La Constitución del Ecuador determina en su artículo 1 que es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
Sin embargo, en medio del debate político, sectores de la oposición posicionan un elemento recurrente: el uso del término “narcodictadura”.
Hay varios tipos de gobiernos y generalmente se engloban en democráticos (repúblicas) o no democráticos (monarquías, autoritarismos, dictatoriales).
¿Dictadura: una palabra mal utilizada?
Los expertos consultados coinciden en que un Estado es democrático y legítimo cuando el mandatario fue elegido en las urnas; pero su forma de gobernar puede cambiar.
Simón Pachano, doctor en Ciencias Políticas, explica que “narcodictadura” es solo un slogan o un recurso narrativo que surge en medio de “la pelea política”.
“No hay condiciones para decir que (Ecuador) es una dictadura”, evalúa. Pero observa que “hay una democracia erosionada”, porque:
Hay “sospechas” sobre el “manejo del Consejo de la Judicatura”.
Se intenta “ilegalizar” a algunas organizaciones políticas.
Pero una democracia erosionada no implica que automáticamente se convierta en una dictadura, señala.
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Por eso advierte sobre el uso del concepto dictadura: “Hay que tener mucho cuidado. Hay que diferenciar entre el lenguaje de la lucha política, que es el de los calificativos, y el lenguaje académico”.
Lo mismo sugiere para el término democracia, enfatizando que no a cualquier cosa se le puede llamar así.
“Todos los países de América Latina están en riesgo de caer en manos de gobiernos autoritarios que puedan ir hacia dictaduras. Por ejemplo, un caso clarísimo es el de El Salvador, Cuba y Nicaragua. Sí son dictaduras”, advierte.
El experto considera que el mayor riesgo es que los países caigan “bajo las garras del narcotráfico, que implantaría dictaduras a su antojo”. Sin embargo, aún duda que sea un escenario cercano para Ecuador.
“No diría que ya estamos en una transición (hacia este tipo de dictaduras), pero hay un riesgo, que es diferente. Y no solo en Ecuador, porque el fenómeno del narcotráfico está afectando al conjunto de América Latina”, expone.
Por su parte, Luis Verdesoto, académico y PhD en Estudios Políticos, considera que la calificación “narcodictadura”, para el actual Gobierno de Ecuador, es excesiva.
“Es demasiado ríspido (rígido) hablar en este momento encuadrando en la narcodictadura, porque eso indicaría que los agentes de los grandes cárteles se han tomado el Estado”, dice.
¿Qué es una dictadura?
Pachano indica que una dictadura es un sistema más complejo: “En una dictadura se acaba absolutamente el Estado de derecho. No impera la ley, sino la voluntad del o los gobernantes. No hay elecciones libres ni limpias. Es decir, hay una serie de condiciones que marcan a una dictadura”.
Felipe Burbano de Lara, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, resume que una dictadura implica una serie de restricciones:
Se suprimen elecciones.
Se restringen todos los derechos políticos.
Se anula la vida política.
El gobierno de turno se declara en funciones permanentes, sin un periodo determinado.
No hay oposición con espacios de organización política.
“Mientras el Ecuador tenga como horizonte las elecciones que sean limpias, transparentes, competitivas, no estaremos en una dictadura”, afirma Burbano, quien ve difícil que el país vaya hacia una dictadura, como fue el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el caso de Cuba o Nicaragua.
“La dictadura es un régimen político en el cual quedan eliminadas las elecciones como mecanismo de selección de los gobernantes”, apunta. Cree que el término “narcodictadura” es utilizada de forma imprecisa y como “arma política”.
Para Verdesoto, “una dictadura generalmente se asienta en el abuso del poder”, que transgrede permanentemente las normas, los reglamentos y las leyes. Pero añade que a través de los años, esas prácticas se modifican.
“La nueva dictadura no es la de los años 70 en América Latina, donde los militares arrasaban, hacían desapariciones masivas, dejaban muchos muertos y tomaban sangrientamente los Estados”, explica. Sostiene que las formas cambian y se reflejan en “inéditas” articulaciones internacionales.
El autoritarismo y el proceso de transición antes de llegar a una dictadura
Al hablar sobre el autoritarismo, Burbano indica que es una práctica donde se advierte concentración del poder, anulación de la autonomía de las Funciones del Estado, el uso permanente de la fuerza, la amenaza política como arma para amedrentar a los opositores o restricción de los espacios de libertad informativa.
El experto resalta en no confundir este tipo de prácticas autoritarias con las dictatoriales, pero recalca que las primeras pueden conducir a una dictadura.
Sin embargo, Verdesoto dice que es difícil establecer cuándo un Estado pasa del autoritarismo a una dictadura plena: “La dictadura plena es la transgresión de todos los principios democráticos en términos de elecciones. Las nuevas formas dictatoriales surgen de los autoritarismos que están en todo lado: autoritarismos que están en la sociedad, en el Parlamento, en el Ejecutivo, en la conservación de la seguridad, en la articulación internacional”.
Todo eso, subraya, configura un panorama de miedo para que un Estado sea autoritario, se termine el sistema de pesos y contrapesos, y se convierta en dictatorial, pese a que su gobierno haya surgido en democracia.
“Así mueren las democracias. No mueren de un día para otro, van muriendo a partir de una cantidad de elementos y situaciones”, señala Verdesoto.
¿Cómo evitar el camino hacia una dictadura?
Verdesoto plantea que ante las prácticas autoritarias que ponen en riesgo la democracia, se debe “forzar a que las instituciones funcionen y se respete a la opinión pública”.
En el caso ecuatoriano, sugiere: “Si no les da la gana de posicionar a la presidenta del Consejo de la Judicatura (se refiere a Alexandra Villacís), hay que forzar que la institución cumpla su función de garante de derechos y deberes”.
Burbano evalúa que aquí entra el rol de la oposición que, con legitimidad y credibilidad, pueda denunciar con certezas y defienda el ejercicio de los derechos y de las libertades políticas. Advierte que eso es lo complicado en un régimen autoritario, porque este se encarga de cerrar espacios y generar miedo.
“Tiene que haber una contraparte, una oposición en distintos ámbitos sociales, políticos, informativos (…). Se tiene que respetar la libertad de opinión, que no se cierren medios de comunicación, que no se amedrente a periodistas, pero eso depende de la fortaleza que adquieran estos espacios de oposición”, concluye. (KSQ)