Con 88 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 29 de septiembre el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, una iniciativa que reforma 15 cuerpos legales y busca fortalecer la respuesta estatal frente a la captación de menores por estructuras criminales. El texto será remitido al presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.
La propuesta combina medidas de prevención, protección y sanción penal. Entre sus principales disposiciones constan el endurecimiento de las penas para quienes recluten o utilicen a menores en actividades delictivas, mecanismos de monitoreo frente a la captación mediante medios digitales, atención especializada en salud mental, prevención del consumo de drogas y acciones coordinadas entre instituciones públicas y gobiernos locales.
La presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Diana Jácome, señaló durante la presentación del informe que el proyecto busca responder a una problemática que afecta directamente a niños y adolescentes en distintos territorios del país. Entre las medidas destacó la orientación a padres sobre el uso de dispositivos tecnológicos, los programas de prevención de adicciones, becas y ayudas económicas, así como la recuperación de espacios públicos seguros.
Annabella Azín: prevención, tratamiento y reinserción
Durante el debate, la asambleísta Annabella Azín recordó que el texto también recoge elementos de su propuesta para la prevención, desintoxicación y reinserción integral de niños, niñas y adolescentes frente al consumo de drogas y al reclutamiento delictivo, que fue posteriormente unificada con el proyecto tratado por la Comisión. La legisladora sostuvo que esta problemática debe ser atendida antes de que el menor llegue a involucrarse directamente con una estructura criminal.
Azín mencionó entre las señales de alerta el consumo problemático de drogas, la ansiedad no diagnosticada, las ausencias reiteradas a clases, las amenazas, los entornos violentos y los acercamientos de grupos delictivos. También remarcó que la respuesta no debe limitarse al ámbito penal, sino incluir la actuación coordinada de escuelas, servicios de salud, gobiernos locales y familias.
La asambleísta enfatizó además que la responsabilidad penal debe concentrarse en quienes captan e instrumentalizan a los menores. Según explicó, un niño o adolescente rescatado de una estructura criminal debe ser evaluado, recibir tratamiento y contar con alternativas de reinserción, sin perjuicio de la aplicación de la justicia juvenil cuando corresponda.
Unicef pide una respuesta integral
Previo a la sesión, Arturo Romboli, representante de Unicef en Ecuador, señaló que la iniciativa representa un avance frente al reclutamiento de menores por parte del crimen organizado y destacó la necesidad de combinar prevención efectiva, protección oportuna y respuestas coordinadas entre las instituciones.
El proyecto aprobado establece además mecanismos para fortalecer la protección territorial con participación de los gobiernos autónomos descentralizados, servicios especializados de salud mental y educación, programas recreativos y espacios deportivos seguros para niños y adolescentes en situación de riesgo.
Tras la aprobación en el Pleno, la propuesta será remitida al Ejecutivo. De entrar en vigencia, las reformas modificarán 15 cuerpos legales y establecerán nuevas responsabilidades para distintas instituciones del Estado en materia de prevención, protección, atención y sanción frente al reclutamiento de menores.