Procesos judiciales a figuras de la Revolución Ciudadana (RC) se abrieron durante este 2026, un año electoral debido a los comicios seccionales del 29 de noviembre. Mientras el correísmo busca cohesionar su voto duro mediante la victimización, el Gobierno se enfoca en temas de seguridad para dominar la narrativa electoral, según observan analistas consultados.
Entre los casos judiciales que involucran a personalidades de la RC constan, por ejemplo:
Luisa González, excandidata presidencial y expostulante a la prefectura de Manabí, detenida el 22 de octubre de 2026 por presunto lavado de activos en el caso Laberinto.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, no está detenido, pero el Municipio y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) fueron allanadas en octubre por una indagación relacionada a un presunto peculado en contratos de obra pública de 2024.
Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, detenido el 3 de junio de 2026 por presunto lavado de activos en el caso Blindado.
Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, detenido el 10 de febrero de 2026, enfrenta tres casos: Triple A, Grillete y Goleada.
¿Los procesos judiciales pueden influir en la campaña electoral beneficiando a algún sector?
Juan Manuel Fuertes, exsubsecretario de Gobernabilidad y analista político, explica que los asuntos judiciales no se ventilan con objetividad en el ámbito político, sobre la base de las pruebas que existan en el proceso, sino por factores sentimentales y emocionales. “Esto en un escenario polarizado es más complejo porque el radicalismo no es solo político, ideológico, sino afectivo y lo que predomina es el sesgo de confirmación. Es decir, la ciudadanía ve lo que quiere ver”, indica.
Por eso considera que para los militantes y simpatizantes del correísmo los procesos judiciales serán asumidos en términos de una persecución política. “El efecto que suele producir este tipo de situaciones es que la victimización conduzca a la solidaridad y a cerrar filas en torno a una causa”, añade. Como la RC está suspendida, “posicionarán, sobre todo en esta última fase de la campaña, la persecución política valiéndose de las instancias judiciales”.
El 4 de noviembre de 2026 fueron detenidas cinco personas en un operativo internacional por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. Entre los capturados constan:
Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda detenidos en Panamá.
Jacobo Bucaram Pulley, detenido en Guayaquil.
César Febres-Cordero, analista político, se abstiene de proyectar si los casos judiciales generarán o no incidencia en la campaña electoral. Sin embargo, observa cierta actuación del Gobierno de Daniel Noboa: “Es importante notar que el Gobierno ha apostado a lo largo de épocas electorales y no electorales por marcar la agenda con temas de seguridad. Y no podemos pensar que es una coincidencia que tengamos pedidos de extradición, ciertas capturas, un nuevo toque de queda en las semanas que anteceden a las elecciones”.
Respecto a las últimas capturas del 4 de noviembre, señala: “Dudo que haya una coordinación tal con la Fiscalía estadounidense como para que caiga esta acusación contra los Estrada y Bucaram justo antes de las elecciones. No creo que haya ese nivel de coordinación, pero en general el énfasis en la seguridad es la regla para este Gobierno. Así que ellos definitivamente le apuestan a eso”.
¿Las gestiones de la Revolución Ciudadana apuntan a convertir a Luisa González en una mártir?
Tras la detención de González, han ocurrido lo siguientes hechos:
Rueda de prensa de la RC para manifestar su respaldo a la detenida y cuestionando al Gobierno, el 22 de octubre.
Plantón de militantes en los exteriores del Cuartel Modelo, en Guayaquil, el 23 de octubre.
Pronunciamiento de asambleístas de la RC ante la CIDH, el 27 de octubre.
RC presentó un recurso de habeas corpus a favor de González, el 4 de noviembre.
La audiencia de habeas corpus se instaló de forma virtual, militantes expresaron frases de apoyo a la detenida, el 5 de noviembre.
Congresistas demócratas de EE.UU. exigieron al secretario de Estado, Marco Rubio, suspender cooperación en seguridad a Ecuador, citaron el caso de González, el 6 de noviembre.
Fuertes estima que hay intención de convertir a González en una mártir: “Sí, sin duda. Ya tenemos un caso muy claro que puede reflejar lo que puede acontecer y es el del exvicepresidente Jorge Glas. Lo convirtieron en una suerte de mártir del correísmo más allá de que en los procesos judiciales existan sentencias condenatorias (por ejemplo, la sentencia de 13 años por el caso Reconstrucción de Manabí). Siempre tratarán de aprovechar esta circunstancia para dibujar un escenario de persecución”.
Al no ser una elección nacional (presidencial) sino seccional, el Gobierno no aparece como el antagonista principal de los candidatos del correísmo, resume Fuertes. “Son los personajes de la localidad los que realmente entran en disputa y los candidatos presentados por el Gobierno reflejan precariedad política, no se proyectan con opción de éxito. Por tanto, lo que pasa con el correísmo no necesariamente le puede servir al Gobierno, pero sí a otros competidores locales del correísmo”, analiza.
El presidente Noboa anunció el 6 de noviembre que sí pedirá licencia para hacer campaña por los candidatos de ADN por mínimo siete días.
Febres-Cordero hace algunas observaciones respecto al papel de víctima en medio de elecciones: “Que persigan a un correísta le importa al correísta. Pero en otros lugares del país, donde hay correístas, anticorreístas y un montón de gente en medio y ningún grupo específico tiene la mayoría, el solo apelar a la víctima no ayudará a conquistar a la ciudadanía a la cual no le interesa el destino de esos políticos porque no pertenecen a esa tendencia, porque desconfían o piensan mal de ellos”.
En ese sentido, evalúa lo que podría suceder con el rol de González en estas elecciones: “El caso de Luisa González u otros parecidos solo funciona en territorios donde de largo la mayoría de la gente se identifica con ese partido o movimiento. En Manabí, por ejemplo”.
González ha sido dos veces candidata presidencial. Las próximas elecciones presidenciales en Ecuador serán en el año 2029.
Febres-Cordero duda de la eficacia de destacar la figura política de González: “En el correísmo las designaciones políticas no son transparentes, no son abiertas, de hecho, en ningún partido de este país lo son. Que Luisa González salga fortalecida a lo mejor no resulta en nada porque es Rafael Correa, con su grupo de asesores por razones que no entendemos ni conocemos, el que decide a quién ubicar como candidato. Es inescrutable, hay un velo”.
¿Habrá otro sector aventajado en la campaña y las elecciones seccionales?
Para Carlos Ferrín, consultor en Comunicación Política y experto en campañas electorales, el entrar en la etapa de campaña electoral representa un nivel de discusión más alto para la ciudadanía, por lo que los candidatos, en adelante, deben decirle al electorado qué van a hacer en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) a través de sus propuestas y en los debates.
“Ya no es cuestión de quién discute más. No van a poder ver una victoria. Los candidatos más pequeños con partidos más provinciales, más sectoriales, pudiesen tener la tercera parte de los GAD en esta elección convirtiéndose en una tercera fuerza independiente porque están fuera de la discusión, no están dentro de la confrontación. Esos votos se dispersan y ganan los que están fuera de la discusión”, evalúa.
El debate para la prefectura de Pichincha será el 20 de noviembre y para la alcaldía de Quito el 22.
Ferrín considera que a los candidatos no les conviene incluir en sus campañas los temas judiciales: “Sería un error porque al enfrascarse en una discusión política judicial los que ganan son los que no entran en esa discusión”.
Apunta que en Manta los votos duros del correísmo no se moverán “porque son votos fieles, creen en la presunción de inocencia, sienten que están totalmente atacados por algún tipo de conspiración o persecución”.
Sin embargo, ve una diferencia sobre los votos blandos porque podrían hacer un análisis más profundo sobre las candidaturas: “Ese es el único punto que podría afectar a nivel electoral”. (KSQ)