El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) el contenido final de una propuesta de enmienda constitucional con la que busca eliminar la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar autoridades y transferir esa competencia a la Asamblea Nacional, mediante nuevos procesos públicos de selección. La iniciativa fue presentada en el contexto del actual periodo electoral y deberá seguir el trámite correspondiente ante la Corte Constitucional.
En el documento, Noboa sostiene que el CPCCS concentra actualmente la designación de decenas de autoridades públicas y cuestiona el funcionamiento del organismo, al señalar que buena parte de sus recursos se han destinado a gasto administrativo. A partir de ese diagnóstico, la propuesta plantea modificar varios artículos de la Constitución para que la Asamblea asuma la designación y posesión de autoridades como el fiscal general del Estado, el contralor, el defensor del Pueblo, el defensor Público, integrantes del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, además de las superintendencias, la Procuraduría General del Estado y miembros del Consejo de la Judicatura.
La pregunta propuesta para el referendo consulta a la ciudadanía si está de acuerdo con eliminar la facultad del CPCCS para designar autoridades e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que realice estas designaciones de acuerdo con el anexo planteado por el Ejecutivo.
El texto también detalla nuevos mecanismos de selección. En unos casos, la Asamblea designaría autoridades a partir de postulación ciudadana y, en otros, mediante ternas enviadas por el Presidente de la República. Para ello se conformarían comisiones técnicas de selección con delegados de las funciones del Estado, ciudadanos y representantes de las universidades, que tendrían a su cargo la revisión de requisitos, valoración de méritos, resolución de impugnaciones y elaboración de informes vinculantes.
Además, la propuesta incorpora cambios específicos en la integración del Consejo de la Judicatura y en el sistema de designación de miembros del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral, bajo el argumento de reforzar principios como la transparencia, la publicidad, la meritocracia y la separación de poderes. En el oficio, el Presidente indica que el contenido final de la enmienda se remite al CNE para que el organismo proceda con su notificación a la Corte Constitucional, conforme al trámite previsto.