A pocos días de cumplirse un mes del cierre de varios pasos internacionales del país, las afectaciones económicas y sociales comienzan a profundizarse en los cantones fronterizos del sur de la provincia de Loja. La medida, adoptada el 24 de diciembre de 2025 por el Ejecutivo, mantiene habilitados únicamente los pasos de Rumichaca, en la frontera con Colombia, y Huaquillas, en el límite con Perú.
Frente a este escenario, el presidente de la Mancomunidad del Bosque Seco y alcalde del cantón Sozoranga, Renán Flores Guerrero, expresó su preocupación por las consecuencias que deja el cierre de los pasos de Macará y Zapotillo, e insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional analice su reapertura.
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La autoridad cantonal señaló que los gobiernos locales no se oponen a los objetivos de seguridad planteados por el Ejecutivo, pero consideran necesario que se los convoque a espacios de diálogo. En ese sentido, propuso que se analicen alternativas como el refuerzo de los controles fronterizos con mayor presencia militar y policial, sin que ello implique la paralización total del comercio binacional.
Según explicó, gran parte de la población de los cantones fronterizos depende directamente del intercambio comercial, el turismo y otras actividades de integración con el norte del Perú. “El cierre de la frontera está afectando no menos del 50% de las condiciones de vida de quienes habitan en estos sectores”, advirtió.
Los efectos, dijo, ya son visibles en la reducción de la actividad económica y en la caída de la producción local que tradicionalmente se comercializaba hacia el vecino país. Antes del cierre, ciudadanos peruanos acudían diariamente a abastecerse en Macará, Sozoranga y otros cantones fronterizos, mientras que productores ecuatorianos también encontraban un mercado para sus productos en poblaciones como Suyo.
Uno de los sectores más golpeados es el transporte, especialmente el servicio de taxi en Macará, que históricamente mantenía un flujo constante de pasajeros hacia el puente internacional. Actualmente, actividad se encuentra prácticamente paralizada, lo que agrava la situación económica de decenas de familias.
Además, el cierre ha impactado en proyectos binacionales que se encontraban en agenda y que buscaban impulsar acciones conjuntas para el desarrollo de los territorios fronterizos, los cuales han quedado suspendidos ante la falta de movilidad.
Mientras el Gobierno Nacional sostiene que la decisión responde a razones de seguridad, en territorio persiste la incertidumbre por la falta de información clara y por la ausencia de una fecha tentativa para la reapertura de los pasos cerrados.