio: Es investigado por obstrucción a la justicia al participar en un plan para comprar el silencio del exdirectivo de Petrobras Nestor Cerveró, involucrado en el fraude a la petrolera estatal. La fiscalía pidió archivar la causa por falta de pruebas. (Juicio en la primera instancia).

BNDES: Afronta cargos por tráfico de influencias, corrupción pasiva, lavado de dinero. Según la denuncia, Lula influenció la política de financiación internacional del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo), con la intervención de otros organismos públicos federales para favorecer a Odebrecht. (Juicio en la primera instancia).

Automotrices: Corrupción pasiva. La denuncia sostiene que recibió seis millones de reales en 2009 -su segundo mandato- para prorrogar beneficios tributarios a automotrices. (Juicio en la primera instancia).

Partido de los Trabajadores: Fue acusado junto con la cúpula del partido de izquierda que cofundó de haber cobrado ilegalmente 1.485 millones de reales, usando la administración pública. Tiene cargos por dirigir la organización delictiva que cometió crímenes de cártel, corrupción y lavado de dinero. (Denuncia en el Supremo Tribunal Federal (STF), involucra a políticos con fueros legislativos).

Nombramiento ministerial: Está acusado de obstrucción a la justicia al articular junto con Dilma Rousseff su nominación como ministro Jefe de la Casa Civil (principal articulador del gobierno) para dotarse de fuero privilegiado y escapar a la investigación de la primera instancia de Sergio Moro.

Su nombramiento fue bloqueado por el STF y tras la destitución de Rousseff el caso pasó a la justicia ordinaria. (Denuncia en la primera instancia). (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/tribunal-eleva-a-12-anos-la-condena-para-lula-da-silva

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