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Asignaciones para contratos crean polémicas a la interna del CNE

9:29 am

Las fricciones entre los miembros del Consejo Nacional Electoral CNE) se hacen públicas y ahora se producen por los pedidos para la entrega de fondos a consultores que trabajan en la propuesta de reformas al Código de la Democracia.

La presidenta del organismo, Diana Atamaint, manifestó que los consejeros la presionan para que asigne medio millón de dólares, como parte del presupuesto para el proyecto de cambios a la ley electoral.

Al respecto, el consejero Luis Verdesoto dijo que dentro del presupuesto de la entidad está contemplado el gasto para el proyecto. Señaló que esta actividad es de suma importancia para concebir “una propuesta en firme a finales de marzo, pues de lo contrario no podremos presentar las enmiendas al Código de la Democracia sino hasta después de 4 años”.

No obstante, insistió en que existen otros problemas en la entidad que deben resolverse, como la revisión del sistema de escrutinios sobre la difusión del conteo de votos y elaboración de las actas.

Según el consejero, se detectó que no existe un procedimiento para la transmisión de la información desde el momento del escaneo de las actas, para que pueda ir simultáneamente a los partidos políticos y medios de comunicación, de manera que tengan los datos del sufragio conforme se vayan contabilizando.

Las divergencias entre consejeros empezaron a mostrase públicamente hace dos semanas, con señalamientos de que supuestamente la Presidenta del CNE conformó una mayoría con los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, para bloquear las propuestas del vicepresidente del organismo, Enrique Pita, y del consejero Luis Verdesoto.

Pita dijo que la estructura del CNE, como está concebida, es presidencialista, por lo tanto la Presidenta puede tomar decisiones administrativas, incluso económicas, sin necesidad de conversar con los consejeros. (I)

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Nueva Ley de Comunicación eliminó sanciones a periodistas y medios

9:27 am

El debate de la Ley de Comunicación terminó. La mayoría de la Asamblea Nacional se allanó a 22 de los 26 artículos del veto del presidente, Lenín Moreno.

Para llegar a un acuerdo antes de la reunión, prevista para las 11:00, la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, mantuvo una sesión con los jefes de las bancadas políticas.

Al final de ese encuentro, el legislador de Alianza PAIS Lenín Plaza informó que existía un acuerdo para aprobar la objeción remitida desde Carondelet.

Este consenso determinó que los 26 artículos fueran divididos en dos bloques. En uno, compuesto por 22, se incluían los puntos que no serían objetados por los legisladores. Es decir, que se aceptaría la propuesta enviada por el Ejecutivo.

Los principales artículos incluyen la nueva conformación y atribuciones del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom).

La entidad estará constituida por delegados del Ejecutivo, del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo de Igualdades, del Consejo de Educación Superior y de los gobiernos autónomos descentralizados.

Además, los legisladores aceptaron eliminar la responsabilidad solidaria de los dueños de los medios de comunicación, en casos de demandas civiles en contra de sus periodistas. También especifica la difusión de información considerada como reservada. Esta norma modifica la disposición de la antigua Ley de Comunicación.

Otro de los temas clave es la nueva distribución del espectro radioeléctrico. Antes el pastel se encontraba dividido en 33% para los públicos, 33% para los privados y 34% para los medios comunitarios.

Ahora, la nueva distribución será de un 10% para los públicos; 56% para los privados y se mantiene el 34% para los comunitarios. Además, se establecieron las directrices de la renovación de frecuencias de radio y televisión, que tendrán una vigencia de 15 años y podrán ser renovadas por sus concesionarios.

Estos 22 artículos se aprobaron con 75 votos, cuatro más de lo que establece la ley para aceptar el veto presidencial.

La segunda votación incluyó a cuatro artículos en los cuales los legisladores decidieron no aceptar la propuesta de Carondelet.

En este grupo se incluye la disposición para que los medios de comunicación de radio y televisión conserven sus archivos por 180 días; la prohibición de publicidad de productos que afecten a la salud, como bebidas alcohólicas; las medidas afirmativas a favor de medios comunitarios y la prohibición de la difusión de publicidad hecha en el exterior.

De igual forma se suprimen las normas deontológicas para los periodistas y la figura del defensor de audiencia en los medios de comunicación.

Otro de los aspectos que fueron aprobados tiene que ver con la eliminación de sanciones administrativas contra periodistas y medios de comunicación. Precisamente, una de las críticas que ha recibido la Ley de Comunicación es que por años sirvió para imponer multas y sanciones a diferentes profesionales de la comunicación.

La Superintendencia de Comunicación (Supercom), uno de los entes más polémicos debido a que era el que decidía las sanciones, fue eliminada. El personal que ahí labora, los bienes de la entidad y sus competencias pasarán al Cordicom.

Está pendiente en la Asamblea la reforma al artículo 5, que elimina el concepto de servicio público.

En el debate, que fue corto, participaron Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano; Marcela Holguín y Carlos Viteri, de la bancada de la Revolución Ciudadana; Jeaninne Cruz y Lourdes Cuesta, por CREO; Jaime Olivo, de Pachakutik, y María José Carrión y Jorge Corozo, de Alianza PAIS.

Estos cuatro artículos alcanzaron más respaldo entre las fuerzas políticas de la Asamblea. 109 legisladores dieron su voto para ratificarse en el texto aprobado por el Parlamento.

La norma entrará en vigencia cuando se publique en el Registro Oficial. Esta fue la última sesión de la Legislatura antes de su vacancia, que empezará el lunes y terminará el miércoles después de carnaval.

La Ley de Comunicación entró en funcionamiento el 25 de junio de 2013. (I)

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Presentan informe sobre recursos ilícitos en campañas electorales

7:06 pm

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador presentó a la Fiscalía un informe que alerta sobre el eventual manejo ilícito de recursos en las campañas electorales y que incluso podrían estar relacionados con operaciones de narcotráfico, como el blanqueo de dinero.

Luis Verdesoto, consejero del CNE, indicó en una rueda de prensa que el informe detalla la dinámica financiera irregular que podrían tener algunas organizaciones políticas en procesos de elecciones, con el objetivo de identificar e investigar el uso de dinero ilícito.

“La idea no es presentar un informe cuantitativo de la penetración del narcotráfico en las campañas, pero si (dar) una visión cualitativa de los procesos con los cuales el narcotráfico está infiltrado en el país”, expresó Verdesoto.

Por ello, pidió a la ciudadanía también pensar en estos asuntos para identificar posibles dinámicas financieras en las campañas electorales.

Añadió que hay muchas formas de dinero irregular, pero remarcó que a su despacho le interesaría que se investigara sobre el dinero sustancial de actividades ilegales que pueda dañar la democracia “y contamine el resto del país”.

El CNE, en una nota de prensa, precisó que el documento advierte de los mecanismos a través de los cuales se suele propiciar el blanqueo de dinero y el manejo de recursos ilícitos, los cuales son empleados para el pago de campañas y publicidad de candidatos.

De igual forma, ese tipo de dinero podría ser utilizados en el pago de favores políticos, compra de votos y financiación de espectáculos públicos para campañas electorales.

“Asimismo, existen anomalías que permiten evidenciar la búsqueda del poder y control sobre determinados sectores territoriales, como la legitimación de infraestructuras que no han sido consideradas dentro de la contabilidad de los municipios, generación de puestos de trabajo ligados al dinero ilícito”, entre otros, precisa la nota.

Verdesoto aclaró que con el propósito de crear un precedente para investigar y esclarecer el uso de estos recursos en procesos electorales, el CNE creará un espacio en la página web institucional para que la ciudadanía pueda realizar denuncias de forma anónima.

“Estos casos no se dan en todas las provincias del Ecuador pero es deber del CNE identificarlos con el propósito de tomar acciones para transparentar y dignificar el voto en el país”, acotó.

Ecuador irá a las urnas el 24 de marzo para designar alcaldes, prefectos de las provincias, concejales municipales, miembros de las juntas parroquiales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), órgano encargado de elegir a las autoridades de control de la nación. (I)

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Bolivia confirma solicitud de refugio de Sofía Espín y Carlos Ochoa

7:03 pm

La Cancillería boliviana confirmó la solicitud de refugio hecha por la exasambleísta Sofía Espín y el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, informó a la agencia Efe el ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia.

En una entrevista, Valencia aseguró que su par de Bolivia, Diego Pary, le confirmó la presentación de la solicitud de estatus de refugio y que se seguirán los pasos que determine la legislación boliviana.

Ecuador envió la semana pasada a la Cancillería de Bolivia el reporte judicial sobre Espín y Ochoa, en el que se constata que los dos ciudadanos ecuatorianos son requeridos por la Justicia de este país y “que no son perseguidos políticos“.

“El estatus de refugiado se da a quien tiene riesgo de persecución política en su país”, apuntó Valencia al recordar que los dos ciudadanos “se encuentran a órdenes de jueces, quienes han dictado una serie de providencias, incluso prisión preventiva“.

El titular de Exteriores recordó que el trámite de refugio es interno y los estados no necesariamente tienen que comunicar al país involucrado.

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó en enero una orden de prisión preventiva contra Espín, después de que incumpliera la medida de presentarse periódicamente ante el Tribunal, tras haber sido acusada de tratar de influir en una testigo de cargo en un caso que salpica al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

El pasado 7 de noviembre, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió un auto de llamamiento a juicio contra Correa (que vive en Bélgica) y otros tres exfuncionarios por el caso del secuestro en Colombia en 2012 al activista político Fernando Balda.

El juicio a dos agentes ecuatorianos de inteligencia, autores confesos del secuestro de Balda en Colombia, se inició el 4 de febrero en la Corte Nacional de Justicia que tiene pendiente dictar sentencia.

Asimismo, un juez ecuatoriano ordenó prisión preventiva, con fines de investigación contra Ochoa, acusado de presunta falsificación y uso irregular de documento.

El exalto cargo está acusado de haber cometido abusos en la aplicación de la Ley de Comunicación, tildada como “mordaza” por gremios de periodistas, así como de presuntamente haber alterado un texto para sancionar a medios de comunicación. (I)

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FMI se encuentra en Quito para profundizar diálogos de cara a un acuerdo

6:49 pm

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que profundizará el diálogo con el gobierno del presidente Lenín Moreno de cara a un acuerdo financiero.

“El FMI, junto a otras instituciones financieras de la comunidad internacional, ha mantenido un diálogo cercano con las autoridades ecuatorianas sobre políticas para fortalecer la economía de Ecuador”, señaló Gerry Rice, vocero principal del FMI en un comunicado difundido este 12 de febrero.

El comunicado agrega que este posible acuerdo buscará “proteger a los pobres, impulsar la competitividad y la creación de empleo”, así como mejorar la lucha contra la corrupción y fortalecer la dolarización.

Actualmente el organismo multilateral de crédito mantiene equipo técnico en Quito para identificar la mejor manera de apoyar el plan de política del gobierno.

Por su parte, el gobierno ecuatoriano señaló también en un comunicado que la comunidad internacional apoya la política económica de Ecuador.

“El Fondo Monetario Internacional, el Sistema de Naciones Unidas ONU, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina intensificarán el respaldo al trabajo del gobierno”, señala el escrito de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Según, el comunicado oficial, el potencial financiamiento de estas entidades es de costo bajo y de largo plazo, lo cual permitirá que el país ahorre recursos.

Confirmó, además, que el equipo técnico del FMI se encuentra en el país en un diálogo con lasd autoridades del frente económico

Los acuerdos con los organismos de crédito viabilizarán recursos para programas sociales relacionados con las personas con discapacidad, el Programa Casa para Todos y acceso a infraestructura en salud, agua, educación y vialidad, añade el comunicado de la Presidencia.

“El mensaje de la comunidad internacional es que observa con buenos ojos el nuevo Ecuador y la confianza en el manejo responsable de la política económica”, puntualizó el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. (I)

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Devolución de intereses será hasta el 15 de febrero

8:28 am

Para esa fecha las entidades financieras tendrán que reportar a la Superintendencia de Bancos los reembolsos que realizaron a sus clientes.

Los últimos acontecimientos en torno a las tarjetas de crédito, entre otras cosas, pusieron en evidencia que en el país aún es incipiente el nivel de educación financiera en la población.

Natalia Garzón, directora ejecutiva de Fundación Bienestar de Mutualista Pichincha, comenta que al no poseer al menos un conocimiento básico de los servicios financieros los usuarios no pueden sacar pleno provecho de ellos y son susceptibles a confusiones, lo cual puede resultar perjudicial.

La tarjeta de crédito puede convertirse en un dolor de cabeza si, por ejemplo, el cliente la usa para consumos diarios y no para facilitar pagos a largo plazo o cubrir emergencias. La deuda se torna compleja de pagar.

“Es un instrumento financiero que brinda comodidad, pero también es importante conocer las condiciones de su manejo”, recalcó Garzón.

La experta en finanzas personales destaca que el usuario debe perder el miedo a preguntar y exigir al banco que resuelva todas sus inquietudes.

Ya sea por vía telefónica o en ventanilla, la institución financiera está en la obligación de proporcionar al cliente toda la información que requiera.

Incluso, recuerda Garzón, existen defensores del cliente en cada institución bancaria. Ellos canalizan los reclamos de los ciudadanos. (I)

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Propuesta para quitar atribuciones a Consejo de Participación se discute

8:25 am

Uno de los planteamientos sugiere que la potestad de nominar a las autoridades de control vuelva a la Asamblea a través de una comisión que se encargue de los concursos de oposición y méritos con impugnación ciudadana.

La atribución del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) de nombrar autoridades de control, está cuestionada. Por eso la posibilidad de una reforma para quitarle esta potestad suena con más fuerza.

El Ejecutivo analiza una propuesta para devolverle a la Asamblea la capacidad de nominar a estas autoridades, lo cual implica una enmienda constitucional.

Esto debido a la crisis del organismo, lo cual motivó al presidente Lenín Moreno a incluir, entre las 7 preguntas de la consulta popular, que se realizó en febrero de 2018 y que recibió el respaldo mayoritario, una inquietud referida a la institución.

La voluntad popular permitió que se nombrara a un Consejo de Participación Transitorio (CPCCST), que reemplazó al anterior y que designó a las autoridades de control que estaban en ejercicio. Además canalizó que los próximos miembros del Consejo sean elegidos mediante votación, en los próximos comicios del 24 de marzo.

Motivo para la consulta

Todas las autoridades de control eran afines al gobierno del expresidente Rafael Correa, lo cual impidió el ejercicio adecuado de las instituciones, como la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura o el Consejo Nacional Electoral.

Para cumplir con el mandato popular el Consejo Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, evaluó a estas autoridades. Al final de esos procesos, que motivaron el cese de funciones anticipadas de 29 autoridades de 9 entidades, se ratificó que la mayoría de funcionarios destituidos nunca tuvieron la probidad para ser nombrados.

Los informes de evaluación, efectuados a lo largo de 6 meses, señalaron que los funcionarios previamente estuvieron en la estructura del gobierno de Correa en altos cargos.

Por ejemplo, el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, fue ministro de Gobierno; el fiscal del Estado, Carlos Baca, que fue censurado por la Asamblea, conformó la comisión nombrada por el Ejecutivo que investigó los hechos del 30-S, además fue asesor del expresidente.

Los superintendentes se desempeñaron como ministros o subsecretarios en distintas carteras de Estado durante el correísmo.
Todas estas anomalías demostraron que el CPCCS no cumplió con la tarea que originalmente la Constitución de 2008 le otorgó.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, comentó que el país vivió una época donde el grupo hegemónico que gobernaba manejaba todos las instituciones de control del Estado y el CPCCS se prestó para mayores distorsiones.

El jurista mencionó que las autoridades no se escogieron por méritos, sino con base en la afinidad con el proyecto de gobierno, donde se valoraba la lealtad para perseguir a los que se oponían y proteger a los coidearios, lo que alentó la impunidad.

A pesar de los actos de corrupción, ninguna de estas autoridades vio nada y por el contrario “persiguieron a los que denunciaban, periodistas, líderes sociales, estudiantes”, indicó García.

El artículo 207 de la Carta Magna indica que el CPCCS promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, establecerá mecanismos de control social y designará a las autoridades correspondientes, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Además se establecieron 12 atribuciones que tienen relación con la lucha contra la corrupción, promoción de la participación ciudadana, supervisión de las rendiciones de cuentas de las instituciones del Estado y la designación de las autoridades de control.

La reforma

El integrante del Consejo Transitorio, Xavier Zavala Egas, dijo que es necesaria una reforma constitucional para quitarle atribuciones al Consejo.

“Debería conservar únicamente las funciones de control social y participación ciudadana. La lucha contra la corrupción es tarea de la Fiscalía, Contraloría y Función Judicial”, aclaró.

Puntualizó que la capacidad nominadora tendría que pasar a la Asamblea, “a una comisión legislativa permanente multipartidista y con concursos de méritos, oposición e impugnación ciudadana para la selección de las autoridades de control”.

Zavala insistió en que para el efecto se debería convocar a una consulta popular que sea de iniciativa presidencial, con el dictamen previo de la Corte Constitucional.

El constitucionalista Salim Zaidam comentó que se vuelve a la discusión sobre quién debe tener la competencia de designar autoridades; “si debe seguir en el CPCCS o volver a la Asamblea, pero debemos preguntarnos si las cosas cambiarán; parece más fácil que 7 consejeros se pongan de acuerdo a que 137 asambleístas lo hagan”.

Señaló que el punto importante es quiénes integran las entidades nominadoras, por eso es necesario tener requisitos más exigentes para acceder a un cargo público, igual para ser candidato. Además, durante el ejercicio de sus funciones hay que adoptar controles estrictos, “para que las autoridades que no cumplen con el mandato respondan ante la ciudadanía”, recalcó.

Por primera vez los integrantes del CPCCS serán elegidos por votación. Hay 43 candidatos, uno de ellos, Paúl Rivas, opinó que debe mantenerse la atribución nominadora. “Volver a las componendas de los partidos políticos en la Asamblea no es la solución”. (I)

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Moreno: “No vamos a permitir el cobro de intereses adicionales”

10:50 am

La Junta de Regulación Monetaria derogó la resolución 471. Se retoma el cálculo de recargos de financiamiento y mora, a partir de la fecha máxima de pago del estado de cuenta y no desde el momento en que se hizo el consumo.

Los usuarios que hicieron pagos mínimos o parciales a sus tarjetas de crédito ya no tendrán que preocuparse porque el saldo pendiente grave mayores recargos por intereses generados desde el momento que consumieron.

Esa fórmula de cálculo quedó sin efecto con la derogación de la resolución 471 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

El documento vigente desde el 1 de enero de 2019 permitía a las entidades financieras cobrar intereses desde el momento del consumo si el cliente cancelaba solo una parte del valor total.

Los pagos atrasados también gravaban intereses des-de el día del consumo hasta la fecha de vencimiento de pago, y recargos adicionales por mora calculados a partir del vencimiento del período de gracia.

Echar abajo esta normativa fue una decisión que adoptó la Junta de Regulación la noche del 6 de febrero, luego de una reunión solicitada por el presidente de la República, Lenín Moreno, el 4 de febrero.

A través de redes sociales, el Jefe de Estado manifestó que “no vamos a permitir el cobro de intereses adicionales a la ciudadanía”.

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) considera que “es un error” dar marcha atrás a una resolución que tenía justificación técnica. Así lo manifestó Julio José Prado, presidente Ejecutivo.

Advierte, además, que se sienta un mal precedente frente a organismos multilaterales con los que negocia el Gobierno en diferentes áreas y también limita las opciones para el ingreso de la banca internacional al país.

Prado reconoce que el tema debió ser abordado con mayor claridad a la ciudadanía, tanto por parte de los bancos como de las entidades públicas.

La Defensoría del Pueblo no comparte ese criterio y ratifica que la resolución 471 es inconstitucional y afecta derechos de los clientes. A ello respondió el exhorto de derogación que hizo a la Junta de Regulación Monetaria el 4 de febrero.

Paulina Murillo, adjunta de Usuarios y Consumidores de la Defensoría del Pueblo, calificó de “acertada” la rectificación de la Junta.

El cambio en la modalidad de cobro de intereses “era una regresión de la política pública”, en detrimento de los usuarios de tarjetas de crédito, aseguró Murillo.

La Defensoría sostiene que en cualquier cambio o modificación en los servicios financieros es fundamental que se informe a la ciudadanía por diversos canales, como lo ordena la Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos.

“El hecho de que se publique (una resolución) en el registro oficial o que se publique en una página web, no asegura que toda la población tenga acceso a conocer la medida”, agregó Murillo.

¿Cómo queda el cálculo de intereses?

Los recargos en tarjetas de crédito volverán a calcularse a partir de la fecha de vencimiento del pago, como lo dictaba la resolución 310, de diciembre de 2016. El contenido de esta normativa vuelve a estar vigente.

El 6 de febrero Richard Martínez, ministro de Finanzas y presidente de la Junta de Regulación Monetaria, firmó la Resolución 495-2019-F con la que elimina la resolución 471-2018-F.

Las entidades emisoras u operadoras de tarjetas de crédito cobrarán intereses de financiamiento en dos situaciones. La primera aplica cuando el tarjetahabiente ha realizado el pago mínimo o un monto mayor dentro de la fecha máxima de pago, pero sin cubrir toda la cuota.

Para este caso, el recargo por financiamiento se cobrará desde la fecha de vencimiento sobre el saldo del capital de los valores pendientes de cancelación de los consumos corrientes del mes.

El saldo rotativo (deudas acumuladas) gravará intereses desde la fecha de inicio de corte. Un ejemplo. Marisol Pérez compró un producto el 1 de enero, el 12 de enero es la fecha de corte de la tarjeta y el 27 de ese mes vence el período de gracia para pagar sin intereses.

Si el 26 de enero hizo solo un pago mínimo o parcial, los intereses sobre el saldo pendiente corren desde el 27 de enero. Pero si arrastra otras deudas, el recargo se calcula desde el 12 de enero.

El segundo escenario de la resolución 310 indica que se cobrarán intereses de mora cuando ha vencido el período de gracia y el cliente no ha hecho ningún abono.

El recargo aplicará al valor del pago mínimo, desde el momento que vence el período de gracia. Así mismo, si el plazo de pago vence sin que exista alguna transacción del cliente corren intereses de financiamiento sobre el saldo pendiente, menos el monto correspondiente al pago mínimo.

Por ejemplo, Juan García debía cancelar $ 100 hasta el 31 de enero y en su estado de cuenta constaba un pago mínimo de $ 10, pero no cumplió. Tendrá que pagar interés por mora y otro por financiamiento.

El primer rubro saldrá de los $ 10, mientras que el segundo se cobrará de la diferencia entre el monto mínimo y la cuota total, que en este caso serían $ 90.

Si tiene saldo rotativo y no ha pagado, los sobrecargos se calcularán excluyendo el pago mínimo. Los consumos diferidos, en ningún caso, generarán interés de financiamiento adicional al pactado con el cliente.

Las personas que realizaron compras entre el 1 de diciembre de 2018 y el 6 de febrero de 2019 pagarán recargos desde la fecha de vencimiento del pago máximo.

La tarjeta de crédito es una herramienta eficaz para adquirir bienes de larga duración. Para su uso adecuado los usuarios deben hacer todas las consultas necesarias a la institución emisora.

Natalia Garzón, directora de Fundación Bienestar de Mutualista Pichincha, recordó que las entidades bancarias están en la obligación de brindar educación financiera. (I)

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Entre candidatos a alcaldes no hay paridad de género

10:49 am

De 68 postulantes de 5 ciudades, solo 9 son mujeres. Según expertos, la decisión de participar ya no depende de las leyes o del Estado, sino de los individuos y de los grupos políticos.

Para las alcaldías de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Loja, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha recibido 68 postulaciones; de ellas 59 son de hombres y solo 9 de mujeres.

Esto significa que el 87% de los aspirantes a dirigir las principales ciudades del país son del género masculino y apenas el 13% corresponde a postulantes femeninas.

La paridad de género, al menos este muestreo o ejemplo de las cinco ciudades, no se refleja pese a que la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia impulsa la igualdad entre hombres y mujeres candidatos.

El artículo 94 estipula que “… las candidatas o candidatos deberán ser seleccionados mediante elecciones primarias o procesos democráticos electorales internos, que garanticen la participación igualitaria entre hombres y mujeres, aplicando los principios de paridad, alternabilidad, secuencialidad…”.

Según ese artículo, es el CNE el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la ley. Además, basado en el artículo 105, el CNE puede negar la inscripción de candidaturas si “las listas no mantienen de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre mujeres y hombres”.

Sin embargo, expertos dicen que esto no puede controlarse porque la decisión de participar depende de las mismas aspirantes y de los partidos y movimientos políticos.

Para Jorge Acosta, analista electoral, las listas deben respetar la paridad, pero “en temas de alcalde, prefecto, presidente y otros puestos donde se elige una sola persona, no puede aplicarse la ley de cuotas porque no se emite una lista sino solamente a una persona”. Resaltó que postular a hombres o mujeres depende de los grupos políticos, “no hay vacío legal”.

A su criterio, que exista solo el 13% de mujeres candidatas a alcaldes de las cinco principales ciudades del país, responde a una “falta de empoderamiento de las mismas y de participación social”.

Añadió que de estipularse números de candidatos para hombres o mujeres, sería discriminatorio.

INFOGRAFÍA

Muchos partidos y movimientos políticos, pero pocas candidatas

Para elegir a los cinco alcaldes de las ciudades más grandes del país, 45 movimientos presentaron candidatos. Algunos lo hicieron individualmente o en alianzas, como el caso de Centro Democrático (CD) que en Quito apostó por Xavier Buendía, y en Guayaquil a su líder máximo Jimmy Jairala lo apadrina la Alianza Nuevo Guayaquil, que incluye a CD y Democracia Sí.

De las cinco ciudades, el Partido Sociedad Patriótica, Libertad es Pueblo, Unión Ecuatoriana y CREO, postularon a cuatro. Mientras que movimientos que antes abarcaban la totalidad de candidaturas como Alianza PAIS, Partido Social Cristiano o Pachakutik, postularon en dos de las cinco ciudades.

A decir de Omar Simon, analista electoral, esta realidad debe servir de indicador para que los partidos trabajen no solo en cumplir lo que especifica la norma, sino en atraer la participación de las mujeres en la vida política.

“Tienen que hacerlo si quieren presentar listas pluripersonales y una verdadera promoción de candidatas mujeres, para que efectivamente se dé la inclusión que se desea, y se empujen las normas de paridad”, explicó.

Además, consideró que el elevado número de candidatos inscritos para los próximos comicios no contribuye al fortalecimiento de la democracia, sino que evidencia “muchas organizaciones políticas débiles, lo cual tampoco contribuye al debate”. (I)

CRONOLOGÍA

Desde 1924 la mujer ecuatoriana pudo participar de los procesos democráticos del país. Antes el derecho al voto era exclusivo de los hombres.

13 /Febrero 1884
La Constitución aprobada por la Asamblea Nacional en este año es la primera en limitar explícitamente el voto por género, habilitando el sufragio solo para los hombres.

14 /Enero 1827
Durante el gobierno de Eloy Alfaro se aprueba la nueva Constitución en la que se elimina la limitación del género para votar, aunque eso no garantizó su derecho al voto.

10 /Mayo 1924
Matilde Hidalgo se convirtió en la primera mujer ecuatoriana y latina en votar, luego de argumentar que la Constitución de 1897 no contenía restricciones en cuanto a género para gozar de derechos de ciudadanía.

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Pleno de la Asamblea destituye a la legisladora Ana Galarza

5:38 pm

La asambleísta del Movimiento Creando Oportunidades (CREO), Ana Galarza, fue destituida este jueves 7 de febrero por el pleno del Legislativo acusada de presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Con el voto afirmativo de 91 legisladores de 126 presentes en el Pleno se aprobó el informe de minoría de la Comisión Multipartidista que recomendaba la destitución de la parlamentaria.

La moción por el informe de mayoría -del legislador Raúl Tello, titular de la comisión parlamentaria que investigó la actuación de la asambleísta, que recomendaba tan solo una sanción administrativa– apenas recibió el respaldo de 35 colegas, por lo que no fue aprobada.

En la sesión 576, que se desarrolló por cerca de tres horas, se escucharon las intervenciones de los integrantes de la comisión, así como del legislador denunciante, Ronny Aleaga, de la Revolución Ciudadana, y de la denunciada.

En su intervención, Galarza indicó que no hay causales para su destitución. “He cometido una falta que está tipificada en la Ley y merece una sanción administrativa”. Pidió disculpas al país y a la Asamblea Nacional.

La destitución se da luego de intensos cabildeos en los últimos días entre los distintos bloques partidistas representados en el Parlamento. En la víspera de la sesión se fueron evidenciando las posturas a favor y en contra de la destitución.

El bloque de CREO anunció en días pasados su decisión de respaldar a su coidearia.

El proceso en contra de Galarza fue impulsado por el legislador Aleaga sobre la base de una denuncia presentada en la Fiscalía del Estado por Lenín Rodríguez, exasistente de la legisladora, quien la acusa de concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento falso.

Los interpelantes presentaron, además, evidencias que no fueron investigadas por la comisión multipartidista porque se conocieron en las últimas semanas.

Una de ellas son los correos donde Francisco Sevilla, esposo de Galarza, aparece como parte del despacho legislativo. Eso puede configurarse como una arrogación de funciones públicas.

También se entregaron documentos relacionados con facturas en las que se evidencia que su asesor, Omar Mayorga, cobraba un sueldo en la cooperativa de transporte Pelileo, lo cual es prohibido por la ley.

Entre tanto, la Fiscalía abrió una indagación previa contra Galarza. En su expediente piden informes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico; a la Contraloría y a la Asamblea.

El excolaborador de Galarza, Lenín Rodríguez, pidió a su exjefa que hiciera públicas las supuestas pruebas contra periodistas, legisladores y autoridades que se unieron para presionar por su destitución. (I)

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