La versión de José Ricardo Cevallos Avellán es considerada una de las pruebas dentro de la investigación por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil y a varios de sus familiares y colaboradores.
¿Quién es el testigo protegido?
Antes de acogerse al sistema de protección de testigos, trabajó como gerente financiero de empresas del círculo familiar de los Alvarez. Según su propia versión a inicios de la investigación tuvo acceso a información contable, económica y operativa de varias compañías investigadas por la Fiscalía.
Además, se convirtió en cooperador eficaz, una figura legal mediante la cual una persona procesada o vinculada a una investigación aporta información relevante a cambio de beneficios judiciales previstos en la ley.
Su testimonio
El testimonio anticipado está previsto para las 09:00 en la Cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte, en Quito.
Debido a su condición de testigo protegido, la diligencia se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad y reserva. Los procesados y sus abogados participarán de manera telemática.
La audiencia fue convocada para el 12 de junio, pero fue suspendida por incidentes relacionados con la defensa de algunos de los procesados.
¿Por qué su declaración es clave?
Para la Fiscalía, la versión de Cevallos podría ayudar a reconstruir la presunta ruta del dinero investigado.
De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, el exgerente habría entregado dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono celular y una computadora portátil, que contendrían información sobre transferencias, pagos, fechas, montos y nombres de beneficiarios.
Los abogados de Aquiles A. han anticipado que buscarán desacreditar el testimonio del cooperador eficaz.
Contexto
El caso Goleada salió a la luz en abril de 2025, cuando la Fiscalía ejecutó allanamientos simultáneos en Guayaquil y otras ciudades como parte de una investigación que inicialmente se abrió por el presunto delito de delincuencia organizada. El expediente apuntaba a un supuesto esquema irregular de comercialización de combustibles a través de varias empresas vinculadas al entorno familiar del alcalde de Guayaquil, Aquiles A.
La Fiscalía reformuló la causa y pasó a investigar un presunto delito de lavado de activos.