En el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se registraron diferentes acciones en contra del Gobierno. La principal exigencia es que se derogue el Decreto Ejecutivo 126 con el que se eliminó el subsidio al diésel. Desde el 22 de septiembre de 2025 hubo reacciones, sobre todo en:

Cotopaxi: movilización y plantón frente al aeropuerto de Latacunga. También hubo una marcha en el centro de la ciudad, pero a favor del Gobierno de Daniel Noboa.
Pichincha: bloqueos de vía y enfrentamiento entre manifestantes y la Policía en San Miguel del Común, en el norte de Quito.
Bolívar: comunidades realizaron una marcha.
Imbabura: varias vías cerradas y el paro subió de tono con un fuerte enfrentamiento entre manifestantes y la fuerza pública.
El el 23 de septiembre las acciones aumentaron en:

Pichincha: movilización de universitarios, del Frente Unitario de Trabajadores y otros gremios sociales.
Azuay: en Cuenca hubo plantones en contra del proyecto minero Loma Larga y en defensa del agua y una marcha en contra del decreto 126.
Cañar: en Azogues se movilizó la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc), al igual que en Cuenca.
Pastaza: el presidente de la Conaie, Marlon Vargas; el presidente de la regional Confeniae, José Esach; y dirigentes de siete nacionalidades amazónicas anunciaron que activarán el paro en la Amazonía.
“Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, pues yo prefiero morir”, afirmó el presidente Noboa en un evento en Cotopaxi.

Dificultades en medio del paro de la Conaie
La Conaie indicó el 19 de septiembre de 2025 que las cuentas bancarias de los dirigentes nacionales y de las organizaciones fueron bloqueadas. Las entidades bancarias respondieron que fueron “órdenes estatales”, según la organización indígena.

El 23 de septiembre, Vargas dijo que las cuentas de los dirigentes, exdirigentes y de comunicadores comunitarios seguían bloqueadas. “Esto es dictadura y no vamos a permitir (…). Si empiezan así, no va a haber tregua, no habrá diálogo”, afirmó en una rueda de prensa desde Pastaza.

Rafael Negrete, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), explicó a LA HORA que el 22 y 23 de septiembre se mantenían en reuniones y asambleas en territorios. “Se viene paulatinamente esta lucha social”.

El dirigente provincial se enteró que su cuenta también está bloqueada y que el responsable sería el Gobierno. “Esto es una dictadura. Estamos tremendamente afectados”, criticó.

Frente a la consulta de si ese bloqueo limitará de alguna forma la fuerza en las acciones del paro, respondió: “Los dirigentes hemos estado con tranquilidad, con esa buena voluntad de hacer una marcha pacífica, pero hoy nos ha hecho enojar. La gente está indignada, los dirigentes estamos indignados porque han cerrado las cuentas bancarias. Estamos muy molestos. Vamos a tomar más fuerza de lo que nunca hemos hecho”.

Además de la falta de recursos, hay otra preocupación, señala: “En Cotopaxi hemos visto que los mismos militares y policías vestidos de civil incitan a provocar (a la fuerza pública)”.

Negrete expone que hay otro factor que pone en duda el respaldo al paro desde algunas comunidades. “Esa cuestión es porque el Gobierno está mintiendo, con los dirigentes de las comunas, y dando migajas que no benefician a la comunidad. Ofrecen proyectos y bonos”, cuestiona.

El MICC trata de explicar su postura a la gente, apuntó. “Por ello hay un poco de dudas y no estamos permanentes en la movilización entre todos, pero se está socializado. Vamos a esforzarnos mañana (24 de septiembre) y hasta donde podamos para que el Gobierno responda a nuestros pedidos”.

Entre las exigencias de la Conaie también consta la reducción del IVA del 15% al 12%, revocatoria de las licencias ambientales para la minería en Quimsacocha, Las Naves, Palo Quemado.

Un factor diferencial del paro de 2025
Salvador Quishpe, exasambleísta por Pachakutik y exdirigente de la Conaie, acompañó a parte de la dirigencia de la Conaie en Quito el 23 de septiembre. Subrayó que en las provincias hay asambleas permanentes y que por ejemplo las comunidades de Tungurahua se unirán al paro tras cumplirse el plazo de 48 horas que dio al Gobierno.

Ese plazo se cumple la noche del 24 de septiembre. Exigen dar un paso atrás en el tema del diésel y del IVA. “Esto va a ir creciendo paulatinamente. Ojalá que el Gobierno escuche, dé una respuesta y podamos volver a la tranquilidad a todos”, espera Quishpe.

Sin embargo, hasta la fecha no ve que haya una “respuesta seria y responsable del Gobierno” frente a la situación del país. “Eso de perseguirnos, de cerrar las cuentas, eso de andar por Cotopaxi el Presidente de la República llevando los tractorcitos, entre comillas, para regalar a las comunidades, hace el show”, cuestionó.

Para Quishpe hay una particularidad en el paro de 2025, a diferencia de los paros de 2019 y 2022. “Esta movilización es muy distinta a las anteriores porque gracias a los compañeros de la Antep (Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo) tenemos información. Debo reconocer que en las últimas movilizaciones yo también decía: focalicemos el subsidio. ¿Por qué decíamos eso? Porque no sabíamos que en el 2019 no había ningún subsidio. En ese tiempo (Lenín) Moreno nos decía que el subsidio era de $1.300 millones y eso repetíamos todos”, manifestó.

Se refiere a un informe de 2024 de la Antep en el que se analizó el costo de producción de la materia prima, el petróleo, su transporte, refinación y comercialización, costos de importación de derivados para mezclas para determinar los costos en los que incurre el Estado para satisfacer la demanda interna. Concluyó que desde 2019, antes de la liberación de los precios de los combustibles, no existía subsidio, situación que se extiende hasta el 2021.

Con esa base, Quishpe solicita al Gobierno que transparente la información sobre el tema del subsidio.

LA HORA buscó conocer la opinión de Fernando Guamán, presidente de la Confederación de Movimientos Indígenas del Chimborazo (Comich), sobre el desarrollo del paro. Pero Mercedes Curichumbi, parte del Consejo de Gobierno de la Comich, dijo que Guamán fue notificado por la Fiscalía por el presunto delito de paralización de servicio público y no dará declaraciones.

Negrete también recibió similar notificación, pero aseguró que ejercerá su defensa y continuará activando el paro porque, a su criterio, no ha cometido delito. (KSQ)

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