Las personas que usen uniformes de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas para engañar a la ciudadanía o facilitar actividades delictivas enfrentarán penas de hasta siete años de prisión.
Con 87 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una reforma legal que busca frenar una práctica utilizada con frecuencia por organizaciones criminales para simular operativos y ganar la confianza de sus víctimas.
La reforma surge en medio de la preocupación por el uso de prendas y credenciales falsas por parte de grupos delictivos que, en distintos casos, han simulado procedimientos oficiales para cometer secuestros, robos, extorsiones y otros delitos.
Uno de los principales cambios incorpora al Código Orgánico Integral Penal (COIP) una figura específica para castigar a quienes porten sin autorización uniformes, insignias o elementos de identificación pertenecientes a entidades de seguridad.
Las sanciones
La ley establece una escala de sanciones según la gravedad de la conducta. Quienes utilicen estos elementos sin autorización podrán recibir penas de entre uno y tres años de prisión. Si los uniformes son empleados para fingir controles, retenes u operativos con el fin de engañar a terceros, la condena podrá aumentar hasta cinco años.
Las penas más severas se aplicarán cuando la simulación involucre uniformes o distintivos de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. En esos casos, la sanción podría llegar hasta siete años de privación de libertad debido al impacto que estas acciones generan en la seguridad ciudadana.
La normativa también apunta a quienes participan en la cadena de producción y venta de estos artículos. La fabricación, distribución o comercialización ilegal de uniformes institucionales será considerada delito y tendrá castigos que varían según el tipo de prendas involucradas y el rol de los responsables.
Además, las empresas de seguridad privada deberán implementar controles más estrictos sobre la entrega y recuperación de uniformes, así como mantener registros verificables que permitan rastrear estos elementos y evitar que terminen en manos de terceros.
Ocurre algo similar con la importación, importación y comercialización de uniformes e insignias. La ley dispone que únicamente personas o empresas autorizadas podrán participar en estas actividades.