Luisa González, secretaria de Asuntos Internacionales y ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), permanecerá recluida tras la orden de Harry Navarrete, juez de la Unidad de Garantías Penales y Flagrancias de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, quien dispuso la prisión preventiva el 23 de octubre de 2026. Mientras la Fiscalía investiga un presunto lavado de activos en el caso Laberinto, el correísmo y el Gobierno defienden sus posturas. Analistas consultados evalúan los escenarios relacionados con el caso judicial durante el proceso electoral.
González permanecía en el Cuartel Modelo de Guayaquil y tras la orden judicial fue trasladada a Latacunga por vía aérea; posteriormente, su destino fue la cárcel de Riobamba. González se suma a otros miembros, exmiembros y afines al correísmo que también guardan prisión por distintos casos judiciales, por ejemplo:
Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, con prisión en la cárcel del Encuentro.
José Serrano, exministro del Interior de Alianza País, con prisión en la cárcel del Encuentro.
Santiago Díaz Asaque, ex asambleísta de la RC y exjefe de campaña en 2023, con prisión en la cárcel La Roca.
Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, con prisión en la cárcel del Encuentro.
Rafael Correa, líder de la RC, tiene una condena por cohecho en el caso Sobornos, pero reside en Bélgica. Andrés Arauz, excandidato a la Vicepresidencia, reside en México y es investigado en el caso Ligados y en Laberinto, según indicó inicialmente la Fiscalía.
¿La detención de Luisa González golpea al liderazgo del correísmo?
Francisco Rocha, periodista y analista político, señala que hay un problema de fondo en el correísmo. “El expresidente Correa va por un proyecto de impunidad, no le importa su organización política. Es malo para el país que una organización política se vaya destruyendo cada vez más porque tiene militantes que la deshonran. La RC es propiedad del expresidente, eso lleva a que los liderazgos que pudieron haber nacido, incluso durante los años de gobierno, no tengan espacio”, expresa.
Considera que un síntoma de ese problema fue cuando en julio de 2025 cinco autoridades locales remitieron una carta a Correa expresando preocupación por la situación de la RC en ese entonces. “Cuando hay un dueño, un capataz, destroza la organización y, si todo se va sumando para cuidar las espaldas de quienes han hecho plata en el ejercicio del gobierno, eso se desarma”, recalca Rocha.
A su criterio, “el correísmo está debilitado y la ciudadanía se ha dado cuenta con todo lo que ha pasado, no solo con estos últimos hechos”.
Victimización del correísmo y castigo al Gobierno podrían ser los efectos del caso Laberinto
Rocha considera que si la Fiscalía tiene pruebas o indicios de lo que investiga (presunto lavado de activos relacionado con la comercialización de hidrocarburos para financiar la campaña presidencial anticipada de 2023), podrá sostener el caso Laberinto en medio de las elecciones seccionales.
“Si eso es así, es correcto. Si tiene las pruebas, es un caso sólido, no importan los tiempos políticos. La justicia tiene que ir adelante, esto no es ajeno a la vida política. Los unos tienden a victimizarse y quizá tienen culpa, no han hecho una propuesta que no sea la de impunidad para una lista de militantes. Y la otra parte, el Gobierno, encuentra un momento de polarización adicional. La lucha es entre correísmo y noboísmo”, evalúa.
Advierte que hay un hecho lamentable en medio del caso Laberinto: la actuación de autoridades del Ejecutivo. “Que la Fiscalía no sea la que exponga los temas, sino el secretario de la Administración, Julio Neira, quien describe el caso. Es culpa del Gobierno dejar entrever lo que podrían llamar los otros una manipulación de la justicia”.
Neira dijo el 23 de octubre en X que “Luisa ha sido detenida por financiar su campaña con dinero sin una justificación verificable”.
John Reimberg, ministro del Interior, dijo ese mismo día en radio Centro de Guayaquil que “hay lavado por más de $500.000, hay un caso muy bien hecho por parte de la Fiscalía”.
Lolo Echeverría, analista político, coincide en que la actuación de las autoridades da pie a sospechas. “Establecen una relación demasiado estrecha entre el Gobierno y la Fiscalía. Esto puede resultar en que conviertan en víctima al partido (RC) al que atacan y que, al convertirse en víctima, suba electoralmente. Y, por otro lado, puede conducir al Gobierno, al involucrarse en esta relación demasiado sospechosa con la Fiscalía, a que sea castigado en las urnas”, evalúa.
Sugiere al Gobierno mantener distancia con las actuaciones judiciales porque podría resultar riesgoso si la opinión pública se divide entre quienes piensan que:
El Gobierno impulsa una lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
El Gobierno impulsa una persecución política a su oposición.
Para Echeverría, no fue el momento apropiado para los hechos ejecutados, aunque la Fiscalía tenga indicios porque está cerca la campaña electoral (del 12 al 26 de noviembre) y el sufragio (29 de noviembre). “En consecuencia, es difícil saber por anticipado cuál de las dos posibilidades prevalecerá”, apunta. No ve un escenario claro de beneficio para el Gobierno.
Además, el caso Laberinto podría influir más sobre los electores indecisos, explica: “El porcentaje de indecisos es muy alto, pero tampoco sabemos si los indecisos son realmente indecisos o simplemente se niegan a revelar cuál será su decisión. Así que es difícil anticipar esto”.
¿Qué pesará más en las elecciones: la gestión anterior del Gobierno o el caso Laberinto?
Para Francisco Endara Daza, analista político, la detención de González en el caso Laberinto es solo un episodio más. “Todavía faltan muchos episodios y el principal es que aprehendan al prófugo Correa, que anda viajando y vive dando instrucciones para ver cómo desestabilizar el Ecuador, Luisa es una pieza más dentro del engranaje del correísmo”, refiere.
Dice que el correísmo maneja el discurso de la persecución política, pero que ni eso ni el caso Laberinto podría afectar a Noboa. “Ciertas encuestas señalan que Noboa tiene buena popularidad, no es perfecto, ha cometido errores, pero está haciendo lo que puede. Hay que recordar que el país salió de más de 10 años de correísmo con crimen organizado. Esta gente manejó la justicia, distorsionó todo el Estado, cambió la Constitución. Manejarse en ese ambiente es complicado y Noboa lo está haciendo de a poco”, justifica.
Para el analista, el caso Laberinto no representará ningún beneficio al Gobierno que se traslade a las votaciones en las seccionales. “Lo que le está dando repunte a Noboa, en realidad es la lucha contra el crimen, los secuestros, las vacunas”, destaca. Agrega que otro factor es que el Gobierno ha gestionado el ámbito económico: “La economía en el país ha ido mejorando, hay una percepción de que hay más estabilidad”.
Endara, además, estima que las declaraciones de las autoridades del Ejecutivo son pertinentes porque “la ciudadanía necesita saber lo que está pasando y es un caso que involucra a figuras de conocimiento público”. Hay antecedentes alrededor del tema del financiamiento irregular, recuerda.
En 2009 se reveló que tras un operativo militar de 2008 en Angostura se incautaron computadores y documentos que pertenecían a Raúl Reyes, líder de las FARC abatido, en los que se mencionaron fondos económicos destinados supuestamente a la campaña electoral de Alianza País.
“Estos temas de financiamientos irregulares vienen desde que Correa se lanzó a la Presidencia”, concluye. (KSQ)