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Defensa de guardias agredidos en Los Ceibos acusan a fiscal de presiones

6:31 am

Los guardias de seguridad Freddy S. y Edder S. oficializaron el miércoles 8 de agosto la denuncia contra Geovanny R. y sus dos hijos, por el delito de tentativa de homicidio.

Ambos celadores, el domingo 5 de agosto, fueron agredidos por tres miembros de una familia en la garita de la ciudadela La Cumbre, en La Urbanización Los Ceibos, en Guayaquil. Los sospechosos del ataque utilizaron sus puños y objetos contundentes, como un tolete, una silla y un ventilador.

El abogado Hernán Ulloa, patrocinador legal de los guardias, presentó el escrito ante el fiscal provincial del Guayas, Edmundo Briones, quien el martes 7 de agosto anunció una investigación contra dos fiscales y una perito médico que no actuaron adecuadamente el día que ocurrieron los hechos y consideraron que la agresión sufrida por los guardias es una “contravención”.

“Las agresiones contra los guardias constituyen un intento de asesinato y no una contravención”, reiteró Ulloa.

El abogado cuestionó la actuación de una supuesta fiscal, familiar de los presuntos agresores, quien influyó en sus compañeros para que el caso no sea considerado un delito, sino una contravención.

“Esa fiscal debió colaborar para que la investigación siguiera su curso y no fue así, más bien influyó para que no haya justicia”.

Ulloa cuestionó que el caso de la agresión no haya sido derivado a un juez de flagrancia, donde en la audiencia, si querían las partes, hubieran firmado un acta de conciliación.

“Nosotros, ahora, vamos a solicitar a la Fiscalía que se formulen cargos contra los agresores por intento de homicidio y se tomen las medidas inmediatas para que estas personas concurran al juicio”.

Ulloa informó que los celadores se realizan los exámenes pertinentes (ecografías, radiografías y tomografías) para determinar las secuelas internas que provocaron los golpes que recibieron.

“La doctora (médico legista) que los atendió en la Unidad de Flagrancia tuvo una actitud no idónea. Les dijo ya dejen de hacer teatro, no sean adefesiosos”, indicó el abogado de los guardias. (I)

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El escuadrón de Súper Tucanos se traslada a la frontera norte

6:45 am

Desde la Base Aérea de Manta, ubicada en el extremo noroeste del puerto manabita, despega la flota de 18 aviones Súper Tucanos. Las aeronaves y sus pilotos tienen una misión asignada: vigilar desde el aire la zona de frontera de Ecuador y Colombia.

Diego González, comandante del Ala de Combate 23 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en Manta, informó que las misiones son más frecuentes hacia la frontera norte después de los secuestros y asesinatos de los periodistas de diario El Comercio y una pareja de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los Súper Tucanos son naves provistas con tecnología de punta. Poseen cámaras electro ópticas con las que se toman fotos y graban videos a largas distancias. Entre los dispositivos se destacan los sensores infrarrojos y láser.

Esa tecnología permite que las misiones desde el aire sean muy eficaces, reseñó González.

En estas naves viajan dos pilotos que se encargan del rastreo desde el aire de posibles eventos de minería ilegal, narcotráfico, pesca y control de áreas sensibles en ambas fronteras. Las operaciones se desarrollan las 24 horas del día y cuentan con el apoyo logístico de un grupo de 300 personas. “Son misiones muy delicadas”, afirmó González.

Los Súper Tucanos despegan desde la Base Aérea de Manta con dirección a Esmeraldas. Ahí es su punto de abastecimiento para continuar con las misiones cuya información es entregada a los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló.

Las aeronaves A-29 fueron adquiridas a la empresa brasileña Embraer para el desarrollo de misiones de control de frontera. En principio se planificó comprar 24 aviones pero se redujo a 18. Ahí hubo un ahorro de $ 60 millones. Con esta adquisición salieron de operación seis aviones A-37, explicó.

En Esmeraldas, la noticia sobre las misiones que realizan los pilotos nacionales a bordo de los aviones Súper Tucanos en sobrevuelos en la frontera con Colombia, no era conocida.

Edgar Aguayo, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, dijo que su provincia ha sido azotada por dos terremotos, el uno el 16 de abril de 2016 y el otro lo vivió en la frontera.

La capital de Esmeraldas está a cuatro horas de la frontera, por ello destacó que la vigilancia desde el aire en cierta manera da tranquilidad a la gente, manifestó.

Sara Moyano, miembro de la Cámara de Turismo de Atacames, coincidió con Aguayo. “Estamos a más de 280 kilómetros de la frontera, no sabía de las misiones pero sí ayudan a la seguridad”. (I)

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Jueces de la Corte Constitucional tienen 4 días para defenderse

6:43 am

Las críticas a la Corte Constitucional llegan de todos lados. El primer frente se abrió con su decisión de revocar las enmiendas a la Carta Magna aprobadas en 2015, lo que contó con su anuencia.

Otras críticas llovieron por el fallo sobre la educación sexual de los adolescentes. Y este lunes 6 de agosto surgió otra dificultad: la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.

Este organismo aprobó la segunda etapa de calificación de los nueve miembros de la Corte. Ahora, ellos tendrán hasta 4 días término para presentar sus pruebas de descargo por escrito y rebatir el reporte hecho por la Coordinación de Evaluación.

El presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, aseguró que el reporte de la Coordinación de Evaluación no representa la opinión de los miembros del Consejo sino del equipo que analizó la gestión de los jueces. “Nosotros no los acusamos de nada, ellos deben desvirtuar las acusaciones”.

La decisión se tomó con la abstención del vocal Xavier Zavala Egas, quien desde mayo pasado dejó clara su postura: está en contra de este proceso de evaluación.

Él sostuvo que el Consejo no es nominador de la Corte Constitucional, de acuerdo con el artículo 208 de la Constitución, por lo que no puede evaluarla.

Los jueces que entran a la evaluación son Alfredo Ruiz, quien es presidente de la Corte Constitucional; Pamela Martínez; Wendy Molina; Roxana Silva; Tatiana Ordeñana; Marien Segura; Ruth Seni Pinargote; Manuel Viteri, y Víctor Butiñá.

Los nueve integrantes podrán defenderse en una audiencia pública que se llevará a cabo el día establecido por los miembros del Consejo (aún no hay una fecha definida). Terminada esta diligencia, los miembros del Consejo Transitorio tienen cinco días para tomar una decisión.

Hasta el momento, 14 autoridades han sido cesadas por el organismo liderado por Julio César Trujillo, aunque aún tienen casos pendientes, como los 7 miembros del Tribunal Contencioso Electoral, los 2 representantes de los trabajadores y empleadores ante el Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Superintendente de Ordenamiento Territorial, cuyas evaluaciones están en proceso.

Las críticas políticas

Mientras el Consejo Transitorio sigue su labor, asambleístas cuestionan las acciones de los jueces constitucionales. Las críticas responden a que se declaró la inconstitucionalidad de las enmiendas en votación en bloque y no una por una.

Incluso, la Corte Constitucional dispuso a la Asamblea que apruebe un reglamento para aprobar enmiendas a la Carta Magna en el pleno, mientras tanto deberán cumplir con la orden de que cualquier cambio constitucional sea deliberando cada artículo que se pretenda alterar.

Para el legislador Carlos Viteri (Revolución Ciudadana), con este fallo se pierde el estado de derecho porque la mayoría de parlamentarios aprobó los mismos cambios.

De los nueve miembros de la Corte, siete estuvieron durante el análisis de esas enmiendas. Por eso desde la otra orilla política, Ana Galarza (CREO) sostuvo que esa decisión se dio por la evaluación que mantiene el Consejo Transitorio.

La Corte Constitucional no solo es cuestionada por su supuesta cercanía al anterior gobierno, sino también por sus resoluciones.

Este lunes 6 de agoto, por ejemplo, grupos sociales protestaron ante el Consejo Transitorio por sus resoluciones, como la de la educación sexual de menores de 14 años y pidieron la salida de los jueces constitucionales.

Impugnaciones en el Transitorio

Este 6 de agosto se realizó la audiencia de impugnaciones a David Sperber, uno de los candidatos para ocupar la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. El nombramiento de esta autoridad es un pendiente del Consejo de Transición.

El Consejo todavía debe definir el reglamento para la elección de los vocales definitivos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La semana pasada se ratificó la destitución de los antiguos miembros de esta entidad y se designaron vocales transitorios que estarán en el cargo por un máximo de 60 días.

Está previsto que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se reúna esta semana por tres ocasiones. El organismo debe aún elegir a autoridades y aprobar procesos para la selección definitiva de las cabezas de las entidades de control. (I)

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El CNE necesita un fallo para seguir con las elecciones

6:42 am

Los vocales quieren que se defina la legitimidad del reglamento para elegir al futuro Consejo de Participación Ciudadana, que pide títulos de tercer nivel a candidatos.

Los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) temporal tienen un problema: no saben qué hacer con el reglamento para elegir al futuro Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) que ellos consideran inconstitucional.

Por ello acudirán a la Corte Constitucional (CC) este miércoles 8 de agosto para solicitar que los ayude. El consejero Alberto Molina recordó que el 2 de abril un grupo de ciudadanos ingresó la petición a la CC, pues consideran que el reglamento aprobado por el CNE cesado es contrario a las disposiciones de la Constitución.

Molina dijo que la mencionada normativa es discriminatoria ya que estipula que para candidatizarse al CPCCS, las personas deben acreditar título de tercer nivel debidamente registrado, además establece circunscripciones étnicas.

“Este requisito es discriminatorio ya que no se establece para ningún otro cargo de elección popular, por lo que no está acorde al ordenamiento jurídico ecuatoriano”, indicó Molina.

Por ello pedirán el pronunciamiento de los jueces que, “debieron emitir sentencia a los 15 días de presentada la acción y han pasado 4 meses”.

Concretamente el CNE quiere que la CC emita medidas cautelares de modo que se eliminen esos requisitos “y pueda ampliarse el derecho de los ecuatorianos a candidatizarse”.

El temor es que en medio proceso electoral la CC derogue el reglamento y eso haga caer la elección. Cuando los ecuatorianos elijan el próximo año a las autoridades locales también seleccionarán por primera vez a los miembros del CPCCS. Ese fue uno de los cambios que introdujo la consulta popular del pasado febrero.

El presidente del CNE, Gustavo Vega, espera el fallo de la CC para ampliar el plazo de las candidaturas, “lo cual no implica cambio del cronograma electoral”.

En esa línea, la consejera Camila Moreno solicitará la conclusión del trámite en la CC, con el objeto de continuar con el proceso de inscripciones, el cual tendrá que extenderse.

Sin embargo el constitucionalista Ismael Quintana puntualizó que el CNE cesado dictó el instructivo basado en la ley orgánica del CPCCS aprobada por la Asamblea. “Los requisitos no son un invento del reglamento”, aclaró en referencia a que estos constan en la normativa.

Quintana comentó que los vocales del CNE no necesitan ir a la CC. “Si el consejo electoral estima que ese instructivo está contra la ley lo puede reformar porque es el órgano que lo dictó”.

El constitucionalista aclaró que el problema está en la ley y si la CC decide eliminar el artículo sobre los requisitos para los candidatos al CPCCS tendría que suspender la sentencia hasta que termine el año electoral que está en marcha. Luego la Asamblea tendría que aprobar las reformas.

El abogado considera que el CNE temporal debe poner en orden otras cosas. “Hay errores como haber iniciado el proceso para la conformación de las listas de los postulantes al CPCCS sin haber convocado a elecciones.

En la sesión de este lunes 6 de agosto, el pleno del CNE también aceptó la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que dejó sin efecto la resolución del CNE cesado que determinó la eliminación de la entrega del fondo partidario a Sociedad Patriótica y al movimiento Pachakutik.

Los consejeros harán un informe en máximo 48 horas para determinar si procede la sentencia del TCE y los montos que deberían entregar a las organizaciones políticas.

Diana Atamaint, vicepresidenta del CNE y exasambleísta de Pachakutik, aclaró que también invitarán a las agrupaciones como Ruptura de los 25 y el Movimiento Popular Democrático (MPD) para viabilizar la devolución de su inscripción en el registro electoral. (I)

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Ecuador registra por 11 meses seguidos una inflación negativa

6:36 am

La inflación interanual desde septiembre de 2017 hasta julio de 2018 ha registrado variaciones negativas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Ecuador registró en julio una variación de -0,004 por ciento, mientras que la del mismo mes del año pasado se había situado en 0,14 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La inflación interanual (julio 2017-julio 2018) llegó a -0,57 y la acumulada en los primeros siete meses de este año se ubicó en -0,19 por ciento, precisó el Instituto en un boletín informativo.

Las variaciones mensuales de precios con signo negativo de los apartados de “recreación y cultura” y la de “bienes y servicios diversos” son las que más aportaron a la variación del IPC en julio con valores de -1,20 por ciento y -0,14 por ciento, respectivamente.

Las ciudades de Esmeraldas (-0,39%) y la de Guayaquil (-0,08%) fueron las que registraron una mayor contribución a la variación negativa del indicador y, en el análisis por regiones, el INEC señaló que las ciudades de la zona costera (-0,05%) mostraron una variación inferior a las de la sierra andina (0,05%).

Por otra parte, el informe del INEC señala que el costo de la canasta familiar básica se ubicó en julio en $ 707,54, mientras que el ingreso promedio familiar en $ 720,53. (I)

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Precio de gasolina súper, en la mira del gobierno

6:57 am

La propuesta oficial es revisar el combustible que usan vehículos de alta gama. Se prevé que el presidente Moreno anuncie su decisión en estos días.

Esta semana podría ser determinante para el rumbo económico del país, pues está previsto que el presidente de la República, Lenín Moreno, informe qué decisión adoptó con respecto a los subsidios.

El 2 de agosto pasado Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, anunció que el gobierno no contempla hacer cambios en el diésel ni el gas licuado de petróleo (GLP).

La revisión de precios, entonces, vendría por el lado de las gasolinas súper y extra.

¿La razón? Martínez ha explicado que hay distorsiones, pues existen consumidores que sí tienen capacidad adquisitiva y poseen vehículos de alta gama, por tanto la subvención del Estado está mal enfocada y desvía recursos que podrían utilizarse en las áreas sociales.

Entre enero y mayo de 2018 el gobierno ha desembolsado $ 738,9 millones por concepto de subsidio a los combustibles, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

El resultado proviene de la diferencia entre el costo de las importaciones de derivados y los ingresos por comercialización (venta).

Los subsidios son prestaciones asistenciales de carácter económico que brinda el Estado por un tiempo determinado, es decir son ayudas temporales.

Para 2018 el gobierno presupuestó $ 1.798,57 millones por subvenciones al diésel importado, GLP importado, GLP nacional, nafta importada (usada para elaborar gasolinas súper y extra), y otros derivados.

Pero según Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, el gasto por subsidios está por encima de los $ 3.000 millones anuales entre gas, gasolina y diésel.

Días atrás Pérez mencionó que se hizo un sondeo ciudadano sobre los precios actuales de los combustibles.

EL TELÉGRAFO solicitó los resultados del estudio al Ministerio de Hidrocarburos, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Este Diario realizó una encuesta en redes sociales para consultar la opinión de la ciudadanía con respecto a examinar el precio de la gasolina súper. De los 644 votos registrados hasta ayer el 44% respondió no estar de acuerdo.

Lorena Fierro, empleada privada, comparte la idea de revisar los subsidios que reciben personas con alto nivel adquisitivo. Es propietaria de un vehículo sedán, y aunque no es de alta gama, utiliza súper porque tiene mejor calidad que la extra. El precio del galón de este combustible es de $ 2,48 en las estaciones de Petroecuador.

Le preocupa cuánto subirá el precio del combustible porque desembolsa $ 100 al mes. Si la nueva tarifa no se ajusta a su presupuesto Lorena se cambiará a extra.

Para David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz (Cinae), el subsidio a la gasolina es ineficiente por las razones que ya mencionó Martínez.

Agregó que al eliminar el subsidio puede ocurrir que la demanda de vehículos se vuelque hacia los de motor con combustión a diésel.

También son partidarios de racionalizar la subvención Francisco Silva, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (CDDP), y Bladimir Cerón, docente de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).

A criterio de Silva la focalización debe excluir a las operadoras de transporte de carga de productos de primera necesidad y al transporte público. Así no se afectaría la canasta básica ni subirían los pasajes.

Cerón, experto en temas petroleros, opinó que la gasolina extra también debería mantener sus precios actuales si la intención del gobierno es no afectar a las grandes mayorías ni al sector productivo.

Pero Fernando Reyes, miembro del Colegio de Ingenieros Petroleros, no está de acuerdo. A sus ojos, no existe subsidio sino que se compensa una ineficiente gestión hidrocarburífera, pues la producción de derivados no ha aumentado lo suficiente para cubrir el consumo.

El presidente Moreno dijo a la cadena Univisión que para salir de la crisis económica el país tendrá que terminar con el subsidio a la gasolina para los más ricos, adelantó la periodista Patricia Janiot en Twitter. (I)

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Presidente viaja a Colombia para el cambio de mando

6:41 am

El Jefe de Estado dialogará con el mandatario electo de ese país, Iván Duque; y mañana asistirá a la ceremonia que tendrá lugar en la sede del Capitolio Nacional.

El presidente de la República, Lenín Moreno, viajará hoy a Bogotá, para participar en la ceremonia de posesión del nuevo mandatario de ese país, Iván Duque, que se realizará mañana.

El Jefe de Estado se trasladará a Bogotá pasado el mediodía y arribará a las 14:15 a la base del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Allí ofrecerá declaraciones a medios de comunicación.

A las 15:30 tendrá su primera actividad oficial, como la reunión bilateral con el presidente electo de Colombia, Iván Duque, donde tratarán temas de agenda común. La cita tendrá lugar en el hotel JW Marriott.

Luego concederá entrevistas a medios de comunicación del vecino país. Y en la noche, tomará parte de la cena ofrecida por el presidente saliente, Juan Manuel Santos, en honor de los asistentes a la transmisión de mando presidencial.

Para mañana, a las 13:30, el Presidente dialogará con su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, en el hotel Hilton. A las 15:00, acudirá a la ceremonia de investidura de Iván Duque, como Presidente de Colombia, en la sede del Capitolio Nacional.

Concluido el acto, Moreno presentará su saludo y el del pueblo ecuatoriano al Presidente Duque, en la Casa de Nariño. Esa será la última actividad de su agenda, tras la cual retornará al país, en horas de la noche.

El presidente Moreno viajará con una comitiva compuesta por su esposa y presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida, Rocío González; el canciller, José Valencia; el secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena; y el embajador de Ecuador ante Colombia, Rafael Paredes. (I)

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El relato del exespía deja sombras en el caso Balda

6:39 am

El secuestro de Fernando Balda es un claroscuro que se evidencia desde que dos grupos de Inteligencia ecuatoriana se infiltraron en el Hotel Las Lomas de Medellín para descubrir un supuesto complot para tumbar la última reelección de Rafael Correa. Fue el 8 de mayo de 2012, cuando los espías se adentraron a Colombia fingiendo ser empresarios y turistas que querían conocer la ciudad de la eterna primavera. Nunca se imaginaron encontrarse en el mismo salón, llamado Guayacán, con la misma finalidad.

Los primeros eran parte de la “Operación Guayacán”. El segundo fue parte del operativo que abarcó las actividades de un policía de Inteligencia, Raúl Ch., que según su abogado Diego Chimbo desencadenaron en el secuestro de Fernando Balda y que ahora, seis años después, puede llevar a prisión al exmandatario ecuatoriano.

En Medellín hay un eslabón que no calza. Los archivos desclasificados de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que son parte del juicio, detallan el “Operativo Guayacán” para asistir a un foro del expresidente colombiano Álvaro Uribe, y en donde también estuvo presente Balda.

En el documento constan los nombres de los espías, las rutas que usaron, los códigos que manejaron y los informes que entregaron a su retorno.

Del operativo de Raúl Ch. no existe información similar. Pero el agente dijo a la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, cómo empezó su espionaje.

Él recordó que el 3 de mayo de 2012, el entonces secretario de Inteligencia, Pablo Romero, le hizo la invitación para espiar el cónclave de la oposición. En la lista estaban Balda; Luis Almeida (Sociedad Patriótica); Leonardo Viteri (PSC); Mario Pazmiño (exjefe de Inteligencia del Ejército); el expolicía de Inteligencia, Stalin Sacoto, y el exmandatario colombiano Álvaro Uribe.

De ellos el único que ha dado su versión fue Sacoto, quien contó una distinta a Raúl Ch. Él dijo a la Revista Vanguardia, en 2013, que Balda lo invitó al encuentro y le pidió que promoviera a otra persona, entonces pensó en Raúl Ch., quien le dijo que dejó la Policía para ser empresario. Ambos pertenecieron a la Dirección General de Inteligencia (DGI); los dos eran expertos en espionaje, pero Sacoto dejó la Fuerza cuando grabó clandestinamente a su comandante, José Vinueza, y difundió ese audio. Sacoto y Balda también eran viejos conocidos. En 2009, el policía le dio grabaciones contra el gobierno de Correa. Fue el primer paso de Balda en la oposición y el inicio de una seguidilla de denuncias que le dejaron dos juicios, una orden de arresto y su exilio en Colombia.

Raúl Ch. no puede dar declaraciones, pero su abogado sostuvo que la orden y la invitación para que fuera a Medellín venían de Pablo Romero. El defensor dice que no sabe quién es Sacoto ni conoce de esa entrevista. Y deduce que Sacoto tenía contacto con Romero y así consiguieron esa invitación. Romero tampoco ha dado su versión a la Fiscalía, pero su abogado, Stalin Oviedo, sostiene que su cliente no dio esa disposición y reclamó porque aún no se le entrega una copia de las grabaciones de la Senain que verificarían si Raúl Ch. visitó a Romero ese 3 de mayo de 2012.

“Turisteando” por Medellín
Raúl Ch. dedicó 15 años a aprender las técnicas de Inteligencia. Lo apodaban “ratón” por su habilidad de escabullirse en situaciones complejas. En su testimonio recordó que en 2010 pasó a la Senain –aunque no hay documento que lo evidencie- para evitar que se coloquen micrófonos u otros sistemas de escuchas en las oficinas del Gobierno. Su trabajo fue exitoso y se convirtió en capacitador de 24 nuevos agentes de esta técnica.

“Ratón” se coló sin problemas en la reunión en Medellín. Antes del encuentro recorrió los atractivos turísticos junto a Sacoto y Balda; y como evidencia, él entregó las fotos de esas visitas a la Fiscalía. Mientras tanto, los espías de la “Operación Guayacán” no la tenían fácil. A distancia ubicaban a los participantes del encuentro con Uribe. Así fotografiaron a Pazmiño, Viteri y otros almorzando en un restaurante a 20 minutos del Hotel Las Lomas. Ellos no sabían de la presencia de Raúl Ch. pero sí lo reconocieron en el salón.

En su informe lo identificaron como de la “DNI y que compraba equipos”.

Diego Chimbo recalca que las dos operaciones se basaron en el principio de compartimentar la información. Este es un concepto que se resume en que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. De esta manera, cada agente cumplió con su misión. Los agentes del “Operativo Guayacán” regresaron de Medellín con un informe pormenorizado de las acciones que se ejecutarían en Ecuador y fuera del país para afectar la candidatura de Correa.

En cambio, “Ratón” llegó al país con la noticia de que Fernando Balda le ofreció equipos para hackear correos.

Él contó que asombrado vio cómo Balda, desde su computadora personal, accedía sin contratiempos al correo del entonces secretario de Comunicación, Fernando Alvarado.

Balda tiene otra historia. Aseguró que nunca confió en “Ratón” y que sabía desde Medellín que era un policía y lo descubrió muy fácilmente porque mientras todos hablaban, él escribía su informe en la computadora que había llevado.

Esa venta de equipos, dijo Balda, era una pantomima creada por actores que contrató para hacerle creer a Raúl Ch. y al gobierno que lo habían atrapado. “Pablo Romero me indica que tienen luz verde para evidenciar, comprar, traer y adquirir todos los equipos de interceptación (…) que ofrecía Balda. Es así que se me dispone que viaje a Colombia el 17 de mayo (2012) a reunirme para la negociación de equipos”, testificó Raúl Ch. a la jueza Daniella Camacho. Él dijo que la Senain le entregó dinero y directrices para adquirir esos equipos. “Ratón” hizo los pagos a Balda a través de giros a la cuenta de su esposa. Pero no hay registros de esas compras. El abogado Chimbo recalca que esos equipos fueron entregados a la Senain y que sus directores deben responder por ellos.

¿El “Operativo Wilson”?
Raúl Ch. relata cómo fue la supuesta orden para secuestrar a Fernando Balda: “Y me dice compañero, el flaco ya le di las órdenes, ya sabe lo que tiene que hacer y tienes el apoyo político, económico e institucional (…) como yo seguía los enlaces reconocí la voz de Rafael Correa (sic)”.

Hasta entonces, el agente no tuvo inconvenientes en seguir a Balda, pero el 6 de agosto de 2012 nuevamente el panorama cambió para él.

Raúl Ch. recordó que ese día llegó a la Senain y Pablo Romero le dijo que el Presidente estaba molesto por las publicaciones de Balda en Twitter. Recordó que Romero le dijo: “No sé cómo, pero el “Presi” quiere que le traigan como sea a Fernando Balda desde Bogotá a Ecuador, como quiere que se lo traiga”.

Era una misión que fue encomendada a “Ratón” porque se había ganado la confianza del opositor. Según su declaración, para ejecutarla preguntó si había dinero en las arcas de la Senain.

Su testimonio sigue: “Tú misión es llevar el dinero, contacta con los militares, ya tienes conocimiento con los morenos y ellos son muy profesionales”. Entonces Raúl Ch. le pidió garantías.

Supuestamente Romero llamó a Correa, quien lo tranquilizó con sus palabras. Desde ese momento, ya no hablarían de Balda, sino de “Balón”, de “Wilson”, por la marca famosa de pelotas.

Ahí nació el “operativo Wilson” para secuestrar a Balda. Sin embargo, las propias grabaciones de Raúl Ch, dadas a la Fiscalía desmienten esa acusación.

En 2015, el policía habló con el exsecretario de Inteligencia para pedirle ayuda. Romero incluso menciona informarle su caso al Presidente. Pero en ese diálogo Chicaiza habla por dos ocasiones; dice “Operativo Wilson” y en una recalcó que fue creada en el 2013 por Romero. Esa fecha coincide con los documentos que entregó la Senain y que dan cuenta que en febrero de 2013, Pablo Romero autorizó el “Operativo Wilson” y pidió al Departamento Jurídico monitorear a la Fiscalía y a Contrainteligencia armar el caso. Oviedo recalcó que el “Wilson” fue la continuación de la “Operación Guayacán” y que tenía como fin frenar la campaña de desprestigio liderada por Balda.

La orden para traer a Balda
La valoración psicológica de Fernando Balda hecha por la Fiscalía asegura que no miente, que fue secuestrado la noche del 12 de agosto de 2012 mientras caminaba por Bogotá. Ese día se había reunido con Raúl Ch. para seguir con la negociación de los equipos. Según la declaración de Raúl Ch., él no entregó el dinero que le envió Romero a las personas que le dijo. Habló con Karim Shek Mina, quien daba seguridad a Balda, y le ofreció pagarle para llevarlo sano y salvo de retorno a Ecuador.

Mina aceptó el trato por una cantidad de $ 28.000 y armó un equipo para cumplir con el objetivo, donde estaba Johnatan Luzuriaga, quien también era conocido por Balda. El secuestro fracasó.

Karin Shek Mina y sus ayudantes fueron detenidos, aunque ya recuperaron su libertad. Mina confesó que un policía ecuatoriano estaba detrás de todo. Luego no fue difícil para la Fiscalía colombiana llegar hasta “Ratón”. Las cámaras del hotel Sheraton lo grabaron cuando dialogaba con los secuestradores; además en las facturas del alquiler de los vehículos constaba su nombre y también se lo grabó en el momento en que compraba trajes para el equipo de Mina.

Así se cerró el caso en Colombia, pero en Ecuador se volvió un tsunami. La Fiscalía ecuatoriana asegura que hay indicios para vincular al expresidente Correa y al exsecretario Romero en la investigación penal. Stalin Oviedo enfatiza que su cliente nunca dio la orden de secuestrar a Balda. La defensa del exmandatario sostuvo lo mismo.

En cambio, Chimbo explica que la disposición la dio Correa; pero la decisión de secuestrarlo fue de Raúl Ch. aunque rectifica y dice que la orden era traerlo a la fuerza.

Oviedo adelanta un panorama sombrío para su cliente y para el exmandatario. Vaticina que serán enjuiciados como autores intelectuales del secuestro de Balda. (I)

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Subsidios al gas y diésel se mantendrán intactos

7:04 am

La continuación de los subsidios a los combustibles se conocería en los próximos días. Este jueves 2 de agosto por la tarde, ministros del frente económico analizaron el tema con el presidente Lenín Moreno en una reunión privada a la que no tuvo acceso la prensa.

Antes de ingresar a la cita, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, mencionó de forma breve que “probablemente” en los siguientes días se tomará una decisión sobre las subvenciones del Estado.

También acudió Richard Martínez, ministro de Economía, quien al finalizar el encuentro manifestó que se van a mantener intactos tanto el subsidio al gas, como al diésel. Sí se analiza la subvención al combustible que consumen vehículos de alta gama (gasolina súper).

Enfatizó en que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto y reiteró que “el diésel no se topa y el gas tampoco”. Descartó que con esto se aproxime un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Carlos Pérez, en una entrevista con Canal UNO el 31 de julio, dijo que “se ha hecho un sondeo y la gente está consciente de la necesidad” de revisar los precios de los combustibles.

Al año, más de $ 3.000 millones representan los subsidios entre gas, gasolina y diésel. (I)

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Gremios destacan la eliminación de las enmiendas

7:03 am

Pese a la decisión, analistas cuestionaron a la Corte Constitucional por el tiempo que les tomó resolver, ya que las reformas fueron aprobadas en diciembre de 2015.

Criterios favorables, anuncios de movilización y hasta críticas a la Corte Constitucional (CC) son las primeras reacciones de sectores sociales, políticos y gremiales ante la eliminación de las enmiendas aprobadas en 2015.

Fue la Contraloría la primera en manifestarse. En un comunicado expresó que hubo una dilatada falta de decisión de la Corte en tomar esta decisión. “Se produce luego de reiteradas excitativas por parte de la Contraloría General del Estado, que demandó la inconstitucionalidad de las reformas”.

Organizaciones sindicales también se manifestaron. Luis Villavicencio, del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), indicó que el 1 de agosto se convirtió en una fecha histórica para los trabajadores del país.

Según el dirigente, las enmiendas aprobadas en 2015 vulneraron la libertad sindical y la contratación colectiva, por lo que con su derogatoria se ratificó la vigencia de los derechos laborales.

El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Azuay, Édison Déleg, indicó que pese a la decisión iniciarán acciones legales contra quienes aprobaron en 2015 las enmiendas y que harán movilizaciones.

El Grupo Parlamentario de Defensa de los Derechos de los Trabajadores anunció que independientemente del pronunciamiento de la Corte continúan en la elaboración de un proyecto de enmiendas a los artículos 229 y 326.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, también se pronunció sobre la eliminación del rol complementario de las Fuerzas Armadas para la seguridad interna.

Aseguró que la decisión de la Corte no elimina la complementariedad del trabajo con la Policía, por lo que en operaciones especiales y de acuerdo a las circunstancias, como por ejemplo acciones en la frontera, continuará el apoyo y la colaboración. “Además es un mandato constitucional”, sostuvo.

El constitucionalista Kléver Sigüencia destacó la decisión de la Corte y que en todo caso hay temas que, a su criterio, eran irrelevantes.

Como ejemplo citó la edad para ser candidato a la Presidencia. Sostuvo que aquello no determina qué tan bueno sea en su cargo.

Demora en la decisión

Hubo críticas por el tiempo que tomó la Corte en eliminar las enmiendas, aprobadas en 2015.

La jurista María Paula Romo en su cuenta de Twitter escribió: “Más de 900 días para pronunciarse. Terrible precedente para seguridad jurídica. Si resolvió forma se desdijo, pues ellos fueron los que autorizaron la competencia de la Asamblea Nacional”.

Del mismo modo se manifestó el constitucionalista Rafael Oyarte. A su criterio, el organismo debió analizar a su debido tiempo la legislación y las demandas contra las enmiendas para así evitar, por ejemplo, el “costoso” referéndum de este año.

Añadió que ahora es muy tarde para tomar estas medidas, en caso de que sean efectuadas en el marco de una eventual evaluación por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. (I)

ENMIENDAS
1.- Rol de la Contraloría (artículos 211 y 212)
Eliminaba la atribución de la Contraloría General del Estado de examinar la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y determinaba responsables por la gestión.

2.- Seguridad Social (artículo 370)
Se había añadido el siguiente inciso al artículo en mención: “El Estado garantiza el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”.

3.- Sector público (artículos 229, 326 y disposición transitoria)
Se eliminaba el tercer inciso del artículo 229 y se modificó el 326. El inciso en mención señala lo siguiente: “Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo”.

4.- La Comunicación (artículo 384)
Al artículo en mención se agregaba como primer inciso “que la comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios”.

5.- Educación y salud (artículos 261 y 264)
La enmienda establecía que era atribución exclusiva del Estado central la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura y equipos de salud y educación. Se había modificado el artículo 264 numeral 4 que precisaba que los municipios tenían estas competencias exclusivas. Con la derogatoria los gobiernos seccionales retoman estas competencias.

6.- Edad de candidatos a la Presidencia (artículo 142)
Se deroga el mandato en el que se determina que para ser Presidente de la República debe haberse cumplido 30 años de edad a la fecha de inscripción de su candidatura (la Constitución vuelve a establecer como requisito la edad mínima de 35 años).

7.- Misión de las FF.AA. (art. 158)
Con la eliminación de la enmienda constitucional, las Fuerzas Armadas retoman su papel exclusivo en la defensa de la soberanía e integridad nacional, es decir ya no serán “complementarias de apoyo” a la seguridad interna del país.

8.- Fondos del IESS (art. 372) 
Se corregía un error gramatical, es decir se cambiaba la frase: Fondos provisionales por “previsionales” al referirse a los recursos que se administran en la Seguridad Social.

9. Consulta popular (art. 104) 
Los gobiernos locales podrán impulsar consultas populares sobre temas de su competencia. Los ciudadanos podrán pedir consulta siempre y cuando sea de interés nacional.

10.- Disposición Transitoria Primera.
En la enmienda se eliminó el plazo de ocho años que tenía el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad) para la conformación de las regiones autónomas, con lo cual se dio paso a un plazo indefinido. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/gremios-eliminacion-enmiendas-corte-constitucional
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