Desde el punto de vista económico y político, las propuestas para reformar la constitución anunciadas por los principales candidatos a la Presidencia, pueden ir desde la apertura a la inversión privada hasta la recomposición del poder correísta perdido.
Según el informe titulado ‘Ecuador: Riesgos Políticos Claves en 2025’, elaborado por Prófitas, que es una firma de consultoría en el análisis y la gestión del riesgo político en Ecuador, entre los principales factores que afectarán al entorno para hacer negocios en el país están las propuestas e intenciones de los principales candidatos de reformar la Constitución de 2008.
Aunque candidatos en la parte baja de las preferencias electorales, como Andrea González, del Partido Sociedad Patriótica; y Henry Cucalón, de Construye, han hablado de la necesidad de cambiar la Constitución de Montecristi (sin dar mayores detalles), las propuestas que más concitan la preocupación y el análisis de los inversionistas nacionales y extranjeros son las del presidente-candidato, Daniel Noboa; y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González.
“Pienso que ambos tienen incentivos para promover cambios constitucionales. En el caso de los correístas, lo que se buscaría es restablecer la Constitución, el orden político correísta con el que gobernaron durante 10 años y que le funcionó bien. Por el otro lado, en el caso Noboa, se buscarían cambios en la Constitución para darle una orientación más proinversión privada y que, de alguna manera, le dé una mejor gobernabilidad un nuevo Gobierno de él”, acotó Sebastián Hurtado, presidente y fundador de Prófitas.
Para Hurtado, cualquier proceso de reformas constitucionales en Ecuador es complejo y el impacto en el entorno para hacer negocios será más incertidumbre, “porque con seguridad va a ser un proceso extendido, un proceso conflictivo. No se sabrá exactamente por dónde van a terminar las reformas y eso va a impactar las decisiones empresariales”.
¿Es necesario reformar la Constitución de 2008?
La Constitución de Montecristi, de acuerdo con el análisis de Prófitas, permitió consolidar en Ecuador un Estado todopoderoso y dominado por el poder Ejecutivo, que logró cooptar las instituciones estatales y desplegó una activa intervención en la economía.
Esto aseguró un periodo de estabilidad política y gobernabilidad sin precedentes que se extendió hasta 2017, año en que el presidente Lenín Moreno inició un atropellado proceso de desmantelamiento del “orden político correísta”, que continuó durante las administraciones de Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Proceso que ha derivado en la inestabilidad política y el caos institucional que Ecuador ha vivido en los últimos años.
“En buena medida, los problemas económicos y el estancamiento de los últimos años ha tenido mucho que ver con la inestabilidad política e institucional en la que hemos vivido y que no ha permitido hacer reformas importantes para impulsar el crecimiento”, acotó Hurtado.
En ese contexto, tiene sentido pensar en reformar la Constitución de 2008 para establecer una nueva institucionalidad, que permita a la economía ecuatoriana avanzar. Pero, todo depende del enfoque que tenga el nuevo presidente.
González, en su plan de gobierno, propone avanzar a “un proceso reconstituyente de democracia participativa, que recupere las instituciones para el poder popular”, “contra el proceso destituyente de la traición que desinstitucionalizó el Estado, en favor del caos de las mafias oligárquicas”. Léase una nueva Asamblea Constituyente que busque reformular la mayoría de las instituciones estatales y reconstruir el orden político correísta.
Noboa, en una reciente entrevista, también habló de una constituyente que permita avanzar “reformas constitucionales profundas”, seguramente dirigidas a cierta liberalización económica pero que le otorguen un mayor control político.
En los dos casos, según el análisis de Profitas, Ecuador transitaría nuevamente a un régimen de poder centralizado, con menores pesos y contrapesos institucionales, con los retos y oportunidades que aquello plantea a los negocios.
“Gobiernos más poderosos podrían ser más efectivos en el avance de la política pública, pero más arbitrarios en su accionar. Noboa podría favorecer las actividades privadas de manera selectiva, mientras que González apostará a un mayor control estatal sobre la economía”, apunta Prófitas.
¿Existe un riesgo creciente de politización de los negocios en Ecuador?
La consolidación de poder político en los posibles gobiernos de Noboa o González, de la mano de una reforma constitucional, podrían derivar en arbitrariedad en el ejercicio de la función pública, según analiza Prófitas.
“En el caso de Noboa por los intereses que mantiene su familia en diversos sectores, incluyendo: agroexportador, logístico, construcción e inmobiliario, industria y comercio. Mientras que en el caso de González por beneficios que podrían recibir empresarios cercanos al poder”, recalca la consultora
Esto podría generar riesgos para los negocios, al usarse al Estado para definir ganadores y perdedores según intereses particulares, pudiendo desembocar en actos de corrupción y en un debilitamiento del Estado de derecho.
“Cabe recordar como muchos empresarios hicieron grandes negocios gracias a su alineamiento a los intereses del proyecto político durante la administración de Rafael Correa. Mientras que en el Gobierno de Noboa ya se evidencia el uso del Estado para afectar los negocios de opositores políticos”, concluye Prófitas.