A cinco meses de las elecciones seccionales, la Asamblea Nacional aprobó una resolución para fiscalizar las declaraciones patrimoniales de alcaldes y prefectos del Ecuador. La iniciativa contó con el respaldo de 85 legisladores y se fundamenta en recientes revelaciones periodísticas sobre los registros patrimoniales presentados por autoridades locales ante la Contraloría General del Estado.
De acuerdo con información de Ecuavisa, durante el debate, el asambleísta de ADN, Fernando Jaramillo, explicó que se analizaron las declaraciones de 225 alcaldes y 23 prefectos del país, encontrándose 79 casos con variaciones patrimoniales que serán objeto de revisión. Como parte de la resolución, la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados deberá elaborar un informe sobre el tema en un plazo de 90 días.
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La mayoría legislativa también aprobó que la Comisión de Relaciones Internacionales investigue la adquisición de 60 trolebuses realizada por el Municipio de Quito en 2025. Desde el oficialismo se sostiene que existen indicios de un posible perjuicio económico superior al ya identificado por la Contraloría.
El legislador de ADN, Xavier Ordoñez, aseguró que una proforma del fabricante evidenciaría que la compra pudo haberse realizado de manera directa y por un valor significativamente menor. Según indicó, la diferencia alcanzaría aproximadamente seis millones de dólares.
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana rechazaron los cuestionamientos y defendieron la gestión del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. La asambleísta Liliana Durán sostuvo que la compra de los trolebuses ha generado beneficios para la movilidad y el medio ambiente de la capital, y denunció que las investigaciones tendrían motivaciones políticas en medio del proceso electoral que se avecina.
Las críticas también llegaron desde otros sectores de la oposición. El legislador socialcristiano Alfredo Serrano cuestionó que la Asamblea impulse investigaciones sobre municipios y prefecturas cuando, a su criterio, esa labor corresponde a los concejos municipales y consejos provinciales. Además, señaló que el Legislativo debería concentrar sus esfuerzos en la fiscalización de las funciones del Gobierno central.
Entre las recomendaciones aprobadas por el Pleno consta un pedido para que el Concejo Metropolitano de Quito analice el proceso de adquisición de los trolebuses. Sin embargo, ese organismo cuenta actualmente con una mayoría de concejales afines al correísmo, lo que anticipa un nuevo escenario de confrontación política en torno a este caso.