Con 82 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso fiscalizar los procesos de contratación pública ejecutados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) de Quito, dentro del denominado Caso Asfalto de Oro. La investigación legislativa estará a cargo de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que tendrá un plazo máximo de 60 días para presentar sus conclusiones.
La resolución fue propuesta por la asambleísta Jhajaira Urresta, quien planteó contrastar la información generada por organismos de control sobre las contrataciones de la empresa municipal. La Comisión podrá solicitar expedientes, informes técnicos y documentación, además de convocar a autoridades, funcionarios públicos, representantes institucionales, expertos y otras personas que considere necesarias para esclarecer los hechos.
Fiscalía ya investiga contratos de obra pública
El denominado Caso Asfalto de Oro tomó fuerza después de las denuncias presentadas por el concejal de Quito Michael Aulestia, quien señaló posibles irregularidades y una eventual concentración de contratos entre empresas, consorcios y personas relacionadas entre sí. El edil llevó a Fiscalía denuncias por presuntos delitos de peculado y lavado de activos y sostiene que los procesos observados alcanzarían aproximadamente USD 65 millones.
De manera paralela, la Fiscalía General del Estado investiga la posible adjudicación irregular de dos contratos de obra pública de 2024, cuyo monto conjunto supera los USD 4 millones. El 21 de octubre se realizaron allanamientos en dependencias del Municipio de Quito, oficinas de la EPMMOP, un consorcio ubicado en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular. Hasta ahora, la causa permanece en fase investigativa y no se han determinado responsabilidades penales.
Municipio defiende sus procesos de contratación
El Municipio de Quito informó después de los allanamientos que colaboró con las autoridades y entregó la documentación solicitada. La administración municipal ha defendido la legalidad de sus procedimientos y ha señalado que cualquier señalamiento debe esclarecerse con pruebas y respetando el debido proceso.
La Asamblea también dispuso que la resolución sea remitida al Municipio de Quito, EPMMOP, Quito Honesto, Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). Al finalizar los 60 días, la Comisión de Fiscalización deberá entregar un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones sobre los procesos analizados.