La decisión de la Corte Constitucional (CC) de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública aprobada por Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional, dejó sin piso la intención del Gobierno para que, a través del Consejo de la Judicatura (CJ), se declare la emergencia en la Función Judicial.
La ley, calificada como urgente en materia económica, fue aprobada con 84 votos el 24 de junio de 2025. En uno de sus apartados se incluyó una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) para que el CJ decidiera la declaratoria de emergencia de forma temporal y excepcional.
Esta posibilidad quedó insubsistente cuando los jueces de la CC decidieron que se usó indebidamente el procedimiento de urgencia económica y se vulneró la deliberación democrática. También afirmaron que ninguna ley puede aprobarse con “atajos que limiten el debate público”.
El 25 de junio de 2025, durante su comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el presidente del CJ, Mario Godoy, justificó la necesidad de declarar la emergencia. Comentó que el sistema judicial está al borde del colapso, porque enfrenta problemas relacionados con falta de tecnología, infraestructura, jueces que despachen causas represadas, etc.
¿Qué pasará sin la declaratoria de la emergencia? Hasta el cierre de esta edición el CJ no se pronunciaba respecto de la decisión de la Corte Constitucional.
Los que sí se pronunciaron fueron gremios de abogados, y representantes de la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador (Aemaj).
Luis Ávila, vocero de la Aemaj, señaló que el nuevo CJ tiene la “gran misión” de solicitar al Estado la asignación de recursos, por al menos $200 millones para solventar las necesidades del Poder Judicial, e iniciar diálogos con el Ejecutivo para pedir la declaratoria de la emergencia, en términos constitucionales y legales, respetando la carrera judicial, la independencia de jueces y fiscales. Luis Ávila también menciona otros requerimientos:
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- Dotar del presupuesto, en un primer momento, unos $50 millones para lo más urgente (contratación de personal a tiempo completo, concursos públicos para personal permanente y contratación de personal administrativo).
- Realizar las evaluaciones (a jueces, fiscales, notarios) pendientes desde 2017.
- Mejorar la infraestructura a nivel general en todo el poder judicial.
- Iniciar los concursos para cubrir las vacantes de jueces que han fallecido, se han retirado o han sido destituidos.
Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, opinó que la intención de la declaratoria de emergencia no era resolver los problemas de la Justicia, el déficit de fiscales o de la falta de infraestructura, sino “hacer una evaluación anticipada de los jueces para, sobre esa base, proceder a designar a dedo a jueces temporales sin concurso”.
Cree que el papel del CJ es elaborar reglamentos para que, producto de los concursos haya jueces probos y no descalificados ni corruptos que pueden estar cooptados por las bandas delincuenciales.
Guzmán coincidió en que el CJ debe exigir al Gobierno que le entregue los recursos para nombrar más jueces, fiscales y acabar con el déficit de talento humano, y terminar con el estado de postración en que se encuentran las unidades judiciales desde el punto de vista físico y operativo. “Las unidades judiciales se caen a pedazos, no hay papel, ni impresoras”, se quejó. (SC)
Luis Ávila calcula que el 45% (alrededor de 830 jueces), de un número cercano a los 2.000 jueces que hay en el país, están agremiados a la Aemaj.