Los apagones de hasta 13 horas que vivió Ecuador en 2024 fueron la consecuencia de una fragilidad estructural: una matriz eléctrica altamente dependiente del agua, limitada diversificación energética y un entorno poco atractivo para la inversión privada.
El Informe sobre el Clima y el Desarrollo del País (CCDR) del Grupo Banco Mundial advierte que, sin medidas de adaptación y diversificación, la producción hidroeléctrica podría reducirse significativamente debido a la variabilidad hidrológica, aumentando el riesgo de crisis energéticas recurrentes.
La advertencia no es menor: el cambio climático ya está afectando la disponibilidad de agua, y la crisis energética de 2023 y 2024 es presentada en el informe como una señal clara de vulnerabilidad estructural.
Cuando falta lluvia, falta luz: el riesgo de una matriz eléctrica concentrada en Ecuador
Ecuador obtiene aproximadamente el 77% de su electricidad de fuentes hidroeléctricas.
Durante años, esta estructura permitió reducir emisiones y contener costos. Pero el modelo funciona solo si el régimen de lluvias es estable. Y ese supuesto ya no es válido.
El informe modela escenarios climáticos futuros y concluye que, en ausencia de adaptación, la menor disponibilidad de agua afectará la generación hidroeléctrica y aumentará la probabilidad de crisis energéticas.
En un escenario más seco y caluroso, el cambio climático podría reducir el PIB real hasta en 3,7% hacia 2050, siendo uno de los canales relevantes el impacto en energía e infraestructura.
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La conclusión es clara: depender casi exclusivamente del agua se ha convertido en un riesgo macroeconómico.
En 2025 no se produjeron apagones porque la lluvia fue estable y constante durante todo el año, pero el sistema eléctrico no tuvo cambios estructurales.
Como ya analizó LA HORA, la posibilidad de crisis eléctricas siempre está sobre la mesa en Ecuador y amenaza el crecimiento económico. Según JP Morgan, a inicios de 2026 se registra un déficit de generación eléctrica de 866 Megavatios (MW).
Ecuador necesita destinar 3,5% del PIB cada año para evitar nuevas crisis eléctricas
El Banco Mundial estima que Ecuador necesitará inversiones promedio de $3.700 millones anuales entre 2026 y 2050, equivalentes al 3,5% del PIB, para financiar medidas de adaptación y mitigación climática.
Estas inversiones incluyen:
Diversificación hacia energías renovables no hidroeléctricas (solar, eólica).
Modernización y resiliencia de redes eléctricas.
Electrificación progresiva de industria y transporte.
Eficiencia energética en toda la economía.
Infraestructura resiliente frente a eventos extremos.
Sin ese volumen sostenido de inversión, la seguridad energética seguirá expuesta a ‘shocks’ climáticos.
“El problema es que el Estado ecuatoriano, con déficits fiscales de más de $5.000 millones en los últimos años, no tiene suficientes recursos para cubrir el nivel de inversiones que se necesitan cada año. La inversión privada debe ser impulsada de manera profunda porque el país cada vez se queda más rezagado el desarrollo de su sistema eléctrico”, explicó Carlos Rubio, ingeniero eléctrico y consultor empresarial.
Solo 4% de la inversión eléctrica es privada en Ecuador, frente a 40% en la región
El desafío no es solo cuánto invertir, sino quién invierte. En Ecuador, la participación del sector privado en el sistema eléctrico sigue siendo marginal en comparación con otros países de América Latina.
De acuerdo con evaluaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la participación privada representa apenas alrededor del 4% de la inversión total en generación eléctrica. Es decir, prácticamente toda la expansión del sistema ha dependido de recursos públicos.
Si se mide por capacidad instalada, no por inversión anual, el sector privado participa con aproximadamente 10% del total de generación del país, lo que sigue siendo bajo.
La comparación regional es reveladora: en varios países de América Latina, la inversión privada representa en promedio alrededor del 40% del total del sector eléctrico, con mercados donde la mayor parte de la generación está en manos privadas bajo esquemas regulados.
Carreteras dañadas y menos electricidad: el impacto económico del cambio climático se multiplica en Ecuador
El Banco Mundial también muestra que los impactos del cambio climático sobre las infraestructuras pueden tener costos elevados.
Por ejemplo:
Los daños adicionales anuales a carreteras y puentes podrían alcanzar entre $100 millones y $115 millones en la década de 2050.
Las demoras productivas asociadas podrían costar entre $200 millones y $750 millones anuales.
Si el sistema eléctrico falla en paralelo con infraestructura debilitada, el impacto sobre productividad y pobreza se multiplica.
En un escenario seco y caluroso, el cambio climático podría aumentar la pobreza y frenar la reducción de la desigualdad.
¿Por qué no existe más inversión privada en el sector eléctrico de Ecuador?
El informe identifica obstáculos estructurales que explican por qué Ecuador no logra atraer el volumen de capital necesario.
- Distorsiones de precios y subsidios. Los subsidios a combustibles y electricidad han sido elevados. En la última década promediaron $2.300 millones anuales; en 2022 alcanzaron $4.500 millones (4% del PIB).
Estos subsidios, que el Gobierno de Daniel Noboa ya ha venido desmontando en el sector de los combustibles, distorsionan señales de mercado, incentivan consumo ineficiente, reducen espacio fiscal para inversión, desincentivan entrada de capital privado en energías limpias.
Mientras el precio de la energía esté artificialmente contenido, los proyectos privados enfrentan incertidumbre en retornos.
- Alto riesgo regulatorio. El Banco Mundial señala explícitamente el alto riesgo normativo como una barrera para la inversión privada en energía.
Cambios frecuentes en reglas, demoras contractuales y débil institucionalidad elevan el costo del capital y encarecen proyectos.
- Mercados financieros poco desarrollados. El mercado de finanzas verdes en Ecuador es pequeño y el acceso a inversionistas es limitado por mercados de capital poco profundos y riesgos macroeconómicos percibidos. Esto obliga a depender de financiamiento externo más costoso y limita la estructuración de proyectos de largo plazo como parques solares o eólicos.
- Restricciones estructurales al clima de negocios. Distorsiones de precios, restricciones comerciales y de inversión, rigideces laborales y un marco de competencia débil son factores que frenan la inversión privada en sectores estratégicos como energía.
Sin reformas estructurales, la transición energética no puede financiarse solo con recursos públicos.
Además de todo esto, como ya analizó LA HORA, un sector privado dispuesto a invertir se ve frenado por trabas burocráticas, las decisiones de funcionarios y la falta de coordinación estatal. (JS)