La Fiscalía General del Estado vinculó a 10 personas más al caso Progen, investigación que busca determinar presuntas irregularidades en la contratación emergente de proyectos de generación eléctrica durante la crisis energética que atravesó Ecuador en 2024.
Durante la audiencia de vinculación, un juez nacional dictó prisión preventiva para los 10 nuevos procesados, con lo que el número total de personas involucradas en esta causa se eleva a 31.
Además, la Fiscalía solicitó a la justicia que se gestione la difusión roja ante Interpol para cuatro de los nuevos procesados, con el objetivo de facilitar su localización y eventual detención en caso de encontrarse fuera del país.
Fiscalía apunta a contratos por USD 149,1 millones
La investigación está relacionada con dos contratos de emergencia suscritos por la Unidad de Negocio Termopichincha con la empresa Progen Industries LLC, por un monto total de USD 149,1 millones.
Los contratos correspondieron a:
Salitral: USD 99,4 millones.
Quevedo: USD 49,7 millones.
Los acuerdos contemplaban la adquisición de grupos electrógenos, además de obras civiles y la puesta en marcha de las centrales de generación térmica.
Según la tesis de la Fiscalía, pese a que los generadores entregados por la empresa proveedora habrían presentado problemas, entre ellos estar inoperativos, ser técnicamente incompatibles y no corresponder a equipos nuevos, se realizaron pagos de anticipos que superaron los USD 104 millones.
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Presuntas irregularidades durante las contrataciones
El Ministerio Público sostiene que los procesados habrían aprovechado la crisis energética de 2024 para disponer presuntamente de manera arbitraria de recursos públicos y direccionar las contrataciones emergentes hacia los proyectos de Salitral y Quevedo.
Durante la audiencia, Fiscalía señaló además que los sospechosos habrían evadido u omitido procedimientos establecidos en las etapas precontractual, contractual y de ejecución, presuntamente con el propósito de favorecer a Progen Industries LLC.
La acusación plantea que cada uno de los procesados habría intervenido desde su respectivo ámbito de competencia. Entre las acciones investigadas constan la presunta manipulación de informes técnicos, concesión de prórrogas injustificadas, omisión de fiscalizaciones e intercesiones informales para facilitar el desembolso de recursos estatales.
De acuerdo con la Fiscalía, estas actuaciones habrían provocado un perjuicio al Estado.
Contraloría también investiga el patrimonio de involucrados
El caso Progen también ha generado acciones en el ámbito de control. La Contraloría General del Estado inició 49 exámenes patrimoniales relacionados con esta investigación, como parte de las diligencias destinadas a determinar posibles responsabilidades.
El proceso penal se centra en establecer si las decisiones adoptadas durante la contratación y ejecución de los proyectos de generación eléctrica configuraron el delito de peculado.
Este delito está contemplado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece una pena de 10 a 13 años de prisión.
La vinculación de los 10 nuevos procesados marca así un nuevo capítulo en una investigación que busca esclarecer cómo se manejaron millonarios recursos públicos durante una de las mayores crisis energéticas que enfrentó Ecuador.