Faltan menos de dos semanas para que los ecuatorianos acudan a las urnas el 16 de noviembre de 2025 y decidan sobre las preguntas de referéndum y de consulta popular, propuestas por el Gobierno de Daniel Noboa.
La pregunta C plantea: ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?
La campaña electoral terminará el 13 de noviembre.
Apoyo ciudadano por descrédito a los asambleístas
Santiago Pérez, experto en investigación social y director de la encuestadora Clima Social, considera que “no mejora ni empeora absolutamente en nada el tener más o menos asambleístas”.
La Asamblea Nacional actual está integrada por 151 asambleístas, si se aprueba la reducción la próxima Asamblea tendrá solo 73 legisladores.
Pérez explica que el número de asambleístas es el resultado de todo un proceso histórico, “hasta de lucha de parte de los territorios del Ecuador que se han visto siempre subrepresentados debido a su baja población”.
Lo lógico, según Pérez, es que cada provincia tenga al menos un asambleísta de manera obligatoria y se asigne un asambleísta adicional por cada 100.000 habitantes para que tenga un doble equilibrio. Es decir, “primero, la proporcionalidad de la población; y segundo, la representación de los territorios en el que no pese tanto lo poblacional, sino la diversidad que tiene”.
El Gobierno señala en el Anexo de la pregunta que la norma vigente asigna escaños fijos en la Asamblea Nacional, sin considerar la cantidad de la población y que eso causa distorsión en la representatividad.
Pero Pérez señala que ese “es un argumento político, basado en un principio del gran descrédito que tienen los asambleístas en las provincias, sobre todo por su mal desempeño y por haberse cambiado de camiseta muchos de ellos, eso ha hecho que los asambleístas tengan una muy mala imagen”.
36,2% en la categoría “poco” es la calificación sobre la gestión de la Asamblea Nacional que refleja Clima Social en su encuesta de octubre. El 66% respondió Sí a reducir los asambleístas.
Para Pérez, el Gobierno se ha amparado en ese descrédito para “justificar una iniciativa que no tiene un sustento en ningún estudio que se haya realizado de representación política de manera seria”.
Héctor Muñoz, abogado y exasambleísta, coincide en que la pregunta C tendrá una “importante aceptación popular”. Hay un motivo: “Definitivamente porque la gente odia a los políticos y mientras menos recursos se destinen a ellos la gente va a estar a favor de eso”.
Habrá beneficio económico, pero no político
Alfredo Espinosa, analista político y electoral, evalúa que mientras no se ajusten otras reformas con una Asamblea Constituyente en una nueva Constitución, “lastimosamente el papel de la reducción de legisladores se quedará corto porque no se va a mejorar la calidad de la representación”.
Es necesario que se incorporen nuevos requisitos para que las organizaciones políticas exijan una militancia mínima de dos años para quienes deseen ser candidatos o que se establezca el requisito de la probidad notoria, que la elección de las candidaturas no quede solo bajo la discrecionalidad de los partidos políticos, sugiere.
Pero si no se dan esos cambios, ¿qué pasaría?: “Lo que se tendrá es un menor número de legisladores, que indudablemente se va a traducir en una menor erogación presupuestaria para el funcionamiento del Legislativo, para sueldos de legisladores y de asesores. Pero que esto genere un efecto real en la calidad de las leyes, yo lo veo muy difícil si una posible Asamblea Constituyente no hace las reformas del caso para mejorar la calidad de la representación”.
Reitera que lo que Noboa plantea es un cambio cuantitativo, no cualitativo. “Hay un beneficio económico, pero un beneficio político se dará únicamente si se mejora la calidad de la representación y eso en la pregunta de referéndum no está contemplado”.
En la misma línea, Muñoz observa que el primer objetivo que se cumpliría si se reduce el número de asambleístas será “bajar el presupuesto que tiene la Asamblea al ser 73 legisladores” y menos asesores. “Los pasajes aéreos y los recursos destinados para la vivienda de los asambleístas efectivamente bajarán”.
Considera que la pregunta C no debió enfocarse en la cantidad, sino en la calidad. Duda que el reducir asambleístas mejore la calidad de los productos (debate, leyes, exhortos) que salgan del Parlamento nacional.
Ojo a las Comisiones Especializadas
Muñoz además menciona que los efectos alcanzarán a las Comisiones Especializadas Permanentes de la Asamblea Nacional y tendrán que ser reconfiguradas.
“Hoy existen 15 Comisiones Especializadas para los 151 asambleístas, en promedio 10 están en cada una. Al ser 73 va a ser imposible que se mantengan las 15 Comisiones, habría entre cuatro o cinco asambleístas por cada Comisión, lo cual afectaría muchísimo la profundidad en el tratamiento de los diferentes proyectos de ley”, sostiene.
Insiste en que la propuesta de Noboa es solo de carácter económico y se requieren requisitos para ser asambleístas y que las organizaciones políticas no sean “de alquiler”.
“Tomando en cuenta que hay una gran posibilidad de que la pregunta por la Constituyente gane y si es que el Ejecutivo tiene planeado reforzar el tema de la calidad, relacionado con esta baja de la cantidad de asambleístas, sí podría ser importante. Ahí sí podrían poner los requisitos para ser asambleístas, por lo menos que tengan un título profesional”, plantea Muñoz.
El 31 de octubre de 2025, Noboa dijo que se podría cambiar el nombre de Asamblea por Senado. Muñoz cree que eso sería solo “maquillaje” aunque no duda que ocurra. “Se puso como Asamblea en la Constitución de 2008 porque respondía a toda esta ola socialista del Foro de Sao Paulo”. (KSQ)