La Asamblea Nacional mantiene abierta una fiscalización sobre los presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos del país. El proceso, que comenzó por una resolución aprobada por el Pleno el 23 de junio de 2026, está a cargo de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio y comprende la revisión de información correspondiente a 224 alcaldes y 23 prefectos.
La investigación surgió después de que una alianza periodística revelara que 79 autoridades locales registraron aumentos importantes en sus declaraciones patrimoniales durante la actual gestión. El análisis, elaborado con base en registros públicos de la Contraloría General del Estado, identificó variaciones en bienes, terrenos, vehículos, inversiones y otros activos. Uno de los casos señalados fue el del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, cuyo patrimonio declarado pasó de aproximadamente USD 1,44 millones en 2023 a USD 4,31 millones en 2024. Estos incrementos, sin embargo, no constituyen por sí solos una irregularidad penal y deben ser contrastados con ingresos, actividades económicas y demás fuentes legales de recursos.
La resolución que dio paso a la fiscalización fue aprobada con 85 votos a favor y estableció inicialmente un plazo máximo de 90 días para que la Comisión entregue al Pleno un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones. La iniciativa fue impulsada por el legislador oficialista Fernando Jaramillo, de ADN, mientras que legisladores de la Revolución Ciudadana votaron en contra y cuestionaron que el proceso pudiera concentrarse en autoridades opositoras en vísperas de las elecciones seccionales.
Asambleísta Farinango: la información debe cruzarse entre varias instituciones
La asambleísta Nathaly Farinango, de Acción Democrática Nacional (ADN), señaló que la investigación no se limita a comparar el sueldo de una autoridad con el crecimiento de sus bienes. Según explicó, la Comisión ha recibido información de entidades como el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Contraloría General del Estado y Fiscalía General del Estado, con el objetivo de verificar si existen otras actividades económicas que expliquen los aumentos patrimoniales.
Farinango sostuvo que, si una autoridad argumenta que sus ingresos provienen también de empresas u otras actividades privadas, esa información debe ser contrastada. “Si luego no cuadra esa información, efectivamente esto se tiene que mandar a Fiscalía General del Estado”, explicó durante la entrevista. Añadió que cualquier eventual responsabilidad deberá determinarse respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.
La legisladora defendió además la competencia de la Asamblea para desarrollar el proceso de control político y rechazó que la autonomía de los gobiernos locales implique que estos queden fuera de la fiscalización estatal. A su criterio, los municipios y prefecturas forman parte del Estado y están sujetos al cumplimiento de la Constitución y la ley.
Contraloría y Fiscalía, posibles destinos del informe
Según Farinango, una vez concluido, el informe de la Comisión podría ser remitido a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado, para que esas instituciones continúen o inicien los procedimientos que correspondan dentro de sus competencias. La asambleísta insistió en que el Legislativo no determina responsabilidades penales, sino que realiza control político y remite información cuando encuentra elementos que ameritan una revisión adicional.
La legisladora también planteó que el proceso servirá para evaluar la capacidad de la Contraloría de detectar oportunamente posibles variaciones patrimoniales injustificadas. Recordó que los funcionarios públicos están obligados a presentar declaraciones patrimoniales juradas, y señaló que uno de los puntos a revisar será cómo se coordinan Contraloría y Fiscalía cuando existen posibles indicios de delito.
Comparecencias e información reservada
Durante los últimos meses, la Comisión ha recibido información de organismos públicos, autoridades locales, especialistas y periodistas. Entre las primeras entidades contempladas estuvieron la Contraloría, SRI, UAFE, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos y registros de la propiedad. Algunas sesiones se desarrollaron con carácter reservado debido al tipo de información financiera y patrimonial analizada.
El proceso también incorporó comparecencias relacionadas con casos particulares. En julio, por ejemplo, el periodista John Lafebre presentó información sobre presuntas irregularidades en la Prefectura de Loja, mientras que en agosto la vicealcaldesa de Sígsig, Ximena Cali, expuso denuncias relacionadas con contratación, bienes y posibles irregularidades dentro de ese municipio.
El origen de la investigación
La investigación periodística que detonó el proceso revisó las declaraciones patrimoniales de autoridades locales y encontró que aproximadamente un tercio de alcaldes y prefectos registraba variaciones relevantes. La Asamblea decidió entonces solicitar información a varias instituciones para determinar si esos aumentos cuentan con una explicación respaldada por ingresos declarados, empresas, inversiones u otras actividades económicas legales.
Farinango aseguró que el objetivo es que la información sea contrastada técnicamente antes de establecer cualquier conclusión. “Todas las autoridades públicas hacemos declaraciones patrimoniales”, señaló, y agregó que el proceso también permitirá revisar qué tan efectivos son los mecanismos de control para detectar incrementos que eventualmente no puedan ser justificados.