La eliminación de las dependencias judiciales anticorrupción ha provocado la suspensión de audiencias, reubicación de jueces, falta de directrices para actuar en los procesos judiciales y un posible incumplimiento de normativa.
El Consejo de la Judicatura (CJ), el 7 de septiembre de 2026, señaló que, en el marco de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial, reestructuró el modelo de juzgamiento especializado con base en sustentos técnicos, jurídicos y de planificación.
Mercedes Caicedo, presidenta de la CJ, lo atribuyó a la falta de presupuesto y a la baja carga procesal. Del 2023 al 2026 a las unidades anticorrupción ingresaron 6.253 causas y en trámite estaban 484, mientras en las dependencias penales, existían 5.342 en trámite, mencionó.
Sobre el presupuesto, expresó que tienen un déficit de $83 millones para 2027, por lo que deben optimizar recursos, sin menoscabar el acceso a la Justicia.
Se aprobó que sus competencias sean asumidas por otras judicaturas penales, de acuerdo con las diferentes etapas de los procesos. Con ello, la capacidad operativa pasará de 19 a más de 50 jueces.
Audiencias en el limbo y reubicación de jueces a otras dependencias
La decisión de la Judicatura ha causado incertidumbre entre los magistrados. Un abogado cercano a ellos contó que están desconcertados, nerviosos y no saben qué hacer.
En un caso que investiga a dos personas por delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, el tribunal indicó que no se puede pronunciar sobre escritos presentados hasta que se emitan las directrices necesarias para continuar con el procedimiento, por lo que se dejaba sin efecto las fechas señaladas para la instalación de la audiencia de juzgamiento. En otra causa, el juez a cargo se inhibió de continuar sustanciando el proceso.
Magistrados de la exunidad especializada que realizaban sus labores en el segundo piso del Complejo Judicial Norte de Iñaquito fueron informados -mediante correo electrónico- de su traslado a otras dependencias. La Unidad de Talento Humano notificaba los movimientos administrativos.
Para el funcionamiento de esas dependencias se asignaron $1,6 millones desde el Ministerio de Finanzas. Hubo equipamiento tecnológico financiado por el Gobierno de Estados Unidos.
Cuarenta servidores judiciales fueron destinados para que se tramiten las causas de 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado, algunos de los cuales son peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Por ello además son considerados de connotación.
Los jueces fueron notificados que debían ir a otras instalaciones ubicadas en Quitumbe, en el sur, Carcelén y Calderón, en el extremo norte de la urbe.
En la declaratoria de estado de excepción por grave conmoción interna del 15 de septiembre para ocho provincias, incluida Pichincha, se menciona que Calderón o Quitumbe tienen un nivel de alto riesgo de frente al tráfico de armas, municiones y explosivos.
Abogados alertan sobre riesgos en la seguridad de magistrados
En la comunidad jurídica hay preocupación, sostuvo Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, debido a que las unidades anticorrupción fueron creadas con dos ejes importantes.
Explicó que el primero era la especialización por la naturaleza de los casos pues en esos delitos están inmersos grupos de delincuencia organizada.
El otro eje era la seguridad dado que debían tener resguardo a fin de que no sean intimidados, amenazados por esas agrupaciones delictivas, y que la garantía de la independencia judicial se mantenga.
Fabián Fabara, vocal de la Judicatura, señaló que se aprobó la fusión de las competencias de la antigua unidad especializada contra la corrupción con las dependencias penales que funcionan en el Complejo Judicial Norte de Iñaquito.
Según él, deberían haber continuado en sus oficinas, así como manteniendo la misma competencia original además de la penal ordinaria. La reubicación decidida por las unidades administrativas fue inconsulta, dijo en una entrevista en Teleamazonas. Anunció que harán un análisis y solicitarán los informes técnicos, jurídicos, de gestión procesal y de talento humano.
Acerca de la seguridad y protección, el vocal de Judicatura, precisó que es responsabilidad del Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Interior y de la Policía, y debe mantenerse, independientemente de donde desarrollen sus actividades.
Agregó que la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, hizo una solicitud que ha sido atendida favorablemente con presencia de personal militar y policial, garantizando aún más la seguridad de los usuarios, de los abogados, de los fiscales, de los jueces.
Citó el segundo inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece la facultad del Consejo de la Judicatura de cuándo se aplica una fusión, supresión, traslado de competencias.
Acerca de la suspensión de audiencias, atribuida a falta de lineamientos, expresó que se estableció que las causas en las que hay diligencias instaladas, suspendidas o donde hay pendientes de responder escritos, dictar sentencias, deben continuar en conocimiento de los mismos jueces.
¿Medida legal o retroceso frente al crimen organizado?
Fabara detalló que se declaró una emergencia en la Justicia por carencia de recursos, sobrecarga procesal, falta de jueces y cuando se aplica ese estado excepcional, la propia ley les faculta para administrar el talento humano y los recursos a su alcance para superar la crisis.
Guzmán recordó que las unidades anticorrupción fueron creadas por ley, por lo que, a su parecer, una resolución administrativa no puede sobreponerse sobre un mandato de orden legal.
El dirigente gremial se refiere a que la Asamblea Nacional en 2020 hizo reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que establecía la creación de las unidades especializadas para juzgar tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado transnacional.
Mencionó que la Judicatura debió fortalecer la unidad especializada con la incorporación de nuevos jueces, a través de concurso, con alta capacitación, especialización y con garantías de seguridad.
A decir de Fabara, entre 2014 y 2022, los delitos que ya estaban catalogados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) eran resueltos por jueces penales.
La próxima semana esos magistrados, que ahora conocerán casos anticorrupción, tendrán una actualización de nuevas modalidades delictivas. 25 de ellos serán capacitados en lavado de activos. (JGP)