Las primeras horas de gestión del Cpccs dominado por los consejeros Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, transcurrieron sin que trasciendan nuevas decisiones.
La gestión de la nueva mayoría correísta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y sus últimas decisiones está bajo la lupa de cuatro organismos del Estado.
Las primeras horas de gestión de los consejeros Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, transcurrieron sin que trasciendan nuevas decisiones a las ya adoptadas en la sesión del 22 de enero de 2025.
Una de ellas fue cuando revocaron la designación de Roberto Romero von Buchwald para la Superintendencia de Bancos, de una terna que había sido enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa. En su lugar, la nueva mayoría decidió ratificar a Raúl González Carrión, quien fue designado en 2022 de una lista de candidatos remitida por el entonces mandatario, Guillermo Lasso.
La posesión de González en la Asamblea Nacional fue anulada por una acción de protección. Luego, el funcionario designado ganó parcialmente otra acción de protección presentada en la Corte Constitucional.
Ministerio de Gobierno: nueva mayoría abusa de sentencia de la Corte Constitucional
Para el Gobierno, la mayoría correísta del Cpccs busca apoderarse del control del sistema financiero y abusa de una sentencia de la Corte Constitucional (CC) que aún no está en firme, pues sigue pendiente la resolución de un recurso judicial.
Según el régimen, la mayoría también pretendió contravenir el sentido expreso de la sentencia (del 5 de diciembre de 2024) ignorando disposiciones claras de la Corte que dice: “La presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la autoridad (designación de Roberto Romero) de la Superintendencia de Bancos”.
El ministerio añade que los vocales del Cpccs no son jueces constitucionales para afectar la sentencia de la Corte, y advierte que se trata de un deliberado intento por tomarse la Superintedencia, lo cual supone un riesgo para la lucha contra el narcotráfico, las mafias políticas que los protegen y sus fuentes de financiamiento. “Esta actuación sienta un nefasto precedente en el Cpccs, que tiene en sus manos la designación de autoridades”, agrega el Ministerio de Gobierno en un comunicado.
A la Corte Constitucional ingresa pedido para que se dé seguimiento a sentencia de diciembre de 2024
Desde el 22 de enero de 2025, en la Corte Constitucional (CC) se analiza una solicitud del activista político Santiago Becdach para que se dé seguimiento al artículo 61 de la sentencia del 5 de diciembre de 2024, y la “haga respetar”.
Su ejecución es de vital importancia para la defensa del Estado de Derecho, afirma Becdach, quien cuestiona que pese a la disposición de la Corte, las actuaciones de la mayoría del Cpccs muestran un flagrante desacato, lo que constituye un atentado contra el cumplimiento de los mandatos judiciales.
Recuerda que, en contextos similares, el cometimiento de irregularidades han sido suficientes para justificar la destitución de los vocales del Cpccs por incumplimiento de funciones.
Demanda en la Fiscalía General del Estado por presunta obstrucción a la justicia
La abogada Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de los consejeros del Cpccs, Augusto Verduga y Yadira Saltos por el presunto delito de obstrucción a la justicia por dilatar, con la interposición de acciones de recusación y de queja en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), una sentencia en segunda y definitiva instancia por infracción electoral que habrían cometido en las elecciones de febrero de 2023. “El Observatorio ha identificado acciones que retrasan deliberadamente la resolución del caso en segunda instancia, lo que afecta la transparencia y la celeridad de la justicia”, sostiene Jaramillo. (SC)
Actuaciones del Tribunal Contencioso Electoral
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) podría reunirse en los próximos días para resolver una recusación (impugnación) planteada por Augusto Verduga en contra de la conjueza Ana Abril y una queja de Yadira Saltos en contra de los jueces Ivonne Coloma, Guillermo Ortega, Joaquín Viteri y el secretario Milton Paredes.
La abogada Mónica Jaramillo, dice que, por sorteo, la acción de queja le corresponderá resolver al juez Fernando Muñoz y el Pleno deberá conformarse con conjueces.
Una vez que el Pleno esté conformado, el TCE tendrá que decidir si ratifica o no la sentencia de primera instancia que sancionó con destitución y pérdida de derechos políticos a cuatro vocales del Cpccs.
Fuente: https://www.lahora.com.ec/pais/cpccs-tribunal-contencioso-electoral-corte-constitucional/