Hace 40 años, el 10 de noviembre de 1985, tres integrantes del grupo subversivo ‘Alfaro Vive Carajo’ (AVC): Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín fueron detenidos sin orden judicial por militares en Esmeraldas. Ellos señalaron que durante su detención fueron sometidos a torturas y secuestros. Actualmente, por el presunto delito de lesa humanidad, hay seis procesados, entre ellos cinco militares en servicio pasivo de alto rango y un médico.
Tras su detención en 1985, los integrantes de AVC fueron trasladados al Cuartel Batallón Montúfar, para después ser llevados al Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), en Conocoto, en el norte de Quito. Allí habrían sido sometidos a torturas físicas, psicológicas y sexuales.
La Fiscalía detalló que Cajas y Jarrín estuvieron detenidos durante quince días y luego fueron liberados.
Vaca, en cambio, permaneció en una situación de desaparición forzada alrededor de dos años, pues su registro de filiación fue eliminado del Registro Civil y fue liberado a mediados de 1988.
Por estos hechos, desde el 5 de noviembre de 2025 se llevó a cabo la audiencia de juicio contra seis procesados. Los acusados del presunto delito de lesa humanidad son: Juan Raúl Viteri, excomandante de la Escuela de Inteligencia; Manuel Delgado, exdirector de Inteligencia del Ejército; Nelson Enriquez., exoficial de Inteligencia del Ejército; Fernando Ron, exoficial del Ejército; Mario Apolo, excomandante de la Escuela de Inteligencia; y Luis Piñeiros Rivera, exministro de Defensa.
La audiencia de juicio inició con los alegatos iniciales. Fiscalía, defensa y defensores de acusados expusieron su teoría del caso, hechos, repercusión jurídica y anuncio de lo que se iba a probar.
¿Cómo va el caso de presunta lesa humanidad?
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Este es el primer caso judicializado de lesa humanidad. De acuerdo con la Fiscalía, los hechos represivos se dieron entre 1984 y 1988, durante el Gobierno de León Febres Cordero.
El 7 de noviembre se cumplió el tercer día de audiencia de juicio, donde se escuchó a una perito sobre los hechos ocurridos en ese entonces. La diligencia se suspendió a las 13:30 y será reinstalada el 11 de noviembre, a las 14:30.
Antes de esta audiencia, el abogado de las víctimas de AVC, Juan Pablo Albán, comentó que el proceso aún se encuentra en la prueba de Fiscalía, en donde se presentan todos los testigos y los peritos.
“Este es un ejercicio de paciencia; las víctimas han esperado 40 años para este momento y los procesados también. Aunque en su momento trataron de dilatar, lo que quieren es que se termine”, dice el jurista.
Cabe destacar que en noviembre de 2015 en el país se buscó instalar el juicio por lesa humanidad, y tras diez años se logró, ya que el 23 de diciembre de 2016, fue aplazado por disposición de la jueza Sylvia Sánchez, debido a petición de tres de los procesados.
Albán recalcó que durante estos días de audiencia de juicio han escuchado declaraciones de las víctimas sobre mecanismos de tortura como colocar bolsas plásticas en la cabeza de las personas, procesos para afectar las articulaciones. “Hemos escuchado tácticas horrendas”, afirmó.
Defensa dice que no se reúnen requisitos de un presunto crimen de lesa humanidad
El abogado Emiliano Donoso, defensa del entonces general Nelson Enríquez, dijo que la Fiscalía señala que hubo delitos de lesa humanidad en esa época, pero que a su criterio es un error, porque en ese momento no había un marco normativo. Argumentó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece por primera vez en la legislación ecuatoriana un concepto de delito de lesa humanidad, “pero que ese no es el Código Integral Penal vigente en la realización de los hechos”.
Además, puntualizó que dentro del marco legislativo internacional, en el Estatuto de Roma, por primera vez se determinó cómo se iban a proceder con los delitos de lesa humanidad, y estableció características que no eran parte de la legislación ecuatoriana en el momento de los supuestos hechos.
Por lo que el jurista recalcó: “Esta defensa sostiene que no existen delitos de lesa humanidad, no solo porque no existió un aparataje organizado desde el Estado con militares y políticos para atentar en contra de los derechos de ninguna persona. Puede haber algún caso aislado, pero no se reúnen los requisitos de un supuesto crimen de lesa humanidad”.
AVC fue un grupo subversivo
Donoso mencionó que la acusación señala que se han cometido los presuntos delitos de secuestro, detención ilegal y plagio “para tratar de enmarcar los delitos de lesa humanidad”. Pero que, “al momento de los hechos, estos delitos no estaban tipificados en la norma legal ecuatoriana como delitos de lesa humanidad y los posibles delitos comunes que se pudieron haber cometido por algún exceso puntual”. A criterio de esta defensa están prescritos.
El abogado penalista Marcelo Dueñas dijo que este “caso no tiene ni pies ni cabeza”, pues dijo que las presuntas víctimas “están lejos de serlo”, pues fueron miembros activos del grupo subversivo AVC. “Intentaron tomar el poder a través de las armas, violentando la estructura jurídica del Estado”, aseguró.
“El caso se va a caer por su propio peso, porque solamente obedece al punto de vista de estos terroristas, que ahora están en calidad de supuestas víctimas”, destacó. Por lo que para él no tiene “el menor sustento que no sea la queja infundada y carente de prueba”.
Para Dueñas, el grupo AVC tendría que responder por la cantidad de muertos, secuestros, destrucción de bienes públicos y demás en los años que operó.
El partido de León Febres Cordero toma postura
El Partido Social Cristiano se pronunció frente a la acusación de la Fiscalía y recordó que en la década de 1980, AVC tenía operaciones de violencia sistemática como asaltos, robos, secuestros y asesinatos, lo que motivó al Estado a “defender a los ciudadanos”.
“Los socialcristianos rechazamos este intento de cambiar la historia de los hechos luego de más de cuarenta años, los mismo que bajo el liderazgo y firmeza del expresidente Febres Cordero y la valiente labor de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional lograron la extinción de este grupo terrorista”, se pronunció el partido. (PSR)