Dos informes de la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE) evidencian que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) guarda más información reservada que cualquier otra institución del Estado.
A la DPE, con base a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), le corresponde recibir, consolidar e informar a la Asamblea Nacional el listado índice de toda la información clasificada como reservada de las instituciones públicas. Esta información se incluye en el informe anual que elabora la DPE. Este documento lo remite también a la Contraloría General del Estado.
La DPE indicó que no tiene poder sancionatorio ante el incumplimiento de la Lotaip.
El secretismo en la información de CNT
En el informe anual de 2024, (publicado en la web de la DPE el 23 de septiembre de 2025) sobre temas reservados, encabezó la lista la CNT que representa el 37,76%. Es decir, 680 temas relacionados a diagramas de ingeniería, informe de incidentes, reportes de recaudación y conciliación bancaria.
El informe anual de 2025 se publicará a partir de febrero de 2026. Sin embargo, bajo un requerimiento de LA HORA, a través del Portal Nacional de Transparencia (PNT), la DPE emitió un informe previo sobre información reservada del primer semestre, desde enero a junio de 2025.
21 entidades de la Función Ejecutiva declararon 1.498 temas como reservados; 5 entidades de la Función de Transparencia y Control Social declararon 85; y 2 entidades de la Función Judicial declararon 20 temas reservados, según consta en el informe de enero a junio de 2025.
“Según la información registrada por los sujetos obligados (instituciones públicas), los principales temas de reserva se centran en asuntos de infraestructura crítica, seguridad de la información, datos de clientes, estrategia de mercado y aspectos técnicos de la red, seguridad nacional, inteligencia y defensa”, indicó la DPE.
En total, en dicho periodo, se registran 43 instituciones con temas reservados, de ellos CNT se mantiene con la misma cantidad (680) y hay variaciones en otras instituciones. De las 43, al menos 10 instituciones han declarado más de 18 temas reservados (ver tabla).
Cantidad y porcentaje de la información reservada por cada institución, según la DPE, durante enero y junio de 2025
| Entidad | Número de temas | Porcentaje |
| CNT EP | 680 | 40% |
| Ministerio de Defensa Nacional | 594 | 35% |
| Banco de Desarrollo del Ecuador | 49 | 3% |
| Superintendencia de Bancos | 39 | 2% |
| Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias | 35 | 2% |
| Banco Central del Ecuador | 34 | 2% |
| Centro Nacional de Inteligencia | 27 | 2% |
| Superintendencia de Economía Popular y Solidaria | 26 | 2% |
| Consejo de la Judicatura | 19 | 3% |
| Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Daule EP | 18 | 1% |
| Instituto Nacional De Evaluación Educativa (INEVAL) | 18 | 1% |
| Contraloría General del Estado | 16 | 1% |
| Corporación Financiera Nacional – CFN | 14 | 1% |
| Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador – SENAE | 13 | 1% |
| Servicio de Rentas Internas – SRI | 11 | 1% |
| Empresa Pública de la Universidad Técnica de Ambato – UTA EP | 6 | 0% |
| Servicio Nacional de Derechos Intelectuales | 6 | 0% |
| Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones -ARCOTEL | 5 | 0% |
| Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales | 5 | 0% |
| Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Checa (CHILPA) | 4 | 0% |
| Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP | 3 | 0% |
| Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Mocache | 3 | 0% |
| Consejo de Participación Ciudadana y Control Social | 3 | 0% |
| Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca | 2 | 0% |
| Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Puerto López | 2 | 0% |
| Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE | 1 | 0% |
| Empresa de Municiones Santa Bárbara EP | 1 | 0% |
| Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. | 1 | 0% |
| Defensoría Pública del Ecuador | 1 | 0% |
| Refinería del Pacífico (Subsidiaria de PETROECUADOR) | 1 | 0% |
| Corporación del Seguro de Depósitos – COSEDE | 1 | 0% |
| Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Jima (GIMA) | 1 | 0% |
| Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales de Chimborazo | 1 | 0% |
| Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo | 1 | 0% |
| Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chacras | 1 | 0% |
| Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros | 1 | 0% |
| Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Lomas de Sargentillo – EPMAPALS | 1 | 0% |
| Orquesta Sinfónica de Loja | 1 | 0% |
| Consejo Cantonal de Protección de Derechos Puyango | 1 | 0% |
| Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – FLOPEC EP | 1 | 0% |
| Unidad del Registro Social | 1 | 0% |
| Unidad de Gestión y Regularización | 1 | 0% |
| Banco Nacional de Fomento En Liquidación | 1 | 0% |
| Total | 1.650 | 100% |
Sobre la desclasificación de la información catalogada como reservada, la DPE refirió que no dispone de esos datos. La institución aclaró que no analiza la información desclasificada porque esas decisiones no son informadas a la DPE, pero sí cuando se clasifican porque surge una resolución. La cantidad de temas reservados pueden variar entre el informe de 2024 y 2025 porque las instituciones desclasificaron o se cumplió el periodo de reserva, hay resoluciones que implican reservas de cinco años o más, puntualizó la DPE.
Por ejemplo, el Ministerio de Defensa tenía 317 temas reservados, según el informe de 2024. En el de 2025 constan 594.
“Según la información registrada por los sujetos obligados, no se ha identificado información clasificada como reservada referente a la cantidad de viajes del presidente Daniel Noboa”, agregó la DPE.
LA HORA solicitó un pronunciamiento a CNT sobre la cantidad de termas reservados, pero no hubo respuesta.
¿Aumento de opacidad en el manejo de la información pública?
César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, hace una observación: “Los datos que presenta este informe de la DPE son bastante consistentes con lo que también ha venido reportando Fundamedios, en torno a las dificultades crecientes que experimentan los periodistas para acceder a la información”.
Mencionó que es el tipo de “agresión” que más se monitorea. Se refiere a las dificultades para acceder a la información, “especialmente a la información que arbitrariamente se declara como reservada”.
Ricaurte hace el cuestionamiento con base a una conclusión del informe anual de 2024 de la DPE. Allí se indica que “durante 2025 se planificaron y desarrollaron mesas técnicas cuyos resultados evidenciaron, entre otros aspectos, que las instituciones públicas clasifican la información como reservada con motivaciones dispersas y, en la mayoría de los casos, sin sustento en la normativa legal vigente”.
“Es evidente que estamos yendo en una dirección equivocada, de falta de transparencia, de mayor opacidad. Lamentablemente, estas actuaciones, los funcionarios y autoridades que están al frente de estas instituciones están abonando a ese clima de opacidad que realmente se ha impuesto en la administración del Estado”, evalúa Ricaurte.
Aunque hay temas declarados como reservados en administraciones gubernamentales anteriores (por ejemplo, en el PNT consta la resolución No. CNTEP-GG-024-2022 para declarar información reservada por cinco años), Ricaurte considera que el Gobierno no tiene intenciones de mejorar la transparencia.
“Definitivamente en este Gobierno se ha agravado, realmente hay un ejercicio de opacidad enorme y vemos es que no hay ningún interés en ningún sector del Gobierno en promover una cultura de transparencia. Un ejemplo de esto es el contrato que tenía CNT con una empresa tecnológica (un acuerdo con HealthBird que desistió de su interés sobre un proyecto para el sistema de salud)”, expresó.
Más transparencia para garantizar la democracia
José Chalco, constitucionalista, explicó que la reserva se puede declarar, conforme a la Constitución y a la Lotaip, solo para temas vinculados a la seguridad del Estado. “Veo que hay un ejercicio poco técnico cuando se abusa”, mencionó respecto al caso de CNT. “Lo están haciendo con base a la Ley de Empresas Públicas, que no habla de una reserva de información, sino de información de tipo confidencial que no es una categoría de seguridad de Estado”, refirió.
En dicha ley se determina la confidencialidad respecto a la información comercial, empresarial y en general, información considerada por el directorio de la empresa pública como estratégica y sensible a los intereses de ésta, desde el punto de vista tecnológico, comercial y de mercado.
Para que la excepción no se convierta en la regla, Chalco sugirió que los convocados a fiscalizar la desclasificación de temas son los asambleístas para demandar la inconstitucionalidad de las resoluciones que no cumplen con la Lotaip. Los que tienen potestad para actuar, además, son la Contraloría, la Fiscalía e incluso el Consejo de Participación Ciudadana, añadió.
“Acceder a la información pública es garantía de democracia y de república”, acotó.
Francisco Rocha, analista político, también considera que la reserva debe proceder sobre temas de seguridad nacional, pero “están mal utilizando” esa categoría.
“Lo que estamos viendo es la ejecución de cosas que no quieren que nos enteremos como país y que los quieren declarar en reserva. Pero eso debería actuar la Contraloría, la Fiscalía”, afirmó. Evaluó que si se tratan de contratos públicos, como en el caso de CNT, no deberían ser reservados.
“La opacidad siempre genera dudas y en el caso ecuatoriano esas dudas se han transformado en atracos”, eso a su vez contribuye a la corrupción, concluyó Rocha. (KSQ)