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Autoridades investigan la filtración del video del asesinato de taxista en Ambato

6:20 am

Familiares del occiso piden sancionar a quien difundió las crudas imágenes del apuñalamiento múltiple del jueves, al interior de un taxi en Ambato.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) solicitó a la Fiscalía la investigación para determinar a los responsables de la filtración del video que muestra el apuñalamiento de un taxista en la ciudad de Ambato, cuya difusión causó indignación en la familia de la víctima, que exhortó a los ciudadanos a no compartir las imágenes.

El crimen se produjo el jueves 3 de mayo y fue grabado por la cámara de seguridad incorporada en el taxi, así como por transeúntes que se encontraban en la zona.

“La grabación completa dura más de 5 minutos y está disponible en varias plataformas web. No sabemos de dónde salió ni quién la difundió, y nos indigna saber que la muerte de mi hermano alimenta el morbo de la colectividad. Incluso, sobrinos y más familiares de Manuel quedaron traumados al ver la saña con la que el asesino actuó”, dijo Franklin Alarcón, hermano del taxista fallecido.

Él y su numerosa familia, junto a vecinos y más conocidos del taxista, sepultaron sus restos mortales la tarde del sábado 6 de mato, en El Rosal, localidad del cantón Mocha, a 15 minutos de Ambato.

“A más de pedir la pena máxima para el asesino, solicitamos a las autoridades encargadas del caso investigar y sancionar a los responsables de la difusión del video pues no es justo que el dolor de una familia sirva de entretenimiento de otras personas”, apuntó Franklin Alarcón.

Marcos Andrés Naranjo, coordinador zonal 3 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, tras expresar sus condolencias a la familia y el gremio de taxistas de Tungurahua, explicó que todo lo que tiene competencia en cuanto a la información grabada en los medios de transporte, “corresponde principalmente su uso y manipulación directamente al personal de Transporte Seguro de la ANT“.

Añadió que es la Agencia Nacional de Tránsito la que tiene la competencia directa, al igual que las autoridades fiscales, quienes son los que reciben esta información dentro de la cadena de custodia. “El ECU 911 presta todas las ayudas tecnológicas de seguridad para que esta información pueda transitar codificada, desde receptor hasta su emisor”, dijo Naranjo.

Ratificó que tanto la ATN como la Fiscalía “están tomando todas las medidas necesarias del caso para llegar a la determinación de en qué punto existió la fuga de información“.

El funcionario rechazó que se comparta la información y pidió a la ciudadana “cortar estas cadenas de comunicación y empezar a borrar este tipo de videos y no seguir compartiendo con el resto por respeto a la familia”.

La Unión de Taxistas de Tungurahua prepara la Marcha por la Paz y Solidaridad, a realizarse este martes 8 de mayo en Ambato, a fin de solicitar mayor seguridad para los conductores. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/asesinato-taxista-video-ambato
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Mañana vence el plazo para que Ecuador elimine la tasa aduanera

6:18 am

La ministra de Economía, María Elsa Viteri, aseguró que el país agotará los recursos legales para defender la medida, mientras el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, dijo que Ecuador deberá acatar la resolución.

El 8 de mayo culminará el plazo de 10 días que la Comunidad Andina de Naciones (CAN) dio a Ecuador para que elimine la Tasa de Servicio y Control Aduanero (TSCA).

Mediante la resolución 1999, firmada por el secretario general Walker San Miguel el pasado 20 de abril, la CAN calificó como gravamen a la tasa a raíz de los reclamos expuestos por Colombia y Perú. Bolivia no presentó quejas.

Aquello implica que desde el 10 de mayo las importaciones provenientes de esos dos países no tendrán que pagar la tasa creada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

Sobre las importaciones de otros lugares la medida seguirá vigente.

Así lo explicó Gabriela Uquillas, asesora aduanera de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), quien agregó que la situación podría dar paso a que países fuera de la CAN apelen a la Organización Mundial de Comercio (OMC), u otros entes, para que la tasa también les sea retirada, pues estarían en desventaja frente a Colombia y Perú.

La determinación se sustenta en el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena que incide en la importación de productos del territorio de los países miembros.

La tasa vulnera el Programa de Liberación pactado entre los socios del bloque regional por medio del acuerdo, señala la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

El Senae implementó la medida desde el 13 de noviembre de 2017 con el argumento de obtener recursos que le permitan dar un servicio de control y combate más efectivo del contrabando. La meta es recaudar alrededor de $ 121 millones al año.

Esa justificación fue expuesta en su momento a la CAN ante las protestas de Colombia y Perú.

Sin embargo, en la resolución el bloque regional anota que el cobro de la tasa “no corresponde a un servicio efectivamente prestado al importador; puesto que se ha evidenciado que el control aduanero no es una actividad directa y únicamente vinculada a las operaciones de importación”.

En un evento realizado este fin de semana en Guayaquil, la ministra de Economía, María Elsa Viteri, señaló que se Ecuador utilizará todos los mecanismos disponibles para respaldar la tasa de control aduanero dentro de los plazos establecidos por la CAN.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana dijo que de quedar en firme el dictamen del organismo regional, el país debe acatar la resolución y así honrar los convenios internacionales suscritos.

Hasta el 20 de abril el Senae recaudó $ 25 millones por concepto de la tasa, pero el destino y uso específico de esos recursos no han sido detallados por las autoridades.

Uquillas indicó que al Gobierno todavía le quedan instancias legales para apelar el fallo, aunque la resolución deja pocas probabilidades para que la CAN dé marcha atrás. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/plazo-tsca-ecuador-can
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Los tres hombres de “Guacho” aún esperan su juicio

6:17 am

La vida del equipo periodístico del diario El Comercio secuestrado en Mataje supuestamente dependía de la liberación de tres integrantes de la organización narcoterrorista detenidos con armamento. El caso estuvo en manos de dos jueces en San Lorenzo, pero ninguno concretó la audiencia de juzgamiento, ahora fue convocada para el 11 de mayo.

Sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio: Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, queda mucho por investigar, aunque las investigaciones fiscales y el expediente judicial dan pistas.

De allí se desprende que la historia de su trágico desenlace no se inició el 26 de marzo cuando cruzaron el retén de la Marina en la vía a Mataje (Esmeraldas). Este era el último control con presencia militar y policial para ingresar a la comunidad fronteriza con Colombia, convertida en el epicentro de la violencia desatada por alias “Guacho”.

La medianoche del 11 de enero de 2018, cuando los equipos élite de la Policía de San Lorenzo, acompañados por la Fiscalía y con una orden judicial, se preparaban para ingresar a la parroquia de Mataje, los agentes conocían claramente el objetivo: detener a quienes estaban en una modesta casa de construcción mixta, color amarillo.

A las 02:00, los uniformados atravesaron la puerta de madera y hallaron a tres hombres que ese momento dormían en medio de armas, municiones, granadas y mechas para explosivos.

Las evidencias eran contundentes -según la Policía- para oficializar el arresto del ecuatoriano Patrocinio C., de 34 años, en unión libre y con un hijo. También lo fueron para detener a los colombianos Diego T., de 28 años, y James C., de 19, de quienes se sospechaba pertenecían a la red criminal de “Guacho”.

En las primeras declaraciones a la Fiscalía, Patrocinio C. negó conocer a los extranjeros y por qué había armas en su casa. Según los archivos judiciales, él dijo que era un campesino y que los colombianos llegaron a su hogar a pedirle posada porque eran amigos de su cuñado Segundo Malabe y que al día siguiente cruzarían la frontera. Mientras, los colombianos guardaron silencio.

“Guacho” respondió el 27 de enero con un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo. Minutos después, el ECU-911 recibió una llamada que no pudo ser identificada, donde los hombres de “Guacho” asumieron el atentado y amenazaron de muerte a policías y militares.

Luego de esa agresión, el 29 de enero, Patrocinio C. y los colombianos Diego T. y James C. fueron sacados de la cárcel de Esmeraldas y trasladados al pabellón de máxima seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, según la Policía.

Allí, los colombianos decidieron hablar con los fiscales. El 7 de febrero, a las 10:00, acudió Diego T., quien supuestamente pidió albergue a Patrocinio en Mataje. Media hora después, James C. confesó que él compró dos armas en el mercado negro colombiano con el propósito de venderlas en San Lorenzo, y que los otros dos no sabían de eso.

Mientras ellos daban las versiones, sus abogados presentaban escritos al juez Alberto Cevallos, de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo, para demostrar su honradez. Patrocinio C. entregó una carta firmada por habitantes de Mataje, donde certificaban su buena conducta. Días después los dos colombianos hicieron lo mismo, pero esta ocasión eran los comuneros de Candelilla quienes los apoyaban.

El 23 de febrero, el abogado de Patrocinio C. se jugó una carta decisiva en su defensa y pidió al juez Cevallos realizar un juicio abreviado, donde la persona confiesa su culpa a cambio de una pena menor. El juez aceptó el pedido y el 27 de febrero convocó a una audiencia que se cumpliría el 28 de marzo.

La Fiscalía no aceptó esa decisión: aseguró que el procedimiento abreviado solo se puede dar con el aval del Ministerio Público. El juez reconoció su error y el 5 de marzo revirtió la audiencia, como consta en el proceso penal.

Diez días después, los dos colombianos que al principio preferían el derecho al silencio confesaban que Patrocinio C. tenía el alias de “Cuco” y que él los llevó a su casa y les dio las armas.

Las coartadas del ecuatoriano se quedaron en el piso. Alias “Cuco”, de acuerdo con la Policía, era un hombre clave en la red de “Guacho” y se encargaba de su cuidado en Mataje, comuna que la frecuentaba constantemente.

Los siguientes días, los atentados de “Guacho” se multiplicaron. Una bomba detonó en Borbón, hubo balaceras en El Pan, una explosión mató a cuatro soldados en Mataje y el 26 de marzo se produjo el secuestro de los periodistas.

La entrada del equipo a Mataje

El 25 de marzo, el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra llegaron a San Lorenzo. Los tres eran el equipo de relevo de sus compañeros de El Comercio.

Javier, Paúl y Efraín escogieron el hostal en las afueras de San Lorenzo. Al día siguiente, pasadas las 07:00, los tres salieron del hotel. No importaba al sitio donde iban, los equipos siempre se comunicaban pasado el mediodía con sus colegas en Quito para contarles su reportaje. Sin embargo, el 26 de marzo nunca hubo esa llamada.

Uno de los últimos mensajes de Javier fue para informar a sus colegas de sección que tomaban la vía a Mataje.

La versión oficial asegura que a las 09:30 pasaron el control de la Marina, un puesto ubicado a 2 kilómetros de la parroquia y el último lugar en el que había control de las FF.AA. y de la Policía. El Gobierno sostiene que el secuestro ocurrió a las 15:30 y que la camioneta del equipo de El Comercio fue encontrada a pocos metros de la casa de la madre de crianza de “Guacho”, en Mataje.

Ese día, los hombres de “Guacho” atacaron un tanquero de agua que circulaba por la carretera a Mataje. Activaron una bomba que afectó parte del chasis del vehículo militar; no hubo víctimas.

A las 17:00, un agente de Inteligencia de la Policía, que seguía la pista de “Guacho” y que había recibido amenazas, fue alertado vía WhatsApp del secuestro del equipo de El Comercio y para evidenciar su retención los captores enviaron una foto. Un día después el Ministerio del Interior confirmó el secuestro de los tres.

 

La audiencia decisiva

El 31 de marzo, el Ministerio del Interior dio a conocer que “Guacho” se comunicó nuevamente por WhatsApp para amenazar a los policías con ejecutar a los rehenes, si no liberaban a sus tres hombres que seguían en Latacunga.

En los archivos judiciales no hay evidencias de diligencias ni audiencias contra los hombres de “Guacho” desde el 26 de marzo hasta el 2 de abril. Pero súbitamente el caso se reactivó un día después.

El 3 de abril, Ecuador se despertó con un video de un minuto y 29 segundos, donde Javier rogaba por sus vidas. Él contaba que llevaban ocho días secuestrados y estaban encadenados. Mientras Javier hablaba, los tres se abrazaban.

Javier decía que era el segundo video que grabaron y que pedían la liberación de los tres detenidos a cambio de sus vidas.

El mismo 3 de abril, a las 14:55, al Juzgado de San Lorenzo llegaron los pedidos de los colombianos Diego T. y James C. para acogerse a un juicio rápido y así recibir su condena y un posible indulto que los liberaría. Los escritos fueron presentados por abogados privados de Latacunga.

Según el sistema de consulta de causas judiciales, el juez Cevallos ya no estaba en el juzgado de San Lorenzo y dos días después asumió ese despacho Óscar Cuenca en calidad de encargado, quien el 5 de abril acogió el pedido y convocó a la audiencia para el 18 de abril. Es decir, 13 días después de su providencia.

En su fallo dejó constancia que el sistema no le permitió realizar antes el juicio “porque estaba saturado y con otras audiencias programadas”.

Y llegó el 12 de abril, un día después de que circuló la noticia -sin confirmar- de la muerte del equipo periodístico. Antes del mediodía llegaron escritos insistiendo en el juicio abreviado. El juez Cevallos, que volvía a su despacho, lo convocó para el lunes 16.

Pero un día después, el viernes 13 de abril, el presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó la muerte de Javier, Paúl y Efraín. Los tres fueron ejecutados, sus cuerpos aún no son recuperados y sus familiares y amigos los reclaman.

El juicio sigue contra los tres detenidos y sospechosos de ser parte de la organización narcoterrorista de “Guacho”.

El juez Cevallos aplazó la audiencia de juzgamiento. En su providencia del pasado 17 de abril dijo que las múltiples tareas y encargos de otros dos despachos “han coadyuvado a la imposibilidad física del suscrito juez multicompetente, para que pueda movilizarse a Esmeraldas y pueda llevar a efecto la audiencia preparatoria de juicio (…) que se encuentra señalada para el 18 de abril de 2018”. Ahora serán juzgados el próximo 11 de mayo. (I)

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se desplazó el jueves pasado a San Lorenzo, donde se reunió con personal militar y abordó temas de seguridad en la frontera norte.El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se desplazó el jueves pasado a San Lorenzo, donde se reunió con personal militar y abordó temas de seguridad en la frontera norte. Foto: Cortesía Ministerio de Defensa

Lea mañana: Que dicen la justicia y los abogados de los detenidos

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/hombres-guacho-ecuador-juicio
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Moreno visitará la Corte Interamericana en Costa Rica

5:36 pm

El presidente ecuatoriano Lenín Moreno fue el primer gobernante en llegar a Costa Rica para la ceremonia de investidura de Carlos Alvarado, nuevo mandatario del país centroamericano para el periodo 2018-2022.

Con la llegada del presidente ecuatoriano el Ministerio de Relaciones Exteriores dio por inaugurada la llegada de mandatarios y representantes que respondieron positivamente a la invitación que Costa Rica extendió a todas las naciones con las que mantiene relaciones diplomáticas.

Moreno fue recibido por una comitiva que encabezó el canciller Manuel González, el embajador de Ecuador en Costa Rica, Claudio Cevallos y su esposa Martha Carrasco.

“Le comenté al señor presidente (Moreno) que hace menos de un año lo acompañábamos en Quito cuando asumió y por lo tanto es motivo de agradecimiento que haya reciprocado la compañía que le dio el presidente Solís hace casi un año, es el primer presidente que llega al país”, destacó el canciller González en unas declaraciones a los medios desde Base 2 en el aeropuerto Juan Santamaría.

Moreno tiene previsto asistir a la ceremonia de investidura de Carlos Alvarado, después de participar en un saludo protocolario con los jefes de Estado y gobernantes invitados al evento.

La ceremonia de investidura de Alvarado, exministro de Desarollo Humano y de Trabajo, se llevará a cabo este martes 8 de mayo en la Plaza de la Democracia, un espacio abierto en el centro de San José, creado como símbolo de la paz y la cultura democrática del país.

Además, Lenín Moreno sostendrá encuentros bilaterales con dirigentes centroamericanos y del Caribe, y visitará el lunes 7 de mayo la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En la noche del lunes, el dignatario ecuatoriano tiene programada una cena que ofrece el presidente saliente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís y tiene fijada en la agenda una reunión bilateral con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

El último acto programado por el presidente de Ecuador en suelo costarricense es una entrevista con el nuevo presidente de Costa Rica y se espera que regrese a su país en la tarde del martes.

El mandatario ecuatoriano se trasladó con una comitiva oficial integrada por su esposa, Rocío González, quien dirige el Comité Interinstitucional del Plan “Toda Una Vida”; la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa; y el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena.

En total, a la ceremonia de investidura de Carlos Alvarado acudirán 106 delegaciones internacionales que incluyen representantes de Gobiernos y organismos internacionales.

“Hay 106 delegaciones confirmadas, un número muy significativo. Lo hacemos (el traspaso de mando) con sencillez, con modestia, pero con mucho entusiasmo y con mucho afecto para todas las delegaciones que vienen a visitarnos en esta ocasión. Es muy importante para Costa Rica sentir el calor de la comunidad internacional”, afirmó el canciller González.

De momento han confirmado 13 países con representación a nivel de vicepresidentes, cancilleres, vicecancilleres, ministros, senadores o diputados, entre ellos Uruguay, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Corea del Sur.

España estará representada por la presidente del Congreso, Ana Pastor, y Cuba por la vicepresidenta del Consejo de Estado, Inés María Chapman.

Otros 42 países estarán presentes por medio de embajadores y 20 organismos internacionales enviarán representantes.

Carlos Alvarado -un periodista, escritor, músico y politólogo de 38 años- gobernará por cuatro años en lugar de Luis Guillermo Solís, ambos del centroizquierdista Partido Acción Ciudadana. EFE

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, mantendrá la próxima semana reuniones bilaterales con dirigentes de países del Caribe, en el marco de su visita a Costa Rica para la investidura del nuevo mandatario de ese país, Carlos Alvarado.

Moreno viajó este domingo 6 de mayo a la ciudad costarricense de San José, una de las primeras actividades en su agenda en ese país, donde el lunes 7 de mayo visitará la Sede de la Corte Iberoamérica de Derechos Humanos (CIDH).

El mandatario ecuatoriano se traslada con una comitiva oficial integrada por su esposa, Rocío González, quien dirige el Comité Interinstitucional del Plan “Toda Una Vida”, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, y el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena.

En la noche del lunes 7 de mayo tiene programada una cena que ofrece el presidente saliente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.

Y el martes 8 de mayo asistirá en la ceremonia de investidura de Carlos Alvarado, que se realizará en la Plaza de la Democracia de San José, después de participar en un saludo protocolario con los jefes de Estado y gobernantes invitados al evento.

Después del saludo oficial a Carlos Alvarado y su esposa, Moreno tiene fijada en la agenda una reunión bilateral con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

El último acto programado por el presiente de Ecuador en suelo costarricense es una entrevista con el nuevo presidente de Costa Rica.

Se espera que Moreno regrese al país andino en la tarde del martes 8 de mayo. (I)

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Consejo nombra a Fiscal encargado y remueve a Defensor del Pueblo

6:41 am

Los consejeros explicaron que el anexo 3 tiene la misma jerarquía que la Constitución y la legitimidad de representar a la voluntad popular.

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST) hizo ajustes este 2 de mayo en los organismos de control del Estado.

La primera medida fue la destitución del defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, al considerar que este había incurrido en desacato. El funcionario se negó a participar en la evaluación de autoridades que lleva adelante el Consejo.

La semana pasada Rivadeneira convocó a una rueda de prensa en la que informó sobre su postura. Para él su juez natural era la Asamblea Nacional, de modo que no reconoció la potestad del CPCCST para evaluarlo. Frente a esa postura los consejeros, reunidos en Quito, decidieron destituirlo.

Él sigue el mismo camino que los ahora exsuperintendentes de Comunicación, Carlos Ochoa, y de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera.

Sin embargo esta es la primera ocasión en que el CPCCST utiliza las facultades emanadas de la pregunta 3 de la consulta popular.

En el caso de Ochoa aceptó la destitución de la Contraloría y en el segundo caso encontró su posesión como ilegal.

En la misma sesión, el Consejo nombró al reemplazo de Rivera. Se trata de Sofía Margarita Hernández Naranjo, quien estará al frente de la Superintendencia hasta que se realice un concurso que termine en la designación del titular definitivo.

Una postura similar se aplicó en la Fiscalía General del Estado. Esta entidad estaba dirigida por Gen Rhea, tras la censura de Carlos Baca Mancheno en un juicio político realizado en la Asamblea Nacional.

Al día siguiente de la destitución de Baca, este entregó su despacho a Rhea, quien había sido nombrado como fiscal subrogante por el Consejo de la Judicatura.

Para hacer ese nombramiento la Judicatura realizó una consulta a la Procuraduría General del Estado, pues se presentó una situación sui generis porque la anterior fiscal subrogante, Thania Moreno, fue separada del cargo por una investigación interna.

Pese a eso los consejeros hicieron una designación: se trata de Edwin Paúl Pérez Reina, quien obtuvo el más alto puntaje en el último concurso. Tal y como ocurre con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Fiscalía General del Estado será ocupada por Pérez Reina hasta que se designe a un titular definitivo por medio de un concurso.

Esas fueron las tres designaciones que hizo el Consejo, pero también se tomó una resolución que advierte al Consejo de la Judicatura. Este organismo, rector de la Función Judicial, pidió a la Corte Constitucional que limitara las competencias del Consejo Transitorio.

Para Gustavo Jalkh, el CPCCST no tiene facultades para suspender los concursos de selección de jueces y fiscales que él lleva adelante. Sin embargo, el CPCCST suspendió los concursos, lo que originó una demanda y uno de los afectados interpuso un recurso en un juzgado de Baba, en la provincia de Los Ríos.

El viernes, antes del feriado por el Día de los Trabajadores, el juez suspendió la resolución del CPCCST.

Un día antes el asambleísta de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, propuso también que la Corte Constitucional interpretase el mandato popular del Consejo Transitorio, lo que generó protestas en la oposición.

Pero el Consejo Transitorio ordenó a la Judicatura que no reanudara los concursos, pues considera inválida la resolución del juez y advierte que tomará otras medidas si es que se desobedece esa orden. Sobre el escrito presentado por el Presidente de la Judicatura a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre los límites de las competencias del Consejo Transitorio, el presidente Julio César Trujillo dijo que “Jalkh y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los Derechos Humanos no nos van a detener; cumpliremos el encargo del pueblo, pase lo que pase”.

Aclaró que Ramiro Rivadeneira está cesado en sus funciones en cumplimiento de las normas que se dictaron oportunamente y que fueron puestas en su conocimiento mediante notificación escrita, que fue recibida.

“Quienes se resistan a la evaluación serán cesados en sus cargos y eso es lo que ha ocurrido con el señor Rivadeneira, que ya no es más defensor del Pueblo”.

Aclaró que el Consejo de la Judicatura está bajo evaluación y que examinarán esos resultados antes de resolver sobre la continuación de los 5 vocales en sus cargos.

Trujillo recalcó que por esto no podían seguir adelante con los concursos de oposición y méritos “que suspendimos y todos aquellos que se presten para participar en algún concurso de la Judicatura deben saber que por el solo hecho de presentarse serán también suspendidos de sus cargos”.

El consejero dijo que seguirán trabajando, “lo que debe saber el señor Rivadeneira es que no es más funcionario y que sus amenazas nos tienen sin cuidado porque nosotros obedecemos al pueblo ecuatoriano”.

Asimismo aclaró que pedirán sanciones para el juez Eleuterio Aguilar Heredia, quien emitió una medida cautelar para anular la suspensión de los concursos de fiscales que efectuaba la Judicatura, ya que, según dijo, la resolución no estaba debidamente motivada, como manda la Constitución. (I)

Datos
Séptima sesión del pleno
Los 7 consejeros decidieron de manera unánime el reemplazo del fiscal del Estado, además de ratificar la destitución del Defensor del Pueblo y pedirán sanción para el juez de la Unidad de Balsas por emitir una resolución sin motivación.

3 días tiene el Defensor del Pueblo para presentar la impugnación a su destitución.

Reglamento pendiente
El CPCCST tiene previsto esta semana aprobar el reglamento para la elección de las autoridades de control. (I)

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Los nuevos ministros elaborarán un plan para la frontera

6:38 am

Los nuevos ministros del frente de seguridad fueron designados el viernes, pero este 2 de mayo formalmente asumieron sus despachos. El titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, recibió los honores respectivos en La Recoleta, sede de esta cartera de Estado.

En su primer discurso, el funcionario prometió fortalecer la defensa nacional. Él ya ocupó este puesto en la administración de Alfredo Palacio.

El también excomandante del Ejército se reunió con el jefe del Comando Conjunto, César Merizalde, y los mandos de las fuerzas Terrestre, Naval y Aérea.

El mando militar informó que la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) provocó que grupos del sur de Colombia conformaran estructuras ilegales. El alto mando señaló que las Fuerzas Armadas ecuatorianas han golpeado esas estructuras.

Tras el encuentro en el Ministerio de Defensa, Jarrín partió a Carondelet para reunirse con el presidente Moreno y el recién nombrado ministro del Interior, Mauro Toscanini.

Los periodistas buscaron reacciones al comunicado de alias “Guacho” difundido en el feriado. En el texto, el delincuente pide un corredor humanitario para entregar los cuerpos del equipo de diario El Comercio asesinado.

Juan Sebastián Roldán, vocero de la Presidencia, reconoció que el Ejecutivo no tiene certezas sobre la veracidad del escrito. “El Gobierno no dialoga con quienes no son fuentes oficiales, ni de ninguna manera confiables”.

Sin embargo, aclaró que hay la disponibilidad para recuperar los cadáveres de los comunicadores. “Estamos esperando que nos entreguen las coordenadas para ese momento, retirar las Fuerzas Armadas y la Policía para que la Cruz Roja pueda hacer su trabajo, solamente que son delincuentes que no solo jugaron con la vida de nuestros compatriotas sino que ahora quieren jugar con el dolor de las familias y del Ecuador para chantajearnos”.

Roldán afirmó que gracias a las operaciones coordinadas entre Colombia y Ecuador se capturaron ocho ciudadanos más que serían responsables de la ola de secuestros en la frontera.

El portavoz justificó la designación de los nuevos ministros. En Jarrín vio su experiencia militar lo que servirá para enfrentar las amenazas externas. Sobre el ministro del Interior, Roldán dijo: “Mauro tiene que ver la seguridad desde la globalidad”.

Ahora los nuevos ministros trabajan en un plan específico para la frontera y el país que se presentará la próxima semana. (I)

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7 anomalías se investigan en el Municipio de Quito

6:36 am

Al menos siete presuntos hechos de corrupción e irregularidades investiga la Fiscalía Provincial de Pichincha al interior del Municipio de Quito. Esto, en base a las más de 100 denuncias interpuestas por transportistas de la capital que se sienten afectados por el presunto cobro de sobornos y otros hechos.

La indagación fiscal se inició tras la desarticulación de una red delictiva que exigía pagos indebidos a taxis y buses. En estos delitos están implicados dos concejales y al menos seis funcionarios y exfuncionarios de la Comisión de Movilidad del Cabildo.

La supuesta corrupción en la concesión de permisos de operación del servicio de transporte, especialmente de taxis, no era desconocida en Quito. Pero la Fiscalía inició las investigaciones cuando los choferes, desde diciembre pasado entablaron denuncias.

Incluso, afectados se acercaron al Observatorio Ciudadano a denunciar los sobornos de los que eran víctimas.

Cristóbal Buendía, del Observatorio Ciudadano, indicó a los Medios Públicos que las acusaciones de corrupción abarcan varios temas.

“Lo que se está investigando son pagos por parte de los profesionales del volante por concepto de las compensaciones a la tarifa del transporte público que otorga el Municipio, que se lo canalizaba a través de la Cámara de Transporte”.

Según Buendía se entregaba dinero a funcionarios para que los dueños de los buses tengan derecho al cobro de estas compensaciones.

“La Cámara de Transporte solicitaba a las diferentes empresas $ 500 por cada unidad. Esa plata iba a funcionarios municipales”.
También se detectaron sobornos en la regularización de taxis: se pagaba de $ 2.000 a $ 5.000 por cada dueño de unidad para poder operar.

El Observatorio Ciudadano también detectó que se habrían cometido actos y contratos reñidos la ley en el tema referente al trolebús.

Por ejemplo, la Empresa Metropolitana de Transporte suscribió un contrato por el servicio de higiene con la empresa Siava por la suma de $ 1’221.335.37, sin incluir IVA. Sin embargo, luego se celebraron otros contratos que incrementaron el costo en 110%, lo que está prohibido y penado por la ley.

Buendía dijo que las investigaciones de la Fiscalía identificaron que funcionarios del Municipio manejaron en sus cuentas sumas que oscilaban entre los $ 180.000 y $ 5 millones, sin que puedan justificar el origen del dinero.

Añadió que casi 10.000 taxis están en proceso de regularización, de allí que las sumas que se manejaban por corrupción eran millonarias.

Otra presunta anomalía tiene relación con el perfil que no cumplían ciertos funcionarios que ocupaban cargos de alto rango en el Municipio, designados por el alcalde, Mauricio Rodas.

Ese sería el caso de una sicóloga que gerenció una empresa y cuya formación académica está en investigación. También el caso de un ciudadano que durante dos años cobró su salario sin trabajar.

El fiscal subrogante de Pichincha, Fabián Salazar, explicó que el caso de corrupción al interior del Cabildo está en etapa de indagación previa. “Se ha presentado la formulación de cargos ante la Corte Provincial de Justicia, toda vez que existen dos personas con fuero de corte provincial (los concejales)”.

La red, los delitos y las voces

Hasta ahora hay ocho implicados, de ellos, cuatro están prófugos. Salazar adelantó que serían 20 los involucrados en la red, pero no puede dar nombres para no entorpecer las investigaciones.

Dijo que existe una estructura criminal que se subsume en una conducta típica que es la de asociación ilícita. No obstante habrían otros delitos como el enriquecimiento privado injustificado, tráfico de influencias, concusión y posible lavado de activos.

El fiscal aseguró que así consten personas de alto rango se llegará hasta las últimas consecuencias, pues la investigación lo que busca es castigar el delito cometido.

“Existen víctimas y son los conductores. Los cobros y sobornos se hacían a todo nivel de los choferes profesionales de Pichincha que manejan taxis, buses urbanos, transporte escolar y de volquetas. Los trámites son gratuitos, pero les cobraban un precio al margen de la ley”.

Wladimir Jara, dirigente de los transportistas de Pichincha, lamentó los casos de corrupción denunciados al interior del Municipio y que tienen que ver con permisos de operación de las unidades.

Indicó que no existe un estudio técnico sobre la realidad del transporte en la capital. Lo único que se sabe es que hasta 1995 había 215 cooperativas de taxis que agrupaban a 8.778 vehículos.

“La norma internacional exige que haya 3.000 taxis por cada millón de habitantes, eso quiere decir que en Quito deben operar máximo 10.000 taxis”.

Sin embargo, la realidad es otra. Según Jara, actualmente hay 5.106 nuevos y 10.000 unidades más en proceso de regularización. Es decir, en Quito circulan 25.000 taxis.

Añadió que se llegó a esto porque se crearon e inscribieron compañías en cantones aledaños a la capital, pero en realidad trabajan en Quito. También culpó del caos actual a las ofertas de campaña.

Por su parte, los concejales coinciden en pedir que Rodas explique los hechos que involucran a altos funcionarios designado por él mismo.

Mario Guayasamín sostuvo que Rodas “ha demostrado falta de liderazgo”, por lo que “debería irse a su casa”, para que en este año que falta para elegir nuevo Alcalde “se dé una especie de saneamiento, para que la nueva administración no tenga que tardar un año en resolver los problemas que hoy tiene Quito”.

Para Luis Reina, el Alcalde lo único que hace es decir que no conoce los problemas, especialmente cuando son graves, como sucedió con la recolección de basura, los Quito Cables y la crisis de El Troje, que dejó a la capital sin agua durante casi tres días.
“Él, como responsable político de esta crisis, tiene que irse a su casa”.

Para la concejala Susana Castañeda, lo que sucede es el resultado del desgobierno que hay en Quito. Cree que Rodas debe renunciar para recuperar la institucionalidad.

“Ares” destapó el caso

El 18 de abril pasado, los quiteños y el país se enteraron sobre la detención de los concejales Eddy S. y Sergio G. y al menos seis funcionarios, exfuncionarios y otras personas. Se los implicó en presuntos actos de corrupción en la Comisión de Movilidad.

La presidenta de la Corte de Justicia de Pichincha, María Paulina Aguirre, tras la audiencia respectiva y sobre la base de las primeras investigaciones de la Fiscalía, el 19 de abril ordenó la detención con fines investigativos.

Se los implicó en el presunto delito de asociación ilícita, posible lavado de activos y otros actos de corrupción.

Entre los implicados también constan Fausto M. y Andrea F., gerente y secretaria de Movilidad, respectivamente. En total, a través del operativo “Ares”, se efectuaron 14 allanamientos a inmuebles para recabar pruebas de esta red delictiva.

El fiscal Salazar dijo que el operativo tuvo como objetivo desmantelar una red que movió $ 80 millones en sobornos a los transportistas. (I)

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Primer grupo de refugiados retornó a sus hogares en Mataje

6:34 am

Actualmente 38 familias continúan alojadas en la iglesia de San Lorenzo. El alcalde Gustavo Samaniego informó del regreso de 15 familias al sector de Mataje. El Ejecutivo descartó que exista una masiva cantidad de desplazados.

El pasado viernes, 15 familias del sector fronterizo de Mataje en el cantón San Lorenzo (Esmeraldas), retornaron a sus hogares.

Este es el primer grupo que sale del refugio ubicado en la iglesia del mismo cantón, según el alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego, quien aspira a que las 38 familias restantes puedan regresar poco a poco a sus casas.

Samaniego desmiente los rumores de desplazamientos de habitantes, especialmente en los días posteriores a los atentados. “No es así, cierto es que existe algo de preocupación, pero no es verdad que hayan desplazados”.

Actualmente el Gobierno trabaja en un “alistamiento de los albergues”, que estarán listos en caso de presentarse inconvenientes, informó el vocero del Gobierno y Secretario de Educación Superior, Augusto Barrera.

Recalca que se debe aclarar la cifra de familias llamadas desplazadas. “En el sistema de albergues, hemos registrado aproximadamente 53 familias, porque se ha oído de miles de movilizados y no es así, este es el dato oficial que tenemos”.

Adicional a este número, existen 12 familias en casas de acogida y de amigos, que en total suman 35 personas.

Barrera afirma que en la provincia se han identificado y preparado los lugares que funcionarán como albergues, en caso de necesitarlos y para ello se hicieron tres divisiones. “El primero es en San Lorenzo que sería la primera línea; la segunda es Río Verde y una tercera en Esmeraldas”,

El funcionario sostuvo que esta forma es la “más recomendable, porque si las personas salen de su vivienda, lo mejor es que tengan un albergue lo más próximo a su zona de origen, no forzarlos a que se desplacen hacia Esmeraldas que es más lejos”.

Mientras tanto, Lenín Plaza, integrante de la Comisión de Seguridad Fronteriza, de la Asamblea Nacional, identifica en la provincia un problema que ha perjudicado a la población esmeraldeña.

“Cuando ocurre algo en Esmeraldas, se lo pone como un sitio oscuro, como un punto negro del Ecuador, al que no hay que ir y a pesar de que el conflicto está localizado en la frontera norte, nadie quiere ir allá y Esmeraldas es una de las provincias más fuertes en turismo”.

Plaza y Samaniego se mantienen optimistas en que vendrán mejores días para su pueblo y aspiran a que se termine esta situación con una intervención integral.

“Esperamos salir bien, si es que el Estado toma atención en lo militar y en lo social” para nuestra gente”, puntualizó Plaza.

Falsa alarma en Ibarra

La Secretaría Nacional de Comunicación confirmó que tras la emisión de una amenaza de explosivo, reportada al ECU-911, a las 21:30 del domingo, el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional movilizó unidades especializadas al lugar y después de realizar un barrido de las instalaciones del hospital San Vicente de Paúl se comprobó que se trataba de una falsa alarma.

Se indicó que los pacientes del establecimiento fueron evacuados siguiendo los protocolos de seguridad y reubicados en el coliseo Luis Leoro Franco en donde se encuentran estables. Otros recibieron el alta temprana y ya se encontraban en sus hogares, sin riesgo para su salud.

El puesto de comando de incidentes conformado por la Policía, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Ministerio de Salud solicitó a la comunidad mantener la calma.

Asambleístas envían ley de reactivación de Esmeraldas

La reactivación del sistema productivo con estímulos sociales y empresariales, el diseño de políticas públicas para crear escenarios que implementen los mencionados estímulos, programas de capacitación y formación de micro, pequeños y medianos empresarios, entre otros, son las propuestas del proyecto de Ley de Reactivación Económica de Esmeraldas, que presentaron un grupo de asambleístas.

La legisladora Mae Montaño (CREO) impulsa el proyecto con el respaldo de los asambleístas de la misma tienda, del PSC y Pachakutik: Absalón Campoverde, Patricio Donoso, Encarnación Duchi, Homero Castanier, Cristina Reyes, Ana Galarza, Fabricio Villamar, Pedro Curichumbi, a la titular del legislativo, Elizaberth Cabezas.

En el proyecto se plantea que la Vicepresidencia de la República, en coordinación con el Ministerio de Industrias, diseñará y pondrá en marcha programas de capacitación y formación, de tal forma que los beneficiarios adquieran conocimientos para ejecutar esquemas empresariales.

Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería diseñarán programas para la producción agrícola, ganadera y pesquera de la provincia.

También, que la Corporación Financiera Nacional (CFN) y Banecuador establecerán accesos a créditos blandos para la creación y funcionamiento de medianas y pequeñas empresas. A ello, que se entregue asistencia técnica a empresas con potencial exportador.

La tensión

→ Comunicado. Un comunicado, atribuido a alias “Guacho” por la prensa colombiana, se difundió. En él, supuestamente exigía un cese al fuego para entregar los cuerpos de los periodistas. Autoridades ecuatorianas analizaban la veracidad de la información.

→ 4 analistas colombianos ofrecerán un discurso sobre la frontera norte, este jueves en la Espol.

→ Nueva alarma de bomba. Un maletín sospechoso en el terminal terrestre de Portoviejo preocupó a los ciudadanos . Se descartó cualquier peligro. (I)

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La carretera Baños-Puyo se abrió tras 24 horas sin lluvias

6:32 am

Desde el domingo hasta ayer, la ausencia de chubascos permitió que el equipo municipal rescate el bus que fue arrastrado por un alud, limpie la calzada y habilite el paso bidireccional.

A diferencia del jueves, viernes y sábado de la semana pasada, en el cantón tungurahuense de Baños la noche del domingo no hubo lluvias.

Si bien el cielo permaneció nublado y la temperatura era más baja de lo usual, la ausencia de precipitaciones desde las 10:00 del domingo hasta la misma hora de ayer permitió la reapertura de la vía que conecta esta ciudad, uno de los principales destinos turísticos del país, con la provincia de Pastaza.

Dicha carretera fue cerrada tras el alud que se produjo el sábado temprano en el sector Río Verde La Pampa, a 15 minutos del centro cantonal, evento que según expertos ocurrió debido al aflojamiento de tierras por acumulación de agua y causas antrópicas.

El deslizamiento de tierra arrastró un autobús que viajaba con 31 pasajeros desde Baños hasta la comunidad Río Verde, al menos 50 metros en sentido descendente a un costado de la calzada, donde murieron una joven madre y su pequeño hijo.

Reapertura de la carretera

Mientras los 29 heridos se recuperan en diferentes casas de salud de Tungurahua, la unidad de transporte accidentada fue extraída del sitio donde cayó la tarde del domingo tras cinco horas de labores, lo cual facilitó la reapertura de la carretera.

“Personal municipal y de otras entidades públicas, así como voluntarios, colaboraron para sacar el malogrado automotor, actividad que obligó la mañana del domingo a habilitar de manera alternada y temporal el paso bidireccional. El panorama cambió totalmente ayer pues en la noche y madrugada previa no hubo lluvias; ello permitió reabrir totalmente la carretera, no sin antes realizar un recorrido con técnicos para verificar que los escombros en los tramos afectados por deslaves fueron limpiados”, mencionó el alcalde de Baños Marlon Guevara.

Por su parte Patricia Larrea, coordinadora Zonal 3 de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), junto con un equipo técnico de la entidad, recorrieron el domingo y ayer la parte alta de los taludes donde se produjeron los deslaves para analizar el terreno.

“Es importante examinar el lugar de los hechos a fin de determinar las posibles causas y evitar nuevas desgracias. Entre los escombros del alud que arrastró el autobús se identificó restos de árboles de limón, un producto que ha sido introducido en el sector por las bondades del suelo y clima, pero que por sus características no es adecuado para este tipo de tierras pues las afloja”, explicó Larrea.

Afectación en túneles

El último sábado también se registraron deslizamientos de tierra en los sectores: El Placer, Manto de la Novia, Ventanas y San Jorge, en las parroquias baneñas de Río Verde y Río Negro.

Por tal motivo al interior de dos túneles en la carretera el servicio de energía eléctrica quedó suspendido pues el cableado fue afectado. Personal de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Empresa Eléctrica hasta ayer trabajaban para restablecer el servicio telefónico e iluminación en los corredores.

“Al ingreso de uno de los túneles, en dirección Tungurahua-Pastaza, se evidencia daños en la estructura. Por ello los técnicos de la SGR analizaron minuciosamente el estado de las paredes y pilares a fin de detectar posibles fisuras o filtraciones”, agregó la titular de la Secretaría de Riesgos en la Zona 3.

Personal y el equipo caminero del municipio de Baños, uno de los más completos del país, así como del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Agencia Nacional de Tránsito y Policía de Tungurahua y Pastaza, se encuentran monitoreando constantemente el estado de la vía.

El Comité de Operaciones Emergentes (COE), liderado por el alcalde Marlon Guevara, está activo desde el sábado y se reúne a diario para analizar el estado vial.

Sepelio

La unidad accidentada el sábado es la número 2 de la Cooperativa de Transportes Huambaló, con sede en la parroquia del mismo nombre en el cantón Pelileo.

“Los 29 heridos se recuperan en hospitales tungurahuenses. Ayer a las 13:00 en Cotaló, vecino poblado de Huambaló y tierra natal de María José y su hijo, fallecidos en el alud del sábado, sus familiares los sepultaron en medio de un profundo dolor. “Apoyaremos en lo que haga falta a los deudos y los heridos”, dijo Claudio Silva, vicepresidente de la Cooperativa de Transportes Huambaló. (I)

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Suspendido Patricio Baca, hermano de exfiscal general

12:03 pm

El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionó a su presidente, Patricio Baca Mancheno, con la suspensión de sus derechos políticos y de participación por un lapso de seis meses.

La resolución se produjo el jueves 26 de abril, el mismo día en que su hermano, el fiscal general Carlos Baca Mancheno, fue destituido por la Asamblea Nacional a través de un juicio político.

La sanción se debe a la vulneración de los derechos y garantías al debido proceso en el caso de la denuncia presentada por el ciudadano Felipe Ogaz Oviedo en contra del vicealcalde de Quito y los miembros de la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano de Quito.

La resolución impediría a Patricio Baca Mancheno seguir siendo juez y presidente del TCE. Pero el Tribunal aclaró que la sentencia no está ejecutoriada, por lo tanto podría interponer recursos de ampliación y aclaración. (I)

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