Más de ocho horas duró la resolución de la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio en el caso Ligados. El 17 de abril de 2026, a las 15:20, comenzó la diligencia que se extendió hasta casi la medianoche del 18 de abril de 2026.
La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, emitió la resolución con la que llamó a juicio a siete procesados en el caso Ligados por el presunto delito de asociación ilícita.
La jueza acogió el pedido de la Fiscalía con el que se argumentó que los implicados habrían buscado influir en la Justicia electoral, para retrasar o evitar la destitución de los entonces integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y designar a personas de su confianza en instituciones del Estado. Para la magistrada hubo elementos de convicción que hacen presumir la participación de los implicados en el delito.
Camacho enfatizó en que esa etapa procesal no se califica a los elementos de convicción anunciados por la Fiscalía, pues eso le corresponde al tribunal que estará a cargo del juicio. “La evaluación de la acusación no implica calificar la prueba, sino que lo que se determina es si los elementos de cargo aportados por Fiscalía refieren a los hechos recusados y permiten presumir gravemente la existencia de las circunstancias de los hechos”.
¿Quiénes son los procesados en el caso Ligados?
En el caso Ligados hay siete investigados por el presunto delito de asociación ilícita que son los exconsejeros del Cpccs, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. Además de la consejera Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial y vicepresidencial del correísmo, Andrés Arauz; la exasambleísta del correísmo, Esther Cuesta; y el exsuperintendente de Bancos, Raúl González.
Según la acusación de la Fiscalía, Arauz habría operado como actor político externo e influía directamente sobre los consejeros procesados. Verduga habría actuado como una pieza clave de coordinación y habría incidido en las votaciones internas. Yadira Saltos habría participado en la estrategia de dilación. Sobre la participación de Eduardo Franco Loor se detalló que se habrían evidenciado gestiones para desgloses irregulares de documentos para beneficiar a terceros y Nicole Bonifaz habría contribuido al retraso del proceso por medio de su votación.
La audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio se desarrolló de forma presencial y virtual. En la sala de audiencias del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia estuvieron Yadira Saltos y Nicole Bonifaz. Los otros procesados junto con sus defensas se encontraban en la sesión virtual de la diligencia. También, estuvo presente el fiscal general (s), Leonardo Alarcón, durante la lectura de la resolución.
Camacho detalló que los hechos por los que Fiscalía realizó su dictamen acusatorio contienen que “se estructuró una presunta asociación ilícita compuesta por consejeros del Cpccs y personas particulares, con el objetivo común de perpetrar delitos cuyas penas sean inferiores a los cinco años como: tráfico de influencias, oferta de tráfico de influencias, fraude procesal e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, con la finalidad de asegurar la permanencia de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social dentro de esta función del Estado, y captar espacios de poder a través de los procesos de selección y designación de las autoridades de control del Estado”.
Detalles del caso Ligados
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían buscado tomar el control de varias instituciones del Estado, por medio de “la designación irregular de las autoridades como la Superintendencia de Bancos”. Esto habría ocurrido entre 2024 y 2025.
La entidad ha señalado que habrían implementado una estrategia para dilatar o evitar decisiones de la justicia electoral, para mantenerse en sus cargos, a través de maniobras jurídicas irregulares.
La investigación se originó en una denuncia y en un allanamiento ejecutado el 24 de enero de 2025 en las instalaciones del Cpccs, en Quito, donde se incautaron los celulares del exconsejero Augusto Verduga. “La información extraída de estos dispositivos fue incorporada como elemento de convicción para sustentar el dictamen acusatorio”, ha manifestado la Fiscalía.
¿Quiénes reaccionaron frente a la decisión de la jueza?
Luego que Camacho emitió el auto de llamamiento a juicio, Verduga se pronunció y señaló que para ellos esta resolución es una medalla.
“Cuando regrese el Estado de derecho al Ecuador, esta señora tendrá que responder ante la verdadera Justicia”, manifestó Verduga, a través de una publicación en su cuenta de X.
También, tras la resolución de la magistrada, Yadira Saltos dijo que «los hechos acusados no constituyen delito alguno, mire de donde se lo mire”. Añadió que la Justicia en Ecuador “se ha convertido en un brazo al servicio de intereses de poder, dónde las acusaciones responden a cálculos políticos y no a la búsqueda de la verdad”.
A través de un video en X, Nicole Bonifaz se pronunció sobre el auto de llamamiento a juicio y lo calificó como una “persecución ilegal e injustificada”. Aseguró que su lucha no se detendrá y que da la cara porque no tiene por qué esconderse.
La Corte Nacional de Justicia recordó que el delito de asociación ilícita está tipificado y sancionado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Ese artículo reza que cuando “dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, serán sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. (PSR)
De acuerdo con la Ley, se prevé que en los siguientes días se realice el sorteo del Tribunal de la Sala Penal, que llevará a cabo el proceso de juzgamiento contra los siete procesados.