Durante meses, el caso Progen motivó preguntas como: ¿dónde terminó el dinero?, ¿quiénes se beneficiaron de los millonarios contratos?, ¿existió una estructura para mover los recursos públicos?
Ahora, un documento oficial elaborado por la Secretaría General de Integridad Pública pone nombres y apellidos a esa investigación. El informe, sustentado en un análisis financiero realizado con apoyo internacional, sostiene que los recursos entregados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) no permanecieron en las cuentas de Progen y habrían sido redistribuidos entre decenas de beneficiarios. ¿Quiénes?
Astrobryxsa, la principal receptora
El informe identifica a Astrobryxsa LLC y Astrobryxsa S.A., registradas en Estados Unidos y Ecuador, respectivamente, como las entidades que habrían recibido la mayor cantidad de recursos.
De acuerdo con el reporte, ambas empresas habrían recibido aproximadamente USD 15,2 millones provenientes de los desembolsos vinculados al caso Progen. Posteriormente, esos recursos habrían sido distribuidos entre otros beneficiarios.
Según el documento, el análisis permitió reconstruir «transferencia por transferencia» el recorrido del dinero y establecer la existencia de 29 beneficiarios jurídicos que habrían recibido recursos derivados de los contratos.
«Los fondos nunca permanecieron más de una semana en las cuentas de Progen», señala el informe oficial.
El rol del abogado José Luis Hidalgo
Uno de los nombres que aparece en el documento es el de José Luis Hidalgo Fernández. El informe sostiene que el abogado habría facilitado traspasos de bienes dentro de la presunta estructura financiera investigada y que habría participado en la creación y adquisición de empresas utilizadas para redistribuir recursos.
Además, el documento afirma que:
- Registró la creación o compra de ocho empresas.
- Declaró ingresos cercanos a USD 100.000.
- Mantenía acreditaciones superiores a USD 500.000 dentro del sistema financiero nacional.
El informe también menciona que, en la actualidad, integra un estudio jurídico que ha patrocinado a procesados por delincuencia organizada, entre ellos el prófugo Xavier Jordán. Estas afirmaciones forman parte del reporte oficial y no constituyen, hasta el momento, una sentencia judicial.
Karla Saud Calero y los presuntos vínculos familiares
Otro de los nombres que recoge el documento es el de Karla Saud Calero, media hermana de Alex Dueñas Calero, quien fue asesor de la Gerencia General de Celec EP.
Según el análisis financiero, habría destinado más de USD 162.000 en gastos personales, lo que la convertiría en una de las presuntas beneficiarias finales del entramado investigado.
José Manrique Suárez
El tercer nombre destacado es José Walter Manrique Suárez. De acuerdo con el informe, habría redistribuido más de USD 2,3 millones entre diez beneficiarios:
- Cinco personas jurídicas.
- Cuatro personas naturales.
- Consumos personales registrados.
El documento señala que los movimientos financieros asociados a estas operaciones habrían sido identificados mediante transacciones realizadas a través de entidades bancarias nacionales.
El Gobierno informó que remitió la documentación a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que evalúe la existencia de operaciones inusuales o injustificadas y determine si corresponde adoptar medidas dentro de sus competencias legales.
Asimismo, el caso cuenta con cooperación internacional y menciona el uso de herramientas previstas en la Ley RICO de Estados Unidos para rastrear activos y movimientos financieros fuera del país.
Contexto
El 2 de agosto de 2024, CELEC firmó contratos con la empresa estadounidense Progen por USD 149,1 millones para instalar generación termoeléctrica de emergencia y enfrentar los apagones que vivió el país ese año.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, el Estado habría desembolsado más de USD 104 millones. Los proyectos acumularon retrasos, incumplimientos y observaciones técnicas.
El 16 de diciembre de 2025, el presidente Daniel Noboa aseguró, en su cuenta de X, que el Estado ecuatoriano emprendió una demanda en Estados Unidos contra la empresa Progen.
El 29 de abril de 2026, la Fiscalía solicitó formular cargos contra 21 involucrados. En mayo de 2026, un juez dictó prisión preventiva contra 19 procesados.