En los últimos días, dos noticias han generado críticas de varios sectores al manejo fiscal del Gobierno de Daniel Noboa. Por un lado, el decreto ejecutivo donde se autoriza usar deuda e ingresos no permanentes para pagar salud, educación y justicia.
Por otro lado, la proforma presupuestaria 2026 donde se ve un Estado que crece, pero financiado a crédito.
Los tres presidentes que han llegado al poder desde mediados de 2017 a la fecha (Moreno, Lasso y Noboa), son, como ya analizó LA HORA, responsables de mantener el mismo esquema presupuestario de Rafael Correa, y que en gran medida se sustenta en la Constitución de Montecristi; pero el desequilibrio fiscal es obra del mal manejo correista de la bonanza, según Andrés Rodríguez, economista.
Durante el régimen de Correa, el Estado ecuatoriano vivió una expansión sin precedentes. Según el Informe del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2015, “Ecuador persiguió una estrategia de crecimiento liderada por el sector público durante el boom petrolero, que produjo importantes beneficios sociales, pero generó un rápido deterioro fiscal”.
En 2006, el gasto total del Estado ascendía a $10.359 millones. Ocho años después, en pico de la bonanza petrolera, alcanzó $37.735,6 millones: un incremento de casi cuatro veces, mientras la economía solo se duplicó. Ese crecimiento fue sostenido a punta de deuda, anticipos petroleros y la utilización de los ahorros acumulados en los primeros años de dolarización.
El FMI advirtió entonces que, “pese a los altos precios del crudo, el balance fiscal del sector público no financiero pasó de equilibrio a un déficit del 3,5% del PIB entre 2012 y 2014”, impulsado principalmente por “un gasto de capital excesivo” y por una expansión del empleo y los salarios públicos “muy por encima de la productividad”.
El organismo señaló que el gasto público total alcanzó el 43,2% del PIB en 2014, un salto de casi diez puntos porcentuales respecto a 2010, mientras que los ingresos apenas llegaron al 38,8% del PIB. En otras palabras, incluso en el auge del petróleo, Ecuador gastaba más de lo que generaba.
El documento subraya que “el déficit se amplió pese a los ingresos récord por exportaciones de crudo y a los mayores impuestos”, lo que evidencia, según el FMI, “una expansión fiscal procíclica que incrementó la vulnerabilidad frente a los choques externos”.
El informe también advirtió que la deuda pública creció 9,5 puntos del PIB en tres años, pasando de 21,7% en 2010 a 31,3% en 2014, sin contar las preventas petroleras que equivalían a otro 1,5% del PIB. “El endeudamiento aumentó rápidamente para financiar proyectos de inversión, muchos de los cuales dependían de supuestos ingresos petroleros demasiado optimistas”, alertó el Fondo.
Además, la estructura del gasto se distorsionó: los gastos corrientes crecieron a una velocidad mayor que los de inversión, impulsados por una expansión del aparato estatal, incrementos salariales y transferencias sociales de difícil reversión. “La masa salarial del sector público creció sostenidamente, impulsando presiones inflacionarias y afectando la competitividad del sector privado”, agregó el organismo.
El informe señala que “el deterioro fiscal no fue el resultado de una caída en los ingresos, sino del aumento sostenido del gasto estructural del Estado. Incluso con precios del petróleo excepcionalmente altos, el déficit se volvió permanente.”
Los años de la abundancia le salieron caros al Ecuador
El FMI reconoció los avances sociales del período: la pobreza bajó del 38% al 22,5% y la desigualdad (medida por el Gini) pasó de 0,54 a 0,47. Pero lo hizo con un matiz crítico: “La convergencia social se logró en parte mediante un crecimiento de los salarios reales por encima de la productividad, lo que deterioró la competitividad externa”.
El Fondo precisó que el salario mínimo ecuatoriano se convirtió en uno de los más altos de la región, alcanzando los $354 mensuales en 2014, por encima de países con mayor productividad laboral como Colombia o Perú. “El aumento de los ingresos laborales en el sector público y la indexación de los salarios privados generaron un desajuste entre remuneración y productividad”, advertía el organismo, lo que contribuyó a una pérdida real de competitividad del 16% en el tipo de cambio efectivo hasta mediados de 2015.
El país se benefició de los mayores precios del petróleo de su historia, de créditos masivos provenientes de China y de la liquidación de los fondos de ahorro petrolero creados tras la dolarización. Pero el FMI enfatizó que ese auge no se tradujo en sostenibilidad: “A pesar de la bonanza, Ecuador no acumuló reservas fiscales. Los gastos permanentes aumentaron con rapidez, mientras los ingresos transitorios se agotaron”.
El FMI emitió su diagnóstico: “Ecuador utilizó los recursos extraordinarios del petróleo, el endeudamiento y los fondos de ahorro para financiar gasto corriente y subsidios generalizados, en lugar de construir reservas fiscales o fondos de estabilización.”
El informe también detalla que la inversión pública se cuadruplicó, pasando de 4% del PIB en 2006 a más del 15% del PIB en 2014, un nivel “sin precedentes en América Latina”. Sin embargo, subrayó que los resultados en productividad no fueron proporcionales: “El alto gasto en infraestructura no se tradujo en mejoras equivalentes en eficiencia o competitividad. Gran parte de la inversión se concentró en proyectos con baja rentabilidad económica o débil evaluación técnica.”
El organismo alertó además que “el financiamiento externo se volvió cada vez más costoso y dependiente de un número limitado de acreedores”, especialmente China, con préstamos respaldados por petróleo. La deuda externa pasó del 13% a más del 40% del PIB hasta el final de la década correísta, elevando los riesgos de refinanciamiento y vulnerabilidad ante la volatilidad de los precios del crudo.
La conclusión del FMI fue que “durante los años de abundancia, Ecuador expandió su Estado mucho más allá de su capacidad fiscal sostenible. Cuando los ingresos extraordinarios desaparecieron, el país se encontró con un nivel de gasto imposible de mantener sin recurrir a deuda o a financiamiento del Banco Central”.
El ajuste fiscal lo inició el propio Correa
Cuando el petróleo se desplomó en 2014, el modelo se quebró. El FMI reportó que en 2015 el régimen de Correa debió hacer recortes “significativos en inversión pública y transferencias sociales”, además de imponer sobretasas arancelarias sobre el 30% de las importaciones. Pese a ello, el déficit fiscal se mantuvo en torno al 5% del PIB y el acceso al crédito internacional se encareció drásticamente.
El organismo señaló que “el uso de financiamiento del Banco Central para cubrir gasto público, aunque sea temporal, plantea riesgos para la liquidez y la dolarización”. Y recomendó “evitar la monetización del gasto y reconstruir los fondos de estabilización fiscal”.
Además del financiamiento vía Banco Central, el régimen de Correa desde 2015 metió la mano directamente en el IESS, con medidas como eliminar el aporte del 40% al fondo de pensiones por algunos años, entre otras. “La farra del gasto público descontrolado le salió muy cara al Ecuador”. Puntualizó Rodríguez.
La herencia de un Estado hipertrofiado
En su diagnóstico, el FMI instó a Ecuador ya en 2015 a “racionalizar el gasto, contener el crecimiento salarial en el sector público y reformar los subsidios a los combustibles”. También sugirió “mejorar la eficiencia de la recaudación y fortalecer el sistema de pensiones”.
El Fondo concluyó que, tras una década de expansión estatal, Ecuador enfrentaba una economía “más vulnerable, menos competitiva y sin espacio fiscal para políticas contracíclicas”.
El Estado correísta: un lastre que persiste en 2025
Las advertencias del FMI de hace una década explican por qué hoy, en 2025, el país continúa enfrentando las consecuencias de aquel modelo. El presidente Noboa, al emitir un decreto que permite cubrir gasto permanente con ingresos no permanentes, ha debido lidiar con el mismo dilema estructural que dejó el correísmo: un Estado cuyo tamaño y obligaciones fijas superan con creces sus ingresos tributarios estables.
El informe de 2015 lo resumía con claridad profética: “Ecuador necesita reconstruir sus márgenes fiscales y restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. De otro modo, cada choque externo o interno pondrá en riesgo la estabilidad económica y la dolarización.” (JS)