La marcha del 12 de octubre de 2025, convocada por organizaciones sociales e indígenas, no tuvo un recorrido directo desde la Villaflora hasta el parque El Arbolito, en Quito. Policías y militares intentaron en varios puntos bloquear el avance de los manifestantes e hicieron uso de bombas de gas lacrimógeno.
A pesar de eso, los manifestantes llegaron al punto previsto y allí la Fuerza Pública también utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los ciudadanos.
Hoy, 13 de octubre, se cumplen 22 días del paro en Ecuador y no hay luces de un diálogo entre el Gobierno, la Conaie y demás organizaciones que promueven las manifestaciones.
118 personas aprehendidas hasta las 13:00 del 12 de octubre de 2025, registró el Ministerio del Interior desde el 15 de septiembre de 2025 por las manifestaciones en Ecuador.
¿Cómo desescalar el conflicto?
Juan Fernando Páez, director del Centro de Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos (Cemasc) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Puce), dice que para bajar la intensidad del conflicto es necesario saber cuáles son los intereses que podrían compartir las partes. Es decir, puntos en común.
“Para poder desescalar un conflicto de esta naturaleza, un conflicto social que no es atípico, lamentablemente en nuestro sistema jurídico, tenemos que encontrar puntos de conexión, saber cuáles son los intereses que podrían las partes compartir. Detectar cuáles son las necesidades de las dos partes”, explica.
Cuando se haya sentado un principio y una posibilidad de diálogo respecto a aquellos intereses comunes, se puede dejar para una segunda etapa los intereses que no son en principio incompatibles, añade.
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Páez ya proyectaba que con la marcha del 12 de octubre de 2025 las diferencias podrían agudizarse, como ocurrió con las marchas de 2019 y 2022 desarrolladas en la capital.
“Lo que es necesario y urgente es encontrar a ese tercero (tercer actor, mediador)” para que las partes vayan a un diálogo, señala Paéz, quien fue parte del equipo de facilitadores y relatores en las mesas de diálogo en 2022.
“Mientras no aparezca este tercero que garantice que las partes van a poder conversar en igualdad de condiciones, vamos a estar en esta escalada, que es un círculo que se repite”, menciona.
Cree que el cambio de dirigentes en la Conaie y en la Presidencia de Ecuador son factores que impiden institucionalizar el diálogo. “La única alternativa aquí es que todos se depongan posiciones y puedan sentarse a conversar”.
Frenar el conflicto para evitar mayor riesgo
César Ulloa, politólogo y doctor en Ciencias Sociales, dice que el paro de 2025 es distinto a los anteriores, porque es hiperfocalizado y eso hace que las estrategias del Gobierno y de la dirigencia indígena sean distintas.
“Es importante desescalar, pero en la medida que las partes manifiesten una voluntad política de hacerlo”, subraya. Duda que el paro dure hasta el 16 de noviembre, fecha de la consulta popular, pero ve otro riesgo: una confrontación interna entre habitantes de una provincia.
“La primera cosa que se debería exigir para un posible desescalamiento del conflicto es el cese de cualquier medida violenta, que atente contra la vida de los ciudadanos. Y esto porque en la provincia de Imbabura prácticamente está enfrentado pueblo contra pueblo, mestizos contra indígenas, incluso indígenas de comunidades con otras, por el tema del abastecimiento del gas, de acceso a alimentos, de normalización de las actividades cotidianas”, argumenta.
Sin embargo, enfatiza en que hay cosas que no son visibles para la opinión pública, por lo que no descarta que el Gobierno y la Conaie podrían estar negociando. Pero eso también dependerá de los escenarios, donde apunta tres:
Por cansancio o fatiga el paro puede perder fuerza.
Radicalización de la protesta.
Las partes se sienten a dialogar por el cansancio que genera el conflicto, pero que el Gobierno probablemente no decline sobre su decreto que eliminó el subsidio al diésel.
Urge un diálogo pronto
Francis Romero, analista político y director general de la encuestadora Click Report, realiza un estudio sobre el nivel de aceptación del presidente Daniel Noboa y del paro. Aún no concluye el análisis, pero adelanta de forma preliminar que el Gobierno tiene respaldo ciudadano.
Señala que en este paro hay una diferencia: “Hemos sentido que la mayoría no apoyan como en otros momentos el paro indígena”.
Dice que “para bajar la escalada, el movimiento indígena debería ser sensible a la situación real de los hogares ecuatorianos”. Aunque reconoce que se han dado excesos de ambos lados.
Plantea al Gobierno amplificar e informar sobre las compensaciones para el movimiento indígena por la afectación de la eliminación del diésel, y al movimiento indígena abrirse y proponer objetivos reales en una mesa de diálogo.
“Ojalá sea en esta semana. Tienen que sentarse, realmente abrirse y decir las compensaciones que va a recibir el movimiento indígena. Y en base a eso empezar una negociación. Es la única forma”, de lo contrario habrá más protestas y más detenidos, refiere.
¿Quién pierde con el paro?
Paéz considera que con el paro todos pierden. Reitera la necesidad de un diálogo, pero recalca: “Es necesario que se entienda que la negociación supone renuncia”.
“¿Quién gana? Nadie. ¿Quién pierde? Todos los ecuatorianos estamos perdiendo. Es una pena que no se haya mantenido el espíritu que de alguna forma se impuso a raíz de octubre del año 2022, que se hayan desechado horas de trabajo de la construcción de los acuerdos, estamos a foja cero”, Juan Fernando Páez, director del Cemasc, de la Puce.
Ulloa coincide en que todos pierden con el paro porque el tejido social cada vez está más descompuesto.
Romero también observa que quienes más pierden son los ecuatorianos, pero también pierde la imagen del movimiento indígena, añade. Sobre el Gobierno reitera: “El respaldo que tiene de la mayoría de los ecuatorianos en este momento es muy alto”. (KSQ)