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“Guacho” amenzó a civiles 5 días antes del primer secuestro

6:38 am

La Policía ecuatoriana seguía la pista de alias “Guacho” desde noviembre de 2017. Entonces se lo vinculó con un atentado a una patrulla del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), en el norte de Esmeraldas.

Desde entonces escuchaban sus llamadas telefónicas y grabaron sus conversaciones. Así por ejemplo pudieron evitar un asesinato, pero no lograron frenar los atentados que ejecutó desde enero, cuando colocó un coche bomba en el destacamento policial de San Lorenzo.

Incluso, un mayor de la Policía que trabajaba en el cantón esmeraldeño, mantuvo varias conversaciones a través de WhatsApp con “Guacho” y con otro hombre de su narcoguerrilla que se identificó como Andrés Sinisterra.

Las charlas se iniciaron en febrero y en ellas “Guacho” y su hombre amenazaron a miembros de la fuerza pública, autoridades y civiles.

Por ejemplo, el 8 de marzo del teléfono de Andrés Sinisterra se lanzó el ataque contra el actual alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego, y contra soldados y policías.

Ese mensaje decía: “Ustedes no quisieron llevar un diálogo con mi patrón. Él le manda a decir que de hoy en adelante la sigue pareja e igual que Colombia, ustedes lo han querido así, y avísele a ese hp alcalde de San Lorenzo que esos 20.000 dólares que ofreció por el viejo, él lo mandó a duplicar para la cabeza del alcalde vivo o muerto que van a traer a ese hp por meterse en problemas que no son de ellos e igual ustedes como policías y soldados de Ecuador se metieron a intervenir a una guerra que no es de ustedes y para que vea tenemos gente en su país y ya no hay tregua”.

El alcalde Samaniego no quiso hablar sobre las amenazas públicamente, pero su seguridad personal y la de las instalaciones del Cabildo se reforzaron desde de que se iniciaron los ataques de “Guacho”.

El mayor de Policía comunicó, por escrito, este y todos los diálogos a sus superiores. Esos chats son indagados por la Fiscalía General del Estado en el proceso por la detonación en el cuartel policial y en otros expedientes.

Lo mismo sucede con dos coroneles que mantuvieron contacto con “Guacho”, incluso durante el secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio, ocurrido en Mataje el 26 de marzo pasado y posteriormente asesinado.

El intercambio de mensajes
Cinco días antes del secuestro, una persona que se identificaba como “Guacho” lanzaba sus advertencias, mientras el policía trataba de persuadirlo de no hacerlo.

Policía: “Hola ‘Guacho’. Buenas tardes. Mira, estábamos en un compromiso y el trato era de que no cometas daños a la población ecuatoriana”.

Guacho: “Así listo, pero hagan lo que estamos diciéndole o mañana le pongo una en Quito, dígame no más, sigan con los enlaces con Colombia y como te dije maltrataron a mi familia a eso de las 2 am y por eso tiene que pagar” (texto fue editado para aclarar la lectura).

Policía: “Estamos queriendo solucionar ‘Guacho’, pero tú el día de hoy en la madrugada pusiste otra bomba.

Guacho: “Pues mañana es tarde mijo porque si esta noche te pueden estar volteando un carro cargado de militares. Dígame para detener las órdenes, hable pues”.

Policía: “Como te dije ‘Guacho’, el delegado ya estaba para reunirse con ustedes, con lo que pasó se dio vuelta atrás. Y ahora desde la mañana estamos trabajando en la búsqueda de alguien que nos quiera ayudar”.

Guacho: “Pues por qué no lo mandan, digan por qué es la mamadera de gallo. Si cierro mi teléfono no vas a decir que soy malo. Te recuerdo que se metieron en la casa de mi mamá y maltrataron a mi familia, tienen que pagar por ese daño mijo, hablen pues”.

Policía: “Estamos a tiempo de hablar, negociar y llegar a acuerdos lógicos”.

Guacho: “Con eso no me convencen, manden su delegado mañana o cierro mi teléfono y van a haber muertos civiles, eviten eso mijo”.

El comandante de Policía, Ramiro Mantilla, dijo que hay una indagación interna sobre estas comunicaciones y que quienes trabajaron en frontera serán evaluados. (I)

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Subsecretario de Defensa de EE.UU. visita Ecuador

El subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos, Sergio de la Peña, llegó a Ecuador para una visita de dos días. En su agenda está prevista una reunión con el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

La cita se enmarcará dentro del esfuerzo por ampliar las relaciones bilaterales y la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

De la Peña es responsable de la seguridad, defensa y política de los Estados Unidos en los hemisferios Sur y Norte, así como también de supervisar los fondos para programas de cooperación en materia de defensa para el Comando Norte y el Comando Sur de los Estados Unidos.

De la Peña asumió su actual cargo en 2017. Es un coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Estuvo en servicio por 30 años como oficial de Defensa Aérea y ocupó otros cargos y posiciones de liderazgo.

Esta visita ocurre luego de que en marzo pasado llegó a Ecuador el teniente general Joseph P. DiSalvo, subcomandante militar; y la embajadora Liliana Ayalde, asesora de política exterior del Comando Sur de los Estados Unidos, para reunirse con autoridades de defensa tanto civiles como militares. (I)

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Los cincos niños vinculados a muerte de estudiante son imputables

6:37 am

Las edades de los cinco estudiantes involucrados en la muerte de Brithany Morán Samaniego, fluctúan entre los 12 y 13 años, por lo tanto serán investigados de acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia. Así lo señaló este lunes 21 de mayo el fiscal César Peña, de la Unidad de Personas y Garantías de la Fiscalía del Guayas.

Brithany, de 11 años, murió el domingo 13 de mayo, tras las supuestas agresiones que recibió en el curso 8-B de un colegio fiscal de Guayaquil por parte de cinco compañeros durante un “juego mortal”, ocurrido dos días antes (viernes 11 de mayo).

“(Confirmadas las edades) me tocará realizar un informe y remitirlo al fiscal de menores infractores para que realice las investigaciones”, sostuvo el fiscal Peña.

La autoridad tomó este lunes 21 de mayo las versiones de la psicóloga, vicerrectora y profesora de matemáticas del colegio, donde ocurrió la agresión.

El artículo 66 del Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador determina que “los niños y niñas (de 0 hasta 11 años) están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y actos dañosos responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y formas previstos en el Código Civil”.

Sin embargo, “en el caso de los adolescentes (entre los 12 y 17 años), estos son responsables por sus actos jurídicos y hechos ilícitos, en los términos de este Código.

El artículo 308 del Código de la Niñez y Adolescencia, que trata sobre el principio de legalidad, agrega que “los adolescentes únicamente podrán ser juzgados por actos considerados como delitos por la ley penal con anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo con el procedimiento establecido en este código”.

El fiscal Peña recordó que el numeral 3 del artículo 370 del Código referido, sobre la aplicación de las medidas, indica que: “Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las siguientes medidas:

A) Libertad asistida hasta por 12 meses; B) Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 meses; y C) Internamiento institucional, hasta por cuatro años.

El abogado Steven Reyes, defensor de los padres de la occisa, reveló que la profesora de matemáticas que debió estar en el curso no justificó su ausencia el día de los hechos.

“Las versiones de este lunes 21 de mayo nos revelan que hubo omisiones de las autoridades del colegio”. (I)

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Reforma plantea la eliminación del “linchamiento mediático”

6:35 am

Con 80 artículos, 4 disposiciones generales y 6 transitorias el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación finalmente fue recibido este lnes 21 de mayo por la Asamblea Nacional.

El documento fue entregado por el secretario de Comunicación (Secom), Andrés Michelena, a la presidenta del poder Legislativo, Elizabeth Cabezas.

Con estas propuestas, según Michelena, se pretende “acabar con 10 años de hostigamiento y persecución”.

Entre las principales reformas se incluye la derogatoria de doce artículos que eliminan la prohibición del linchamiento mediático; el Consejo Consultivo, que brinda asesoría en proceso de formulación de políticas de información y comunicación; la Superintendencia de Comunicación (Supercom); la figura del defensor de audiencias, que era obligatorio para los medios de comunicación, entre otros aspectos.

Respecto de la eliminación de la Supercom, este proceso deberá realizarse “en el plazo improrrogable de 180 días, desde la publicación de la ley en el Registro Oficial”, reza la transitoria segunda.

Esta incluye que los servidores públicos de la institución pasarán a formar parte de la nómina de la Defensoría del Pueblo o del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación (Cordicom).

Sobre el financiamiento de los medios públicos, las reformas establecen que deberán hacerlo con recursos de la institución, mediante ingresos en publicidad y comercialización de productos comunicacionales y los fondos que provengan de donaciones o patrocinios.

Los códigos deontológicos tendrán como normas mínimas, entre otras, “generar mecanismos administrativos para la tramitación de solicitudes que presenten los ciudadanos”.

Esto último no está contemplado en la actual ley, que además excluye los incisos (i) y (j) del numeral 4 del artículo 10 que corresponden a asumir la responsabilidad de la información y opiniones y “abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático”.

Sobre la responsabilidad ulterior, la actual ley estipula que toda persona debe asumir las consecuencias administrativas, posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos. Mientras que con las reformas se estipula que deberán asumirse consecuencias legales.

Otros aspectos que contempla la reforma establecen que los pedidos de rectificación y de réplica deberán ser acogidos por los medios de comunicación.

En caso de que eso no ocurra en el plazo de 72 horas, el ciudadano afectado podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que le concedan “medidas de protección y restitución de derechos”.

Hasta ahora el tema era responsabilidad de la Superintendencia de Comunicación e Información, pero el pasado 14 de mayo el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que esta institución será eliminada.

La Defensoría del Pueblo también deberá actuar cuando exista inequidad en la publicidad de casos judiciales; cuando un medio de comunicación no entregue copias de programas o impresos; en casos de revictimización, o cuando no se emita comunicación intercultural y plurinacional. Durante la entrega del proyecto de reformas, Michelena sostuvo que las propuestas del Ejecutivo son producto de la política de diálogo emprendida por el Gobierno.

Según el Ejecutivo, otros aspectos positivos de la normativa son el rescate de los principios de la Constitución de Montecristi y la actualización de la ley orgánica de acuerdo con la normativa y los tratados internacionales. Además, agregó, reflejará el fin de la confrontación con los medios de comunicación, actores políticos y ciudadanía en general.

Los ejes de la reforma
Las reformas tienen nueve ejes entre los cuales consta la eliminación de todo el esquema administrativo de sanción y control; y la desaparición definitiva de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).

Además se busca el fortalecimiento de la institucionalidad, con la asignación y ampliación de las funciones del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (Cordicom) y la Defensoría del Pueblo con la finalidad de mantener los derechos fundamentales como la prohibición de la censura previa, la rectificación y la réplica, la regulación de contenido discriminatorio, la clasificación de audiencias, las franjas horarias y la difusión de contenidos musicales.

Otro aspecto que detalla la propuesta de normativa es que se creará un Observatorio de Derechos Humanos y Justicia; se viabilizará la reclasificación de los medios públicos en medios públicos al servicio institucional y medios públicos al servicio de los ciudadanos.

Se propende al concurso abierto de frecuencias para medios privados comunitarios, y la asignación directa de frecuencias para nacionalidades indígenas.

Cabezas recalcó que las reformas a la LOC ya están contempladas en la agenda legislativa prioritaria, trabajada con todas las bancadas, por lo tanto se las tratará “en la brevedad posible”.

La Defensoría del Pueblo se encargará de recibir las denuncias ciudadanas. Tendrá 180 días para establecer un plan de fortalecimiento. (I)

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Monge rindió versión por investigación en medios

El director nacional del Movimiento Creando Oportunidades (CREO), César Monge, llegó a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para rendir su versión dentro del pedido de investigación sobre el uso de los recursos de los canales de televisión incautados.

En su intervención, Monge señaló que los hermanos Alvarado (Vinicio y Fernando) usaron recursos de los canales Gamatv y TC Televisión para pagar conductores, guardaespaldas e incluso gastos de supermercados.

“Esto debe ser investigado y sancionado porque estamos ante un posible delito de peculado”, sostuvo Monge en su intervención.

Sin embargo, el dirigente aclaró que la diligencia a la que asistió ayer era “solo para dar su testimonio”, puesto que las pruebas que tiene son denuncias que fueron publicadas recientemente en los medios de comunicación.

“Nos dirigimos a la Fiscalía y pusimos una denuncia para que no quedaran en la impunidad estos actos de corrupción que curiosamente durante las últimas semanas han estado, difundiéndose”.

Para el dirigente de CREO todo esto es parte de un plan de Alianza PAIS. “Rendimos nuestra versión en este caso que se inicia para que en Ecuador no impere la impunidad. Creo que hoy es evidente que Alianza PAIS, al incautar los medios y luego convertirlos en públicos, tenía una sola intención: abusar del poder, generar todo un proceso que hoy ha terminado en la dilapidación de aquellos medios. Estos medios (incautados) están prácticamente quebrados”.

La fiscal Jimena Mena, de la Unidad de Indagaciones Previas e Instrucciones Fiscales, fue quien receptó la versión del dirigente del movimiento.

En noviembre del año pasado, en la denuncia se detallaban las supuestas pérdidas millonarias por el presunto mal manejo de los medios. Además se hacía mención al manejo político de la línea editorial de estas empresas de comunicación.

En ese sentido recordó la actual situación de los medios públicos y criticó la forma en la que fueron administrados en el gobierno anterior.

De acuerdo con la última rendición de cuentas de estas empresas, Andrés Michelena (en ese entonces gerente general de Medios Públicos) presentó el 24 de octubre de 2017 un primer balance de la administración mediática de los últimos 10 años.

Aseguró que bajo esas administraciones “se manejó a los medios públicos de manera propagandística y mediocre, dispendiosa e indolente”.

El dirigente de la organización política agregó también que pedirá que se reactive la denuncia que en su momento realizó su coidearia Ana Galarza.

La legisladora presentó una denuncia por el audio en el que se escucha decir al exsecretario de la presidencia, Eduardo Mangas, que supuestamente perdieron las elecciones presidenciales de 2017. (I)

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12 grupos armados operan en la frontera

6:26 am

El Frente Oliver Sinisterra, de alias “Guacho”, no es la única ni más grande organización armada que opera al sur colombiano. Han sido identificadas, por lo menos, 12 bandas narcodelictivas que tienen su influencia en el departamento de Nariño, fronterizo con las provincias de Carchi y Esmeraldas.

Estas estructuras criminales han desencadenado desde 2017 una ola de violencia en Colombia. Este conflicto, que hoy también afecta a Ecuador, fue analizado ayer en el programa “Del otro lado de la Frontera”, de Ecuador TV.

Ariel Ávila, reconocido investigador y vocero de la Fundación Paz y Reconciliación, una ONG que estudia desde hace varios años el conflicto colombiano, reveló que en Nariño se vive una “guerra civil” por el control, por el territorio y por el manejo del negocio de la droga.

Esta lucha se desencadenó luego de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se unieron al proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Esos grupos, primero llamados disidentes, no compartieron la idea de entregar las armas y decidieron apropiarse de las plantaciones, laboratorios y rutas para la exportación de la droga.

De acuerdo con Ávila, en el escenario de Nariño y especialmente el municipio de Tumaco se convierte en zona clave, porque en esa jurisdicción se concentra el mayor porcentaje de plantaciones de coca del sur colombiano.

Tumaco tiene el 16% de las hectáreas de coca de Colombia, de las 146.000 ha. Hay 20.000 familias que viven del negocio de la droga. Entonces el frente Oliver Sinisterra les presta seguridad, les construye carreteras, les resuelve problemas de sus linderos y la población está metida en una clientela criminal”, dijo el especialista.

Las otras bandas armadas no se quieren quedar fuera del lucrativo negocio del narcotráfico y mantienen un combate por esa zona. Incluso -a criterio de Ávila- las acciones violentas de “Guacho” ocasionaron que sus aliados lo abandonaran.

“Guacho era aliado de las Guerrillas Unidas del Pacífico y del Frente Steven González que hoy se están matando. En este proceso de anarquía criminal se crean y deshacen alianzas porque están en un proceso de reacomodo”, explicó Ávila.

Cree que la caída de “Guacho” y del Frente Oliver Sinisterra es casi inminente. Esta banda narcodelictiva no solo cuida sus pasos de las fuerzas armadas y de los gobiernos de Colombia y Ecuador, que emprendieron con su búsqueda y dan recompensa por su captura, sino que también de las otras bandas que quieren a su cabecilla.

Exguerrilleros, “paras” y sicarios

Los principales grupos armados organizados que operan en Nariño tienen su origen en los mismos actores del conflicto colombiano que llevan más de cinco décadas en disputa. Por ejemplo, el grupo denominado “Gente de Orden” está integrado por exmilicianos de las FARC; mientras que “La Empresa” por grupos paramilitares que controlan los laboratorios de procesamiento de pasta de coca en el bajo Mira.

La “Organización sicarial del Pacífico” es otro de los grupos que genera el temor en esa zona. Ellos hicieron presencia al final de 2016: amenazaban con terminar con los milicianos y colaboradores de las FARC.

En esta misma línea se encuentran “Los Negritos”, responsables de varias amenazas a los civiles que participan en el proceso de paz con la extinta guerrilla.

Luego están las “Guerrillas Unidas del Pacífico”, compuesta por desertores del frente 29 de las FARC. Se conoce su presencia en ocho municipios del pacífico nariñense y sus acciones se centran en el control de los cultivos de uso ilícito, los laboratorios de clorhidrato de cocaína y el narcotráfico hacia el norte de América.

También figuran la “Columna Gaula” y “Nuevo Grupo”, dedicados a la extorsión a comuneros de Nariño. Los investigadores colombianos no tienen mucha información sobre ellos, solo que lo integrarían exguerrilleros.

Historia se repite en Putumayo

El 26 de marzo de este año, el Ejército ecuatoriano detectó una base de descanso de los grupos armados oculta en la selva en el sector de Manzayá, en el Putumayo, provincia de Sucumbíos.

Esta fue la segunda base hallada en lo que va de 2018 en la zona. Ese puesto clandestino fue usado, aparentemente, por integrantes del “Frente Heller Mosquera”, una organización compuesta por exmilicianos de la guerrilla de las FARC que no quisieron volver a la sociedad.

Entre las evidencias encontradas por los militares había un comunicado firmado por este Frente, donde anunciaba a los comuneros que iban a pedir su colaboración económica a cambio de la seguridad de la zona.

El panfleto habría sido escrito el 18 de enero pasado e iba a ser repartido en la jurisdicción, como se evidencia en las decenas de documentos escondidos en una caleta cavada en un puesto de descanso clandestino.

El entonces jefe del Batallón Putumayo del Ejército ecuatoriano, Carlos Ayala, dijo que los campesinos de la zona denunciaron las extorsiones. Y calificó a estos grupos disidentes de las FARC como “narcoguerrillas” y “sumamente peligrosas”.

¿Fracasó estrategia colombiana?

Al otro lado de la frontera consideran que la estrategia colombiana para frenar al narcotráfico y los grupos armados fracasó. Por ejemplo, una cifra sustenta ese criterio: luego de 20 años de una política focalizada en operativos militares y policiales, las hectáreas de plantaciones de coca no disminuyeron, sino que aumentaron.

El último informe de las Naciones Unidas sobre el impacto del narcotráfico en esta zona del continente reveló que la superficie dedicada al cultivo de arbustos de coca en Colombia experimentó un aumento de más del 50%, de 96.000 hectáreas en 2015 a más de 146.000 en 2016.

El periodista colombiano Yamit Palacio catalogó al programa “Del otro lado de la frontera” como un fracaso de la estrategia militar de su país.

Indicó que existe un abandono histórico a la población de las fronteras, no solo en la ecuatoriana, sino que se repite en zonas colindantes con Venezuela, Panamá y Perú.

“No solo con hombres armados van a solucionar este conflicto (…) Mañana cae “Gaucho” pero ¿qué van a hacer con todas las personas que operan con él?, ¿va a aparecer otro “Guacho”?. El caldo de cultivo no va a terminar”.

Este criterio es compartido por Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación. Para él, la mayor responsabilidad la tiene Colombia por dejar abandonados sus linderos.

Esta ausencia ocasionó un vacío de poder que fue aprovechado, primero por las guerrillas y paramilitares y ahora por grupos criminales. Todos ellos tenían un mismo objetivo: controlar las plantaciones, laboratorios y rutas del narcotráfico.

A esto se suma -según Ávila- que desde Ecuador se privilegió el control de la frontera con Perú, por el conflicto limítrofe que tenía. También predominó el discurso de que el narcotráfico es un problema colombiano.

Otro elemento clave, además, es que luego del bombardeo de Angostura en 2008, las comunicaciones entre las fuerzas armadas colombianas y ecuatorianas no estuvieron coordinadas y no actuaron en conjunto.

Para el periodista Palacio, en Colombia existe un sentimiento de solidaridad con el pueblo y el gobierno ecuatoriano que han sido golpeados por un problema que traspasó la frontera y que no ha podido ser controlado eficazmente casa adentro. (I)

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Medios deberán promover debates en revocatorias de mandato

6:16 am

La normativa señala que en casos de revocatorias del mandato, los medios públicos y privados deben promover encuentros de las partes de forma obligatoria.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la normativa para implementar debates obligatorios entre las partes, durante procesos de revocatoria del mandato.

El reglamento contempla que tanto medios de comunicación públicos como privados, promuevan espacios para que se generen los debates en sus programaciones.

El texto señala que estos programas deberán observar principios constitucionales de equidad e igualdad, en los que participarán el proponente y las autoridades a quienes se solicita la revocatoria del mandato.

Las disposiciones aplicarán para los medios de las circunscripciones donde se vaya a efectuar el proceso electoral.

La normativa indica que los medios podrán hacer los programas de manera individual o asociada y tendrán que informar al CNE el formato, si es radial o televisivo y la modalidad.

Asimismo indicar quién será el moderador que dirigirá el debate, el cual también tiene que cumplir requisitos previos señalados en el reglamento y cuyo perfil pasará también por la aprobación del CNE.

Los encuentros de las partes serán de una hora con un máximo de cuatro interrupciones para comerciales con un total de 15 minutos.

La consejera Luz Haro señaló que el reglamento tiene como finalidad “facilitar un mecanismo que permita llevar procesos de debate con equilibrio entre las partes y que los medios brinden espacios equitativos”.

La vicepresidenta del ente electoral, Ana Marcela Paredes, resaltó que en el Código de la Democracia consta la realización de mesas redondas, pero era necesario especificar la realización de estos en los procesos de revocatoria del mandato.

“Para evitar tergiversaciones, el reglamento especifica los puntos a tratar de manera que la ciudadanía tenga los elementos cabales para entender a las partes y pueda decidir”, comentó.

Datos

→ Publicidad pública regulada. La normativa también contempla la prohibición de que las autoridades inmersas en el proceso salgan en publicidades durante el tiempo electoral, salvo los indicados por cuestiones de información relevante para los pobladores

→ 27 artículos tiene el reglamento que regula los debates y la publicidad de los procesos de revocatoria

→ Aplica para proceso en Loja. La normativa estará vigente para el proceso revocatorio del alcalde de Loja Bolívar Castillo, previsto para el 24 de junio. (I)

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Acción penal por muerte de menor en colegio recae en maestros

11:01 am

La responsabilidad penal por la muerte de la niña Brithany Morán Samaniego, en el interior del colegio fiscal donde estudiaba en Guayaquil, recaerá en las autoridades del plantel.

El fiscal César Peña, de la Unidad de Garantías para las Personas, explicó que la responsabilidad penal por homicidio culposo recae sobre los docentes ante la inimputabilidad de los cinco niños, entre 11 y 12 años, que participaron de un juego que derivó en la muerte de la menor el domingo 13 de mayo.

“El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala la inimputabilidad de los menores, pero el Código Civil determina responsabilidad para los padres de los niños y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina la responsabilidad penal de las autoridades del plantel”, manifestó Peña.

De acuerdo con lo que indica el COIP, la autoridad dijo que desde este viernes 18 de mayo hasta el martes próximo rendirán sus versiones sobre los hechos el rector, vicerrector, profesor, inspector y miembros del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la unidad educativa donde ocurrieron los hechos.

El homicidio culposo, tipificado en el artículo 145 del COIP, determina una pena de tres a cinco años a la persona que por culpa mate a otra.

Además, con la misma pena será sancionado el funcionario público que, inobservando el deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles que hubieren perecido, y que como consecuencia de ello se haya ocasionado la muerte de una o más personas.

Ante esta definición en el COIP, el fiscal Peña indicó que en la muerte de la niña Brithany no se observó el deber objetivo de cuidado cuando se dejó como custodia de los niños a una persona que no era autoridad ni docente del plantel.

“Los menores del curso 8-B contaron que el día que la niña fue amarrada y golpeada estaban bajo el cuidado de una hija de la inspectora del colegio, quien fue designada para el cuidado de los alumnos, porque una maestra del curso pidió permiso”.

El abogado Steven Reyes, representante legal de la familia de la niña, ratificó que los cinco niños que participaron en la agresión son inimputables, pero que en lo posterior presentarán una acción civil contra los padres de estos por un cuasi delito, lo que implica la solicitud de una indemnización por el daño causado.

Reyes acompañó este jueves 17 de mayo al padre de la niña fallecida, Tyrone Morán, a rendir su versión ante el fiscal Peña.

En la diligencia, Morán reveló la existencia de una carta en la cual uno de los menores implicados en la muerte de su hija narra cómo ocurrieron los hechos.

La fiscal Patricia Morejón, y el gobernador José Francisco Cevallos visitaron este jueves 17 de mayo a los padres de la víctima. La funcionaria les dijo que trabaja con el Ministerio de Educación para identificar las verdaderas edades de los alumnos implicados. (I)

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Localizada la patrulla militar que se había extraviado en la frontera norte

10:58 am

Una patrulla de militares que se habían extraviado en la frontera norte desde el pasado miércoles 16 de mayo fue localizada. Fuentes del Ministerio de Defensa informaron que los ocho miembros de la patrulla fueron encontrados en buen estado de salud este vienes 18 de mayo, cerca de las 06:15.

La patrulla pertenece al Destacamento Soldado Fredy Santander, acantonado en el sector de Maldonado, provincia de Carchi, y perdió comunicación con su unidad militar la tarde del miércoles 16 de mayo.

“El personal, gracias a su preparación militar y pese a las condiciones adversas al clima, se encuentra en buen estado de salud y solamente presenta signos de deshidratación; los mismos que fueron trasladados inmediatamente al destacamento militar de Maldonado”, indica un boletín oficial del Ministerio de Defensa.

Las condiciones climáticas adversas que soporta la zona, presumiblemente obligó a los militares a resguardarse en un sitio en el que perdieron contacto con su unidad de origen, apunta la nota oficial.

Para la búsqueda de la patrulla se contó con el apoyo de la Brigada de Aviación en la ejecución de reconocimientos aéreos.

“La institución se congratula que el personal haya regresado sano y salvo; este hecho pone de manifiesto el riesgo al que está expuesto el personas de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misión y el grado de preparación de los militares ecuatorianos”, añadió la cartera de Defensa en su boletín.

El comandante del Ejército, Roque Moreira, el jueves 17 de mayo había descartado un secuestro de los ocho militares. (I)

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Deuda pública de Ecuador llega al 57% de su PIB

10:55 am

Ecuador informó este viernes 18 de mayo que su deuda interna y externa asciende a unos $ 58.979 millones, equivalentes a un 57% de su Producto Interno Bruto.

“Tenemos cerca de $ 48.000 millones de deuda total entre interna y externa. Y si consideramos las otras obligaciones, estamos hablando de cerca de $ 10.000 millones” adicionales, declaró el ministro de Finanzas, Richard Martínez, en una entrevista con el canal Teleamazonas.

La cartera precisó en su más reciente reporte de deuda pública que hasta abril de 2018, la deuda externa era de $ 34.492 millones, mientras que la interna alcanzaba los $ 14.355 millones.

El informe incluye otros pasivos, entre ellos la venta anticipadas de petróleo ecuatoriano, por un monto de $ 10.132 millones.

Según el Banco Central de Ecuador, el pasivo público del país, que durante el gobierno del mandatario Rafael Correa trepó en un 150%, fue de $ 35.053 millones (33,76% del PIB) en febrero último.

El ministro apuntó la necesidad de eliminar un decreto firmado en 2016 por el expresidente Correa, que cambió el cálculo de la relación deuda-PIB, que por ley no puede superar el 40%.

Esa reforma, basada en un manual del Fondo Monetario Internacional (FMI), le permitió al gobierno de Correa disminuir la relación pasivo-PIB y adquirir más préstamos, cuando supuestamente había rebasado el porcentaje establecido.

Martínez, quien planea eliminar el tope del endeudamiento, señaló que “no hace sentido tener ese techo porque finalmente lo que importa en técnica económica y en finanzas públicas es la capacidad de pago que tiene el país”.

Y agregó que “no es posible que el país opere sin más financiamiento”.

El gobierno del presidente Lenín Moreno, quien fue aliado de Correa y el 24 de mayo próximo cumplirá su primer año en el poder, busca reducir el déficit fiscal de 5,64% del PIB previsto para 2018 a 2,47% en 2021. El déficit fue de 6,1% en 2017.

Para 2018, el Congreso de Ecuador aprobó en el presupuesto general un financiamiento de $ 8.250 millones, de los cuales se han desembolsado $ 3.350 millones. Está previsto que otros $ 4.900 millones ingresen al país entre mayo y diciembre, según Martínez. (I)

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Víctimas potenciales de femicidio tienen entre 20 y 29 años

6:37 am

El titular de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased), Víctor Araus, considera que es necesario que las mujeres den a conocer la violencia intrafamiliar. Por las denuncias se emitió el 15% de boletas de auxilio.

Joe Michael B. G., de 21 años, procesado por las muertes de su expareja Jackeline Reinoso y del niño Jonathan Ezequiel, hijo de la víctima, no solo conmocionó a los lojanos con este acto de violencia de género, sino que puso a su provincia en la lista de femicidios graves.

Madre e hijo desaparecieron el 1 de mayo. La mujer fue hallada en un saco de yute el viernes 4 de mayo y el niño en la vía Loja-Cuenca al día siguiente. El presunto responsable del doble crimen fue detenido y hoy guarda prisión en la cárcel de Latacunga. En 90 días concluirá la fase de instrucción fiscal.

De enero a abril de 2018 se registraron 29 casos de femicidio a nivel nacional, en el mismo período de 2017 hubo 44, según el general Víctor Araus, director nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

Para Araus, es necesario que las víctimas denuncien casos de violencia intrafamiliar. Este tipo de delitos apunta hacia las parejas sentimentales, lo que permite a la Policía detener al responsable, para una pronta resolución en los procesos de investigación sobre femicidios.

Indicó que el 85% de causas se resolvió y que por las denuncias se registró el 15% de boletas de auxilio. “No tenemos mayores casos de investigación, pero este tipo de delitos es una política de Estado y no quedarán en la impunidad”.

Efectivamente, los crímenes de Nancy Umajinga, de 25 años, y de sus dos hijos, Jordy, de 1, y Naylin, de 5, ocurridos el 18 de diciembre de 2015, no quedaron en la impunidad. El autor del femicidio, Milton Mario Corrales Toaquiza, fue sentenciado a 34 años y ocho meses de privación de la libertad.

Según datos del Ministerio del Interior, las víctimas potenciales en los casos de femicidios son mujeres de 20 a 29 años. Esta cartera de Estado elaboró un ranking de los distritos con mayor incidencias de este delito, que lo lidera la provincia de Pichincha, le siguen Manabí, Guayas, Azuay y Chimborazo.

Para disminuir el repunte de violencia, el Ministerio del Interior ejecuta el plan de alerta temprana, a través del cual planea reducir los femicidios el 30%. El programa se ejecuta en 10 distritos.

Ana Vera, del colectivo feminista Surkuna, consideró que en cada una de las provincias el 50% vivió situaciones de violencia y el 25,7% de casos tuvo una resolución judicial.

Gissela Paredes, directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Ministerio del Interior, dijo que uno de los ejes primordiales es la prevención y la seguridad ciudadana, sobre todo en delitos de femicidio y violencia contra la mujer.

Por ello, reforzaron los programas en el ámbito de seguridad para dar una respuesta inmediata a las mujeres a nivel nacional. De las primeras indagaciones Jackeline Reinoso ya tenía antecedentes de violencia, que desencadenaron en su muerte y la de su vástago. (I)

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Ordenanza restringirá el ingreso de yogurt a Galápagos

6:28 pm

El Pleno de Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos aprobó por unanimidad, y en segundo debate, la ordenanza de restricción de ingreso de yogurt al archipiélago.

La medida busca generar alternativas al sector ganadero, fomentar la producción local, dinamizar la economía interna y fortalecer el sector agropecuario de la provincia, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

La ordenanza, aprobada el 11 de mayo, entrará en vigencia 90 días después de ser publicada en el Registro Oficial. Para su implementación se creará una mesa interinstitucional, conformada por organismos competentes y representantes del sector productivo.

“Como plantas procesadoras de lácteos, para nosotros ha significado implementar mejoras en la calidad de nuestros productos, ya que ahora vamos a tener mercado para poder venderlos”, dijo Raquel Molina, emprendedora de planta de lácteos.

Jimmy Bolaños, director Provincial Agropecuario del MAG, señaló que es una medida de gran responsabilidad que tiene como objetivo asegurar el mercado de leche a los ganaderos. (I)

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