Los números ya no permiten mirar hacia otro lado. Detrás de las cifras de morosidad de abril de 2026 aparece una realidad que preocupa cada vez más al sistema cooperativo ecuatoriano. El riesgo crediticio está cambiando de forma y las señales de alerta se multiplican.
Así lo sostiene Ricardo Luna, abogado especializado en finanzas, tras revisar los indicadores del Segmento 1, donde se concentran las cooperativas más grandes del país. Su diagnóstico es claro. Existen diferencias demasiado amplias entre entidades que evidencian realidades de gestión completamente distintas.
La fotografía actual muestra índices de mora que van desde 1,16% hasta 16,13%. No se trata de una dispersión habitual. Es la distancia entre organizaciones que han logrado mantener controles sólidos sobre su cartera y otras que enfrentan dificultades crecientes para administrar el riesgo.
Top 10 cooperativas con mayor mora (abril de 2026)
Policía Nacional — 16,13%
Calceta — 12,88%
Cooprogreso — 12,83%
11 de Junio — 12,77%
Santa Rosa — 12,33%
Chimborazo — 11,49%
9 de Octubre — 11,45%
Cotopaxi — 11,18%
15 de Abril — 10,98%
Oscus — 10,62%
Cooperativas en Ecuador: un sistema donde la mora dejó de ser un indicador estable
Los extremos reflejan con claridad esta situación. Mientras Servidores Públicos Educación, registra una mora de apenas 1,16%, asociada a una cartera relativamente estable y a procesos crediticios consistentes, la Cooperativa Policía Nacional alcanza 16,13%, una cifra que cuestiona la creencia de que los ingresos provenientes del sector público garantizan automáticamente una cartera saludable.
Para Luna, cuando los niveles de incumplimiento alcanzan estas magnitudes, la explicación no está únicamente en el perfil de los socios, sino también en los procesos internos de evaluación, aprobación y recuperación de créditos.
La mayor parte de las cooperativas del segmento se ubica entre el 8% y el 12% de mora. De acuerdo con Luna, esta concentración revela que el problema no responde a casos aislados, sino a una presión que atraviesa buena parte del sistema.
Por ello, lanza una advertencia dirigida a los responsables de riesgo.
“Si tu cooperativa está en 10% o más, no es momento de excusas. Es momento de revisar el análisis crediticio, la cobranza y las alertas tempranas”, apuntó
Al mismo tiempo, considera que las entidades con mejores resultados deberían documentar sus prácticas y compartir experiencias que puedan ser replicadas en el resto del sector.
El microcrédito es el primero en tener más morosidad en Ecuador
Para Hans Peter Meza, consultor en Business Intelligence, el segmento donde el deterioro se hizo visible con mayor rapidez fue el microcrédito.
Entre febrero de 2020 y marzo de 2025, la mora pasó de 5,7% a 9,3%, lo que representa un incremento de 63%.
Las causas están directamente vinculadas con la realidad económica de miles de pequeños negocios:
Recuperación económica desigual.
Menor consumo.
Problemas de liquidez.
Incremento de costos operativos.
Dependencia creciente del crédito para sostener operaciones, en lugar de financiar expansión.
Cuando los préstamos dejan de servir para crecer y comienzan a utilizarse para sobrevivir, el riesgo adquiere una dimensión completamente distinta. En consecuencia, aumentan las probabilidades de incumplimiento.
A esto se suman fenómenos cada vez más visibles, como el sobreendeudamiento, la acumulación de múltiples obligaciones, el financiamiento informal y la presión creciente sobre las áreas de cobranza y provisiones.
Meza resume este cambio con una reflexión que considera fundamental para entender el momento actual del sistema financiero.
“La morosidad ya no puede analizarse solo desde el incumplimiento, sino desde el comportamiento financiero del cliente”, dijo.
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Los datos agregados muestran una trayectoria similar. La mora total del sistema financiero ecuatoriano pasó de 3,4% en 2020 a 4,5% en 2025.
Sin embargo, el punto de inflexión no ocurrió durante la pandemia, sino entre 2022 y 2024. Fue en ese período cuando terminaron los alivios financieros implementados tras la emergencia sanitaria y la recuperación económica dejó de avanzar al mismo ritmo para todos los sectores.
Esto abre una interrogante cada vez más relevante para reguladores, directivos y analistas: ¿se trata de un fenómeno temporal o de una transformación estructural del crédito en Ecuador?
La evolución de los indicadores sugiere que la segunda opción gana fuerza.
Las 43 cooperativas que no lograron sobrevivir
La otra cara del problema aparece en los registros de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Actualmente existen 43 cooperativas en proceso de liquidación forzosa desde 2018 a 2026. Detrás de cada caso hay una entidad que dejó de operar, socios afectados y problemas de gestión que terminaron comprometiendo la viabilidad de la institución.
Las ciudades con mayor número de liquidaciones son:
Ambato: 14
Quito: 8
Cuenca: 5
Guayaquil: 4
La concentración territorial muestra que las zonas con mayor presencia de cooperativas también han sido las más expuestas a episodios de fragilidad financiera.
La evolución de las liquidaciones refuerza esa percepción. Entre 2018 y 2021 se registraron apenas entre dos y tres casos por año. Entre 2022 y 2024 la cifra aumentó hasta un rango de ocho a doce liquidaciones anuales. Durante 2025 y 2026 la tendencia continúa sin mostrar señales claras de desaceleración.
Más que una corrección puntual del mercado, los datos sugieren un patrón sostenido de quiebras.
Otro dato que llama la atención es el perfil de quienes lideran los procesos de liquidación.
Según la documentación oficial, alrededor del 95% de los liquidadores provienen de la propia SEPS. Los registros muestran que la categoría ‘INTERNO’ aparece en la gran mayoría de los casos.
Esto significa que los procesos son gestionados principalmente por funcionarios de la entidad de control y no por especialistas externos en recuperación o reestructuración financiera.
Tres factores explican el deterioro de varias cooperativas en Ecuador
La información disponible permite identificar tres problemas recurrentes.
El primero es una gobernanza débil, caracterizada por consejos de administración con escasa formación técnica, controles insuficientes y decisiones crediticias que no siempre responden a criterios rigurosos.
El segundo es la limitada capacidad de resistencia de muchas cooperativas pequeñas. Cuando la morosidad aumenta o la economía enfrenta dificultades, estas organizaciones suelen carecer de los recursos necesarios para absorber el impacto.
El tercero es una supervisión que, según diversos actores del sector, llega cuando el deterioro ya es significativo. Además, persiste la percepción de que existen diferencias en el tratamiento otorgado a cooperativas grandes y pequeñas. (JS)