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César Navas y Patricio Zambrano renunciaron a sus ministerios

11:56 am

La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) informó que este viernes 27 de abril el presidente de la República, Lenín Moreno, aceptó las renuncias de César Navas y Patricio Zambrano, a los ministerios del Interior y de Defensa, respectivamente.

“En los próximos momentos se darán a conocer sus reemplazos“, añadió la Secom en un comunicado oficial.

El jueves 26 de abril se cumplió el plazo de 10 días que había dispuesto el presidente Moreno para que los ministros encargados del tema de frontera norte capturen a Walter Patricio Arisala Vernaza, alias “Guacho”.

Los gobiernos de Ecuador y Colombia acusan a “Guacho” de ser el responsable de varios atentados en la frontera común. Además, lo culpan de haber secuestrado y ejecutado al equipo periodístico del diario capitalino El Comercio.

El Frente Oliver Sinisterra -liderado por “Guacho”- también se adjudicó el secuestro de la pareja de ecuatorianos Óscar Villacís y Katty Velasco.

Tanto Navas como Zambrano, a inicio de esta semana, habían manifestado que sus puestos estaban a consideración del Primer Mandatario desde mayo de 2017, cuando asumieron sus cargos.

El comunicado de la Secom no se refiere a la situación de la canciller María Fernanda Espiniosa, quien también ha manejado el tema de la frontera norte desde el ámbito diplomático. (I)

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(EN VIVO) Carlos Baca: “Me metí con el hombre más poderoso del país

5:24 pm

A las 15:30 de este jueves 26 de abril, el fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, inició con su defensa en el juicio político que se desarrolla en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Previamente, la Secretaría General de la Asamblea tardó cuatro horas en leer las más de 130 páginas del informe que dio paso a la interpelación y que fue aprobado por la Comisión de Fiscalización.

En el Pleno del Legislativo están 119 legisladores, según contabilizó la Secretaría del organismo cuando arrancó la sesión Nº 511 a las 11:10.

Los asambleístas interpelantes serán Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano, y César Carrión, de CREO.

El oficialismo, la oposición y los correístas decidieron llamar a control político al Fiscal el mismo día en que destituyeron al expresidente del Legislativo José Serrano, el 9 de marzo pasado, por su diálogo telefónico con el excontralor Carlos Pólit, prófugo de la justicia e investigado por actos de corrupción.

Baca presentó el audio de esa conversación durante una rueda de prensa y dijo que lo había conseguido en las redes sociales. Ese fue el detonante del juicio político porque la Fiscalía fue puesta en vilo por una pelea política personal entre José Serrano y Carlos Baca.

Para la censura del fiscal se requieren 69 votos, es decir, la mayoría absoluta.

Baca explicó que las 3 horas que por ley tendrá para presentar sus pruebas de descargo las dividirá en tres partes: supuesto incumplimiento de funciones, observaciones del juicio político y posición de la Fiscalía frente a la problemática de la frontera norte.

El Fiscal lamentó que antes de su presentación ante el pleno, ya sectores de asambleístas hayan decidido que debe ser destituido de su cargo.

También afirmó que en un juicio político es para una autoridad que no cumple funciones, algo que -según él- no aplica en su caso.

A la hora de intervención, Baca aseguró que luego de “meterse con el hombre más poderoso del país” -refiriéndose al excontralor Pólit- apareció en su contra una investigación por supuesto mal uso de fondos de la Comisión que investigó el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010. Baca presidió ese organismo que indagó los hechos.

El juicio político inició precedido por el reclamo hecho por la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, por los comentarios vertidos en los últimos días por Baca. Estas declaraciones han sido tomadas al interior de la Asamblea como “amenazas”.

A la sesión acudió el asambleísta José Serrano luego de un mes de vacaciones. El expresidente de la Asamblea mantiene desde febrero pasado un cruce de acusaciones con Baca, a raíz de la divulgación del audio de la conversación con Pólit. (I)

José Serrano, expresidente de la Asamblea, llegó a la sesión del juicio político contra Carlos Baca.

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José Serrano reaparece tras su destitución

5:21 pm

Luego de un mes y 18 días, el expresidente del Legislativo José Serrano asistió este jueves 26 de abril para participar en la sesión 511 que se centra en el juicio político al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.

Serrano fue destituido de su cargo de titular de la Asamblea, el pasado 9 de marzo, con 103 votos a favor y 3 abstenciones.

Con la misma votación, los legisladores decidieron resolver sobre el inicio de juicio político al fiscal general. Hoy, 119 asambleístas decidirán si Baca es destituido o si continúa en su cargo.

Con carpetas bajo el brazo, Serrano saludó con sus compañeros de Alianza PAIS mientras toda la bancada de Revolución Ciudadana abandonaba el salón Nela Martínez para tener una reunión en privado.

Ahora, mientras la secretaria general lee el informe, se espera el ingreso del fiscal para que ejerza su derecho a la defensa por el lapso de 3 horas.

Posteriormente, dos asambleístas -Henry Cucalón de PSC y César Carrión de CREO- lo interpelarán durante 2 horas.

Así, los legisladores tendrán sustentos para debatir -cada uno tiene 10 minutos- y votar por el archivo del expediente o por la censura y destitución del fiscal. (I)

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El feriado en Ecuador se extiende a 4 días por decreto presidencial

5:20 pm

El feriado por el Día del Trabajo será de 4 días, así lo decretó el presidente de la República, Lenín Moreno, este jueves 26 de abril.

Mediante el decreto N° 379, el Primer Mandatario dispuso que el lunes 30 de abril se suspendan las actividades laborales en el sector público. Para el sector privado es opcional acogerse a la medida.

Mientras que el martes 1 de mayo se mantiene el feriado por el Día del Trabajo. La jornada laboral correspondiente al 30 de abril será recuperada en el sector público con una hora extra por 8 días, a partir del miércoles 2 de mayo. (I)

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El exministro Iván E. enfrenta otra investigación por peculado

6:32 am

Un informe de la Contraloría vuelve a llevar al exfuncionario al banquillo de los acusados por supuestas irregularidades en procesos de contratación de los prestadores de servicios de salud.

En la Unidad Judicial Sur Valdivia, mañana, a las 10:30, está dispuesta la instalación de una nueva audiencia de formulación de cargos por peculado contra el extitular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), José Iván E.M.

La diligencia fue solicitada por el fiscal Enry Bazurto Quinde, quien deberá sustentar su acusación contra Iván E.

El peculado, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), es sancionado con una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años.

El abogado Kléber Sigüencia, representante del exfuncionario, explicó que la investigación nace por un informe de la Contraloría General del Estado, ante supuestas irregularidades en los procesos de acreditación, contratación, derivaciones y pagos a los prestadores privados de salud de la urbe porteña.

Sigüencia insistió en que José Iván E.M. no tuvo ninguna participación en el tema investigado por la Contraloría, donde se incluye a 15 personas más. “Mi cliente durante los siete días que estuvo en el cargo no hizo ninguna gestión de pago”, aseguró.

El defensor legal recordó que en agosto de 2017 la Fiscalía inició una indagación por el mismo delito de peculado también por presuntos pagos irregulares a los prestadores de servicios de salud (manejo de tarifarios); pero al final, un juez de Guayaquil no encontró pruebas de la participación de los funcionarios en el delito investigado y ordenó el archivo de la causa.

En este tema, la Contraloría presentó una acción de protección en la Corte Constitucional contra la decisión del juez, pero el recurso judicial no fue admitido porque su presentación fue extemporánea.

Sobre la otra indagación por peculado a cargo del fiscal Pedro Intriago, el abogado del exministro dijo que la fecha para la audiencia de formulación de cargos sigue en suspenso hasta que no concluyan “unos peritajes que solicitó la Contraloría”.

Además, la defensa legal del exfuncionario informó que para el 2 de mayo está fijada la audiencia de revisión de medida cautelar (prisión preventiva) que el 7 de abril fue dictada contra su cliente por una jueza de Samborondón dentro del proceso que se le sigue por supuesto lavado de activos.

Esta última investigación fue iniciada por la fiscal Ivonne Proaño, miembro de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General, donde también fue incluido el exasesor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Walter A.M. Sin embargo, en el sistema de revisión de causas del Consejo de la Judicatura (CJ), el nombre de José Iván E.M. aparece en 44 procesos más, entre 2002 y 2017.

Causas procesales
En el sistema existe la causa 09357-2002-0112 en la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, donde la ciudadana Dora A.R. presentó una acción verbal sumaria contra el IESS y José Iván E.M., interviene en su calidad de director regional 1 de la Procuraduría General del Estado.

Además, en enero de 2007, dentro del proceso 09315-2007-0004, el ciudadano Omar A.S., ante la Unidad Judicial de Daule, presenta una demanda por incumplimiento de contrato contra Nora A.S., Winston A.N. y José Iván E.M., este último director del IESS de Guayas.

En 2010, el sistema del CJ registra una demanda por multas presentada por Exportadora Bananera Noboa contra el IESS, donde el exfuncionario ya fungía como director provincial.

Entre mayo y noviembre de 2012, el organismo rector de la justicia de Ecuador revela la existencia de una acción de protección y tres demandas contra el IESS, donde está inmerso Iván E. por su cargo de director.

También, entre agosto y noviembre de 2013 existen dos acciones de protección y ocho causas por pago de haberes e indemnizaciones laborales.

En 2014, entre enero y diciembre, aparecen en el sistema 20 demandas por diferentes causas, entre ellas acciones de protección, daño moral, indemnizaciones laborales, todas presentadas contra el IESS, donde era director provincial.

Entre 2015 y 2016, Espinel aparece en dos procesos, uno por prescripción adquisitiva de dominio y otro por un deprecatorio. “Como usted pudo leer, el nombre de mi cliente aparece por cuestiones de representación”, indicó Sigüencia. (I)

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Fiscalía investigará presunta relación de las FARC con Correa

6:31 am

La Fiscalía General del Estado recibió la denuncia presentada por el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, para investigar un supuesto aporte económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a una campaña presidencial del exmandatario Rafael Correa.

Michelena solicitó que se inicien las investigaciones de manera “urgente”, esto luego de que el periodista mexicano Fernando Del Rincón le presentara al presidente Lenín Moreno el presunto testimonio de un testigo protegido de las FARC, que afirmaba el nexo entre Correa y el exgrupo armado.

El secretario de Comunicación acudió a la Fiscalía el 20 de abril. Ese mismo día, la secretaria de la Fiscalía, María Paz Ruiz, recibió la petición y dispuso que se tomen acciones.

La Fiscalía se comunicará con la encargada del Área Legal de Cable News Network, Kelli Slade, para que le remita el video con las declaraciones del exmiembro de las FARC.

Según Moreno, en el declaración del testigo se menciona que el exasambleísta Paco Velasco fue el intermediario entre los insurgentes y Correa. No se especifica para cuál de las tres candidaturas del expresidente se destinó los fondos.

Velasco, en declaraciones a la cadena CNN, negó rotundamente que haya recibido dinero de las FARC ni para su campaña como asambleísta ni para las postulaciones de Rafael Correa.

Moreno manifestó que espera se investigue la veracidad del producto audiovisual, que, en su opinión, tiene “dos o tres imprecisiones”.

Rafael Correa ha negado vínculos con las FARC y acusa al Gobierno de lanzar una “cortina de humo” con esta investigación.

Antecedentes

En julio de 2009, el entonces fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, dijo que había evidencias en los computadoras del abatido líder guerrillero “Raúl Reyes” que permitían “inferir” presuntos nexos de dos exfuncionarios de Ecuador con las FARC.

El Ejército colombiano bombardeó el 1 de marzo de 2008 un campamento de las FARC instalado en territorio ecuatoriano, en el que murieron 26 personas, entre ellas el número dos de las FARC, alias “Raúl Reyes”, y Franklin Alisalla, un ciudadano de ese país.

Tras la operación, militares colombianos recuperaron dos computadoras y varias memorias USB de uso personal de “Reyes”, en los que se consignan correos electrónicos entre el jefe guerrillero y personalidades de varios países.

Según dijo entonces Iguarán, las evidencias informáticas demostraban los presuntos vínculos de Gustavo Larrea y José Ignacio Chauvín, dos funcionarios ecuatorianos de la época, con la guerrilla de las FARC. (I)

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El futuro de Baca se define en una sesión de al menos 7 horas

6:29 am

El jueves 26 de abril, a partir de las 10:50, será el juicio político al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, en el pleno de la Asamblea Nacional.

Baca estará ante el pleno acusado por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El oficialismo, la oposición, y los correístas, decidieron llamar a control político al Fiscal el mismo día en que destituyeron al expresidente del Legislativo, José Serrano, el 9 de marzo pasado, por su diálogo telefónico con el ex contralor Carlos Pólit, prófugo de la justicia e investigado por actos de corrupción.

Baca presentó el audio de esa conversación durante una rueda de prensa y dijo que lo había conseguido en las redes sociales. Ese fue el detonante del juicio político porque la Fiscalía fue apuesta en vilo por una pelea política personal entre José Serrano y Carlos Baca.

Para la censura del Fiscal se requieren 69 votos, es decir, la mayoría absoluta.

La destitución del Fiscal es apoyada por la mayoría de AP
Con una sesión previa, la bancada de Alianza PAIS y Aliados definió su postura para la votación de hoy en el pleno: unanimidad.

Ximena Peña, líder del bloque, dijo que la mayoría de los asambleístas de AP se han decidido por la censura y destitución del Fiscal y que exhortaron a que el resto se una a la mayoría.

César Litardo agregó que sobre todo esperarán a que el Fiscal se defienda. Sin embargo, agregó que los asambleístas que no se han decidido por la censura “lo hacen a favor de la institucionalidad”. El bloque está conformado por 44 asambleístas.

Si su postura se define a favor de la censura y destitución, se unirían a los 58 asambleístas que ya decidieron la votación.

De momento, la bancada de Revolución Ciudadana se mantiene en reuniones para dialogar sobre el tema. Soledad Buendía indicó que no podrán adelantar criterios previamente a la comparecencia.

El pleno de la Asamblea Nacional decidirá el futuro de Carlos Baca Mancheno.

Baca y su intervención
El fiscal Baca dijo estar listo para su comparecencia, en la que explicará documentadamente cuál es la situación por la que la paz se rompió en la frontera norte, lo cual ha causado expectativa.

“Vamos a decir muchas cosas relevantes que el país debe saber sobre ese tema y de otros que el país tiene que conocer”, dijo, al aclarar no estar optimista ni pesimista porque ha cumplido con su deber con errores y aciertos, pero sobre todo haber entregado lo mejor.

Si la Asamblea cree que me debo ir, me voy, si la Asamblea no me censura seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día”, insistió, al subrayar que está en absoluta paz con su conciencia.

Baca se ratificó que hay asambleístas que hacían política en los pasillos de la Fiscalía y que hay otros sobre quienes se han presentado denuncias.

Pero no soy un canalla y no lo voy a decir nunca contra quienes se han presentado denuncias”, dijo al señalar que hay mucha información sensible que debe ser respetada y, además, no irá a la Asamblea a decir cuáles legisladores tienen procesos.

Frente a esto, los jefes de bancada y la presidenta del Legislativo remitieron una solicitud para que el Fiscal envíe el listado de los asambleístas a los que hizo referencia y en qué norma jurídica han incumplido los legisladores. (I)

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Hoy vence el plazo para que ministros capturen a “Guacho”

6:27 am

A un mes del secuestro del equipo periodístico de diario El Comercio en Mataje, también vence el plazo de 10 días que dio el Presidente a sus ministros encargados del caso para que capturen a Walter Patricio Arizala Vernaza, alias “Guacho”, líder del grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra.

A él se le atribuyen el asesinato del equipo periodístico de El Comercio y las detonaciones con explosivos en Esmeraldas que dejaron cuatro militares fallecidos. El grupo también secuestró hace dos semanas a dos civiles más.

Hasta la fecha no se ha conocido más detalles sobre el estado de la pareja secuestrada la semana anterior. Las autoridades intentan abrir un canal directo con los secuestradores, pero hasta el momento no ha existido respuesta.

Secretarios de Estado están en permanente contacto con los familiares de Óscar Villacís y Vanessa Velasco.

El anuncio del Jefe de Estado fue dirigido a los ministros Patricio Zambrano, de Defensa Nacional; César Navas, del Interior; y María Fernanda Espinosa, canciller de la República, quienes son los responsables de manejar la crisis de la frontera norte.

En el caso de no cumplir, una de las posibilidades que se baraja en la opinión pública es la renuncia de los ministros. Incluso ya se mencionan nombres de sus reemplazos.

Hace dos días, en una entrevista en una radio de Quito, Navas explicó que el plazo que dio el Presidente es orientado a fortalecer los esfuerzos, en coordinación con Colombia, para capturar a “Guacho”.

Al mismo tiempo aclaró que hay 42 detenidos que pertenecen a la organización narcoterrorista.

Ante una supuesta renuncia, Navas aclaró que su cargo “está a disposición del Presidente”. Esa misma respuesta dio el titular de Defensa Nacional.

Ayer, el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, indicó que hoy el Mandatario tomará “las mejores decisiones y pondrá a la gente correcta”. (I)

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Hackers emitieron 15.970 licencias fraudulentas

6:14 am

Los delitos y delincuentes informáticos que hasta 2014 eran casi desconocidos en Ecuador escogieron esta vez como blanco el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

El hackeo al sistema del organismo rector del tránsito en el país dejó un perjuicio económico al Estado por más de $ 1,2 millones.

Con la vulneración del sistema también se benefició con la licencia de conducción a personas que jamás aprobaron ningún curso de manejo ni un examen. Ellos, reconocen las mismas autoridades, ahora representan una gran amenaza en las carreteras.

La ANT confirmó que su sistema informático fue vulnerado por el ingreso de 99 usuarios externos, quienes otorgaron ilegalmente 15.970 licencias de conducir tipo A, B, C, D, E, F y G.

Además, modificaron 14.583 multas por infracciones y devolvieron 26.801 puntos a conductores que violentaron la ley.

Todo esto a través de programas y usuarios no autorizados. Incluso, lo hicieron fuera de horario laboral. Esa tarea ilegal movió más de $ 1’250.000.

La denuncia ya fue presentada en la Fiscalía y hay una investigación en curso por delito informático, un término que hasta hace cuatro años no era común entre los ecuatorianos.

Es recién en 2015 que se receptaron denuncias sobre hackeos de páginas o sistemas informáticos de los bancos, por parte de clientes a quienes les debitaron o sustrajeron dineros de sus cuentas. Eso obligó a las entidades crediticias a actuar y tecnificar más sus sistemas de protección informática.

De acuerdo a datos de la Fiscalía, en 2017 se presentaron 235 denuncias sobre delitos informáticos, mientras que en lo que va de 2018 hubo 42.

El delito informático está actualmente tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El artículo 232 establece penas de tres a cinco años de prisión para quien sea hallado culpable.

La compra de licencias repercute en la cifra de accidentes
Las alertas se encendieron en el país porque quienes obtuvieron de forma ilícita las licencias ahora, incluso, manejan vehículos de transporte público y algunos ya ocasionaron accidentes.

Por ejemplo, el accidente protagonizado el 24 de marzo pasado por el bus de la cooperativa de transporte “Rutas Portovejenses”, disco 21, dejó como saldo 13 muertos y 17 heridos.

Las primeras investigaciones establecieron que el conductor, quien se dio a la fuga, era de nacionalidad venezolana y que obtuvo la credencial profesional de conducir de manera ilegal, sin cumplir el curso y las pruebas de rigor en una escuela de conducción del país.

Este accidente pasó a engrosar las ya alarmantes cifras de muertos, heridos y daños materiales.

Según estadísticas de la ANT, entre enero y febrero de este año, es decir en apenas dos meses, se registraron 4.035 siniestros, lo que equivale a 67,2 accidentes por día o 2.017 al mes. Esos percances causaron 347 muertos (5,7 por día o el equivalente a 173,5 fallecidos al mes) y 3.106 lesionados.

En 2017 se produjeron en Ecuador 28.967 siniestros de tránsito (79,3 por día o 2.413 por mes), que dejaron 2.153 fallecidos (5,8 por día o el equivalente a 179 por mes) y 22.018 lesionados.

La Fiscalía indaga la denuncia entablada por la ANT
Bolívar Burbano, fiscal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Previos, dijo que investigan el hackeo al sistema informático de la ANT. El objetivo es establecer responsables y qué personas se beneficiaron con la emisión de licencias fraudulentas.

“Se presentó una denuncia de los representantes de la Agencia Nacional de Tránsito respecto a que se utilizaron programas externos para vulnerar las seguridades de su sistema, que alberga gran cantidad de información de ciudadanos sobre sus licencias, que tiene que ver con puntos, multas e infracciones”, señaló.

Considera que el delito se habría cometido entre diciembre de 2017 y enero de este año.

De acuerdo con el fiscal, los delincuentes son expertos en informática, pero lo que más se averigua ahora es si contaron con ayuda casa adentro en la ANT.

“Se vulneraron las seguridades del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, a través de usuarios que manejaban internamente este sistema. Hackearon las cuentas, luego cambiaron las contraseñas y con el uso de programas externos se modificaron datos que le ocasionaron perjuicios al Estado y que hasta el momento llegan al millón y medio de dólares”, explicó.

Sobre el tiempo que les habría tomado a los delincuentes conocer el sistema y el lugar desde donde lo hicieron, Burbano manifestó que aún no tienen el dato, aunque, destacó, con el avance de la tecnología el delito del hackeo se lo comete desde cualquier parte del mundo y en cuestión de minutos.

“Es gente que tiene conocimiento en la parte de informática, en el área de computación”, remarcó.

El ciberdelito se habría facilitado debido a que los blogs de seguridad de la Agencia Nacional de Tránsito no dieron la alerta, caso contrario se habría evitado la emisión ilegal de las supuestas 15.970 licencias, las cuales -coinciden en señalar las mismas autoridades y la Fiscalía- deberán ser revocadas en cuanto se tenga la información precisa.

“Fueron tan hábiles que pudieron evitar los blogs de advertencia”, manifestó Burbano.

De hallarse pruebas de algún grado de participación, los implicados afrontarán procesos judiciales de tipo penal, puesto que se hackeó el sistema informático de la ANT, una entidad que pertenece al Estado, a la vez que se emitieron documentos públicos falsos.

Por el momento se cruzan información y acusaciones
Hasta ahora no existen detenidos, pero tanto la Fiscalía como la Agencia Nacional de Tránsito cruzan información para establecer si los delincuentes informáticos contaron o no con la colaboración de algún funcionario de la institución.

Según un catedrático universitario experto en informática, quien pidió la reserva de su nombre, si bien la tecnología ha tenido avances importantes en los últimos años, de seguro en delitos como el hackeo los maleantes siempre cuentan con ayuda al interior de alguna entidad pública o privada.

“El conocimiento de las claves, la manera como realizan esta especie de transacciones, de seguro fueron avisadas por alguien que conoce el funcionamiento del sistema”, indicó el experto.

José Santamaría, gerente general de la cooperativa de transporte San Francisco, señaló que “es grave” la denuncia presentada por la Agencia Nacional de Tránsito sobre el hackeo de su página y que permitió el otorgamiento de licencias falsas, al igual que quitar puntos y dejar sin efecto las multas por infracciones.

“Cada uno es responsable de sus actos. En este caso a la Agencia Nacional de Tránsito el control que ameritan las seguridades informáticas. En lo referente al hackeo, la responsable es la misma ANT, pues se ve que les faltó realizar los respectivos controles en los sistemas que ellos manejan”, aclaró.

Santamaría sostuvo que ellos periódicamente dan cursos de capacitación a sus afiliados y que ahora, debido a esta grave situación, se verán obligados a verificar los documentos, especialmente de quienes trabajan como choferes profesionales en el servicio público.

Dirigentes de otras cooperativas consultados por los Medios Públicos coincidieron en que harán lo mismo.

Expertos y dirigentes del transporte consideran que el problema obligará a la ANT a emitir un nuevo documento más actual, con mayores seguridades, constatando el lugar y época en que hicieron los cursos los diferentes usuarios que obtuvieron las licencias de conducir. (I)

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Ministro dice que no ha habido más comunicación con secuestradores de pareja

6:26 am

El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, reveló que no ha habido más comunicación con los secuestradores de una pareja de la ciudad de la provincia de Santo Domingo que desapareció la semana pasada en la frontera con Colombia.

“Sobre los dos ciudadanos que se encuentran secuestrados no hemos tenido comunicación con los captores”, dijo el ministro en una rueda de prensa en la ciudad de San Lorenzo, en el norte de la provincia fronteriza de Esmeraldas.

Acompañado por un alto mando policial y dos funcionarios, Navas dio a conocer los resultados de una operación policial en la que se incautó droga por valor de 50 millones de dólares, y ante las preguntas de los periodistas habló también de la situación de la pareja y de la búsqueda de los cuerpos de los integrantes del equipos periodístico asesinado la semana pasada.

Navas aseguró que desde que el Gobierno recibió a principios de esta semana “la evidencia del secuestro, no existió ninguna otra comunicación” con los secuestradores.

La pareja, un hombre y una mujer, desaparecieron el jueves 12 de abril durante un viaje a Esmeraldas, y el gobierno anunció el martes 17 de abril su secuestro tras recibir un vídeo de ambos por el mismo canal de comunicación que mantenía con los captores del equipo del diario quiteño El Comercio.

Ambos hechos, así como una serie de explosiones en las que han muerto cuatro militares y una treintena resultaron heridos, son atribuido a un disidente de las FARC presuntamente vinculado al narcotráfico y conocido por el sobrenombre de “Guacho”.

El ministro agregó sobre este último secuestro que el trabajo técnico policial continúa y que se han mantenido reuniones con los familiares.

En cuanto a la búsqueda de los tres cadáveres explicó que no se trata de algo que “dependa de las autoridades”.

“Estos delincuentes, estos asesinos, no tienen la más mínima sensibilidad ni con los familiares ni con la sociedad ecuatoriana como para darnos información”, afirmó.

Y concluyó con que existen organizaciones internacionales, entre ellas la Cruz Roja Internacional, que “han expresado abiertamente su cooperación”. (I)

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