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January 17, 2018

Transporte gratuito está listo para el voto facultativo

Ene 12, 2018

Para los comicios del 4 de febrero se mantendrá el servicio de movilización gratuita de puerta a puerta para las personas con discapacidad.

El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) ponen a disposición cooperativas de taxis en las 24 provincias del país para trasladar a los ciudadanos con discapacidad desde su hogar hasta el recinto electoral.

En cada unidad habrá voluntarios debidamente capacitados para asistir a los votantes.

Los vehículos serán identificados con un salvoconducto de color azul con la leyenda ‘Tienen derecho a votar’.

Quienes deseen el beneficio pueden registrarse en las delegaciones provinciales del CNE o llamar al número telefónico del Conadis, según la provincia en que se encuentren, hasta el 26 de enero.

La Policía Nacional dispondrá de un contingente de 48.000 uniformados en todo el país para colaborar con la seguridad en este programa.

Esta actividad se implementó en 2005 por primera vez, pero con cada proceso electoral ha tomado más fuerza, garantizando el derecho ciudadano de votar, según detalla Xavier Torres, presidente del Conadis.

“En las elecciones de 2009 hubo una participación del 70% de discapacitados, mientras que en la primera vuelta de 2017 se contó con 73,87% y en la segunda vuelta, 75,63%”.

Actualmente existen 374.409 ecuatorianos empadronados con alguna discapacidad, de ellos 1.663 residen en el extranjero. La mayor cantidad de personas con discapacidad se encuentran en la provincia de Guayas, seguida de Manabí y Pichincha.

De acuerdo al Conadis, desde 2009 existen 28.942 nuevos votantes empadronados para su voto facultativo, es decir voluntario.

En las elecciones presidenciales de 2017, en el traslado de personas con discapacidad se atendió a 1.545 ciudadanos en la primera vuelta, mientras que en la segunda a 1.775 votantes en todo el país.

Las autoridades consideran que esta cifra se incrementará en la consulta popular y referendo.

*Haga click en la imagen para ampliarla

Mecanismos de accesibilidad
Además de la campaña denominada ‘Tienen Derecho a Votar’, en Ecuador existen cinco modalidades o prácticas inclusivas para quienes tienen movilidad reducida.

La primera es Voto en casa, que contempla el traslado de las urnas a los domicilios de las personas con discapacidad física severa de más de 65 años de edad y de 75 % de discapacidad física.

De este servicio se beneficiarán 756 personas en las 24 provincias y se ejecutará el 2 de febrero desde las 07:00 hasta las 17:00.

La segunda modalidad es el Voto Preferente; la iniciativa permite que todas las personas con alguna discapacidad y que estén en la columna no tengan la necesidad de esperar su turno, sino que se acerquen directamente a la junta receptora del voto a ejercer su derecho.

El tercer programa se trata del Voto Asistido, en el que este grupo poblacional puede llevar a un familiar o amigo cercano para que lo acompañe hasta la urna y le ayude a sufragar.

Mientras que el cuarto programa consiste en que los técnicos del CNE identifiquen a las personas con alguna discapacidad en los recintos electorales para acercarles los implementos necesarios con el presidente de la junta, a fin de que vote sin tener que llegar a la mesa.

Esto se genera más por cuestiones de dificultad en la accesibilidad a las unidades educativas.

Hay un quinto mecanismo, que es el de accesibilidad y se enfoca en las personas con discapacidad visual, quienes reciben papeletas con plantillas de sistema braille.

Funcionarios del Consejo Nacional Electoral y del Conadis entregarán a la ciudadanía 145.000 hojas volantes, carteles, entre otros ejemplares, con información sobre asistencia a las personas con discapacidad.

Estas políticas de inclusión tienen tres tareas principales, indicó el consejero Mauricio Tayupanta. “El primero es implementar mecanismos de accesibilidad al voto. Además se facilitará el traslado a las personas con discapacidad hacia los recintos electorales”.

También se acreditará a los observadores electorales que representan a los organismos que trabajan por las personas con discapacidad.

Hasta el momento se valoran las nóminas de 773 observadores para constatar estos procesos y emitir sus recomendaciones y observaciones luego de los comicios.

Tayupanta ponderó que el 76% de este grupo de atención prioritaria llega a presentarse a las urnas, a pesar de tratarse de un voto opcional u optativo.

Con estas acciones Ecuador cuenta con la mayor calificación en temas de inclusión electoral. Así lo reconoce el Centro Internacional de Estudios Parlamentarios (ICPS, por sus siglas en inglés) que otorgó al país el primer puesto a nivel mundial en accesibilidad electoral.

El reconocimiento será entregado entre el 1 y el 2 de febrero en Quito, fechas en las que se aprovechará para constatar el voto en casa en todo el país. (I)


La campaña se concentra en visitas a viviendas
Los recorridos y caravanas en esta ocasión han cedido espacio a la estrategia de las llamadas visitas ‘puerta a puerta’. De esta forma las organizaciones sociales y políticas registradas para la campaña acentúan sus esfuerzos en esta labor.

Por ejemplo, en el Frente Somos Ecuador este trabajo se basa en la entrega de información y durante el día. El prefecto de Guayas y dirigente de este colectivo, Jimmy Jairala, manifestó que en esta provincia son 36 las organizaciones.

“Como directiva provincial de Centro Democrático en Guayas y como miembros del Frente hemos venido realizando de manera coordinada activaciones y visitas puerta a puerta”, manifestó el líder político mientras ratificó que a su movimiento lo que le interesa es que el voto sea responsable.

Agregó que en cada recorrido “no se invita al ciudadano a que vote SÍ porque sí”, haciendo referencia a que no se trata de una competencia entre el presidente Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa. “Cometeríamos un error si polarizáramos la consulta popular; sería una barbaridad si nos dejáramos llevar al escenario donde se impulse al ciudadano a decir ‘sí’ si apoya a Lenín y ‘no’ si apoya a Correa”.

Mientras tanto, el expresidente Rafael Correa continuó ayer sus recorridos, en esta ocasión por la provincia de El Oro; el exmandatario llegó la noche del miércoles e inició una caravana por el cantón El Guabo.

Ayer por la mañana estuvo en el sector de Puerto Bolívar, donde compartió un desayuno con simpatizantes, acto seguido atendió entrevistas a medios locales y para la tarde y noche tenía previsto continuar su recorrido por la parte alta de la provincia.

Mientras tanto, militantes en Guayas, Santa Elena y Manabí en redes sociales informaron que sus actividades se concentran en la entrega de información y la razón por la cual exhortan a los ciudadanos a votar No en las preguntas 2, 3 y 6 de la consulta popular. (I)


El organismo capacita sobre transmisión de resultados
El Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolla en Guayaquil un taller técnico sobre el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados para el referendo y consulta popular.

Los encargados del área de tecnología de la información y de procesos electorales de las delegaciones provinciales de Galápagos, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y Manabí conocen el funcionamiento y las innovaciones del sistema que se utilizará el día de las elecciones.

El director electoral de Guayas, Marlon Lanata, destacó la importancia de las capacitaciones, ya que estos espacios permiten que los técnicos fortalezcan sus conocimientos con el fin de efectuar el proceso electoral sin inconvenientes.

Antes del día del sufragio se realizarán dos simulacros donde se pondrá a prueba el proceso, incluido el funcionamiento del sistema, con la finalidad de solventar algún imprevisto, según las realidades de cada provincia.

El taller se desarrolla en dos etapas: en lo técnico se aborda el flujo del proceso en el recinto de transmisión y publicación de actas y Centro de Procesamiento de Resultados, entre otras acciones, y en otro punto se desarrolla la metodología y el taller de laboratorio, con el fin de que los encargados conozcan el sistema y aclaren sus inquietudes.

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/transporte-gratuito-esta-listo-para-el-voto-facultativo
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De la Torre: no se afectó reconstrucción de Manabí

Ene 12, 2018

El reembolso realizado por el Ministerio de Finanzas a la cuenta de la Ley de Solidaridad se realizó en dos desembolsos por $ 100 y $ 200 millones.

El Ministerio de Finanzas anunció la tarde del miércoles que los $ 300 millones tomados de la Ley de Solidaridad fueron “reintegrados en su totalidad” a la cuenta correspondiente. Dicho pago se realizó en dos desembolsos. El primero por $ 100 millones y el segundo por $ 200 millones, según la página web de la entidad.

El asiento contable fue registrado con fecha 10 de enero de 2018. El concepto de la primera transacción está descrita como “primer reembolso programado (manejo integrado de liquidez sp) para no afectar la normal ejecución de la construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, y la reactivación productiva en zonas afectadas por el terremoto de 2016”. Y el segundo como “reembolso de la diferencia programada (…)”.

De todas formas, la medida ha generado enormes críticas por parte de la oposición, sobre todo en la Asamblea Nacional, donde hay voces que piden un juicio político.

El titular de Economía, Carlos de la Torre, justificó que la operación se inscribe dentro del concepto de un manejo integral de liquidez de la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

“Eso quiere decir que pueden transferirse los recursos de una a otra (cuenta del Tesoro) en función de los requerimientos de corto plazo en un momento determinado”, defendió De la Torre.

El funcionario mencionó que está amparado en el artículo 173 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; así como en el artículo 184 del reglamento correspondiente.

Además señaló que se complementa una resolución interinstitucional de diciembre de 2015 entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central del Ecuador (BCE).

Al ser consultado por el destino de los recursos, Carlos De la Torre dijo que se distribuyeron en cubrir pagos pendientes con proveedores y gobiernos autónomos descentralizados (GAD). No detalló los montos asignados a cada uno.

“Se está repartiendo o transfiriendo recursos de unas cuentas a otras sin que esto afecte, de ninguna manera, el saldo que se utiliza para poder cubrir las necesidades de la reconstrucción”, reafirmó.

Pero ¿cómo obtuvo ingresos el Gobierno para empezar a restituir los $ 300 millones en menos de 15 días?

Sin dar mayor precisión, el Ministro respondió que una parte proviene de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA); otra de las exportaciones petroleras, y por desembolsos de créditos contratados en el pasado.

El funcionario habló en una rueda de prensa en la que participó el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano (AP), y el vicepresidente Carlos Bergmann (AP).

Bergmann, asambleísta por Manabí y ponente de la Ley de Solidaridad, dijo que el 8 de enero solicitó formalmente la presencia de De la Torre. Serrano, por su parte, indicó que la documentación compartida por el Secretario de Estado no frenaba el pedido para que acuda al pleno.

Lejos de calmar los ánimos, las explicaciones de Finanzas no convencieron a quienes incluso advierten con iniciar un juicio político en su contra.

Legisladores de diferentes tiendas políticas concordaron en que sin importar los motivos ni el uso del dinero, el Gobierno no debió tomar los $ 300 millones porque va contra la Ley de Solidaridad, la cual dispone que los fondos se utilizarán para la reconstrucción. Opinaron que lo ocurrido también deja una mala impresión en cómo se están ejecutando los proyectos de la reconstrucción. (I)

Ley Solidaria
Destino de la recaudación
El primer artículo señala que la norma tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada.

2 puntos porcentuales de incremento al IVA, por un año, se fijaron en la ley para tener fondos.

Reparto a los Gad
La disposición general primera ordena que los recursos obtenidos “no se considerarán para distribución de ingresos no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados”.

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Los pescadores de Engabao, en paro por temor a piratas

Ene 12, 2018

Los 2.500 hombres que se dedican a faenas en el mar se quedaron sentados en sus lanchas a la espera de una respuesta de las autoridades para disminuir los robos.

Los trasmallos de 2.500 pescadores artesanales de la comuna Engabao ayer no fueron lanzados al mar. Igual número de lanchas o pangas de fibra de vidrio permanecieron en la playa sobre grandes troncos.

La actividad pesquera, que diariamente mueve entre 3.000 y 4.000 personas en la zona que los pescadores llaman puerto Engabao, estuvo paralizada por el temor que causan las bandas de piratas que desde el 1 de enero hasta la fecha se apoderaron de cuatro motores fuera de borda y una lancha.

“Este número de robos causa alarma, porque en tan pocos días del nuevo año iguala los hechos delictivos ocurridos en 2017”, manifestó Luis Orrala García, dirigente de los pescadores artesanales de Engabao.

Según Orrala, los motores de 40 caballos de fuerza, usados por las pequeñas naves pesqueras, están valorados en $ 3.500 y las lanchas cuestan entre $ 1.500 y $ 2.000. “Sacando cuentas y sumando los costos de los implementos de trabajo señalados, sostenemos que cada pescador pierde entre $ 5.000 y $ 5.500, sin sumar los costos de matriculación y permisos que la Armada exige para ejercer la actividad”.

Por este motivo, Orrala pidió a las autoridades de la Armada Nacional ejercer mayor control de la zona entre la Punta de Playas y Posorja, sector conocido como Los Bajos. “Porque ahí ocurren los atracos entre las 18:30 y 20:00”.

El presidente de la comuna Engabao, Pedro Tomalá, mostró su desilusión por la incumplida promesa de seguridad del jefe de Seguridad de la Gobernación de Guayas, Maximiliano Delgado, con quien se reunió en diciembre de 2017 para tratar temas inherentes a la población que representa.

“Dijeron que nos brindarían seguridad en tierra y mar para impedir el accionar de invasores y piratas, pero no ocurrió aquello. Ojalá no esperemos que los piratas asesinen a uno de los pescadores para actuar”.

En la playa, llena de pequeños cangrejos rojos, también estaba el pescador Rubén Francisco Tomalá, de 23 años. Él y su hermano David fueron asaltados por piratas el 4 de enero. “Recogíamos el trasmallo para retirarnos y una lancha más grande se apegó a la nuestra. Eran dos ladrones armados con revólveres, se nos llevaron celulares, dinero y el motor comprado con un préstamo”.

Los delincuentes los abandonaron 24 millas mar adentro y al día siguiente, otros pescadores amigos, los encontraron a la deriva, dijo Francisco, casado y padre de dos niños de 7 y 1 año.

La misma odisea sufrieron José Mejillón Muñoz, de 58 años, y su hijo José, de 28. El pescador, con 35 años de labores, fue asaltado por cuatro piratas el 5 de enero. Ellos subieron a su lancha ‘Sulay Jessica’ y se llevaron el motor y la embarcación.

Los tres miembros de la Armada Nacional que se encontraban en el retén Naval de Engabao reconocieron que la lancha que ellos poseen para salir a patrullar y auxiliar a las víctimas de los asaltantes no está en funcionamiento porque el motor que posee está dañado desde septiembre de 2017. Sin embargo, pese a las quejas, ayer una lancha guardacostas iba de un lado al otro frente a las costas de Engabao.

“Esa lancha de la Marina está ahí porque sabían del paro de actividades de los pescadores y porque la prensa iba a estar presente.

Quisiera que todos los días venga un periodista para que constate el abandono que sufre Engabao, no solo en tierra, sino en el mar también”, manifestó Armando Vera Tomalá, de 50 años, otro pescador que fue asaltado junto a su hijo Jesús el viernes 28 de diciembre del año pasado.

El comandante general de la Policía, Ramiro Mantilla, anunció el lunes último que reforzará con más efectivos y lanchas los patrullajes en las zonas acuáticas del país. Para ello, se pondrá en contacto con la Armada Nacional para que capacite al personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que se encargará de esta tarea.

En tanto, los pescadores levantaron en horas de la tarde la medida, aunque esperan de las autoridades acciones concretas. (I)

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Assange es ecuatoriano por naturalización desde diciembre

Ene 12, 2018

La Cancillería aceptó la solicitud del fundador de Wikileaks, que cumplió cinco años como refugiado en la Embajada de Ecuador en Inglaterra, por esta razón ahora tiene, incluso, cédula.

Julian Assange adquirió la nacionalidad ecuatoriana. La canciller María Fernanda Espinosa confirmó ayer que el fundador de Wikileaks, refugiado en la Embajada de Ecuador desde 2012, presentó una carta de naturalización en septiembre del 2017, la cual fue aceptada el 12 de diciembre pasado.

Espinosa puntualizó que el procedimiento se efectuó en el marco de la búsqueda de una solución, de manera que pueda salir de la Embajada en Londres. “El 21 de diciembre solicitamos a Reino Unido que considere la acreditación de Julian Assange como agente diplomático en la misión ecuatoriana, pero la petición fue negada”.

La Canciller aclaró que el problema ‘heredado’, es tratado con total responsabilidad en apego a la ley, la Constitución y el respeto a los Derechos Humanos. En esta línea se exploraron otras alternativas, como la petición a la Corte Interamericana para que se pronuncie al respecto. La respuesta de momento está pendiente.

La diplomática recalcó que se debe incentivar un diálogo directo. “No es el tema de enfrentar a la Justicia británica, pero existen indicios fundados sobre posibles riesgos a la vida de Julian Assange, no necesariamente del Reino Unido, sino posiblemente, de terceros estados”.

Sin embargo, todas las acciones emprendidas por Ecuador para posibilitar una salida de Assange siguen sin resultados positivos.
Comentó que espera que se le permita a la Cancillería manejar este tema como lo ha venido haciendo, “con la mayor prudencia y discreción, porque este caso delicado así lo amerita”.

Aclaró que la naturalización permite darle un anillo más de protección de asilado y fortalece su condición de persona internacionalmente protegida.

No obstante, la movilidad de Assange fuera de la Embajada es un tema que “debe previamente acordarse con Reino Unido, lo cual es parte de las conversaciones; lamentablemente, el hecho de que por filtraciones se haya hecho público, altera el proceso de diálogo que veníamos manteniendo”.

La funcionaria manifestó que ha recibido en este tema el apoyo, no solo de varios Estados, sino también de organizaciones defensoras de derechos humanos alrededor del mundo.

“Estamos explorando la potencialidad de una eventual mediación, pero obviamente esto no puede avanzar sin la anuencia de los países involucrados; hemos consultado a Reino Unido si esta sería una posibilidad, son parte de las opciones que estamos trabajando”, dijo la titular de Relaciones Exteriores.

Según el viceministro de Movilidad, José Luis Jácome, Assange solicitó la nacionalidad ecuatoriana mediante el proceso de naturalización vigente, por eso tiene todos los derechos de un ecuatoriano en el exterior e igualdad como extranjero en el país.

Explicó que el refugiado siguió todos los pasos que establece la normativa ecuatoriana para solicitar la naturalización, en estos casos la ley no indica la necesidad de un decreto ejecutivo y el Viceministro de Movilidad Humana puede aprobar el pedido directamente.

Como parte del trámite aprobado, el Registro Civil ya le extendió un número de cédula y el documento físico se encuentra en trámite, que estaría listo los próximos días.

La entrega se efectuará en la Embajada en Londres, donde reside Julian Assange desde que se refugió el 19 de junio del 2012, ante la acusación de violación por parte de dos mujeres originarias de Suecia. La Justicia de esa nación solicitó al país británico su extradición. (I)

Movilidad
La disposición
La Ley de Movilidad Humana incluye una disposición que señala que la Dirección General de Registro Civil emitirá un documento de identificación a favor del extranjero en condición de asilado.

El asilo diplomático
El artículo 95 explica que el asilo diplomático es la potestad del Estado ecuatoriano para conceder protección internacional o amparo en sus diferentes misiones diplomáticas u oficinas consulares.

Beneficiario
Este asilo se le otorga a toda persona extranjera cuya vida, libertad o integridad se encuentre en peligro inminente por razones de persecución política generada desde su Estado de origen o desde otro Estado.

Declaración
El mismo artículo indica que el Estado podrá, en cualquier momento, y sin necesidad de exponer motivos, declarar la condición de asilado a una persona extranjera, quien gozará de derechos y obligaciones.

Salvoconducto
Una vez concedido el asilo el Estado ecuatoriano solicitará el salvoconducto correspondiente, para que dicha persona pueda abandonar el Estado receptor donde se encuentra la misión diplomática.

El documento
El artículo 96 señala que una vez reconocida la condición de asilado, la Dirección de Registro Civil le otorgará el documento de identificación.

CRONOLOGÍA
El fundador de Wikileaks tiene cinco años en la Embajada ecuatoriana en Londres; su situación jurídica aún es incierta.

25 /julio 2010
El portal Wikileaks publica más de 90.000 documentos clasificados sobre la guerra de Afganistán. Fue la mayor filtración desde los Papeles del Pentágono.

7 /diciembre 2010
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, es detenido en Reino Unido, tras una orden emitida en Suecia, por presunta violación.

19 /junio 2012
Assange ingresa a la Embajada de Ecuador, en Londres, donde solicita asilo, luego de que según las autoridades británicas, no cumplió con la libertad condicional.

15 /agosto 2012
Las autoridades británicas advierten con irrumpir en la Embajada de Ecuador en Londres, con la finalidad de arrestar al fundador de Wikileaks.

16 /agosto 2012
El Gobierno ecuatoriano concede el asilo a Assange, luego de rechazar la amenaza de Reino Unido, por considerarla ‘inamistosa’.

19 /mayo 2017
Suecia cierra la causa que inició por violación en contra del fundador de Wikileaks, debido a las dificultades para entrevistarlo en la legación diplomática.

12 /diciembre 2017
El Gobierno de Ecuador le concede la nacionalidad a Julian Assange, con el número de ciudadanía 1799926483, Provincia de Pichincha, según información que se divulgó después.


“La solución es aceptar las condiciones de Reino Unido”
La Cancillería ecuatoriana ha tratado a lo largo de 67 meses, de propiciar la salida de Julian Assange, de la embajada de Ecuador en Inglaterra sin éxito; el último intento de acreditarlo como agente diplomático ecuatoriano, previa nacionalización, “fue un error” considera el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Andina, Michel Levi.

El catedrático dijo que Londres no aceptará que Assange deje el territorio sin haber cumplido con sus leyes, “la única solución es que Ecuador acepte las condiciones que ponga Reino Unido”.

El experto manifestó que se trata de una nación con tradición jurídica de siglos y permitir que Assange se vaya sin ninguna condición, “sería un mal precedente para su legislación incluido el plano internacional”.

Resaltó que se trata de un país amigo, por lo que no cabe sospechar que la vida de Assange corra peligro, “desde el principio Ecuador fue ingenuo al conceder el asilo y en la actualidad ni siquiera existe el proceso judicial que impulsó Suecia y que motivó el refugio concedido”.

Afirmó que Reino Unido ha sido paciente con la situación, por lo que la condición que vaya a poner no implicará atentar de ninguna manera contra la integridad física del refugiado. (I)

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48.000 uniformados garantizarán la seguridad durante proceso electoral

Ene 11, 2018

Personal policial resguardará hasta 100 metros a la redonda los sitios donde funcionen las juntas receptoras del voto, además estará presente en todas las actividades que realicen el CNE y los actores políticos en campaña.

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral firmaron un convenio de cooperación con el Ministerio del Interior y la Policía de modo que puedan supervisar la seguridad del proceso electoral, incluidos todos los eventos previos y posteriores hasta la emisión de los resultados.

La consejera Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del CNE, resaltó que la seguridad es una de las mayores prioridades en el evento que se avecina. “Este componente se traduce en varias acciones con el objetivo de garantizar la organización y el control de la consulta, así como el traslado de las actas de escrutinio a los recintos que no permiten transmisión digital, por lo que serán llevadas por los policías a centros de procesamiento de resultados”.

De igual forma el contingente ayudará a vigilar el traslado de 1.344 escáneres que serán movilizados a escala nacional.

La institución además tiene a cargo la seguridad externa de los recintos, “lo cual garantizará el desarrollo normal de las elecciones”, indicó Paredes.

La Policía vigilará los recintos desde las cero horas del sábado 3 de febrero hasta la culminación de los escrutinios en las respectivas entidades electorales del país.

La funcionaria destacó que también se encargará de proteger los edificios de las delegaciones del CNE en las 24 provincias, así como del centro de mando y del centro de procesamiento de resultados, “por tanto la firma de este convenio constituye una garantía de que la Policía precautelará todo el desarrollo y la transparencia de los comicios”.

El ministro del Interior César Navas indicó que los 48 mil efectivos de la institución estarán activos durante el desarrollo de la consulta popular para acompañar a las autoridades respectivas, por ejemplo en la verificación del cumplimiento de la ley seca, que rige 36 horas antes y 12 después del día de las votaciones.

Navas aclaró que del total señalado se destinarán alrededor de 35 mil policías al patrullaje de los perímetros externos a los recintos electorales y más de 12 mil estarán en servicio en las distintas unidades.

El comandante de Policía Ramiro Mantilla aclaró que la institución no descuidará su tarea diaria, ya que todas las UPC a nivel nacional laborarán con normalidad.

Adicionalmente grupos de inteligencia policial se encuentran trabajando para prevenir inconvenientes el día de las votaciones.

El oficial aseguró que el trabajo ya empezó con el resguardo a todas las actividades que están realizando los actores políticos, que se encuentran en campaña por la consulta.

El Gral. Mantilla también resaltó que el CNE entregó a todos los gendarmes el carnet habilitante para ejercer el voto facultativo, por lo que los policías podrán sufragar en el sitio donde hayan sido designados.

El consejero Mauricio Tayupanta resaltó la importancia de la colaboración policial, ya que fue clave en el desarrollo de programas como el de ‘Voto en Casa’ durante los anteriores comicios.

Tayupanta dijo que la Policía dispuso de 110 patrulleros, lo que permitió recoger el sufragio de 730 ciudadanos a escala nacional, algunos de los cuales votaban por primera vez, lo que fue destacado a nivel internacional y ha servido para que se repita en otras naciones. (I)


“Los primeros resultados se conocerán a las 19:00”
Cambios de fondo y de forma. Eso ha hecho la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Nubia Villacís de cara a las votaciones para la consulta popular y referéndum del próximo 4 de febrero.

Villacís conversó ayer con los Medios Públicos sobre la importancia política de esas elecciones, la organización, la distribución del fondo partidario, el exit poll y las novedades tecnológicas para facilitar el voto de los ciudadanos.

“Es la primera vez en la historia del país que se unen todas la organizaciones políticas a favor de una consulta. El clima social es de tranquilidad y de paz, eso hace bien a todos los ecuatorianos”, dijo la titular.

Ella explicó que el organismo estará en capacidad de entregar los primeros resultados de las votaciones a las 19:00.

Contó que el CNE ha trabajado con rapidez y eso ha permitido tener hasta la fecha el 97,5% de la papeletas electorales impresas, los documentos electorales y las actas de escrutinio. “Hemos mejorado los tiempos para la entrega de los resultados de las mesas electorales, con una metodología nueva y eficaz”, dijo.

Subrayó que el fondo electoral se distribuyó de acuerdo a lo que estipula la Constitución y el Código de la Democracia, a través de una fórmula matemática. “Se repartieron 1’900.000 dólares para 36 organizaciones políticas a favor del Sí; y esa misma cantidad para 4 organizaciones por el No”, recalcó. Una de las novedades es que el papel de votación tendrá la foto del sufragante. (I)

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La Asamblea se solidarizó con víctimas de violencia política

Ene 11, 2018

El pleno resolvió suspender la sesión en la que se trataron las 30 objeciones que el Ejecutivo envió a la ley a favor de la mujer. Durante el debate, dos asambleístas denunciaron acoso.

Durante el debate del veto parcial a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres realizado ayer, la Asamblea Nacional se solidarizó con dos legisladoras que denunciaron ser víctimas de agresiones.

En su discurso, Roberta Zambrano, legisladora del Partido Social Cristiano (PSC), denunció que resulta muy lamentable que colegas que votan a favor de una ley que busca acabar con ese problema social hagan lo contrario afuera del Palacio.

“Predican una cosa y practican otra. Yo también he sido víctima de un asambleísta -lamentablemente de mi provincia (Esmeraldas)- por el hecho de estar aquí”.

Agregó que ha sido acusada de valerse de “besos y abrazos” para llevar a ministros de Estado hasta su provincia con el fin de que esta reciba mayor atención.

Después de su intervención fue el turno de Soledad Buendía, de Alianza PAIS (AP). Ella se solidarizó con su colega Zambrano y aseguró que no importa la agrupación política a la que pertenecen, “nunca debe tolerarse un actitud de violencia”.

Buendía ocupó parte de su discurso para presentar un video en el que la protagonista fue Verónica Arias, del movimiento Acción Regional por la Equidad y segunda Vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

En la proyección audiovisual, la asambleísta por Loja denuncia ser acosada por un presentador de noticias de un canal de su provincia. Ella se valió de imágenes captadas por una cámara de seguridad para mostrar cómo el comunicador la siguió en un aeropuerto nacional.

Días atrás circuló -por redes sociales- una fotografía en la que supuestamente la funcionaria estaba dormida en su despacho.

Arias, a través de Twitter, se defendió e indicó que la imagen divulgada fue un montaje que buscaba desprestigiar su imagen y su labor.

Buendía resaltó la importancia de la ley porque incluye la violencia política y criticó que en el país muchas mujeres sean insultadas por ejercer cargos públicos.

Las parlamentarias Marcela Aguiñaga, Marcela Holguín, María Mercedes Cuesta, Cristina Reyes y Amapola Naranjo también se solidarizaron con Arias.

El análisis continuará
Después de tres horas de debate, que incluyó la exposición de 10 asambleístas, el Legislativo decidió suspender la sesión 494 en la que se trataron las 30 objeciones que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional con respecto a este proyecto de ley.

Está previsto que el debate se retome el martes 16 de enero para su votación y aprobación.

Entre los textos vetados por el presidente Lenín Moreno está el artículo 38, literal A. La propuesta aprobada por unanimidad, en la madrugada del 26 de noviembre de 2017, señala que se diseñarán políticas locales para la prevención y erradicación de la violencia contra el colectivo femenino.

En cambio, en el veto presidencial se especifica que esta labor estará a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

La reparación integral fue uno de los temas más discutidos, pues el Ejecutivo omitió ciertos aspectos.

Frente a ello, las asambleístas Mónica Alemán y Marcela Aguiñaga sostuvieron que no puede eliminarse la reparación integral, pues es uno de los ejes del proyecto.

Además sugirieron que la protección de la mujer debe contemplarse en el Plan Nacional de Desarrollo de los municipios. Las legisladoras descartaron que con el texto aprobado por la Asamblea se genere una preasignación presupuestaria.

Por su parte, Dallyana Passailaigue propuso que el Legislativo se ratifique en el articulado que aborda la reparación integral de las víctimas. Argumentó que el Estado debe asumir su rol.

“Una ley sin presupuesto no sirve de nada, por lo que se establece un plan de acción específico que se disfraza en la objeción de preasignación”.

La legisladora expresó que al eliminar el Plan de Acción Específico se afectaría a los municipios que no tienen los recursos suficientes.

Por ello -añadió- la bancada del Cambio Positivo se abstendrá en el allanamiento y votará a favor de las ratificaciones. (I)

Las objeciones
Las observaciones
30 objeciones al Proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea. La normativa establece que debe existir enfoque de género en la educación.

Acciones urgentes
La norma aprobada por la Función Legislativa contempla que serán solicitadas las acciones urgentes a la Policía Nacional; en cambio, las acciones administrativas, a las juntas cantonales de Protección de Derechos.

Obligaciones estatales
El Legislativo planteó que el Estado entregue recursos para las obligaciones derivadas. El Ejecutivo excluyó el presupuesto y se mantiene en el Plan de Desarrollo.

Una diferencia
El texto de la Asamblea señala que el Sistema Nacional Integral de Protección y Erradicación de la Violencia estará a cargo del ente rector de justicia. En la propuesta presidencial no se contempla eso.

Servicios de salud
El documento del Legislativo garantiza acceso libre, atención confidencial y sin discriminación a las mujeres con aborto en curso y se brindará atención integral en los casos establecidos en el art. 150 del COIP.

Modificación
El Ejecutivo eliminó el párrafo que hace referencia al COIP. En noviembre de 2017 se realizó una sesión para analizar el documento.


Una Miss de Ambato denuncia sexting
Dennisse Albán, quien es señorita Gobierno Provincial de Tungurahua 2017, denunció a través de un video en Facebook ser víctima de vulneración a su intimidad.

En el video, que dura dos minutos, ella mostró recortes de periódico sobre los casos de mujeres que sufrieron violencia de género y de una niña asesinada. También exhibió una foto de ella en la que aparece desnuda y que circula en las redes. “Mi sexualidad es mía. Y yo sé la forma en la que la disfruto o cómo la vivo. Entregué mi corazón y mi confianza a la persona equivocada. Por eso quiero que a ninguna mujer le vuelva a suceder lo mismo, que sus fotos, video y videollamadas se difundan”

La víctima de sexting (exposición de imágenes privadas de tipo sexual sin su autorización) también aconseja a las féminas del país. “No tengas miedo de denunciar a la autoridades, incluso si te amenazan. Piensa que puede tratarse de organizaciones que están detrás de la trata de personas o de prostitución”.

El video, con 19 millones de reproducciones hasta la tarde de ayer, tenía comentarios de apoyo y en contra. Una tuitera felicitó a Albán al exponer su caso y publicó el artículo 178 del Código Orgánica Integral Penal que sanciona la violación a la intimidad. (I)

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Ministerio de Finanzas devolvió el dinero de la Ley Solidaria

Ene 11, 2018

La institución informó que restituyó los $ 300 millones que tomó del fondo para la reconstrucción. En la Asamblea analizan convocar a Carlos de la Torre.

En medio de la polémica generada a raíz de que el Gobierno tomó $ 300 millones de la Ley de Solidaridad, el Ministerio de Finanzas comunicó que los valores ya “fueron reintegrados en su totalidad”.

El anuncio se produjo alrededor de las 14:00. Para ese momento la Asamblea Nacional había suspendido la sesión en la que se analizaría el pedido para que el titular de Finanzas, Carlos de la Torre, responda al Pleno del Legislativo por qué dispuso de los recursos asignados a la reconstrucción de Manabí.

Hasta ahora De la Torre no ha explicado el destino de los $ 300 millones. En el asiento contable de la Ley de Solidaridad el egreso está descrito “por manejo integrado de liquidez”.

La noche del martes el Ministerio publicó en su cuenta de Twitter un video en donde aparece De la Torre asegurando que el movimiento era temporal “y no afecta a la disponibilidad de la totalidad de los recursos existentes en la cuenta específica”.

Dirigiéndose a los habitantes de Manabí, el funcionario aseguró que los fondos públicos están intactos y que el Gobierno se encargará de garantizar la reactivación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de abril de 2016.

Finanzas no especifica en su comunicado cuál es el origen del dinero con el que saldó la transacción de diciembre.

Al cierre de esta edición, la institución no respondió las inquietudes de EL TELÉGRAFO con respecto a la fuente de esos recursos. La operación tampoco estaba contabilizada en el registro de ingresos y egresos de la Ley de Solidaridad.

A septiembre de 2017, las recaudaciones por el terremoto acumulaban $ 2.814 millones (entre fondos de la ley, donaciones, ayudas internaciones y aportes privados), según el Comité para la Reconstrucción y Renovación Productiva.

El secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, dijo a este diario que los $ 300 millones no afectan a la programación presupuestaria.

De la Torre ha sido objeto de fuertes críticas, en especial por sus declaraciones a un medio de comunicación manabita. “No podemos tener recursos ociosos”.

Esto provocó rechazo al interior de la Asamblea. La legisladora por Manabí, Tanlly Vera (CREO-SUMA), fue quien solicitó la presencia del ministro ante el Pleno. No descartó iniciar un proceso de juicio político. (I)

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Policía reforzará el GOE para aumentar patrullajes fluviales

Ene 11, 2018

La Policía presentó al Ministerio del Interior un proyecto para incrementar el número de lanchas y capacitar a sus gendarmes en el combate a la delincuencia marítima.

El general Ramiro Mantilla Andrade, comandante general de la Policía Nacional, reforzará el trabajo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) para la protección de las zonas acuáticas del territorio ecuatoriano.

La medida la anunció durante una reunión de gobernadores del país, cuyo eje principal de discusión fue la seguridad. “Este año queremos fortalecer la presencia policial en los ríos y esteros”.

Para este objetivo, la Policía Nacional presentará al ministro del Interior, César Navas, un proyecto para incrementar el número de lanchas patrulleras.

“Ahora tenemos seis lanchas y hemos coordinado con la Armada Nacional la capacitación de nuestros tripulantes y la matriculación de las embarcaciones”.

La presencia de los efectivos del GOE también contemplarán las riberas donde se asientan urbanizaciones, que en años anteriores fueron asaltadas. Entre las zonas por resguardar están La Puntilla y el estero que rodea algunas ciudadelas situadas en la vía a la Costa de Guayaquil.

Entre las competencias del GOE están los patrullajes preventivos en áreas de mayor incidencia delictiva, apoyo a las unidades y servicios policiales en operativos antidelincuenciales y el rescate y evacuación de víctimas o bienes.

Hasta el 5 de diciembre del año pasado, el Ministerio del Interior registró 93 delitos acuáticos en la provincia de El Oro.

Incluso, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, reconoció que el perjuicio al sector camaronero asciende a $ 50 millones anuales, “ya sea por el robo del producto, maquinaria o insumos de la cadena productiva del camarón”.

Ante esta realidad, el ministro Navas informó de la captura de seis asaltantes de camaroneras. “Hemos dado un golpe importante. Desarticulamos una organización criminal en El Oro, dedicada al robo de crustáceo. Hay seis personas detenidas dedicadas al asalto a camaroneras”.

Todas estas acciones de control, agregó Navas, serán coordinadas con la Armada.

Posición de ministra Drouet
La ministra de Acuacultura y Pesca, Katuska Drouet, enfatizó que trabaja con la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea) y los ministerios del Interior y Defensa para disminuir el impacto de la delincuencia en el sector acuícola y pesquero.

“Nos reunimos permanentemente con los secretarios de Estado de Defensa y del Interior, Patricio Zambrano y Navas, respectivamente; y con el director de la Dirnea, Carlos Albuja. Incluso, hace 15 días, nos reunimos con los representantes de las gobernaciones del perfil costero (Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro) para tratar la seguridad del sector”, recordó la funcionaria, durante un conversatorio con los medios de comunicación.

Drouet agregó que los inspectores de la cartera de Estado que dirige tuvieron una participación directa en la última desarticulación de una banda de asaltantes de camaroneras. Los inspectores del Ministerio de Acuacultura efectuaron, el lunes último, un operativo en una camaronera que fue asaltada. La Policía arrestó a los delincuentes. La funcionaria no precisó a cuántos capturaron.

Hasta diciembre del año anterior, el gremio de camaroneros mostraba su preocupación por los robos. (I)

Operativos
GIR también realiza rondas
Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía ejecutan operativos fluviales. La última intervención fue en septiembre de 2017, en La Puntilla, donde, entre enero y julio, se reportaron 30 asaltos a viviendas de la zona.

93 delitos acuáticos reportó el Ministerio del Interior entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2017.

Municipio apoya patrullajes
El alcalde de Samborondón, José Yúnez, ratificó su apoyo para que los patrullajes continúen en los ríos Babahoyo y Daule.

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Un agente recibe pena de 8 meses por homicidio

Ene 11, 2018

Un sargento fue el único llamado a juicio por la muerte de una menor, de 15 años, durante la exhibición con balas reales que se realizó en Santo Domingo.

Vivian tenía 15 años cuando recibió un disparo en el tórax mientras observaba una exhibición de maniobras policiales desde la tribuna de un estadio.

El autor, un sargento del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), fue sentenciado a ocho meses de privación de libertad y pagar una reparación de $ 20.000.

La audiencia se prolongó más de una semana en la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas y culminó el martes.

Óscar Vicente R.R. fue procesado por homicidio culposo por mala práctica profesional tipificada en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El delito es sancionado con una pena de entre uno y tres años. Si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas la pena puede alcanzar hasta los cinco años de privación de la libertad, consta en la normativa.

Adicionalmente como responsables solidarios tanto la Prefectura como la Policía Nacional deberán también indemnizar a la familia de la víctima con la cantidad de $ 100.000 cada una.

El hecho ocurrió el 30 de octubre de 2016 en un evento organizado por la Policía Nacional como parte de las festividades de la provincia.

Fue en el estadio Olímpico Etho Vega, ella estaba sentada con sus familiares cuando fue herida por un proyectil que salió del arma de un agente del GIR, que mostraba a los espectadores cómo actuar en detenciones, desarmes y defensa personal.

En entrevista con Diario Centro, Fausto Luzuriaga, padre de Vivian, dijo que muchas cosas debieron investigarse profundamente, incluso duda de que el policía sentenciado sea quien accionó el disparo que mató a su hija.

“Tenemos nuestra versión de lo que pasó, pero lamentablemente no somos ni jueces ni fiscales para actuar en el caso”, enfatizó el progenitor.

Recuerda el dolor que le causó al escuchar a un policía decir que llevó a su hija al hospital cuando no fue cierto, porque -aseguró- no la ayudaron, sino que él corría desesperado con Vivian en brazos rogándole que resistiera.

Como familia presentó en el Tribunal Contencioso Administrativo otras acciones en contra de los organizadores del evento.

En el proceso se investigó a siete policías y ocho funcionarios del Gobierno Provincial y otras dependencias.

Todos fueron desestimados por los jueces y solo Vicente R.R. fue llevado a juicio y condenado por la muerte de la menor. (I)

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La Contraloría revisará fórmula para medir deuda

Ene 10, 2018
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Con el Decreto 1218, de octubre de 2016, se estableció que solo se tomará en cuenta la deuda consolidada para observar el margen de endeudamiento.

Luego de que la Contraloría General del Estado (CGE) presentara a los 11 veedores que acompañarán la auditoría de la deuda pública, el Gobierno garantizó el cumplimiento de todos sus compromisos financieros.

La Secretaría Nacional de Comunicación difundió un comunicado oficial que indica que la decisión de la Contraloría de integrar una veeduría ad-hoc “es de absoluta responsabilidad de esa entidad”.

A párrafo seguido aclara que el Estado respetará las obligaciones internacionales en “los términos y condiciones” en que se contrataron.

Según el acuerdo 024-CG-2017, el motivo para auditar la deuda adquirida entre el 1 de enero de 2012 al 24 de mayo de 2017 fue la situación descrita por el presidente de la República, Lenín Moreno, el 28 de julio.

Moreno expuso los pasivos del Estado como una “situación crítica”. Con registros a mayo de 2017, lo mencionado por el Mandatario sumaba $ 55.260 millones compuestos por la deuda pública histórica, ventas anticipadas de crudo, deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) e incentivos para jubilados del sector público. (Ver infografía).

*Haga click en la imagen para ampliarla

Rebasa con $ 15.260 millones el límite de endeudamiento, cuyo techo legal corresponde al 40% del Producto Interno Bruto (PIB). La deuda pública no puede superar los $ 40.000 millones, aproximadamente.

Pero no todo lo señalado por Moreno es considerado como deuda consolidada, la cual sirve para medir el endeudamiento frente al PIB.

La metodología es uno de los temas fundamentales de la auditoría. Fue creada con el Decreto Ejecutivo 1218, del 20 de octubre de 2016, estableciendo que el cálculo se lo efectuará sobre la base de los Estados Consolidados de la Deuda Pública.

La modificación normativa se basó en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De esta manera se excluyó del margen de medición la deuda agregada que contiene las obligaciones internas con entidades públicas, como el IESS, Issfa y otros.

Un mes antes (septiembre de 2016), la deuda agregada registraba $ 36.986 millones, equivalentes a 38,4% del PIB, muy cerca del límite.

Cuando sucedió el cambio la metodología redujo la cifra oficial a $ 25.711 millones de deuda consolidada (26,7% del PIB).

Las críticas en torno a la medida siguen hasta ahora. Analistas consideran que con esta acción el expresidente Rafael Correa quiso tener más espacio para incrementar la deuda sin pasar el límite de endeudamiento que su gobierno instauró.

El otro gran tema que se examinará en la auditoría es lo relativo a los contratos de venta anticipada de petróleo suscritos bajo la administración de Correa.

Las actuales autoridades señalaron elementos que preocupan y son poco beneficiosos para el país.

El Ministerio de Hidrocarburos intenta llegar a un acuerdo con las empresas Petrochina, Unipec y Petrotailandia, para modificar parte de los contratos. (I)


Expertos proponen acciones económicas
Veinte reconocidos economistas del país presentarán hoy, en Quito, un paquete de propuestas para recuperar los equilibrios macroeconómicos, favorecer la inversión, mejorar la productividad y competitividad empresarial, fortalecer el sistema financiero, evitar una ruptura de la dolarización, etc.

Entre los miembros que integran el autodenominado ‘Foro de Economía y Finanzas’ saltan a la vista nombres de exministros de Estado, gerentes del Banco Central, académicos y analistas destacados.

Están Mauricio Pozo, exministro de Finanzas; Alberto Dahik, exvicepresidente; Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal; Rosa Matilde Guerrero, exfuncionaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros.

Dentro del foro participa Eduardo Valencia, exgerente del Banco Central, quien también forma parte de la veeduría ciudadana escogida por la Contraloría para supervisar el examen especial de la deuda pública.

En una extensa carta, el colectivo describe riesgos en la política económica. “Antes que los problemas salgan de control es urgente reconstruir la competitividad productiva y el retorno a la responsabilidad y sostenibilidad fiscales”. (I)

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