Con 78 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional eligió este martes 14 de mayo de 2019 a César Litardo, de Alianza PAIS (AP), como el presidente del Legislativo para el periodo 2019-2021.
La moción de la candidatura la hizo el legislador Fausto Terán, en el marco de la sesión 594, convocada para la elección de las autoridades del Parlamento. Se registraron 30 votos negativos.
Tras jurar el cargo, Litardo agradeció a los asambleístas que hicieron posible «alcanzar el consenso basado en los objetivos nacionales» para su designación.
Para quienes no lo hicieron «tengan la plena confianza de que el camino es construir consensos respetando nuestras legítimas diferencias«, apuntó.
En su discurso, Litardo prometió una Asamblea de «puertas abiertas» para todos. Dijo que esta instancia tiene que ser recordada «por llevar en alto el precepto de independencia de poderes y su respeto a su autonomía de funcionamiento».
«Debemos dejar una impronta de ser un espacio de servicio, nunca más un espacio de conflicto», añadió.
Mencionó tres desafíos en su gestión: garantizar la estabilidad política de la democracia ecuatoriana y legislar en favor al combate a la corrupción; legislar en favor de la generación de trabajo y dinamización de la economía; y el tercero tiene que ver con el respeto y participación.
«El tiempo es corto, tenemos que dar respuestas al pueblo ecuatoriano«, apuntó el flamante titular de la Legislatura.
Además, dijo que la clase política deberá reflejar sus más altos valores. «El escándalo e insulto no tendrán cabida en esta Legislatura», subrayó Litardo.
Explicó que los aspectos que guiarán la agenda de la Asamblea serán las «prioridades de nuestra gente en el empleo y la seguridad«.
Señaló que la agenda propia se coordinará con otras funciones, siempre respetando la independencia de funciones.
Finalmente, llamó a los diferentes sectores y a los 137 asambleístas a «comprometer sus esfuerzos para cumplir con la patria».
Al momento, la sesión en la Asamblea está suspendida, debido a un fallo técnico. (I)
Cuatro personas murieron y otras 19 estarían heridas, tras el accidente de tránsito que ocurrió, la mañana de ayer, en el sector de Cúnquer, en el cantón Bolívar, entre el límite de Carchi e Imbabura.
Los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladados a medicina legal de Ibarra y de Tulcán. Mientras que los heridos permanecen en casas de salud de la ciudad blanca y San Gabriel, en Carchi.
En las primeras imágenes, enviadas por el Cuerpo de Bomberos de Ibarra, se observa que algunos pasajeros del bus, entre ellos niños, eran atendidos por el personal de emergencia, en el parterre de la carretera.
Además, personas que transitaban por el lugar y moradores ayudaban a rescatar a los heridos, rompiendo con palas las ventanas del bus.
Según el informe preliminar del ECU911, el bus 8 de la cooperativa Pullman-Carchi, habría perdido pista y se produjo el accidente.
Al lugar del siniestro acudieron efectivos de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Bolívar, agentes civiles de Tránsito y médicos del Ministerio de Salud Pública.
El colectivo salió de la terminal de Tulcán-Carchi, a las 08:50, su destino final era Baños (Tungurahua), la mayoría de pasajeros que viajaban en el bus accidentado era de esa provincia.
Otros accidentes reportados
Este fin de semana ocurrieron otros siniestros en la vía a Penipe (Chimborazo), dos personas resultaron heridas tras un choque. En Palora y Morona (Macas) una persona fue herida en la colisión de una moto
En el puente de Guayllabamaba (Pichincha) las autoridades policiales reportaron el volcamiento de un automóvil, una persona resultó herida y fue atendida en la casa de salud de Calderón.
En Carapungo, en el norte de Quito, una camioneta se accidentó en horas de la madrugada. Cuatro personas resultaron heridas, tres mujeres y un hombre.
Datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), hasta marzo de este año registraron que 185 personas perdieron la vida en accidentes automovilísticos.
Alrededor de 1.546 personas sufrieron lesiones y se calcula que hubo 1.731 víctimas. La ANT, a nivel nacional, contabilizó 5.091 accidentes de tránsito. (I)
A $ 100 millones ascienden los presuntos cobros ilegales efectuados a 30 empresas mediante coactiva, sin ser notificados y aplicando erróneamente la ley. Estarían implicados abogados externos y funcionarios de 10 cabildos en tres provincias. Los alcaldes salientes heredan un delicado problema judicial y económico a las nuevas autoridades que asumirán este 14 de mayo, ya que existen fallos judiciales que ordenan a los ayuntamientos devolver el dinero.
La Contraloría General realiza exámenes especiales a los municipios de Esmeraldas y de Quinindé, para determinar presuntos cobros indebidos a más de 30 empresas y el destino que tuvieron fondos públicos locales que superarían los $ 100 millones.
Las auditorías se relacionan con anomalías en procesos de determinación, emisión, cobro, recaudación de los impuestos de patente anual y del 1.5 por mil sobre los activos totales, así como al ejercicio y recuperación de valores de dichos impuestos por medio de la acción coactiva.
Contraloría dijo a los Medios Públicos que en los casos de Esmeraldas y Quinindé las auditorías analizan el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017.
Y no se descartó que similares auditorías se realicen a los cabildos de los cantones Atacames, Eloy Alfaro (Limones), San Lorenzo, Río Verde y Muisne, ubicados también en la provincia de Esmeraldas, así como al de Naranjal, en Guayas y dos de Manabí.
El problema y los protagonistas
La Corte Constitucional y jueces -según consta en sus resoluciones y fallos desde hace tres años-, han coincidido en que en la mayoría de esos cabildos se ha ordenando a discreción embargos a las cuentas de empresas(ver gráfico).
Lo han hecho sin notificar debidamente títulos de crédito ni citado autos de pago a la parte procesada para que puedan ejercer su derechoa la defensa, lo que vulneraría el derecho al debido proceso y de seguridad jurídica.
Según la web de la Función Judicial, algunos casos se dieron en el Municipio de Esmeraldas por lo que se dispuso embargos a las cuentas de Corpetrol S.A., ExxonMovil Ecuador Cía Ltda., Lutexsa Industrial Comercial, Duragas S.A., Terpel-Comercial Ecuador S.A., Vepamil S.A., ENI Ecuador S.A., y PetróleosyServicios PYS C.A; los cobros indebidos sumados a uno registrado en Atacames ascienden a $ 7,1 millones.
Otras empresas afectadas y que sí denunciaron son: Unilever S.A. con $ 1,5 millones y La Llave S.A., con cobros indebidos de $ 450.000.
Igual ocurrió con el Municipio de Quinindé que emitió títulos de crédito por más de $ 5 millones, en perjuicio de ARCA Continental SAB de CV, LaFabril S.A, PetróleosyServicios PYS C.A., Petrolríos S.A. y Tecniequipos S.A.
También se embargó cuentas y se cobró a DirecTV, por $ 7,7 millones por parte de los cabildos de Eloy Alfaro (Limones), San Lorenzo, Río Verde, Atacames, Quinindé, Muisne y Esmeraldas, a más de Naranjal, en Guayas.
Según Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), el perjuicio sobrepasa los $ 100 millones.
Dijo que lo paradójico es que se procedió a los embargos y cobros sin que las compañías tengan domicilio o actividad comercial registrada en esos cantones, lo que viola la normativa (ver gráfico).
Ante las impugnaciones, los jueces dictaminaron a favor de las empresas, pero los cabildos aludidos han incumplido la orden judicial de devolver valores embargados.
Lo grave es que la mayoría de alcaldes de estos cantones terminarán funciones este 14 de mayo y heredarán el problema a las nuevas autoridades: deben conseguir dinero para cumplir orden judicial.
Voceros de las empresas afectadas coincidieron en que se deberán impulsar acciones administrativas, civiles y penales contra los alcaldes salientes, abogados que los asesoraron y demás implicados en esta “red de corrupción”.
El CEE destacó que lo sucedido “es producto de la gestión de un grupo de abogados que han promovido la idea de obtener dinero fácil, cobrando ingentes sumas por sus “diligentes” servicios. En Esmeraldas han aprobado una ordenanza ad hoc para legitimar el pago de comisión del 20% de lo recaudado”.
Plantean que, cuando terminen los procesos judiciales, se aplique contra los implicados el Derecho de Repetición, estipulado en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución (ver subtema).
Contraloría indicó que por lo pronto realizan dos auditorías y que de hallarse indicios de responsabilidad, remitirán los informes a Fiscalía, para el inicio de investigaciones.
Ramiro Garzón, presidente de la Federación de IndustriasdelMetal del Ecuador y gerente de Novacero, informó que iniciaron trámites penales en la Fiscalía del Distrito1, contra el alcalde saliente de Esmeraldas, Lenín Lara y el juez de coactivas del cantón.
En el caso de ese gremio, la “estafa y atraco cometidos por esta red de abogados y autoridades asciende a $ 6 millones, señaló Garzón.
Indicó que se han reunido con los nuevos alcaldes de Esmeraldas, Eloy Alfaro y Quinindé, a quienes les contaron que “este atraco ha sido montado por un grupo de abogados que inventan formas para sacar recursos y cobrar un porcentaje”. Afirmó que al no haber seguridad jurídica, dejarán de operar en el Puerto de Esmeraldas.
Sobre al destino de esos fondos resaltó que la nueva alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, dijo que esos recursos tienen respaldos pero no hay obras. “Aseguró que tomarán medidas, nos pidió hacerle llegar las denuncias”.
Implicados no dan entrevistas
Medios Públicos solicitó entrevista con LenínLara y Anabel Meza, de Comunicación de la Alcaldía, aseguró que nos fijarían día y hora; pero hasta el cierre de esta edición no volvió a contestar.
Kevin Ronquillo Terán, abogado que representa al Cabildo de Eloy Alfaro, quien el 7 de mayo pasado acudió a Quito a la audiencia por las impugnaciones presentadas por empresas afectadas, dijo que no podía dar entrevistas y que si en algún momento lo hace, será en Guayaquil. Se lo llamó y ya no contestó.
Hernán Andrade, comunicador de la Alcaldía de Río Verde, indicó que hay problemas en el Municipio por falta de pagos, por lo que como están en paro, la autoridad no podía atender entrevistas.
Fredy Yánez, relacionista público de la Alcaldía de San Lorenzo, no respondió.
Finalmente, Christhian Fernández, comunicador de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), aseguró que “no ha llegado nada sobre ese asunto”. (I)
Constitución y jurista hablan del derecho de repetición
Según la Constitución de la República, en su artículo 11, numeral 9 estipula que “…toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus cargos”.
Así, estipula que de darse este caso, se podrá iniciar el derecho de repetición contra las personas responsables del daño producido, sin que esto signifique evitar las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pueda acarrear la mala administración pública en un municipio.
Al respecto, el jurista Ramiro Román Márquez explicó que si en este caso los empresarios ganan la demanda impuesta contra los municipios, es la institución la encargada de realizar el pago de la afectación.
Pero que al asumir nuevas autoridades, el alcalde entrante podría acceder al derecho de repetición contra los funcionarios que cometieron arbitrariedades, por existir afectación económica a la comunidad.
“En un Estado constitucional, si existe la afectación de derechos, se puede demandar al municipio con la alternativa de repetición, pero siempre y cuando exista una afectación social”, remarcó.
Agregó que por ser un interés particular, debe intervenir la Procuraduría General.
Medios Públicos se contactó con Vanessa Acuña, de Comunicación Social de laProcuraduría, para que algún vocero se refiera al tema, pero hasta el cierre de esta edición no confirmó el pedido.
Según Román, este es un interés particular que afecta a un interés social.
“En el Estado constitucional, el municipio presta servicios sociales que están por encima de intereses particulares. Yo creo que el juez lo desechará”, agregó Román.
Sin embargo, si las empresas particulares llegaran a ganar la demanda, el alcalde entrante puede, además de contestar la demanda, reconvenir sobre lo que está afectándose socialmente.
Si existiese un cobro indebido, que afectó socialmente, debería reconvenir el municipio para pedir que se deseche la demanda.
Según el abogado, con su percepción social explicó que la devolución de cobros producirían suspensión de obras o servicios a la comunidad como: casas cunas, entrega de ayudas económicas, educativas, sociales. Además, si existiera un perjuicio en contra de las empresas, la Procuraduría contestaría a los alcaldes para ordenar el derecho de repetición y acordar la devolución de la proporcionalidad del monto.
“La proporcionalidad explicará si es más importante realizar el servicio social o devolver los montos a los empresarios. Desde mi punto de vista, va a haber una discusión de fondo al momento de acordar los montosde devolución”, concluyó. (I)
Los asambleístas de la Mesa de Fiscalización revisaron las pruebas y entrevistaron a funcionarios para determinar si la excanciller incumplió sus funciones, especialmente con el otorgamiento de la nacionalidad a Julian Assange.
Un día antes del relevo de las comisiones legislativas, los integrantes de la Mesa de Fiscalización se reunirán para definir la censura contra la excanciller María Fernanda Espinosa.
En la cita se evaluarán las pruebas presentadas durante la investigación.
Los legisladores acusadores entregaron 2.700 hojas con evidencias de las supuestas irregularidades en la nacionalización del hacker australiano Julian Assange.
También la falta de apoyo a los familiares de las víctimas del Frente Óliver Sinisterra y el presunto abandono a los ecuatorianos que residen en Venezuela afectados por la crisis de la nación.
En su respuesta, Espinosa sostuvo que la mayoría de las pruebas no tenía validez ni sustento, por lo que pidió que se cierre el juicio político.
En la decisión se tomarán en cuenta los testimonios de funcionarios públicos, familiares de los periodistas asesinados y reporteros que acudieron a la Comisión.
En el último día de la recepción de los testimonios, Mauricio Baus, subsecretario de Asuntos de América Latina, defendió la acción de la Cancillería en la crisis de la frontera del año pasado, que dejó 10 personas fallecidas, entre ellas los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.
En otro testimonio, vía videoconferencia, se escuchó al cónsul de Ecuador en Caracas, Víctor Argoti, quien indicó que se ha atendido de manera regular los requerimientos de ecuatorianos residentes en Venezuela.
En el caso de Caracas y otros estados que son parte del Consulado, alcanzan los 200.000 compatriotas.
Además, la Comisiónde Fiscalización escuchó la semana pasada el testimonio de Mauro Silva, exdirector de naturalización de la Cancillería, quien comentó que desconoció el proceso de naturalización de Julian Assange.
También, Jorge Troya, exdirector del Registro Civil, aseguró que Julian Assange no obtuvo cédula u otro documento, mientras dirigió la entidad.
Pertenencias de Assange se entregarían a EE.UU.
Como parte de una cooperación internacional, el juez de la Unidad Penal de Pichincha, Vicente Oña Atocha, dispuso la entrega de las pertenencias de Julian Assange a investigadores de EE.UU., informó ayer el diario español El País.
La diligencia se concretó en base al trámite efectuado por la Fiscalía y se realizará el próximo 20 de mayo.
La orden incluye el traspaso de dispositivos y archivos del activista, que se encuentran en la habitación que ocupaba en la embajada de Ecuador, en Londres.
Carlos Poveda, abogado de Assange, señaló que la Fiscalía no les informó de esta cooperación y la habitación nunca fue ingresada legalmente a cadena de custodia.
Ecuador decidió soberanamente el pasado 11 de abril, retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. (I)
El ministro (e) de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, anunció este miércoles 8 de mayo de 2019 que 210 frecuencias de radio y televisión seguirán siendo usadas por sus actuales concesionarios.
Las frecuencias son parte del paquete de 221 que la Contraloría General del Estado estableció en un informe del año pasado debían ser revisadas para la determinación de posibles irregularidades en su concesión y utilización.
«210 frecuencias mantendrán su título habilitante y deberán operar bajo irrestricto apego a la ley», apuntó Michelena en rueda de prensa.
Explicó que los títulos habilitantes tendrán un funcionamiento de 15 años como quedó establecido en la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).
Michelena dijo que hay 4 frecuencias que tienen un posible inicio de reversión: Loja (91.3); Manabí (99.7); y Esmeraldas (1490 AM) y (88. AM).
También señaló que 7 frecuencias fueron devueltas al Estado, las cuales quedarán fuera de servicio.
Respecto a los reclamos sobre presuntas irregularidades en torno al tramo del espectro radioeléctrico que usan los canales 11 de Guayaquil y 5 de Quito, el Ministro (e) señaló que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) ha iniciado unproceso administrativo sobre el tema, el cual podría resolverse en un plazo de 30 a 45 días.
Entre tanto, Ricardo Freire, nuevo director de Arcotel, dijo que la entidad realiza un catastro de frecuencias disponibles para establecer concursos de asignación, los cuales iniciaron el 21 de abril con televisión analógica y se realizarán por fases hasta marzo del 2020.
Adicionalmente, las autoridades anunciaron que el Gobierno tomó en estos dos meses una «decisión trascendental» respecto a la internet.
«Hemos abierto la señal de internet a través del cable terrestre internacional«, apuntó Michelena al explicar que el gobierno anterior benefició a ciertas empresas con el uso del cable submarino.
«Hemos tomado la decisión en firme en Arcotel, abriendo el proceso para que exista un servicio de internet terrestre internacional», reiteró Michelena.
Esto permitirá tener precios más bajos, generar competencia en el acceso a internet y tener una mejora de calidad en el servicio, detalló. (I)
Los incidentes registrados en seis provincias del país después del cierre de la jornada de elecciones, el pasado 24 de marzo, obligaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a repetir los comicios seccionales. Ayer se cumplió el proceso en 14 parroquias del Ecuador, ubicadas en las provincias de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Morona Santiago, Loja y Bolívar.
El CNE habilitó a 35.115 electores para ejercer su derecho al voto en las circunscripciones delimitadas. Según su titular, Diana Atamaint, el 75% de los empadronados acudió a las urnas para elegir alcaldes, concejales urbanos y rurales, y vocales de juntas parroquiales de las 6 provincias. “Cerramos con éxito”, dijo. Se imprimieron 67.156 papeletas electorales.
La jornada en 14 parroquias
En la parroquia Tululbí, de Esmeraldas, se desarrolló con un fuerte resguardo militar y policial la jornada en la que 1.460 votantes regresaban a las urnas. En esta localidad se votó por prefectos, alcaldes y para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Los primeros controles se dieron en el camino que va desde San Lorenzo. Los uniformados revisaban a los viajeros que se trasladaban a la parroquia rural.
Mientras que en el coliseo, los policías y los soldados ubicaron cercas de metal para controlar y ordenar el ingreso de los votantes.
Peter Nazareno, habitante de la parroquia, estuvo contento con esa vigilancia. Tras los altercados ocurridos el 24 de marzo, el CNE reforzó la seguridad en los recintos.
Hubo 7.944 efectivos, entre miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, que garantizaron la integridad de las unidades educativas en las que se desarrolló el proceso y del material electoral, así como de la ciudadanía.
En Manabí, en donde se registró el mayor número de electores, los comicios también estuvieron marcados por el fuerte resguardado policial.
Desde muy temprano los habitantes de los cantones Pichincha y San Vicente se acercaron a los 5 recintos electorales. Allí fueron instaladas 72 juntas receptoras del voto.
En la unidad educativa Pichincha, del cantón con el mismo nombre, se concentró el mayor número de electores, con 9.159 personas que se acercaron para elegir alcalde y concejales urbanos. Esas mismas dignidades fueron escogidas por 7.700 electores en el plantel fiscal San Vicente, del cantón con el mismo nombre.
Mientras que en los recintos 26 de Septiembre-Ernesto Velásquez Kuffó, y Eugenio Espejo, del cantón Pichincha; y Elías Cedeño, de San Vicente, votaron por alcalde, concejales rurales y vocales de la junta parroquial. (I)
El pasado 5 de abril Su Santidad el Papa Francisco encomendó un nuevo
encargo pastoral a Monseñor Alfredo José Espinoza Mateus, hasta la
fecha Obispo de Loja para ser ahora el nuevo arzobispo de Quito y
Primado del Ecuador. Una nueva misión en la que el Señor le pide “echar
la redes en un mar más grande como es la Arquidiócesis de Quito” ha
declarado para Vatican News.
El prelado electo de 61 años asegura que ha recibido la noticia tal y como pide el Papa, es decir, “abierto a las sorpresas de Dios” y que su lema episcopal es “Os haré pescadores de hombres”. Además, asegura que “no se lo esperaba” y que está muy contento aunque también lo estaba en la diócesis de Loja, donde durante los últimos 5 años “ha trabajado intensamente y tenía muchos proyectos a futuro” ha explicado.
Espíritu de salida. Pasión por el Evangelio
Durante la entrevista, Mons. Espinoza también declara que va a la
Arquidiócesis de Quito con “espíritu alegre”, con espíritu “apasionado”:
“yo soy un hombre apasionado, apasionado por el Evangelio y apasionado
por el Reino” pero también con un espíritu “de salida, de cercanía y de
misericordia”.
“El deseo del Papa es una orden para mí”
Mons. Espinoza recuerda la frase de San Juan Bosco que le dijo al
Nuncio Apostólico tras aceptar su nombramiento: “el deseo del Papa es
una orden para mí” y asegura que su deseo sería “seguir en Loja” pero si
el Papa le pide ir a Quito, “va a Quito”. Una nueva misión que
emprende con ganas “de escucha”, “de conocer” y con el corazón alegre,
“dispuesto a lo que me pida el Señor” ha puntualizado.
“Nunca he sido ni seré obispo de despacho”
Hablando acerca de los nuevos retos y trabajos pastorales, Mons.
Espinoza explica que lo primero que hará será salir: “no seré y nunca he
sido un obispo de despacho. Me encanta salir a las parroquias”. Además,
afirma que su primera línea pastoral en el Episcopado es “la actitud de
salida, mirando a las periferias”: “Comenzaré por el sur de Quito que
es un mundo inmenso, grande, popular, pero también iré al norte”.
Un pastor con el corazón abierto, sencillo y cercano
El nuevo arzobispo de Quito pide a los feligreses de su nueva
jurisdicción que abran su corazón para que puedan recibir lo que les
lleva: “el Evangelio con gran alegría” y se describe así mismo como un
pastor “con un corazón grande, con un corazón que sabe amar, sencillo y
cercano” pero también un pastor “que va con el corazón abierto para
entregarse totalmente”. Por último les exhorta a “caminar junto a él” y
les asegura que como pastor de Quito “caminará delante, en medio y
detrás” de ellos.
El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Chalá, aplaudió de pie el ingreso de Diana Salazar al pleno de la Asamblea Nacional.
Él cree que su llegada a la Fiscalía General del Estado es un parabién para el pueblo afroecuatoriano y está convencido de que actuará con ética, como les enseñaron sus ancestros del Valle del Chota, en Imbabura.
Pero Chalá no fue el único legislador de la bancada correísta que con su presencia solemnizó la posesión de la nueva Fiscal. En sus curules permanecieron Marcela Holguín, Lira Villalva, Mónica Alemán, Carlos Viteri y Augusto Espinosa.
La tónica del grupo de la Revolución Ciudadana ha sido abandonar el pleno de la Asamblea en la posesión de las autoridades elegidas por el Consejo de Participación Transitorio. Así lo hicieron con los miembros del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Constitucional o con los propios vocales del Consejo de Participación.
La posesión fue rápida, duró 10 minutos. Salazar permaneció otros 15 en el pleno de la Legislatura, porque los legisladores e invitados no querían irse sin una foto con ella o para felicitarla.
Asambleístas de CREO, como Fernando Callejas; del Partido Social Cristiano-Madera de Guerero (PSC-MG), como Cristina Reyes; de Alianza PAIS, como Ana Belén Marín; de Pachakutik, como Jaime Olivo; o de SUMA, como Héctor Muñoz, se acercaron a la flamante Fiscal del Estado.
Salazar prometió una transformación de la Fiscalía. Su labor tendrá tres ejes: la innovación, con una visión para modernizar el trabajo de investigación, con una reingeniería de sus procesos y procedimientos.
El segundo es la transparencia con rendiciones de cuentas públicas y con participación ciudadana. Apuesta por la generación de indicadores de gestión y resultados en todos los niveles del Ministerio y un fortalecimiento de procesos de control interno y control disciplinario.
El tercer pilar es la efectividad en las investigaciones. Salazar llega a la Fiscalía con una carga de 900 procesos penales, contra altas autoridades del ex Gobierno. Se propone terminar con la impunidad en los casos como Odebrecht y de contratación pública.
También en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, donde las personas de atención prioritaria, niños, adolescentes, discapacitados y adultos mayores hayan sido víctimas. (I)
Desde la experiencia de un habitante se revela de qué forma la comunidad local trabajó muy duro para reconstruir sus casas y recuperar el comercio.
Luis Ibarra, agricultor y vecino de Pedernales, comparte sus experiencias sobre el terremoto del 16 de abril de 2016.
“Fue una noche tenebrosa que nos quedó para el recuerdo de nuestras vidas. Ni yo ni mi familia nunca habíamos pasado por esto.
Cuando era niño me contaron mis padres que habían pasado por el terremoto de 1942 que ocurrió en Chone. Ese sábado 16 de abril yo estaba en mi casa solo; toda mi familia estaba en Santo Domingo. Mi hija estudia por allá y mi esposa la estaba acompañando.
Cuando sentí el movimiento yo salí a protegerme en la calle, sin darme cuenta de que los edificios aledaños se estaban cayendo.
En ese instante, yo estaba esperando la muerte, pues parecía el fin del mundo. El Señor sabe lo que hace.
Así fue el terremoto que nos quebrantó a todos los manabitas. Yo perdí mi casa y la reconstrucción que se prometió después de la primera visita de una de las funcionarias, nunca se dio.
Yo empecé a reconstruir en donde vivo actualmente haciendo un importante esfuerzo, porque levantar desde cero una construcción cuesta mucha plata. Y la verdad es un lujo que hoy en día no puedo darme.
Así que hice un préstamo a una pariente y utilizando los ahorros que tenía junto con mi esposa, hemos levantado un pequeño departamento de dos dormitorios, sala y cocina sobre los locales comerciales que resistieron el movimiento, para poder vivir junto a mi familia.
No hemos perdido la fe y siempre tuvimos convicción de salir adelante, trabajando y luchando uno sale adelante y todo esto por una porfía. Dios sabe lo que hace y yo le doy gracias porque mi familia está con vida.
Uno debe valorar precisamente aquello; las pérdidas materiales finalmente se recuperan, pero la vida y la salud de los seres queridos es lo más importante. Y veo que a muchos vecinos y amigos de igual forma les ha costado recuperarse.
Ahora veo que la mayoría de personas han optado por no hacer edificios. El paisaje de Pedernales también ha cambiado a raíz del desastre ocasionado por el terremoto.
Después del 16 de abril, hubo mucha ayuda que llegó desde todos los rincones del país para sacar adelante a la ciudad. Nosotros los pedernalinos arrimamos el hombro. En nuestro caso fuimos acogidos por hermanos y primos que nos brindaron hospitalidad mientras adecuábamos nuestra vivienda.
Hemos empezado a vivir de nuevo después de esa tragedia. Fue una desgracia que probablemente nos agarró en nuestro mejor momento, aunque en mi caso ya no tengo las mismas energías.
Pedernales luce con otro espíritu, la gente es más solidaria. En lo comercial el cantón se recupera, pues los negocios que cerraron o perdieron sus cosas hoy están trabajando gracias al esfuerzo de sus propietarios”. (I)
Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec
El Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) descalificó a Merck Benavides y Javier Bosquez del concurso para Fiscal General del Estado.
Esto, luego de aceptar las impugnaciones presentadas por los ciudadanos Diego Chimbo y Verónica Larrea, respectivamente.
Además, el organismo transitorio, presidido por Julio César Trujillo, rechazó la impugnación en contra de Diana Salazar. Ese recurso fue interpuesto por José Regato.
Con ello, la actual Directora de la Unidad de Análisis Financiero y Economico (Uafe) fue designada nueva fiscal General del Estado con siete votos a favor.
Ella fue la mejor puntuada durante las pruebas de méritos y oposición dentro del concurso público con un puntaje de 88,17.
No obstante, sobre la fiscal existen cuestionamientos de sectores políticos y en redes sociales derivados de su nota de 10/20 en la prueba de conocimientos en el concurso de méritos. (I)
