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#JusticiaParaDiana y #TodosSomosMartha, los pedidos que unen al Ecuador

8:56 am

Diana Carolina R.R., de 26 años, recibió puñaladas en su tórax y vientre ante la mirada de varios policías que no pudieron desarmar al hombre. Una de las lesiones afectó severamente el pulmón. La ministra del Interior, María Paula Romo, anunció el cambio de gobernadora de Imbabura y del jefe de la Policía, además del envío de fuerzas especiales. Presidente Moreno afirmó que se crearán brigadas para controlar la situación legal de migrantes.

Los padres de Diana Carolina R.R. piden justicia. La joven fue asesinada la noche del sábado 19 de enero en Ibarra. Justo el domingo 20 cumplía 26 años.

Más de 10 policías que se encontraron en el lugar no pudieron neutralizar a Yordi Rafael L., de 22 años y nacionalidad venezolana.

El hombre tomó como rehén a Diana. Según testigos, la sacó cerca de las 21:30 del negocio de comida rápida en donde ella trabajaba, en la calle Bolívar y Grijalva.

De acuerdo con los relatos, al salir de inmediato la amenazó con un cuchillo de cocina y le sujetó del cuello.

Yordi Rafael L. trabajó hasta diciembre en ese local de comida y, según amigos de la pareja, le pedía a ella que renuncie. La noche del crimen, teniéndola como rehén, recorrieron más de 10 cuadras durante 90 minutos, hasta el fatal desenlace.

Yordi Rafael L. pedía que lo dejaran subir a un taxi para tomar un bus hacia Quito. Los policías lo acorralaron y el agresor mató a Diana.

Le propinó más de siete puñaladas en brazos y torso, dijeron los testigos. Dos de las heridas, según el informe médico legal, fueron letales ya que comprometieron el pulmón.

La joven falleció en el hospital San Vicente de Paúl. Al mediodía del domingo 20 de enero llegaron los padres de la víctima, quien era oriunda de Natabuela (Imbabura).

Germán Ramírez, padre de Diana, no conocía al agresor pero señaló que las hermanas de la joven le contaron de ataques anteriores.

Ramírez supo de la agresión a su hija por uno de los hermanos de Diana, que es taxista. Quiso ayudarla, “pero la Policía no me dejó acercarme a la zona y ahora está muerta”, dijo.

Diana era la segunda de cuatro hermanos. Una capilla ardiente fue instalada en la sala de la Sociedad de Artesanos, en Ibarra.

Ella deja en la orfandad a dos niños de 3 y 5 años. Tenía 12 semanas de embarazo, al parecer de su agresor.

Yordi Rafael L. fue golpeado por la multitud. En el Comando de la Subzona de Imbabura se realizó la audiencia de formulación de cargos.

El detenido estará en prisión preventiva por 30 días, tiempo que durará la instrucción fiscal. La audiencia de formulación de cargos se realizó de manera reservada por tratarse de un delito contra la mujer y la familia.

La fiscal (e) Ruth Palacios solicitará a la autoridad judicial una sanción implacable al presunto responsable, “y obtener el máximo de la pena considerando agravantes por el delito de femicidio”, dijo.

Las autoridades investigan el caso por el delito de femicidio, que, según el Código Orgánico Penal, tiene una pena de 22 a 26 años.

El ciudadano fue trasladado a la cárcel de Latacunga con resguardo del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

Compra de armas no letales

La ministra del Interior, María Paula Romo, se reunió con las autoridades provinciales en la Unidad de Policía Comunitaria de Atuntaqui.

En la red social Twitter, Romo anunció la salida de la gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel, así como del jefe de Policía. Los nombres de los reemplazos se conocerán en esta semana.

Personal del GIR, GOE y de la Unidad de Mantenimiento del Orden, permanecerá en el lugar para custodiar la seguridad ciudadana.

Romo anunció la compra de armamento no letal. A su criterio, casos como los de Diana “no pueden pasar de la palabra a la pistola, se necesita armamento no letal. Esperamos realizar la adquisición lo más pronto”.

La funcionaria recordó que Imbabura es la única provincia en donde hay un policía privado de la libertad “por utilizar la fuerza”.

Se refiere a David V, quien está procesado por el asesinato de Andrés Delgado, de 24 años, en Mascarilla, el 24 de agosto del año pasado.

La ministra del Interior dijo que Imbabura es un foco de ilegalidad y violencia relacionada a la minería ilegal.

Recordó que hace tres días se desarrolló un operativo con ocho allanamientos y se detuvo a 24 personas.

Sin embargo, según Romo, la jueza que estaba a cargo de la causa liberó inmediatamente a los detenidos.

“Resulta increíble esta decisión”, dijo, y por ello preparan una queja por esta acción de la Función Judicial.

El comandante de la Policía, Nelson Villegas, afirmó que se realizará la investigación administrativa interna de los miembros policiales que intervinieron en el operativo del sábado en Ibarra.

Villegas anunció que los oficiales superiores que están a cargo de la subzona (Imbabura), serán trasladados a otro comando.

Brigadas de control de ilegales
El presidente Lenín Moreno anunció la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los migrantes venezolanos en las calles

Moreno, quien se encuentra en Suiza, escribió en su cuenta de Twitter que el gobierno analiza la creación de un permiso especial de ingreso al Ecuador.

“Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”, dijo el Jefe de Estado.

Daniel José Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, rechazó las acciones de individuos en contra de la vida.

Este criterio fue compartido por Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación Ciudadanos Venezolanos en el Ecuador, quien repudió el accionar de su compatriota, “son hechos abominables, pero no se puede generalizar”. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/asesinato-embarazada-imbabura-ecuador

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Policía reconoce una desordenada respuesta en muerte de Diana

8:41 am

Al mediodía del domingo 20 de enero de 2019, varios venezolanos, mochila al hombro, salían de Ibarra por la Panamericana Norte con rumbo hacia el sur; eran parte de los ciudadanos de ese país que fueron expulsados de la ciudad por habitantes de la localidad, quienes, en respuesta a la muerte de Diana Ramírez (el 19 de enero), los atacaron con palos y piedras. La víctima fue apuñalada por el venezolano Yordy Rafael L.G., con quien mantenía una relación sentimental.

El hecho ha conmocionado a Ibarra y al país entero, sobre todo porque la joven, que cumplía 26 años el 20 de enero, recibió el ataque en presencia de algunos policías, quienes no pudieron impedir el crimen, además, la joven tenía 12 semanas de embarazo y era madre de una niña de cinco años y de un niño de tres años.

María Paula Romo, ministra del Interior, junto a varios miembros del alto mando policial, entre ellos el comandante general, Nelson Villegas y el director nacional de operaciones, Patricio Carrillo, comunicaron en rueda de prensa, desde el ECU-911 de Imbabura, que los agentes que atendieron la emergencia serán sometidos a investigación.

Las autoridades además admitieron que existe responsabilidad en su accionar al no cumplir ciertos pasos, precisos en este tipo de contingencias, pues limitaron su accionar al método de persuasión. Los oficiales superiores que estuvieron a cargo del operativo en el incidente serán removidos a otro comando.

“Hubo una respuesta absolutamente desordenada de la Policía, una Policía que no tuvo el control, que no acordonó adecuadamente el sitio del suceso y que intentó persuadir a la persona que con la celopatía o psicopatíaque pudo estar en ese momento, terminó con la vida de su pareja sentimental”, explicó Carrillo.

Dejó en claro que el uso de la fuerza no está prohibido para los gendarmes en casos como este, dicha potestad se las otorga la Constitución de la República, al reconocer a la Policía como una institución jerarquizada, técnica y armada.

Por lo cual se autoriza el uso progresivo de la fuerza, siempre y cuando se ajuste a los protocolos y normativas transversales con temas de Derechos Humanos.

Romo anunció que en el transcurso de este año se dotará a la Fuerza Pública de armamento no letal, que ayudaría mucho a los policías en urgencias como la que los convocó a la rueda de prensa. No precisó el monto de la inversión ni la fecha en la que llegarían estos equipos, es un tema que debe atender Compras Públicas.

A la rueda de prensa también concurrieron Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, y los alcaldes de Ibarra, Álvaro Castillo; de Antonio Ante, Fabián Posso; de Urcuquí, Julio Cruz; de Pimampiro, Óscar Narváez; de Cotacachi, Jomar Cevallos.

En tanto, en la Fiscalía de Imbabura, la fiscal general encargada, Ruth Palacios, anunció que se pedirá a la autoridad judicial la pena máxima (26 años de reclusión), para el asesino.

Antes de estos pronunciamientos, en el Comando de Policía de Imbabura, la jueza Elizabeth Andrade, cumplió con la audiencia de formulación de cargos del procesado; debido a ser un caso de violencia de género que terminó con femicidio, la magistrada dio el carácter de privada a la audiencia.

A las afueras del ECU-911 y de la Fiscalía de Imbabura llegaron centenares de personas, quienes protestaron por el clima de inseguridad de se vive en Ibarra y el resto de la provincia. En al parque Ciudad de Ibarra se propició una manifestación de grupos que luchan por la equidad de género.

El suceso provocó, además, la renuncia de la gobernadora de Imbabura, Marisol Peñafiel. María Paula Romo indicó que la semana entrante se conocerá al reemplazo de ésta. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/policia-muerte-ibarra

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Venezolanos que ingresen a Ecuador deberán presentar pasado judicial apostillado

8:39 am

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, informó la mañana de este lunes 21 de enero, a través de una cadena nacional, que desde este lunes 21 de enero, los venezolanos que ingresen al país deberán presentar su pasado judicial apostillado.

El segundo mandatario dijo que sin generalizaciones, pero con mano firme se deberá diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de (Nicolás) Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir, por lo que refirió:

“Desde hoy y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos los nacionales la presentación del pasado judicial apostillado”, dijo.

El gobierno de Ecuador toma esta decisión a referencia de que este sábado por la noche (19 de enero de 2019), en Ibarra, un ciudadano asesinó a su pareja con arma blanca delante de la policía y de personas que incluso transmitieron el episodio en vivo a través de las redes sociales.

Ante este hecho, Sonnenholzner refirió que “este fin de semana el país vivió un hecho deleznable que ha llenado de dolor a la sociedad ecuatoriana. Diana fue asesinada en Ibarra por su pareja sentimental y lo más grave: los policías que habían acudido a su llamada no fueron capaces de actuar para salvar su vida”.

Durante la cadena nacional, el Vicepresidente detalló el respaldo y el reconocimiento al trabajo de la Policía Nacional; pero, aclaró que ”la inacción como la del sábado no será aceptada. Quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión y la responsabilidad de hacerlo, no merece ser llamado policía”.

También dijo que “a cada policía del país, que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía tendrán siempre el respaldo del Gobierno Nacional”

Finalmente, señaló que “repudiamos todas las agresiones contra las niñas y las mujeres, cuenten con todo nuestro esfuerzo para luchar contra este flagelo”. (I)

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Moreno envía a vicepresidente a Bogotá tras atentado

3:22 pm

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que su vicepresidente, Otto Sonnenholzner, viajará a Bogotá “inmediatamente”, tras el atentado registrado este jueves 17 de enero en la capital colombiana que dejó al menos 9 fallecidos y 54 heridos, y entre los que hay una víctima mortal ecuatoriana y una lesionada.

“He dispuesto que el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, se traslade inmediatamente a Bogotá acompañando a los familiares de Erika Chicó y para atender a los cadetes compatriotas”, confirmó el mandatario en Twitter.

Chicó, de nacionalidad ecuatoriana, es una de las nueve víctimas confirmadas en el ataque con carro bomba perpetrado este jueves en la Escuela de Policía “General Francisco de Paula Santander”, en la capital de Colombia.

“Entre las víctimas del atentado se encuentran la cadete ecuatoriana Erika Chicó, quien lamentablemente falleció, y la cadete Carolina Sanango, que sufrió heridas leves. Otros jóvenes ecuatorianos que estudiaban en la Escuela de Cadetes se encuentran a salvo”, informó comunicado oficial de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador.

En otro mensaje el presidente Moreno aseguró que los responsables de este atentado “deberán pagar por haber enlutado a familias humildes e inocentes de la región. Reafirmamos nuestro compromiso con los países hermanos en la lucha contra el terrorismo y toda forma de violencia”.

Las autoridades no han explicado cómo el vehículo con los explosivos ingresó en la sede de la Escuela General Santander, situada en el barrio Villa Mayor, del sur de Bogotá, y que es precisamente una de las sedes más vigiladas del país. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/ottosonnenholzner-viaje-bogota-atentad

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Una cadete ecuatoriana muerta y otra herida en atentado en Bogotá

3:20 pm

El atentado con coche bomba contra la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, cobró la vida de una ciudadana ecuatoriana y causó heridas a otra compatriota, confirmó el Gobierno.

La víctima mortal fue identificada como la cadete quiteña Erika Chicó. En su cuenta en Twitter, el presidente Lenín Moreno envió su “más sincero pésame a los familiares, amigos y compañeros”. También deseó la pronta recuperación de la cuencana Carolina Sanango, quien sufrió heridas leves.

Las dos cadetes “realizaban estudios de perfeccionamiento profesional para servir a su país”, indica un comunicado del Gobierno de Ecuador, en el que condenó “con indignación y de manera tajante” el atentado terrorista.

Los responsables de este crimen deberán pagar por haber enlutado a familias humildes e inocentes de la región. Reafirmamos nuestro compromiso con los países hermanos en la lucha contra el terrorismo y toda forma de violencia”, recalcó el presidente Moreno.

“El Ecuador mantiene una cooperación permanente con la República de Colombia en campos importantes, especialmente en el de seguridad pública. Ambos países están firmemente unidos contra el terrorismo y los criminales actos de violencia; flagelos que golpean a la sociedad civil y que, en este caso, han golpeado a policías y servidores públicos que la defienden”, subraya el comunicado difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador.

Medios colombianos señalaron que entre las víctimas fatales hay algunas de las estudiantes de la escuela de la Policía que estaban en la entrada de esa edificación y también los agentes que perseguían al agresor.

Numerosos miembros de las fuerzas de seguridad de países latinoamericanos hacen cursos en instituciones de Colombia.

El atentado se produjo a las 09:30 locales de este jueves 17 de enero, cuando un carro cargado con explosivos fue ingresado por desconocidos en la Escuela de la Policía, situada en el sur de Bogotá.

Las autoridades investigan si los explosivos fueron activados a través de un teléfono celular a distancia, o si se utilizó un temporizador. (I)

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Oferta de devolver dinero no exonera de responsabilidad a Topic, dice fiscal

12:24 pm

La fiscal general del Estado (e), Ruth Palacios, recibió este martes 15 de enero al subsecretario general de Acción Política, Iván Granda, quien le entregó formalmente el documento emitido por Tomislav Topic para consignar $ 13,5 millones, producto de la trama de corrupción de Odebrecht.

Granda explicó en la mañana, en una radio local, que la consignación deberá ser en una cuenta del Tesoro del Ministerio de Finanzas.

En rueda de prensa, Palacios aclaró que el hecho de que Topic haya ofrecido devolver ese dinero al Estado ecuatoriano, “no implica que se le excluya de responsabilidad”.

“Fiscalía hace su trabajo y llegaremos a determinar si existe o no responsabilidad penal del señor Topic”, apuntó Palacios. El dinero en mención se trata de pagos de Odebrecht a la empresa Glory Internacional.

La titular de la Fiscalía explicó que en este caso son dos indagaciones abiertas: por lavado de activos y peculado. “La investigación está adelantada, pero no nos podemos guiar por algunos elementos sino de todos para formular cargos”.

Palacios también señaló que no ha tenido contacto con Tomislav Topic. “No sé qué es lo que pretenda hacer ni cómo va dirigida esa supuesta devolución que pretende hacer”.

De allí que lo invitó a la Fiscalía, “a que se acerque para saber cuál es la pretensión, porque la Fiscalía es la única dueña del proceso penal”.

Respecto a un beneficio por cooperación eficaz, aclaró que esta solo se da si realmente presenta datos relevantes para la investigación. Además, que aún se estudia su inclusión al programa de víctimas y testigos. “Presentó la solicitud y estamos en ese análisis”, dijo Palacios.

La Fiscal recalcó que la institución que dirige seguirá brindando a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) “todo el respaldo que demanden acciones tendientes a la recuperación del dinero del pueblo ecuatoriano como lo ofrecido por Telconet y el señor Topic”.

Sin que este tipo de acciones, aclaró, “impidan el proceso penal que se requiera por diversos tipos penales y que no signifiquen la claudicación del Estado ecuatoriano para ejecutar cuantas acciones resulten procedentes, necesarias, logrando sanciones y reparaciones integrales”.

Palacios demandó de las instituciones involucradas la colaboración para desterrar la corrupción. En el caso de la Contraloría, a que elabore los informes debidamente motivados para justificar la responsabilidad penal correspondiente.

Aclaró que los informes de la UAFE y de Contraloría son un insumo más dentro de todo el proceso investigativo que tiene que hacer la Fiscalía.

Mencionó que de junio de 2017 a enero de 2019 se han presentado un total de 372 informes con indicios de responsabilidad penal, todos emitidos por Contraloría.

De ellos, 209 están en investigación previa: peculado 142; enriquecimiento ilícito 63; concusión 2; y peculado por abuso de bienes, 2.

Manifestó que hay 840 fiscales a nivel nacional, que asumen un promedio de 360 mil noticias de delitos al año. Eso significa 481 casos promedio por cada fiscal para resolverlos.

De allí que demandó del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y de la Judicatura la autonomía e independencia administrativa de la Fiscalía, así como la reanudación de los concursos para incrementar el número de fiscales y funcionarios. (I)

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Jubilados advierten con salir a las calles por crisis del IESS

12:17 pm

La crisis que enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), reconocida por sus autoridades el 9 de enero, confirma las denuncias que durante los últimos años hicieron afiliados, jubilados, trabajadores y diversos sectores sociales sobre los efectos negativos de medidas adoptadas sin sustento técnico ni financiamiento.

Asociaciones de jubilados y trabajadores, consultados por EL TELÉGRAFO, manifestaron que la situación debe ser solucionada sin que se perjudique a los afiliados y pensionistas. Advierten movilizarse.

No están de acuerdo, por ejemplo, con la posibilidad de revisar las tasas de aportación ni la edad de jubilación, como parte del diálogo nacional convocado por Paúl Granda, presidente del consejo directivo del IESS.

Exigen que el Estado pague lo correspondiente al aporte del 40% desde 2015, eliminado en ese año y restituido en 2018 por la Corte Constitucional.

Para este año el Ministerio de Finanzas destinará $ 1.242 millones por este rubro, de los $ 1.755 calculados por el Instituto. También piden que se cancele el dinero de las prestaciones médicas, borrado de los balances en 2015 y que la Contraloría ordenó reincorporar en 2017.

Otro de los requerimientos es que se derogue la Resolución 501, de 2015, que invirtió el aporte a los fondos de pensiones y salud.

Finalmente, solicitan que los expresidentes del directorio, Ramiro González y Richard Espinosa, los miembros del consejo directivo y directores generales sean procesados judicialmente.

La Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador espera que hoy, 15 de enero, el IESS responda positivamente a sus exigencias, de lo contrario se dará paso a una movilización indefinida.

Manuel Muñoz, presidente de la Confederación, indicó a este diario que el 17 de enero se tomará la decisión en una asamblea nacional en Quito y en la que participarán dirigentes de diferentes asociaciones y federaciones.

“Que no nos obliguen a repetir lo que pasó en 2004”, advirtió Muñoz, recordando la masiva protesta protagonizada a escala nacional por miles de pensionistas.

Los números preocupan. El Estado le adeuda al IESS cerca de $ 3.000 millones; existen pérdidas en compra de medicamentos por $ 400 millones; funcionarios públicos deben a la entidad unos $ 17 millones, reveló Paúl Granda.

Por otro lado, el Instituto suma $ 900 millones en obligaciones con clínicas y hospitales privados; y $ 23 millones al Ministerio de Salud.

La desinversión del fondo de pensiones se aproxima a los $ 5.000 millones; y el fondo de salud tiene serios problemas de liquidez.

Édison Lima, presidente de la Asamblea de Jubilados, Pensionistas Adultos Mayores, se hace eco de las advertencias. “Nuestros reclamos son para que los que hoy trabajan mañana puedan jubilarse dignamente y cobrar su dinero”, comentó.

Mencionó que los jubilados han insistido en reiteradas ocasiones que se reviertan medidas sin financiamiento y que la administración del Seguro se reoriente.

Los sindicatos también se sumarán. Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas de Trabajadores, agregó que se debe investigar cuánto y cómo se gastó el dinero en la construcción de obras y adquisición de equipos pues fueron recursos que provocaron la millonaria desinversión del fondo de pensiones.

Tatamuez es uno de los 14 miembros de la veeduría ciudadana conformada por la Contraloría en junio de 2018 para acompañar los 27 exámenes especiales que auditan la gestión del Seguro Social desde 2012.

Las revelaciones encontradas hasta ahora son alarmantes”, dijo el dirigente y agregó que no permitirán modificar las aportaciones al IESS como un mecanismo para enfrentar la crisis.

Este lunes 14 de enero en Radio Pública, Paúl Granda aclaró que cualquier decisión al respecto “no es unilateral del representante del Ejecutivo”, pues el Consejo Directivo es tripartito (Estado, trabajadores y empleadores).

“Hay que discutir con absoluta transparencia (…) no necesariamente debe haber el alza del monto de aportación, pueden haber otras medidas que ya estamos tomando al corto plazo”, manifestó el titular del Seguro Social.

Denuncia a Rafael Correa

Henry Llanes, de la Asamblea de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores, demandó judicialmente al expresidente Rafael Correa por supuestamente menoscabar el patrimonio del Seguro Social.

Según el denunciante, el daño material ocasionado durante la administración de Correa alcanza los $ 15.000 millones y se debe a decisiones como retirar el aporte estatal del 40%. (I)

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Dos policías son encontrados muertos en el interior de un patrullero

12:11 pm


Dos miembros de la Policía Nacional (PPNN) fueron encontrados sin vida en el interior de uno de los autos de esta institución. La muerte de los gendarmes se debió por posible inhalación de monóxido de carbono, según señala un reporte.

Al sector La Bota, frente a la terminal terrestre de Carcelén, norte de Quito, donde fueron encontrados los servidores policiales, llegó personal de la PPNN la mañana de este martes 15 de enero. También una ambulancia de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ). Personal de estas entidades confirmó el fallecimiento.

El teniente Rubén Robayo indicó que esta mañana al pasar lista en el UPC La Bota se percataron de que no se encontraba el personal del Móvil Bota al mando del sargento Santiago Manuel Minda León y como conductor el cabo Ronny Alexis Torres Guarnizo. Ambos estaban de servicio de amanecida de 20:00 a 08:00.

Cuando el auto es ubicado, proceden a golpear la ventana; sin obtener respuesta, optaron por romper los vidrios del patrullero. Los servidores policiales no reaccionaban, por lo que que pidieron inmediatamente al Ecu-911 una ambulancia. (I)

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MinEdu aclara que clases en el régimen Costa terminarán el 1 de febrero

10:23 am

El Ministerio de Educación (MinEdu) confirmó, la noche del jueves 10 de enero, que las clases en el año lectivo 2018-2019 en el régimen Costa terminarán el viernes 1 de febrero.

En un comunicado publicado en su página web (educacion.gob.ec), la cartera de Estado aclara la nueva fecha de culminación de actividades académicas.

El documento señala, además, que ” de acuerdo al artículo 146 del reglamento a la LOEI, el año lectivo se debe desarrollar en un régimen escolar de dos quimestres en todas las instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares, y debe tener una duración mínima de 200 días de asistencia obligatoria de los estudiantes para el cumplimiento de actividades educativas”.

También recuerda a la comunidad educativa que la recuperación de las horas clases no podrá realizarse los fines de semana, según el Acuerdo 026-A. El inicio de clases para el año lectivo 2019-2020 será el 22 de abril de 2019.

En la tarde del jueves se había difundido la información de que el Ministerio extendió 11 días más las clases, mediante un comunicado que llegó a las instituciones educativas.

Según ese cronograma, los exámenes del segundo quimestre eran del 6 al 12 de febrero; y el inicio del siguiente año escolar se mantenía para el 22 de abril. (I)


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Ecuador no acudirá a ceremonia de asunción de Nicolás Maduro

9:55 pm

En cadena nacional el Mandatario también se refirió al periodo electoral que vive el país y dijo que no interferirá de ninguna manera en los comicios.

El presidente Lenín Moreno se dirigió este 9 de enero al país, a través de una cadena nacional, para explicar por qué decidió no enviar una delegación oficial a la ceremonia de asunción al poder del presidente Nicolás Maduro.

El Mandatario dijo que Ecuador ha expresado en varias oportunidades que la crisis venezolana debe ser resuelta internamente, “mediante el diálogo y la reconciliación por medios pacíficos y democráticos con respeto irrestricto a los derechos”.

Moreno cree que la protección internacional de los derechos humanos es una obligación legal y ética, “no es una intervención en asuntos internos de otros países”.

Por eso como gobierno se resolvió no enviar delegación oficial para el evento de asunción de mando del 10 de enero en Venezuela.

El jefe de Estado comentó que solo los venezolanos podrán resolver sus desencuentros históricos y recordó que otros países latinoamericanos, que sufrieron graves crisis, alcanzaron la paz a través de entendimientos democráticos. “Me pregunto ¿por qué no puede ocurrir lo mismo en la hermana Venezuela?”.

Se refirió al ambiente electoral que se vive en el país e hizo un llamado a que los ciudadanos mediten el voto.

“Esta noche les pido que analicen con detenimiento y patriotismo sus preferencias y candidatos. No voten por la corrupción, no voten por volver a un sistema perverso de prebendas y mañoserías”, enfatizó el Jefe de Estado.

Añadió que el país se encuentra construyendo una democracia real y participativa con un gobierno de principios y valores.
Moreno recalcó que no participará en la campaña electoral, “para garantizar la transparencia y la pulcritud del proceso”.

El Mandatario hizo un llamado para que durante este periodo electoral prime el juego limpio, “desde estos mismos momentos hasta cuando se posesionen las autoridades elegidas. Sobra decir que ningún funcionario público ni institución oficial puede hacer proselitismo político”, destacó. (I)

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