Ecuador se endeuda cada año, pero la obra pública no aparece. El dinero, lejos de ir a infraestructura, se consume en gasto corriente, pago de deuda y obligaciones ineludibles que superan los ingresos permanentes (impuestos) del Estado. El país opera con un presupuesto que oculta su verdadera crisis fiscal.
Por eso se multiplican las críticas cuando, como ocurrió el 2 de diciembre de 2025, se anunció un nuevo crédito por $620 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Desde mediados de 2024, ese multilateral ha desembolsado $2.700 millones al Ecuador, sin tomar en cuenta el último crédito. Hasta finales de 2025, la deuda con el FMI sumará casi $10.000 millones.
Lo que se preguntan muchos ecuatorianos es por qué esos créditos no se convierten en obras.
En el corazón de este problema está una dinámica perversa: el presupuesto se infla todos los años con miles de millones para salud y educación que el Estado está obligado a incluir, aunque no pueda financiarlos. La Constitución y leyes orgánicas establecen que estos sectores deben recibir incrementos anuales, que equivalen a medio punto del PIB cada año en salud y educación, hasta completar un punto anual para cada uno. Esto significa que, sin importar si el Estado tiene dinero, el presupuesto debe aumentar.
Por eso, para 2025 se suman alrededor de $4.000 millones adicionales y para 2026 más de $5.200 millones. Pero este incremento, que en teoría debería fortalecer los servicios públicos esenciales, no tiene está realmente financiado, como explica el exministro de Economía, Fausto Ortiz.
La realidad es que ese dinero nunca llega a hospitales ni a escuelas. En 2024, por ejemplo, se ejecutaron menos de $200 millones de los incrementos constitucionales para salud y educación. Ortiz lo resume con crudeza: “Se presupuestan, pero no se ejecutan”. El dinero se va en pagar deudas que se adquieren porque el país no tiene suficientes recursos para cubrir sus gastos, y en cubrir aumentos inerciales y automáticos en un Estado que no transparenta cómo ejecuta sus pocos recursos.
Cuando en el presupuesto se incluyen los aumentos de gasto obligatorios pero irreales, la ejecución parece menor al 70%. Si se los retirara, la ejecución sube a más del 80%. Sin embargo, mantenerlos permite a los gobiernos anunciar “presupuestos históricos”, aunque esos montos no tienen cómo pagarse.
El Estado enfrenta un déficit que superará los $5.400 millones, pero que, si cumpliera lo que la Constitución manda en salud y educación, sería mayor a $10.000 millones. Como los ingresos permanentes (impuestos) no alcanzan para cubrir todo el gasto permanente, que incluye sueldos, jubilaciones del IESS, intereses de deuda, bonos sociales, servicios básicos y transferencias a municipios, el Gobierno se sostiene con endeudamiento.
Y esa deuda no construye obras públicas. La deuda financia la supervivencia fiscal y no alcanza para invertir. El IESS se ha convertido en la “caja chica” del Estado: compra bonos y presta al fisco. Al mismo tiempo, la deuda externa a través de emisión de bonos sigue siendo prohibitiva: con tasas cercanas al 10%, endeudarse afuera es casi el doble de caro y eso hace que se dependa de los créditos de multilaterales.
Cuando se vuelve imposible financiar un gasto corriente que crece todos los años, la salida es recortar la inversión pública, el único gasto que no deberían tocar; pero que no tiene normas restrictivas que obligan a mantenerlo. Cada año se presupuesta más, pero se invierte menos. Cada año hay más deuda, pero menos infraestructura.
Andrés Rodríguez, economista, lo sintetiza con una frase demoledora: “Nos estamos mintiendo todos: la proforma es ciencia ficción.”
Ortiz plantea que la salida no es eliminar las preasignaciones constitucionales, sino sincerar el presupuesto y atacar el déficit fiscal con una estrategia realista:
- Reconocer en el presupuesto solo los montos que se pueden financiar, para evitar inflar artificialmente los gastos.
- Mejorar los ingresos no mediante subida de impuestos, sino mediante crecimiento económico sostenido que dinamice el crédito, la inversión y la recaudación.
- Reducir el uso del IESS como financista del Estado, permitiendo que sus recursos vuelvan al crédito hipotecario, productivo y de consumo.
- Bajar el riesgo país para acceder a deuda más barata, evitando los créditos de corto plazo que disparan el servicio de la deuda pública.
- Blindar la inversión pública, para que la obra regrese como motor de crecimiento y empleo. Más producción petrolera podría financiar obra pública. Las leyes impiden que la obra pública (no permanente) se financie con impuestos (permanente). La otra opción es la deuda, pero esa ya se utiliza para financiar el gasto corriente que crece año a año.
- Fortalecer el control político, de modo que la Asamblea fiscalice que lo presupuestado se ejecute y no quede en el papel. Es decir, el control político debe ir a la calidad del gasto y no a los montos, muchas veces ficticios, del presupuesto estatal. (JS)
En teoría el presupuesto estatal aumenta de $40.961 millones en 2025 a $46.256 millones en 2026; pero casi el 80% de ese aumento es para pagar deudas o es gasto ficticio.
Solo la deuda externa supera los $46.000 millones, incluyendo más de $28.000 millones con multilaterales.
Aumento de más de $5.000 millones en el presupuesto de 2026: ¿Ficción o realidad?
En el papel se dice que el gasto en el presupuesto estatal pasará de $40.961 millones en 2025 a $46.256 millones en 2026, es decir $5.294 millones más.
Sin embargo, en la realidad, a más gasto corriente irá $1.089 millones: Intereses ($430 millones), transferencias corrientes ($387 millones), compras públicas ($278 millones). Esto es gasto inercial e ineludible solo para mantener al Estado funcionando.
Para gasto de capital se destina en teoría $1.327 millones más para salud y educación. Esto no tiene financiamiento.
Para pagar deudas y otras obligaciones irán $2.878 millones. Esto incluye vencimientos, atrasos, entre otros.
Así, más del 79% de ese aumento de gasto o es ficticio (nunca se lo va a ejecutar), o sirve para pagar deudas que se acumulan.