Una jueza anticorrupción de Pichincha dictó este domingo 6 de septiembre prisión preventiva contra la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, procesada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La decisión se adoptó durante la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos, luego de que la Fiscalía presentara los elementos con los que sustenta una investigación por un supuesto incremento patrimonial injustificado.
Según la Fiscalía General del Estado, la investigación previa comenzó el 8 de junio de 2026 y analiza presuntos actos de corrupción relacionados con el manejo de recursos públicos del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. La tesis fiscal sostiene que Núñez habría incrementado de manera desproporcionada e injustificada su patrimonio mediante la adquisición de bienes, incluso a través de presuntos testaferros.
Durante la audiencia, el fiscal Rolando Soliz sostuvo que los elementos recabados apuntan a un presunto incremento patrimonial no justificado de USD 8.824.139,49, correspondiente al periodo comprendido entre 2018 y 2025. Entre los elementos expuestos constan análisis patrimoniales y declaraciones juramentadas de bienes de la funcionaria. Fiscalía formuló cargos contra Núñez como presunta autora directa del delito previsto en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal.
Como parte de los antecedentes del caso, medios locales han señalado que las declaraciones patrimoniales de Núñez reflejaban un patrimonio aproximado de USD 1,2 millones en 2019, cuando inició su gestión, y de alrededor de USD 4,9 millones en 2022. Esos registros fueron incluidos entre los elementos analizados dentro de la causa. La prefecta ha rechazado previamente las acusaciones y ha asegurado que se trata de una persecución política.
Además de la prisión preventiva, la jueza dispuso la retención de valores por USD 309.646 y la prohibición de enajenar bienes pertenecientes a la procesada. La investigación continúa para determinar el origen de los bienes y recursos que forman parte del incremento patrimonial señalado por Fiscalía. En el expediente también constan otras tres personas investigadas, quienes no fueron procesadas en esta etapa debido a que son candidatos para las elecciones del 29 de noviembre y cuentan con inmunidad electoral.