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723 mil personas viajaron por el país en el Carnaval 2019

11:14 am

Durante los cuatro días de feriado de Carnaval (entre el sábado 2 y martes 5 de marzo) se movilizaron dentro del país, 723 mil turistas. Así lo informó el Ministerio de Turismo, a través de un comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación.

El cálculo preliminar se realiza a través de la herramienta Geovit, la cual se emplea desde 2018. Según esta estimación, este año se superé el movimiento económico del año anterior y se registró una recuperación en el destino Esmeraldas.

Las festividades

El Carnaval inició con la Fiesta de Compadres y Comadres en el parque Calderón de Cuenca, ahí los azuayos festejaron el inicio del feriado, que continuó con la “Fiesta de las Frutas y las Flores” en Ambato. Luego, con los tradicionales festejos presididos por el “Taita Carnaval” en Guaranda y en Cañar, con el Pawkar Raymi; y el Carnaval de Coangue en el Chota y con el Jatun Jucho en Chimborazo. Se registraron más de 80 eventos a nivel nacional, destacándose desfiles, festivales gastronómicos, concurso de comparsas, carnaval en los barrios y parroquias, entre otros.

La gastronomía

Los amantes del queso también disfrutaron del Quesotón en el Recinto Ferial del Centro Agrícola del Cantón Mejía y del Festival del Queso en Cayambe, como alternativas, así como quienes decidieron ir a la Amazonía para el concierto “Coca Diverso” y la elección de la “Reina de la Flor y la Canela” en Macas.

Quienes llegaron a la capital disfrutaron de un espectáculo a vapor único en la estación ferroviaria “Eloy Alfaro” de Chimbacalle, con la locomotora No. 17 y del Museo Nacional – MuNa que se convirtió en un destino turístico para visitar en feriado.

Balnearios más visitados

Los balnearios ecuatorianos también presentaron altos niveles de visitación como son: Tonsupa, Atacames, Same y Tonchigüe, en Esmeraldas; Montañita, Ayangue, Salinas y Libertador Bolívar en Santa Elena; Manta y Puerto López en Manabí. Caber resaltar que en varias playas se presentaron artistas internacionales como Jorge Celedón, que motivaron aún más la alegría de los locales y turistas.

Emergencias registradas y controles de tránsito

Durante estos días, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó la atención de más de 59 mil emergencias con entidades articuladas para atención de emergencias, en sus 16 centros y 11 salas operativas, con más de 1.000 colaboradores.

Este trabajo permitió brindar una respuesta oportuna a la ciudadanía en general y a los turistas que visitaron Ecuador, durante los cuatro días del feriado correspondiente a Carnaval.

Asimismo, a través del sistema de video vigilancia del ECU 911, 4.500 cámaras estuvieron operativas en todo el territorio nacional, para realizar un monitoreo permanente de los lugares de concentración masiva donde se desarrollaron eventos turísticos y culturales. Las cámaras ubicadas en el perfil costanero, dieron seguimiento a las actividades turísticas y de recreación realizadas por los bañistas; labor que fue reforzada a través de la Megafonía IP (megáfonos instalados en las cámaras de video vigilancia) mediante el cual, se emitieron mensajes preventivos para evitar incidentes en las zonas cercanas al mar.

Del total de emergencias atendidas registradas durante el feriado, el 70,2% (41.467) corresponde a Seguridad Ciudadana, el 14.8% (8.748) a Gestión Sanitaria, el 9.2% (5.415) a Tránsito y Movilidad, el 3.7% (2.190) a Servicios Municipales, el 1.3% (787) a Gestión de Siniestros, el 0.4% (265) al Servicio Militar y el 0,3% (170) a la Gestión de Riesgos.

Entre tanto, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en conjunto con los entes de control coordinó operativos a nivel nacional, con el objetivo de velar por la seguridad de los ciudadanos. Alrededor de 300 brigadistas ANT participaron en el operativo. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/personas-viajaron-pais-carnaval-2019

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Un sacerdote lojano hace labor social en la selva colombiana

10:58 am

Su  obra material y espiritual llega a diversas comunidades de la Amazonía. Familias voluntarias lo apoyan.

En 2012, tras compartir momentos de alegría y confraternidad con varios niños y familias colombianos, a propósito de la Navidad, el sacerdote Edwin Geovanny Valarezo Lozada, oriundo de la ciudad de Loja y que ejerce su apostolado en ese país, pensó que algo más se podría hacer por la gente de otros sectores y de inmediato se puso a proyectar más acciones sociales, que son su fuerte, aparte de la guía espiritual. 

El detalle de un presente

Conocedor de algunas comunidades del Vaupés-Colombia, el religioso pensó que sería un buen detalle  llevarles un presente a sus habitantes, sin importar la edad y los costos que implica. Entonces, le comentó su idea a Angelita, una aliada. La fecha sería  Navidad  y pronto empezaron a conseguir lo necesario.

Junto con Angelita, año tras año, se han venido uniendo al padre lojano muchas personas y entidades, como  Beatriz, Yolanda, Camilo, Mayra (y toda la familia Roldán), Yanet, Jainer y su pequeña hija Kore, Mercedes, algunas empresas aéreas.

“Con todos ellos tenemos el propósito de llevar una caricia de Dios a los más apartados”, dice el sacerdote Edwin Geovanny Valarezo Lozada.

En este contexto,  la Navidad pasada fueron a la comunidad de Piracemo. Allí, 80 niños disfrutaron de las “caricias de Dios, expresadas en la santa eucaristía, dulces, ropa,  juguetes que dieron un  brillo no solo a los ojos, sino al corazón de todos los agasajados”, dice el religioso.

Pero la labor del sacerdote y sus aliados de buen corazón no queda allí. También, en una siguiente ocasión, estuvieron en el sector Buenos Aires–Apaporis para compartir con la comunidad indígena. Al sitio se arriba únicamente por vía aérea, tras una hora de vuelo.

Y así la labor social del padre lojano y sus colaboradores continúa.  Cuenta que el primer día del nuevo año compartió, asimismo,  un sancocho, que es un tradicional plato ecuatoriano y que se degusta en tierra colombiana, especialmente en la Amazonía hacia donde llega con ‘una caricia de Dios’.

A preparar el almuerzo

El propio sacerdote, Edwin Geovanny Valarezo Lozada, preparó el almuerzo y lo hizo en un fogón improvisado de leña. “Pronto llegó la alegría, la caricia de Dios. Nuestros comensales no habían tenido cena de Navidad, cena de despedida de año, ni mucho menos desayuno de recibimiento del nuevo 2019”, cuenta el guía espiritual.

Con ollas, platos, vasos, jarras, entre otros recipientes, los invitados de Mitú, en el barrio centro: niños, adultos y adultos mayores, se acercaron a recibir su porción de sancocho, preparado por las manos del religioso.

Entonces, “lo maravilloso se unió con lo espectacular. Uno de los más adultos dijo: hay que agradecer e hizo la señal de la cruz y continuó con el Padre Nuestro… ¿Quién dijo que las caricias de Dios no tienen respuesta en la oración, en el encuentro y en la alegría?, dice el padre Valarezo.

El religioso Edwin Geovanny Valarezo Lozada ejerce su apostolado en  la capital del Departamento del Vaupés Mitú. Piracemo es una comunidad en la Rivera del Caño Cuduyari, ubicada a dos horas y media de Mitú, en un motor cuatro tiempos por el rio. Lleva desde 2011 en la parroquia Catedral La Inmaculada, de Mitú.

Geográficamente, Vaupés está ubicado en la Amazonía colombiana, a una hora de vuelo de la capital, Bogotá. (JPP)

El dato

Al ejercicio del apostolado acompañan al padre cuatro familias comprometidas con la parroquia e integrantes de las empresas aéreas.

LAS CIFRAS

2002 ESTÁ en Colombia el  religioso.

2009 ORDENÓ sacerdote.  

FUENTE: https://lahora.com.ec/loja/noticia/1102225560/un-sacerdote-lojano-hace-labor-social-en-la-selva-colombiana

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Denuncian a Moreno en España por cohecho y otros delitos

11:21 am
El asambleísta de Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, presentó la mañana de ayer en Madrid, España, dos denuncias formales contra el presidente Lenín Moreno por cohecho, organización delictiva, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La primera denuncia la presentó ante la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dejando constancia a través de un video en su cuenta twitter en el que expresa: “He presentado la denuncia formal en la Fiscalía Anticorrupción acá en España, espero y exhorto a las autoridades españoles que le den cumplimiento a las normativas que ellos tienen para que se de una investigación clara, eficaz y muy objetiva sobre los presuntos delitos aquí cometidos, existen las pruebas suficientes para la configuración de los mismos”.
La segunda denuncia, en la que menciona la compra de un inmueble en la provincia española de Alicante, la presentó ante la Agencia Estatal Tributaria: “Acabo de hacer la presentación de la denuncia formal en la Agencia Estatal Tributaria de Madrid, sobre la compra del apartamento en Villajoyosa en Alicante, en ese sentido exhorto a las autoridades que se investiguen los presuntos delitos cometidos, en este tema sería por impuestos y blanqueo de capitales”.

En ambas denuncias se implica tanto a Moreno como a su familia, en posibles delitos relacionadas al “laberinto offshore” del presidente revelado en el portal “La Fuente”. Según la investigación de los periodistas Christian Zurita Ron y Fernando Villavicencio, ‘Ina Investment Corporation’ es una empresa offshore vinculada a la familia del presidente, que realizó la adquisición de juegos completos de muebles y alfombras para la residencia que Moreno tenía en Ginebra, Suiza, cuando fue enviado especial de Naciones Unidas.
Además, a través de la misma empresa, se habría adquirido un apartamento situado en la costa española, en Villajoyosa (Alicante), pagado hace tres años por 135.000 euros a través del ciudadano español Emilio Torres. Aleaga estuvo este fin de semana en el mencionado edificio, en su cuenta Twitter subió una foto del lugar y comentó: “Llegamos hasta el lujoso edificio donde la familia presidencial ecuatoriana tiene un departamento de verano, adquirido por empresas offshore de su círculo cercano y pagado con dinero de coimas de Sinohydro”.
Según el asambleísta es necesario el apoyo internacional en este caso, y particularmente de España en donde asegura se han evidenciado las irregularidades alertadas. “Tanto se ha cacareado en el país, por parte del Gobierno, de que va a crear una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, pues bueno, aquí tienen el primer caso (…) En este caso, lo que queremos es que la justicia ecuatoriana actúe y, de igual manera, la justicia española”, señaló el pasado jueves 21 de febrero en una entrevista con Ecuadorinmediato.com.
Al mismo medio, Aleaga aseguró que existen las pruebas necesarias para procesar a los inculpados: “Las pruebas de todas las irregularidades que se están presentando son contundentes, en contra de los familiares del Presidente Lenín Moreno. Ya estamos hablando de su esposa, que es un vínculo matrimonial, es una sociedad conyugal y tendrán que responder a las autoridades”.
La semana pasada, el legislador correísta presentó la misma denuncia contra Lenín Moreno y ciertos miembros de su familia ante la Fiscalía General del Estado, exigiendo a la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, a que una vez que conozca de esta acusación emita medidas preventivas por inminente peligro de fuga.
Así mismo, el pasado 20 de febrero, Lenín Moreno rechazó cualquier tipo de nexo con la empresa ‘offshore’ durante la ceremonia de Suscripción de la ‘Declaración de Chapultepec’: “Arremetieron contra mi honra y la de mi familia, con una retahíla de datos que nada tienen que ver conmigo”.
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Medicina estatal se almacenará en un solo espacio

10:59 am

Medicina estatal se almacenará en un solo espacio

El IESS prepara un plan para que la adquisición de medicinas sea más eficiente. También implementará una nueva estrategia para descongestionar sus hospitales.

En aproximadamente 15 días la red pública de salud definirá el nuevo modelo de gestión para la adquisición y distribución de medicamentos a nivel nacional.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) buscan solucionar los problemas de abastecimiento de medicinas e insumos.

Solo en el IESS se estima un ahorro potencial de $ 30 millones anuales, indicó Paúl Granda, presidente del consejo directivo.

La entidad gasta en medicamentos e insumos alrededor de $ 500 millones al año; cada unidad médica realiza las adquisiciones por su cuenta. Sin embargo, existen serios inconvenientes por ineficiencia, lo que perjudica a los usuarios.

Frente a eso, la propuesta incluye la implementación de un centro de acopio y distribución unificado. “Habrá la garantía de la provisión de medicamentos a un buen costo”, aseguró Granda y enfatizó que el nuevo proceso se diferenciará de la subasta inversa de medicinas.

En enero el funcionario hizo un diagnóstico de la situación del IESS y se detectaron irregularidades en la compra de medicinas valoradas en $ 400 millones.

El estado actual del Seguro Social, no solo en el ámbito financiero, preocupa. No obstante, Granda afirma que si se adoptan los correctivos necesarios este año, el panorama mejorará.

Por eso, otro de los frentes en donde se esperan cambios significativos será en los servicios médicos, particularmente en la atención de primer nivel.

Para los usuarios del Seguro no es una sorpresa encontrar congestión de pacientes en hospitales y centros médicos especializados.

Según datos de la entidad, el 80% de los casos corresponden a atenciones básicas, que deben ser procesadas en los dispensarios médicos y no en las grandes casas de salud.

Sin construir nuevas infraestructuras ni aumentar el presupuesto, el IESS promete reducir la carga de los hospitales, con la ampliación de la cobertura de los dispensarios.

Para ello se apoyará en los prestadores médicos externos, aquellos a los que la institución deriva pacientes que no avanza a atender por cuenta propia.

Son alrededor de 80 los prestadores que se sumarán a los 47 dispensarios básicos del Seguro General y 659 del Seguro Social Campesino (SSC).

La atención primaria se priorizará en el SSC, pues no cuenta con hospitales ni unidades especializadas.

La meta es dar un giro al agendamiento de citas, que depende de la disponibilidad en las unidades médicas y que puede demorar desde días hasta varios meses.

Pero primero la institución debe cerrar cuentas pendientes con 364 prestadores externos que, en algunos casos, datan del año 2011.

Desde entonces se arrastran deudas que a la fecha acumulan $ 900 millones. Granda se ha puesto como meta para este año reducir esas obligaciones, al menos, a la mitad ($ 450 millones).

Los pagos se efectúan a partir de auditorías en donde el Instituto verifica el cumplimiento y las condiciones de la atención médica brindadas por el prestador.

Con el nuevo plan las prestaciones externas aumentarán, pero a la par aliviarán el servicio en los hospitales.

Para garantizar que el trato a los usuarios sea el correcto y el IESS pague lo justo, y de forma inmediata, se creará un manual de procedimientos con rigurosos parámetros de calidad.

La expectativa es grande. Según cálculos de Granda no solo se agilitarán las citas médicas sino que habrá un ahorro de $ 200 millones, aproximadamente. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/medicina-estatal-almacenamiento-iess

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La frontera norte sufre la amenaza de exguerrilleros

10:57 am

Una comunidad de la nacionalidad siona de Sucumbíos se convirtió en rehén en su propio territorio por las amenazas de grupos vinculados con los disidentes de las FARC y por los paramilitares. Un equipo de este Diario recorrió poblados fronterizos que han sido afectados por las organizaciones delictivas, que a su paso dejan rastros de extorsiones y amenazas.

Sentados a mi alrededor están cuatro líderes indígenas amenazados de muerte. No es una intimidación cualquiera, actores armados colombianos los buscan por defender su territorio ancestral en la provincia de Sucumbíos, en la frontera con Colombia.

Este momento es preferible no entrar a su comunidad, ubicada a orillas del río Putumayo. La llegada de cualquier extraño pone en riesgo sus vidas, advierte una defensora del Pueblo.

Para conocer su historia cambiaron la selva por una oficina de vidrios transparentes en Nueva Loja. Solo piden protección, nada de fotos ni publicar sus nombres.

Lo peor para el pueblo siona empezó en 2016, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) salieron de sectores de la frontera, dejando un área apetecida por grupos disidentes y paramilitares. Ambos querían volverse ricos con el negocio de la cocaína.

Unos se hacían llamar “Los Comuneros”. Ellos llegaron al poblado, compuesto por 41 familiares, para exigirle apoyo para su causa combativa. Luego estuvieron los paras “La Constru” que buscaban amedrentarlos, relata el jefe de la comunidad San José de Visitas, de la nacionalidad siona.

A su lado se encuentran tres mujeres ancianas y nueve hombres que con su silencio y miradas confirman el relato de su compañero.

Las amenazas siguieron, hace pocos meses en su comunidad botaron panfletos. Ahí les ponían horarios para su movilización. Nadie podía salir desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente. “Eran hojas con la foto de una pistola. El mensaje era claro”, recuerda el dirigente.

La prohibición incluye viajes hacia Lago Agrio, El Palmar, Santa Rosa, Santa Elena… Los actores armados quieren tenerlos de rehenes en su territorio en Ecuador. Ellos no pueden caminar tranquilos por la selva. En el área se han colocado explosivos caseros, presumiblemente por los grupos disidentes. Una delegación internacional de la Cruz Roja dialogó con los indígenas siona para retirar ese peligro de sus casas.

En la comunidad está latente el temor de que los más jóvenes sean tentados a cruzar la frontera para trabajar en plantaciones de coca. El reclutamiento no es cosa del pasado y las carencias de la zona los convierten en blanco fácil.

La frontera norte ha sido históricamente postergada de servicios básicos, salud, educación y también seguridad. A pocos minutos del límite binacional existen plantaciones de hoja de coca, laboratorios de refinamiento y usan el país para sacar la droga a Estados Unidos y Europa, comentan.

Pero a raíz de la firma de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC la seguridad cambió en la zona. A inicios de 2018, Inteligencia ecuatoriana identificaba a seis organizaciones armadas que luchaban por el territorio.

Estos eran el frente Óliver Sinisterra, el Clan del Golfo, Guerrillas Unidas del Pacífico, Resistencia Campesina, Gente de Orden y La Empresa. Todos con nexos con carteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

El frente Óliver Sinisterra fue el primero en atacar directamente en territorio ecuatoriano, con bombas en Esmeraldas, con el asesinato de cuatro militares; y el secuestro y muerte de tres periodistas y una pareja de comerciantes.

Puerto Nuevo está a orillas del río San Miguel. Fue reconstruido después de un ataque de las FARC.Puerto Nuevo está a orillas del río San Miguel. Fue reconstruido después de un ataque de las FARC. Foto: Mario Egas / El Telégrafo

Nuevos grupos emergen

Hace un año la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó que aparecieron nuevos grupos armados herederos de la violencia que dejaron las FARC en la frontera.

Estos son “Nuevo Horizonte” y “Movimiento Revolucionario del Alto”, ambos tienen su presencia en Puerto Leguízamo, colindante con Sucumbíos.

A esta lista se suman nuevos nombres, como “La Constru” y “Los Comuneros”. Este último se ha hecho sentir en poblados del norte de Sucumbíos.

Uno de ellos es puerto El Carmen, el cantón apostado en la ribera del río San Miguel. En el primer recorrido por sus calles pareciera que reinara la calma. Sus negocios están abiertos y se comercializa igualmente en dólares o pesos colombianos.

En esta jurisdicción hay un batallón del Ejército, una capitanía de Puerto de la Marina y un destacamento policial. Los soldados y policías no quieren pronunciarse sobre la situación que se vive en puerto El Carmen.

Este punto es considerado un enclave para el tráfico de drogas y delitos conexos, como el paso ilegal de combustibles hacia Colombia, el contrabando de electrodomésticos y ahora la presencia de grupos armados.

El teniente de Navío, Luis Martínez, reconoce que los comerciantes del cantón han sido extorsionados. Las amenazas llegaron por igual a dueños de restaurantes, bares, ferreterías o cualquier negocio que podría dar algo de dinero.

El año pasado, recuerda el uniformado, una mujer no quiso pagar las llamadas “vacunas” y fue atacada violentamente.

Los uniformados pensaron primero que se trataba de un caso de femicidio, pero luego verificaron que tras el ataque estaban los grupos armados. La mujer y su familia escaparon de puerto El Carmen.

“Los comuneros saben quiénes piden dinero”, dice una joven que atiende un local en el cantón. “Mi madre sabe más”, contesta la chica. Pero los dueños de los negocios prefieren el silencio.

Su mamá asegura que no conoce nada, que hace dos años, luego de la firma de la paz en Colombia, un supuesto miembro de la disidencia les anticipó que le entregaran un pago mensual, pero la mujer se negó, le dijo que era ecuatoriana, que su negocio estaba en Ecuador. Esa fue la única amenaza que le llegó hasta el momento.

Por la misma ribera del río San Miguel está Puerto Nuevo, otro de los puntos clave en la frontera. Más humilde que puerto El Carmen, este poblado también vive del comercio, pero se mueve con el negocio de la cosecha de la hoja de coca del otro lado del límite binacional.

Los operativos de militares y policías colombianos para erradicar cosechas ilegales tuvieron incidencia en sus ingresos, sobre todo a los dueños de los locales.

Un líder comunitario sostiene que sus pobladores también fueron extorsionados en el pasado. Todos debían pagar las vacunas (pago de dinero) a un tal “Mateo”, líder de “Los Comuneros”. Todos eran amedrentados, incluso otavaleños que iban a la localidad para traer ropa de Colombia debían pagar un millón o dos millones de pesos para trabajar.

La última amenaza les llegó por WhatsApp a sus teléfonos celulares. En Puerto Nuevo solo se recibe la señal de la telefonía colombiana. Aquí un supuesto comunicado de los paramilitares “Águilas Negras” ponía una sentencia de muerte a venezolanos y líderes de organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos.

A la comunidad siona también le llegó esta amenaza. Ellos para defenderse organizaron una guardia indígena. El líder de la comunidad dice que la cultura occidental no entenderá por qué ellos actúan así, pero esta guardia tiene el propósito de proteger a los suyos. “Sabrán que si se meten con uno, es con todos”, sentencia el hombre. (I)

Los carteles
La influencia mexicana
Pedro Oberman Goyes Cortés es el nombre de supuesto proveedor de droga a los carteles mexicanos. Él es más conocido como “Sinaloa” y su centro de operaciones está en Puerto Asís, población colombiana que limita con el país. Presuntamente comercializa entre cuatro y seis toneladas de cocaína al mes desde la selva binacional.

Tras dos asesinatos
En enero pasado la Policía de Ecuador y de Colombia detuvieron en Puerto Asís a dos hombres que son investigados por participar en la emboscada de una patrulla antinarcóticos. En esa acción murieron dos policías ecuatorianos. Los apresados tienen nexos con los grupos delincuenciales que supuestamente dirige el antisocial conocido como “Sinaloa”.

Contra la erradicación
A inicios de febrero las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia se adentraron en la selva para fortalecer la erradicación manual de las plantaciones de coca. Los grupos disidentes y paramilitares buscan oponerse a estas acciones amenazando a los comuneros que apoyen a los uniformados y acepten la sustitución voluntaria de cultivos.

Más droga decomisada
Uno de los operativos antinarcóticos más importantes del último trimestre fue en puerto El Carmen. La Marina y el Ejército decomisaron 700 kilos de cocaína que eran sacados de Colombia a través de lanchas. Los traficantes al percatarse de la presencia de los uniformados escaparon y dejaron la droga y las embarcaciones. Los controles son permanentes en el río. (I)

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Votantes anularán el voto si se equivocan en las papeletas

11:47 am

El 24 de marzo, los electores recibirán tres formatos para el Consejo de Participación Ciudadana. Deberán elegir a tres hombres, tres mujeres y un representante de pueblos y nacionalidades.

Los electores recibirán tres papeletas para la elección de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El 24 de marzo, por primera vez, ese cuerpo colegiado se designará por elección popular y será renovado cada 4 años en las urnas.

Hay 43 candidatos inscritos. De esos, los ecuatorianos escogerán a siete consejeros: tres hombres, tres mujeres y un representante de pueblos y nacionalidades.

Por eso, el Consejo Nacional Electoral entregará a los ecuatorianos tres papeletas distintas.

Lucy Pomboza, coordinadora nacional técnica de Procesos Electorales, indicó que será un reto esa elección por la cantidad de papeletas. Además de las tres láminas de los Consejeros, ese día, los ciudadanos en el sector urbano recibirán tres papeletas más, por la Prefectura, Alcaldía y Concejo Municipal.

En el sector rural, los electores tendrán una más para seleccionar a los representantes de las juntas parroquiales. Uno de los problemas que enfrenta el organismo electoral es la falta de información sobre los comicios.

EL TELÉGRAFO consultó con 10 ciudadanos sobre las elecciones al Consejo de Participación. De ellos, seis no conocían la metodología para votar ni a los candidatos. Y solo cuatro personas sabían cómo sufragar.

Al respecto, el consejero del organismo electoral, José Cabrera, informó que en los siguientes días se profundizarán los spots informativos sobre ese proceso.

Carlos Francisco Jaramillo, experto en procesos electorales, aclaró que el tiempo es el mayor enemigo para el CNE. “Estas anomalías se dan porque el proceso no fue organizado bien”.

Procedimiento para votar

Para ejercer el derecho al sufragio, los ciudadanos recibirán las papeletas y consignarán su voto en uno de los dos biombos asignados para cada junta receptora del voto. Eso acelerará el proceso.

“En la papeleta para elegir a los consejeros, existe un mensaje gigante sobre el número máximo de candidatos a votar”, dijo Pomboza.

Luego, todas esas láminas serán depositadas por los electores en una sola urna. La coordinadora nacional aseveró que eso no generará problemas al momento del conteo de votos.

La decisión fue tomada luego de un simulacro. El organismo electoral detectó que la ciudadanía se confundían al depositar las papeletas en más de una urna.

Campaña electoral

El Consejo Nacional Electoral es la única institución que promociona a los 43 candidatos. Destinó $ 4,5 millones para el proceso.
Hasta el 21 de marzo, día en que terminará la campaña, el CNE difundirá 140 spots de 30 segundos en televisión y 1.468 cuñas en radios.

Los candidatos al Consejo de Participación lamentaron que no puedan hacer campaña propia en medios nacionales. Su estrategia es difundir propuestas en foros, recorridos ciudadanos y en las redes sociales. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/anulacion-voto-papeletas-elecciones

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El femicidio deja 877 niños en la orfandad desde 2014

11:36 am

Son las 13:00 y la pequeña “Romina” (nombre protegido) regresa de su escuela hacia la casa de su abuela. El trayecto tuvo que aprenderlo hace más de un año, luego de que su madre, Paola Moromenacho, fuera asesinada por su padre.

La niña, de 10 años, es parte de los 877 menores que en los últimos 4 años quedó en la orfandad a causa del femicidio en Ecuador.

El 13 de agosto de 2018, la entonces ministra de Justicia, Rosana Alvarado, aseguró ante la prensa que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) emprendería la entrega de bonos y becas escolares para los hijos de las víctimas del femicidio. Aunque la apuesta fue aplaudida por organizaciones sociales, existe una traba: la administración de justicia.

El artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula: “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años”.

César Duque, asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), resaltó que la falta de preparación en temas de género de jueces y fiscales es tal que, en ciertos procesos, la figura del femicidio es cambiada por homicidio, suicidio y hasta sicariato.

Claro, esto no afecta a la pena impuesta. Por ejemplo, el caso de las jóvenes argentinas que fueron asesinadas en Montañita: a sus agresores la justicia les dictó 40 años de cárcel por asesinato.

Pero sí afecta en dos aristas. La primera es que las cifras sobre femicidio disminuyen cuando una sentencia no estipula este delito sino otro distinto. Así, no se logran números reales para emprender políticas públicas de prevención y reparación del daño.

En segundo lugar, si el Estado establece beneficios, como becas o bonos, es necesario que la sentencia detalle que los niños han quedado en la orfandad por el femicidio.

Problemas psicológicos

Los niños son los principales afectados. “Romina” quedó al cuidado de su tía y su abuela, quienes comentaron que al inicio del proceso recibió ayuda psicológica por parte del Estado, pero que hoy son ellos los que costean el gasto.

En vista de ese abandono, son las organizaciones sociales las que suplen la responsabilidad para que las víctimas superen el trauma. Una de ellas es el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam).

Una vez que ocurre un femicidio, el trauma psicológico queda plasmado en dolor, sufrimiento, depresión, enojo e incluso ánimo de suicidio, afirmó Anabelle Arévalo, psicóloga de Cepam.

“Después de la dinámica de violencia, cuando los niños crecen, aprenden a ser violentos o a recibir violencia como parte de la dinámica de sus vidas”.

La falta de ayuda psicológica puede desencadenar otros problemas. Un niño que ha visto de cerca actos de violencia es un potencial agresor, e incluso un futuro femicida.

Es por ello que la principal arma para erradicar el femicidio en la sociedad es la ayuda psicológica a los menores que vivieron actos violentos: se debe trabajar con mayor énfasis en la prevención.

Otro efecto que se suma en el femicidio es que la mayoría de mujeres que fueron asesinadas a manos de sus parejas tenían varios hijos.

Con la madre en el cementerio y el padre en la cárcel o muerto, los hijos quedan repartidos entre familiares; los hogares destruidos, los hermanos alejados y se rompe el núcleo central.

Para Lita Martínez, directora de Cepam, “el Estado es el que permite escalar la violencia” y es el responsable de solucionar y dar respuestas a niños víctimas de femicidio.

Negligencia estatal y judicial

Los familiares de Paola mostraron inquietud por la falta de preparación en temas de género para casos de femicidio. Juan Carlos, hermano de la víctima, aseguró que presentaron 5 agravantes que fueron hechos públicos para solicitar la máxima pena, que asciende a 34 años y 8 meses.

De los agravantes, solo uno fue aceptado: la relación conyugal. Mientras que el abandono del cuerpo en un espacio público, alevosía, saña y el perjuicio a un menor de edad fueron descartados.

En este caso denunció que hubo negligencia en la Dirección Nacional de Delitos Contral la Vida (Dinased), con el fiscal y que no hubo peritajes en la triangulación de llamadas telefónicas. “Lo poco que se recabó de información fue por nuestra cuenta”.

El caso Moromenacho demuestra también una falta de asesoría legal. La hermana de Paola afirmó que fueron organizaciones sociales y una abogada quienes guiaron el proceso para solicitar la patria potestad.

“Ni la Fiscalía ni el Tribunal de Garantías Penales dio medidas de protección para mi sobrina. Incluso conversé con una asambleísta y dijo que supuestamente hay medidas económicas, pero es muy difícil que las den”.

Francisco, hermano de Paola, contó que la familia ha sido la que afrontó los gastos del proceso penal. Ejemplificó que el contrato con un abogado asciende a $ 10.000 y que una pericia para la investigación de contexto de género cuesta $ 500.

Además, por la falta de presupuesto en la Fiscalía, debieron usar recursos propios para viajar a Cayambe llevando escritos, pruebas y a los agentes de Criminalística. “Ni siquiera tenían un carro para ir a dejar las boletas para que se presenten a dar sus versiones los testigos”.

Los medios públicos solicitaron una entrevista con voceros del MIES, desde el 22 de enero, para conocer sobre la ayuda estatal en casos de femicidio, pero nos fue negada.

En una publicación del 23 de enero pasado, EL TELÉGRAFO destaca que el presupuesto para la erradicación de la violencia hacia la mujer para 2019 se fijó en $ 657.646. Las entidades relacionadas con el tema demandan mayor inversión.

La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres fue publicada el 5 de febrero de 2018. Un año después, las organizaciones sociales comprobaron que existen políticas públicas, pero que han quedado en teoría porque no se ponen en práctica.

“Los presupuestos (económicos) más sensibles en este y todos los gobiernos han sido el que atiende a mujeres y para erradicar la violencia”, aseguró Martínez.

Reveladores estudios

Según el estudio denominado “La respuesta judicial del femicidio en Ecuador”, en 2016 de las 45 sentencias originadas por femicidio, solo 25 casos (55,5%) se sancionaron por ese delito; en 10 se lo cambió por otro tipo penal; en 9 no se reconoció la relación de poder; y en un caso se corrigió el delito sancionando al agresor como femicida.

Las provincias que presentan mayores omisiones a la hora de aplicar el tipo penal son: Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Santa Elena.

En un estudio similar, pero de 2015, la Cedhu identificó que hay casos en que se absuelve al procesado. Esto evidencia la falta de una adecuada indagación fiscal, que permita alegar pruebas que muestren su responsabilidad.

“No es obligación de la Fiscalía demostrar solo la existencia del delito, es fundamental que demuestre la responsabilidad de los procesados”, resaltó el documento.

A estas dificultades se suma la reparación integral ordenada en las sentencias.

La indemnización económica es la más invocada bajo discreción de quien juzga. Sin embargo, en muchos casos, la fijación de los montos que van desde $ 2.000 hasta $ 200.000 no se acompañan de justificación alguna.

Solo en un caso, en que se fijó $ 268.565, se hace una explicación técnica. Esto demuestra la falta de comprensión del propósito de la indemnización y del alcance de la reparación integral, así como la ausencia del esfuerzo en tribunales por fijarla con criterios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, y no arbitrariamente.

En las medidas de rehabilitación dictada para familiares, en 2015 solo en 21% de casos se ordenó tratamiento psicológico. En otros se omitieron las recomendaciones de los peritos sobre la necesidad de que los hijos sean intervenidos psicológicamente.

En la mayoría de casos no se ordena ninguna atención. Esto, a pesar de que los niños y otros familiares presenciaron hechos de muerte, quedan en la orfandad o fueron lesionados físicamente.

Cifras entre Fiscalía y Cedhu

Desde el 10 de febrero de 2014, fecha en que se publicó en el Registro Oficial el COIP, la muerte de mujeres a manos de su pareja ha sido más frecuente entre las edades de 21 a 30 años, con 220 casos.

Los femicidas en su mayoría fueron condenados: en total 262; de ellos, 91 hombres, el número más alto, mantiene pena privativa de 34 años.

En otros casos fue imposible dictar una pena. Por ejemplo, 2 hombres fueron asesinados, 70 se suicidaron, 6 fallecieron y 3 presentaron enfermedades mentales.

Según Cedhu, la cifra de mujeres víctimas de femicidio desde 2014 asciende a 608. Pero esa información no concuerda con la de la Fiscalía, que en datos otorgados a Medios Públicos dijo que hay 316 femicidios de agosto de 2014 al 20 de enero de 2019, de ellos, solo 127 casos tuvieron sentencia condenatoria.

Aquello porque la Cedhu recoge todos los casos de violencia de género y no solo las sentencias por femicidio. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/femicidio-ninios-orfandad-ecuador

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SGR reporta 2 heridos tras sismos en Ecuador

9:14 am

La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) emitió un comunicado para informar la situación referente a los sismos registrados el viernes 22 de febrero.

Según reporte del Instituto Geofísico (IG), a las 05:20 se registró un sismo de magnitud 6,06 a una profundidad de 143,05 con epicentro en Macas, Morona Santiago.

El sismo se sintió de manera fuerte en las provincias de Morona Santiago, Azuay, Cañar, Guayas, Manabí, Loja, El Oro, Santa Elena, Bolívar, Zamora Chinchipe.

Adicionalmente, se reportó una réplica inmediata (del movimiento telúrico en Macas) de magnitud 5,8, a 120 km de profundidad.

Cerca de las 05:40, se registró un nuevo temblor de magnitud 5,9 en Guayaquil, a 34,4 km de profundidad. Este evento fue sentido fuerte en Guayas, Manabí, Azuay, Bolívar, Tungurahua, Santa Elena.

Hasta el momento se reportan las siguiente novedades:

Evacuación del Hospital de Niños Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil

Evacuación del hospital Martín Icaza de Babahoyo de la provincia de Los Ríos

ECU Samborondón evacuó por precaución

ECU Macas evacuó

1 persona herida en Gualaquiza

1 persona herida en Macas

Afectación en el porcelanato del piso, fisuras, vidrios rotos en el hospital de Gualaquiza

Al momento, el cantón Tiwintza se encuentra sin energía eléctrica.

En Manabí, en algunos sectores de los cantones Chone, Portoviejo y Sucre sin electricidad.

En El Guabo y Santa Rosa, provincia de El Oro, se reportan cables eléctricos tendidos en la vía. Se procedió a colocar una cinta de seguridad en el lugar.

En una entrevista esta mañana, la representante de la SGR, Alexandra Ocles, informó sobre la situación de los sismos.

“Tenemos datos preliminares sobre los sismos reportados en Morona Santiago, en donde se informa de dos personas heridas sin mayor gravedad”, señaló también que no existen daños en infraestructura estratégicas: oleoductos, represas e hidroeléctricas.

Además, indicó que según datos generales de los reportes de la situación tras los sismos en Ecuador. ”Solo hay reportes de daños leves, como por ejemplo de mampostería en un centro comercial de Gualaquiza”, dijo.

Sobre Manabí, indicó que no existe novedades con relación los sismos registrados este viernes, “Es comprensible el nerviosismo de los habitantes de esta provincia después de haber vivido el sismo del 16 de abril”.

De su parte el secretario de Comunicación de la Presidencia, Andrés Michelena, informó que están activados todos los Comité de Operaciones de Emergencia (COE). (I)

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La causa del deceso del soldado Brayan Chuncho Aguilar la determinará una Junta Militar Investigadora

9:08 am

Fallece la tarde del martes en el río Arajuno de la provincia de Napo, en el Oriente ecuatoriano.

La Junta Investigadora de Accidentes que el Ejército ecuatoriano dispuso se conforme tras el inesperado y trágico deceso del soldado Brayan Xavier Chuncho Aguilar, de 23 años de edad, ocurrido el último martes, a eso de las 16:00, determinará la causa que produjo su muerte.

El fallecimiento del joven soldado enluta a varias familias lojanas ante todo de la parroquia Mercadillo, del cantón Puyango, de la provincia de Loja, de donde él era oriundo. Su madre Marlene Aguilar Sanmartín y sus dos hermanos Jazmín y Fernando recibirán todo el apoyo de la entidad uniformada.

Por ascender a cabo

La Junta Investigadora de Accidentes establecerá las causas y circunstancias de lo ocurrido con la muerte del soldado y colaborará con las autoridades en los procedimientos judiciales que se deriven de ese lamentable acontecimiento en donde; además, enluta al Ejército ecuatoriano.

Chuncho Aguilar, soldado del arma de Artillería, participaba del curso de perfeccionamiento que le permitiría ascender al grado de cabo segundo. Él llevaba cerca de cinco años, tiempo que le facultaba para cumplir, junto a sus compañeros de promoción, una fase más de su carrera militar. 

Sin signos vitales

El soldado falleció mientras ejecutaba con sus compañeros el cruce del río Arajuno, que está ubicado en la provincia de Napo. Esa actividad de navegación fluvial estaba debidamente planificada y forma parte de la fase del entrenamiento de los uniformados en la selva del Oriente ecuatoriano.

El personal militar responsable de la ejecución de ese ejercicio actuó de inmediato para salvaguardar la vida de Chuncho Aguilar sacándolo del río y brindándole respiración cardiopulmonar, para luego trasladarlo al centro de salud más cercano, pero lamentablemente los médicos sólo constataron su deceso.

Honores fúnebres

En el Batallón de Infantería Motorizada Número 19 Carchi, del cantón Celica, durante la velación del soldado Brayan Xavier Chuncho Aguilar sus compañeros de uniforme le rindieron los honores fúnebres que conlleva para quien fallece durante el cumplimiento de su misión.

En los próximos días la Junta Investigadora de Accidentes certificará las condiciones anímicas en las cuales se encontraba Chuncho Aguilar y qué fue lo que llevó a que él fallezca cuando cruzaba el río Arajuno, que silentemente se lleva el alma de un joven soldado de la provincia de Loja. (NAZ)

CIFRA

23 AÑOS la edad del soldado.

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Alianzas estratégicas mueven los recursos para cumplir propuestas de campaña

9:31 am

Los gobiernos autónomos descentralizados estudian modelos de gestión para ejecutar las promesas de campaña. La vinculación con la empresa privada es una opción para optimizar recursos y reducir la dependencia con el Estado.

En el camino a las elecciones 2019, el menú de propuestas de campaña de los candidatos a prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales es variado, pero ¿cómo cumplir con las promesas de campaña con poco presupuesto?

Representantes de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales, municipales y parroquiales consideran necesaria una articulación con las diferentes administraciones del Estado.

Pero las alianzas público-privadas se presentan como opciones válidas para cumplir con los objetivos.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece los porcentajes que reciben los GAD del Presupuesto General del Estado (PGE).

A partir de ahí se distribuyen los recursos para cada nivel de gobierno, en función de su tamaño, densidad poblacional, necesidades básicas insatisfechas, entre otros.

Del total de las transferencias que el Estado entrega a los GAD, el 27% es para las prefecturas, el 67% corresponde a los municipios y el 6% para las juntas parroquiales.

El presupuesto para 2018 fue de $ 2.996 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas. De ese monto, $ 809 millones correspondió a las 23 prefecturas, $ 2.007 millones fueron para los 221 municipios y $ 179 millones para las 823 juntas parroquiales.

Sistemas vial y de riego son las prioridades de las prefecturas

Las prefecturas administran 77.000 kilómetros de vías rurales, y para ello necesitan aproximadamente $ 11.500 millones, explicó Edwin Miño, director ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope).

Conscientes de que el Estado central no puede cumplir con esta obligación, Miño considera importante ejecutar alianzas en todos los niveles del Gobierno y trabajar con modelos de gestión que generen ingresos para realizar obras y mantener las vías.

El directivo cree que las concesiones viales son una salida, pero deben tener forma de repago, es decir, que en el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) pasen suficientes vehículos para mantener y justificar el peaje.

Otra opción es cobrar la contribución especial de mejoras viales rurales que se cobra en la matriculación vehicular. “Algunas prefecturas ya lo hacen”, señaló.

La segunda competencia son los planes de riego en el marco del Plan Nacional de la Secretaria Nacional del Agua (Senagua), para lo cual se requieren $ 2.800 millones.

Miño insiste en que se requiere un gran diálogo nacional, tanto para riego como para vialidad, y así establecer una política pública estatal y lograr un acuerdo para unos 20 años.

En ese tiempo el Ministerio de Obras Públicas, las prefecturas, las alcaldías y las juntas parroquiales “podemos trabajar en función de modelos de gestión para cada vía, en los que se pueda dar sustentabilidad”, señaló.

La autogestión

Miguel Ángel Solórzano, presidente de la Asociación de Municipalidades de la Provincia del Guayas (AME), explicó que existen gobiernos cantonales grandes que generan ingresos por la recaudación de impuestos prediales, entre otras opciones.

También existen los municipios pequeños que no generan más del 10% de ingreso a nivel de territorio, y dependen del 90% de las transferencias que hace el Estado.

Las necesidades principales son la dotación de agua potable, recolección de basura, manejo de desechos sólidos, atención de alcantarillado pluvial y sanitario. También asumen nuevas competencias como las de tránsito y minería.

Para cumplir con las obras, “no necesariamente dependerá de lo que el Gobierno aporta, sino de la autogestión”, indicó.

Por ejemplo, en el cantón Santa Lucía, Solórzano firmó convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para la creación de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), en los cuales el municipio aportó con el 20% de su presupuesto y el Gobierno Nacional el 80%.

Como este, varios proyectos se implementaron al tocar puertas a la Prefectura del Guayas, al Gobierno Nacional y otras entidades de Estado.

Juntas parroquiales

En los sectores rurales existen necesidades que son competencias de los GAD municipales y provinciales. La junta parroquial es el primer contacto al que llega el campesino.

Otto Ordeñana, coordinador técnico provincial del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), considera que “la articulación” entre los tres niveles de los GAD es el camino para satisfacer las promesas de campaña. “Es necesario que logremos la gestión concurrente, la complementariedad y el trabajo en conjunto”, señaló.

El analista Jorge Calderón, rector del Instituto Tecnológico Argos, considera importante que el candidato a una dignidad conozca el presupuesto y el alcance en funciones, antes de hacer promesas. Además cree que las alianzas público-privadas son una alternativa importante y viable para concretar los planes y proyectos propuestos.

Sin embargo, agrega, se deben optimizar los recursos y reducir la dependencia del Estado debido a la crisis que está atravesando. “Hay una reducción del financiamiento, los recursos no son suficientes. Depender el 100% del Estado generaría problemas”, señaló. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/alianzas-estrategicas-recursos-propuestas-elecciones

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