Hacer una denuncia pública sobre algún caso de corrupción en Ecuador puede acarrear consecuencias como la muerte para un ciudadano que asuma ese rol, porque no se sabe a qué tipo de poder se deberá enfrentar en el camino; ese es el mensaje que deja la muerte de la activista Monika Silva, apuntan fuentes consultadas por LA HORA.
¿Por qué hay ciudadanos que asumen un rol de riesgo?
Sofía Cordero, doctora en Estudios Políticos, observa que lo que impulsa a los ciudadanos a denunciar o a investigar son motivos subjetivos.
“Son, por ejemplo, gente muy ética o que tiene un compromiso social, que es entregada a la sociedad por la experiencia de vida, por la profesión, por el carácter, por la familia, por lo que aprendió”, menciona.
Sin embargo, asumen un riesgo, advierte: “Hay una normalización de la muerte como una de las consecuencias, eso es lo más terrible como síntoma de psicología social”.
Frente a esa situación, Cordero considera que en un escenario ideal debería haber una reacción institucional en los diferentes poderes y niveles del Estado. “Desde lo local hasta lo nacional, pasando por la Justicia, deberían asumir la tarea de fiscalizar quienes tienen competencia, llevar los procesos judiciales y demandar quienes deben hacerlo”, señala con respecto a las instituciones competentes, como Fiscalía.
Pero ve que las instituciones no van en ese camino, sino que “los funcionarios y los poderes estatales se van blindando cada vez más”. Por eso evalúa que “la reacción de la ciudadanía será involucrarse cada vez más en este tipo de denuncias y de investigación”. Por otro lado, ve que parte de la ciudadanía reacciona de otra forma: con la autocensura.
Casos que han generado interés público en Ecuador
Cordero notó que “después del asesinato de Fernando Villavicencio hubo una gran autocensura”. Añade que este fenómeno “funciona como reacción mayoritaria” en algunos medios de comunicación y en los ciudadanos que expresan su opinión públicamente.
“Pero siempre hay personas que están dispuestas a transgredir, a correr el riesgo y eso también mide la no respuesta estatal. El Estado se sigue blindando en lugar de abrirse y generar canales”, refiere.
Hay algunos casos que han captado el interés público:
Las hijas del excandidato presidencial asesinado en agosto de 2023, Amanda y Tamia Villavicencio, mantienen presión para tratar de esclarecer el caso y han denunciado seguimientos y amenazas de muerte.
Caso Mario Godoy: Gabriela Panchana, abogada y activista, ha denunciado hostigamiento digital tras exponer en 2025 que la esposa del expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, Dolores Vintimilla, actuaba como abogada del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.
Caso Malvinas: el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil denunció que el 2 de junio de 2026 dos patrullas militares se presentaron en la vivienda de una de las madres de los menores fallecidos en diciembre de 2024 y lo consideraron como un acto de intimidación.
Caso Monika Silva: la activista social de origen polaco que hacía denuncias de presunta corrupción fue encontrada sin vida el 8 de junio de 2026 en su casa, en Santa Elena. Su caso está en investigación.
Caso Progen: Edwin Romero, abogado defensor del procesado Celso Sánchez, presentó en la Fiscalía una denuncia por intimidación tras el robo de su computadora.
¿Los mecanismos de protección estatal para los ciudadanos son insuficientes?
Para César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, los riesgos para los ciudadanos que denuncian presuntos casos de corrupción, como los periodistas, sí se han multiplicado en los últimos años. “Esto porque muchas veces hay complicidad entre la acción del crimen organizado y actores del poder político”, indica.
En Santa Elena hay casos emblemáticos, recuerda, debido al asesinato del periodista Robinson del Pezo en noviembre de 2025. “Él trabajaba muy de la mano con Monika Silva. Hay otros periodistas en la misma provincia que han sido seriamente amenazados, tenían por labor denunciar los posibles hechos de corrupción”, agrega.
“Monika había denunciado públicamente que tenía varias amenazas de muerte. Incluso había presentado denuncias ante la misma Fiscalía para que se investiguen esas amenazas y, por lo que sabemos, no se activó ningún mecanismo de protección por parte del Estado, pese a que por sus denuncias corría un alto riesgo”, cuestiona Ricaurte.
Considera que en ese aspecto hay debilidad por parte del Estado: “Es evidente que los mecanismos de protección que tiene el Estado ecuatoriano en este momento son insuficientes y eso debería ser un tema de enorme preocupación”.
Fundamedios reportó que en 2025 se cometieron 114 de las agresiones hacia la libertad de expresión por parte de agentes estatales.
Ricaurte hace otra observación: “Una de las cosas que más debería llamar la atención es el asesinato y las amenazas que se cometen contra fiscales y servidores de la misma Fiscalía. Los funcionarios que están investigando las acciones del crimen organizado son las primeras víctimas y no están siendo protegidos, como lo sucedido con la fiscal de Manta (Alexandra Bravo)”.
Frente a los hechos, Ricaurte tiene una hipótesis: “Todos los mecanismos de seguridad que debería activar el Estado para proteger a quienes están luchando en primera línea contra el crimen organizado, incluidos fiscales y periodistas, no se están activando. No existen o por lo menos no están funcionando de manera adecuada”.
El ciudadano es considerado un enemigo del poder cuando hace denuncias
Lolo Echeverría, analista político, explica que quienes denuncian, investigan y denuncian casos de presunta corrupción siempre corren riesgos.
“Se convierten en enemigos de los que cometen actos de corrupción que están en instituciones y ejercen un espíritu de cuerpo, que es esa protección del grupo que se considera amenazado por las denuncias o el gobierno entero. El denunciante entonces es considerado un enemigo político o enemigo del gobierno”, resume.
“Esto implica riesgos porque los funcionarios, cuando están en el poder, tienen la capacidad de ejercer represalias. Por eso es que quienes hacen denuncias siempre necesitan protección”, añade. Se refiere a la protección de las leyes, de la Policía o de la Fiscalía (cuando sea el caso de un testigo protegido o de denunciantes para que mantengan el anonimato).
Echeverría evalúa que hay tres amenazas fundamentales a los que el ciudadano denunciante se enfrenta en Ecuador:
El poder político: “Es el poder de los grupos políticos cuando la política está pervertida, como ha llegado a ser nuestra política, ellos constituyen una amenaza para los ciudadanos honrados y más para los ciudadanos que denuncian los casos de corrupción”.
El poder gubernamental: “Es decir, el ministerio, la institución o el Gobierno en su totalidad que considera enemigo o adversario al que hace una denuncia por más buena intención que tenga.
El poder de los grupos de delincuencia organizada: “En el caso ecuatoriano, por ejemplo, es el poder del narcotráfico”.
Para el analista, “el caso de Monika Silva nos alerta acerca del peligro que implica el poder político cuando es denunciado y más cuando hay conexiones con los carteles de la violencia organizada, eso es un grave riesgo”. (KSQ)