Aquiles A., alcalde de Guayaquil, no cumplirá con prisión preventiva mientras espera su juicio por el presunto delito de comercio irregular de combustibles y que está previsto para enero de 2026. Un Tribunal resolvió no aceptar el pedido de cambiar la medida cautelar, tras una solicitud de la Fiscalía.
Según el fiscal Carlos Alarcón, Aquiles A. incumplió la presentación periódica exigida por el Tribunal el 1 de septiembre de 2025, lo cual constituía una causal para endurecer la medida cautelar.
La defensa del procesado por el Caso Triple A argumentó que no pudo presentarse ese día debido a que viajó a Quito para sostener una reunión con la Cancillería, por la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y una audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). El abogado defensor presentó el justificativo y señaló que su defendido cumple actividades como alcalde, por lo que no mantiene un riesgo de fuga.
De hecho, ese mismo argumento fue empleado para exigir que se le retire el dispositivo electrónico que lleva en su tobillo, desde julio de 2025, cuando fue llamado a juicio.
Tras escuchar los argumentos de las dos partes, un tribunal conformado por los jueces Christian Fierro, Carlos Serrano y Gabriela Lara consideró que no existía riesgo de fuga del procesado, por lo que decidieron mantener la medida cautelar vigente (uso de grillete, presentaciones periódicas y prohibición de salida del país) y negar el pedido de la Fiscalía.
El Caso Triple A
En el Caso Triple A, por el que está llamado a juicio el alcalde Aquiles A., la Fiscalía investiga un presunto delito de comercialización irregular de combustibles. En el caso están involucradas 16 personas naturales y seis personas jurídicas.
Según la hipótesis de la Fiscalía, a través de la Unidad de de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, varias empresas ligadas a la distribución de gasolina y diésel habrían desviado los combustibles subsidiados hacia otras actividades, para las cuales no estaba establecido el beneficio, lo cual generó un perjuicio económico al Estado ecuatoriano.